BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 661
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
10 de
julio del 2012
Del 12
de junio del 2012
Sumario:
1. El secretario Martín Fresneda y el engaño de
los “derechos humanos concretos”.
2. Apoyo de Bonfatti a la criminalidad policial.
3. Magallanes: Derrotado con organización y lucha.
4. Dos derrotas para la criminalización de la protesta.
5. Fernando Carrera, otro ejemplo de causas armadas.
El secretario Martín Fresneda y el engaño de los “derechos
humanos concretos”.
En su reciente visita al Congreso, el flamante secretario de Derechos
Humanos dela Nación, Martí¬n Fresneda, sostuvo que
“los derechos humanos deben ser una herramienta de transformación
y favorecer a los sectores más vulnerables”. El diario
Página/12 señaló que Fresneda, coincidió
con los objetivos que se trazó la comisión que preside
Remo Carlotto en la Cámara baja. Según el diario oficialista,
estos objetivos serí¬an “erradicar la ‘violencia
institucional’ y poner fin a los ‘castigos’ que aplican
a detenidos las fuerzas penitenciarias y de seguridad, adecuar las legislaciones
provinciales a los estándares internacionales sobre la materia
y lograr consenso social para avanzar en la construcción de nuevas
herramientas que resguarden los derechos humanos”.
No está de más recordar Remo Carlotto, entonces secretario
de DDHH provincial, fue el que dio la orden al Servicio Penitenciario
Bonaerense para que no dejaran entrar a los abogados de CORREPI a ver
a los presos de la marcha contra Bush, que estaban en Batán la
noche del 5 de noviembre de 2005, con el argumento de "ya están
acá los de DDHH".
Por otra parte, no es una cuestión de jurisdicciones provinciales,
como si a nivel federal el respeto de los derechos humanos fuera una
constante. Más bien todo lo contrario. Desde 2003 hasta la fecha,
este es el gobierno con más casos de gatillo fácil y muertes
en centros de detención desde la vuelta de la democracia. Desde
2003 hasta la fecha, 17 personas fueron asesinadas en el marco de la
protesta social; se encarceló a más de un centenar de
luchadores y se criminalizó a miles de ellos, mediante el armado
de causas penales, algunas con figuras penales graví¬simas,
utilizando las tareas de inteligencia que realizaron sobre las organizaciones
populares, como las del Proyecto X.
Además, pese a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso “Bulacio” en 2003, el gobierno nacional
mantiene la legislación que autoriza las detenciones arbitrarias.
Tanto es así¬ que en 2010, en las últimas “Observaciones
finales del Comité de Derechos Humanos de la ONU”
sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Polí¬ticos en la Argentina, el Comité manifestó
su preocupación “por la subsistencia de normas que otorgan
facultades a la policí¬a para detener personas, incluidos
menores, sin orden judicial anterior ni control judicial posterior y
fuera de los supuestos de flagrancia, por el único motivo formal
de averiguar su identidad, en contravención, entre otros, del
principio de presunción de inocencia.”
Sin embargo, insistiendo en su discurso progresista, el secretario Fresneda
dijo: “Queremos convertir los derechos humanos en hechos concretos”,
para lo cual, el primer hecho concreto serí¬a renombrar la
estación de tren de Avellaneda, que se pasará a llamar
Maximiliano Kosteki y Darí¬o Santillán. Una medida
simbólica, para obtener legitimación, que no convierte
a los derechos humanos en hechos concretos. Máxime cuando varios
de los responsables del asesinato de Maxi y Darí¬o, como
el senador Aní¬bal Fernández, son miembros fundamentales
del gobierno que integra Fresneda.
Esta es la tarea de estos progresistas, inculcar a las masas la falsa
idea de que en una sociedad dividida en clases, como la capitalista,
donde existen una mayorí¬a de pobres y una pequeña
minorí¬a de ricos, cuya riqueza es custodiada por un estado
armado hasta los dientes, los derechos humanos pueden convertirse en
hechos concretos. Apoyo de Bonfatti a la criminalidad policial
En la semana que pasó, desde la gobernación de Santa Fe,
Antonio Bonfatti decidió echar al ministro de Seguridad de la
provincia, Leandro Corti. Santa Fe, una de las provincias más
pobladas del país, está siendo bombardeada por el discurso
de la “inseguridad”, mostrando en sus estadísticas
que es un distrito con elevado índice de homicidios y robos.
Y el costo político de esta situación se lo hicieron pagar
al ex ministro. Los medios hablan de un asesinado por día por
la “inseguridad”. De lo que nadie habla, es de las grandes
cifras de pobreza y marginalidad que posee la provincia y de cómo
la policía y las fuerzas de seguridad utilizan este terreno fértil
para manejar impunemente el negocio de las drogas, los robos y la trata
de personas.
Santa Fe tiene históricamente uno de los mayores índices
de criminalidad policial, superando a la ciudad y provincia de Buenos
Aires, a Córdoba y Mendoza en relación a la cantidad de
habitantes. Ejemplo reciente de esto es el renombrado caso del asesinato
de los tres militantes del Frente Darío Santillán por
la disputa por un negocio en uno de los barrios más humildes
de Rosario, entre los transas y la comisaría del lugar. Este
hecho puso en el tapete la criminalidad policial que existe corrientemente.
En esta circunstancia, Corti hizo un intento por despegarse del asunto
involucrando a la policía con los negocios del narcotráfico
(dato que para nadie es una novedad). Pero, para esta denuncia, no contó
con el apoyo del gobierno provincial que se la hizo pagar echándolo
del cargo y responsabilizándolo de la situación. Así
dirimen sus internas y cuidan sus negocios. Evidentemente, el gobierno
de la provincia dice que intenta “combatir el delito” con
más policía y fuerzas de seguridad en las calles y no
está dispuesto a que esta salida sea cuestionada.
Es importante reiterar que Santa Fe, además de encabezar el ranking
en materia de asesinatos por el gatillo fácil y tortura en cárceles
y comisarías, sostiene un aparato represivo que utiliza a diario
las detenciones arbitrarias para amedrentar en las barriadas más
pobres en el ámbito urbano, y que asola el medio rural con su
versión criolla de los “rangers”, los célebres
Pumas que gerencian el abigeato (robo de ganado). Ni hablar de las pistas
“clandestinas” (todos saben dónde están) para
el narcotráfico y el contrabando en general, o los enormes negociados
policiales con los vales de nafta, las horas adicionales y otros escándalos
que cada tanto aparecen, se llevan una o dos cabezas, y sigue.
Nosotros sabemos que “inseguridad” es más policía
en la calle. Y que los gobiernos, tarde o temprano, más progres
o más de derecha, despliegan todas sus fuerzas para su seguridad
y no para la del pueblo.
Apoyo de Bonfatti a la criminalidad policial
En la semana que pasó, desde la gobernación de Santa Fe,
Antonio Bonfatti decidió echar al ministro de Seguridad de la
provincia, Leandro Corti. Santa Fe, una de las provincias más
pobladas del país, está siendo bombardeada por el discurso
de la “inseguridad”, mostrando en sus estadísticas
que es un distrito con elevado índice de homicidios y robos.
Y el costo político de esta situación se lo hicieron pagar
al ex ministro. Los medios hablan de un asesinado por día por
la “inseguridad”. De lo que nadie habla, es de las grandes
cifras de pobreza y marginalidad que posee la provincia y de cómo
la policía y las fuerzas de seguridad utilizan este terreno fértil
para manejar impunemente el negocio de las drogas, los robos y la trata
de personas.
Santa Fe tiene históricamente uno de los mayores índices
de criminalidad policial, superando a la ciudad y provincia de Buenos
Aires, a Córdoba y Mendoza en relación a la cantidad de
habitantes. Ejemplo reciente de esto es el renombrado caso del asesinato
de los tres militantes del Frente Darío Santillán por
la disputa por un negocio en uno de los barrios más humildes
de Rosario, entre los transas y la comisaría del lugar. Este
hecho puso en el tapete la criminalidad policial que existe corrientemente.
En esta circunstancia, Corti hizo un intento por despegarse del asunto
involucrando a la policía con los negocios del narcotráfico
(dato que para nadie es una novedad). Pero, para esta denuncia, no contó
con el apoyo del gobierno provincial que se la hizo pagar echándolo
del cargo y responsabilizándolo de la situación. Así
dirimen sus internas y cuidan sus negocios. Evidentemente, el gobierno
de la provincia dice que intenta “combatir el delito” con
más policía y fuerzas de seguridad en las calles y no
está dispuesto a que esta salida sea cuestionada.
Es importante reiterar que Santa Fe, además de encabezar el ranking
en materia de asesinatos por el gatillo fácil y tortura en cárceles
y comisarías, sostiene un aparato represivo que utiliza a diario
las detenciones arbitrarias para amedrentar en las barriadas más
pobres en el ámbito urbano, y que asola el medio rural con su
versión criolla de los “rangers”, los célebres
Pumas que gerencian el abigeato (robo de ganado). Ni hablar de las pistas
“clandestinas” (todos saben dónde están) para
el narcotráfico y el contrabando en general, o los enormes negociados
policiales con los vales de nafta, las horas adicionales y otros escándalos
que cada tanto aparecen, se llevan una o dos cabezas, y sigue.
Nosotros sabemos que “inseguridad” es más policía
en la calle. Y que los gobiernos, tarde o temprano, más progres
o más de derecha, despliegan todas sus fuerzas para su seguridad
y no para la del pueblo.
Magallanes: Derrotado con organización y lucha.
Raúl Magallanes, el policía de la dictadura que, de la
mano del kirchnerismo, pretendía asumir como Consejero Escolar
en Lomas de Zamora, fue nuevamente derrotado por los Trabajadores de
ATE SUR, organizados solidariamente con un conjunto importante de compañeros
y otras organizaciones.
Impedido de asumir el cargo por la movilización y el repudio
de los trabajadores, luchadores y organizaciones sociales y políticas,
promovió una querella contra cinco compañeros de ATE SUR,
pretendiendo convertir la denuncia pública por su directa implicancia
en actividades represivas del estado entre 1973 y 2003 en “difamación”.
Los compañeros de ATE SUR, con la defensa y el asesoramiento
-entre otras organizaciones- de CORREPI, y en el contexto del llamado
ESPACIO MAGALLANES, demostraron la precariedad de la querella y la veracidad
de la denuncia originaria, con lo que el juzgado correccional no tuvo
otra opción que rechazar el planteo del policía represor,
devenido en frustrado candidato kirchnerista.
El caso revela la inconsistencia de la llamada "política
de DDHH" del gobierno, toda vez que, de la mano de ese sector del
peronismo, alguien vinculado a la represión pudo reciclarse como
funcionario de la llamada democracia.
Revela también el valor que cobran las conductas de los trabajadores
y organizaciones sociales y de DDHH cuando se asumen como independientes
del estado, sus gobiernos y partidos afines.
El caso además, reivindica el aporte de quienes, a través
de la movilización y la lucha organizada, frenan esta nueva afrenta
a la memoria y continúan la lucha de los compañeros víctimas
de los aparatos represivos del estado.
Y por la naturaleza de la defensa invocada, destaca el necesario aprovechamiento
de los recursos técnicos, puestos al servicio de los intereses
de la clase que generalmente recibe en tribunales los mandobles de la
selectividad penal, cuando no, la criminalización de su protesta.
Magallanes, el policía de la dictadura devenido en candidato
kirchnerista, volvió a perder, y con él, el uniforme del
estado en cualquiera de sus versiones. Le ganaron los trabajadores organizados
en el "ESPACIO", el mismo que entendió que había
que defenderse, también, con todos los recursos técnicos
y procesales, pero priorizando la movilización y denuncia pública.
Es que defenderse en tribunales es importante, pero con la organización,
la movilización y la lucha, ganar, se gana en la calle.
Dos
derrotas para la criminalización de la protesta.
Esta semana, dos causas penales contra trabajadores antiburocráticos,
en un sector clave como el transporte público de pasajeros, terminaron
con la derrota de la política oficial de criminalizar la protesta.
Por una parte, La Cámara Federal de La Plata sobreseyó
a cuatro acusados de cortar las vías del ferrocarril Roca cuando
reclamaban la incorporación de tercerizados y una recomposición
salarial. La causa se inició por una denuncia del entonces Secretario
de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, y directivos
de UGOFE, después de que, el 23 de diciembre de 2010, los trabajadores
se manifestaran junto a las vías en del ferrocarril Roca en Avellaneda,
reclamando al ministerio de Trabajo y a UGOFE la reincorporación
de ex empleados, el pase a planta permanente de trabajadores tercerizados
y del área de limpieza y una recomposición de salarios.
Por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella, fueron inmediatamente
detenidos los trabajadores Omar Merino y Darío Hospital, y se
libró orden de captura contra Miguel Morales, de la agrupación
Causa Ferroviaria como los anteriores, y el dirigente del Polo Obrero
Eduardo “Chiquito” Belliboni. Las “pruebas”
en su contra se redujeron a las declaraciones de los policías
de la División Roca que los señalaron, los mismos que,
a partir del testimonio de esos compañeros, entre otros, irán
a juicio por el asesinato del compañero Mariano Ferreyra el próximo
6 de agosto.
La fuerza de la movilización acompañó el reclamo
por la libertad de los compañeros Merino y Hospital, que llegaron
a la Plaza de Mayo en el marco de una multitudinaria marcha. Pronto,
los compañeros de APEL lograron la eximición de prisión
de Belliboni y Morales, pero con igual rapidez el juez federal, siempre
apoyado en el testimonio de policías y funcionarios de UGOFE,
dictó su procesamiento por el corte, agregando el delito de “extorsión”.
Esta semana, la cámara federal de La Plata debió reconocer
que toda la causa contra los compañeros se encuadraba en la serie
de protestas y reclamos que los ferroviarios venían haciendo,
incluendo la marcha en la que fue asesinado el militante del PO Mariano
Ferreyra, en octubre de 2010, y la posterior por la que aún están
procesados, pronunciamiento apelado ante esa misma cámara, un
conjunto de vendedores ambulantes del Roca y militantes de la TPR, defendidos
por CORREPI.
“Podemos afirmar que nos encontramos ante una protesta de personas,
que acudieron a medios de fuerte repercusión para atraer la atención
pública sobre sus legitimas demandas”, tuvieron que decir
los jueces Leopoldo Schiffrin, César Alvarez y Olga Calitri.
Y concluyeron que los compañeros, como sostuvo su defensa, no
cometieron delito alguno.
Casi simultáneamente, y acompañados también por
una gran movilización, fueron absueltos los compañeros
Néstor Marcolín y Yuren Pérez Cardona, trabajadores
de la línea 60, acusados por el delito de "amenazas"
por haber exigido a un encargado que deje sin efecto una arbitraria
e ilegal suspensión contra un trabajador.
En su caso, no fue la justicia federal, sino la de la ciudad de Buenos
Aires la que se ocupó de defender los intereses de la empresa
DOTA, que viene queriendo imponer condiciones laborales que violan el
Convenio Colectivo de Trabajo y las leyes laborales. La defensa técnica,
asumida por compañeros de CADEP, logró su absolución
en el juicio oral al que fueron sometidos.
Dos triunfos a los que llegamos a fuerza de organización y lucha,
que deben reiterarse en la defensa de cada compañeros represaliado
por luchar.
Fernando Carrera, otro ejemplo de causas armadas.
El 25 de enero de 2005, el barrio de Pompeya fue escenario de un hecho
trágico, y del inicio de una injusticia que, por 7 años,
sirvió para tapar una realidad cotidiana: que la policí¬a
tiene luz verde para disparar a cualquiera en cualquier momento, armar
causas y hacer lo que le plazca con la vida de los que caen en sus manos.
Fernando Carrera fue excarcelado el miércoles pasado, luego de
estar 7 años y 5 meses preso por lo que los medios denominaron
“La masacre de Pompeya”. Es que ese día, perdieron
la vida dos mujeres y un niño de 6 años. Ese dí¬a,
la comisarí¬a 34ª recibió dos denuncias por robos
cometidos con un auto parecido al de Fernando. Él iba conduciendo,
cuando en la esquina de Sáenz y Centenera vio que, de un Peugeot
negro sin identificar, lo apuntaban con un arma. Trató de escapar,
creído que era un robo. En el Peugeot iban policí¬as
de la comisarí¬a 34ª, quienes dispararon 18 veces sobre
el auto de Carreras. Ocho proyectiles lo atravesaron, incluyendo balas
de punta hueca calibre 11.25 y 9mm, lo que hizo que perdiera el conocimiento
y el control del vehículo, desembocando en el trágico
final.
Los policí¬as, ni lerdos ni perezosos, al ver que se habían
equivocado de auto, le plantaron un arma (perro) y recurrieron a testigos
falsos, como Rubén Maugeri, presidente de la Asociación
de Amigos de la Comisarí¬a 34ª, para armar la causa
que resultó en la condena a 30 años de prisión.
Cualquier parecido con la Masacre de Wilde de la bonaerense, no es mera
casualidad.
Fernando fue torturado para que “se hiciera cargo” de los
robos y las muertes, y, a pesar de que era evidente el armado de la
causa, fue condenado a 30 años de prisión. La denuncia
y la repercusión pública del caso a través de la
película “El Rati Horror Show” finalmente forzó
a la Corte Suprema a anular su condena, y a ordenar a la Cámara
de Casación a dictar un nuevo pronunciamiento, lo que permitió
la excarcelación de Fernando Carrera.
No podemos dejar de mencionar a los medios de comunicación, que
siempre dan por cierta la versión policial de los hechos. En
este caso se lucieron particularmente, a tal punto que, ese dí¬a,
faltó poco para que a Fernando lo lincharan en plena calle.
Un caso que demuestra lo eficiente que son la policí¬a y
los jueces en materia de control social: la policí¬a armas
causas, la justicia sentencia, y, si no hay movilización y denuncia,
nadie duda de la causa armada.
FUENTE: CORREPI
Caracteres:
18.284
