BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 662
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
10 de
julio del 2012
Del 20
de junio del 2012
Sumario:
1. Medios y fiscales por el gatillo fácil.
2. Poblete y Fancchiotti: una fotografia de la costumbre.
3. Criminalizan a toda la Comisión Interna del Frigorífico
Rioplatense.
4. De los actuales crímenes de estado.
5. Garré, Casal y Pérez, y sus noticias semanales.
Medios
y fiscales por el gatillo fácil.
“Asesinan
un policía cada 9 días”, tituló en tapa La
Nación, y repitió enseguida Clarín. El 90%, aclararon
ambos, murieron fuera de servicio, casi todos resistiéndose a
un asalto. De allí las “voces autorizadas” elegidas
para opinar del asunto concluyeron cosas como que “hay que acostumbrar
a los policías a que no lleven su arma reglamentaria de franco”,
admitiendo que, aunque las normas dicen que el arma se porta y usa sólo
en servicio, no hay modo de despegar un policía –o cualquier
otro uniformado- del símbolo de su poder. “Los policías
no están obligados a llevar armas cuando no están en el
trabajo. Pero lo cierto es que uno es policía las 24 horas”,
confesó a La Nación el jefe de la Metropolitana , Horacio
Giménez.
El dato –que empalidece si lo comparamos con el pibe diario que
esos policías asesinan a tiros o con la tortura- fue aprovechado
para decir un montón de cosas. “Estas condiciones precarizadas
de trabajo policial explican dos grandes tragedias en la provincia de
Buenos Aires: una es el abuso de la fuerza, el gatillo fácil,
el armado de causas sobre personas inocentes para poder sostener estadísticas
eficaces y un montón de otros hechos que incluyen hasta desaparición
de cuerpos. La otra cara de la moneda que convive con ésta es
la realidad de los policías muertos en el cumplimiento de sus
deberes”, se lamentó el ex jefe de la bonaerense y la policía
aeroportuaria, hoy diputado de Nuevo Encuentro, Marcelo Saín.
O sea, el gatillo fácil, la criminalidad policial, los desparecidos
y las causas armadas son “desgracias”, que tienen como contracara
los policías muertos por resistir un asalto. Se instala así,
con más fuerza todavía, la lógica de la guerra,
donde lo que hay que hacer es contar muertos y no buscar razones.
Al mismo tiempo, al término del juicio oral al policía
federal Hernán Javier Biasotti, que asesinó a Matías
Bernhardt (18) en 2007, el fiscal de La Matanza , Alfredo Luppino, decidió
no acusarlo, con lo que garantizó que la jueza lo absolviera.
“Estoy cansado de las políticas baratas de derechos humanos”,
dijo el fiscal para justificarse. Mejor dicho, para justificar el gatillo
fácil.
Poblete y Fancchioti: una fotografía de la costumbre.
El policía Poblete, condenado a prisión perpetua por el
asesinato del maestro Fuentealba en Neuquén, fue fotografiado
caminando libremente por el centro de la ciudad de Zapala. Y el comisario
Fancchiotti, asesino del Puente Pueyrredón, fue transferido a
un centro de detención de régimen abierto, “con
miras a su reinserción”.
Para muchos, se trata de un verdadero escándalo, es decir, algo
inmoral, que asombra y a la vez indigna. No hay asombro para CORREPI.
Porque, cuando se sostiene que el andamiaje penal del sistema capitalista
es selectivo y criminalizador de la pobreza y de la protesta, se postula
también que el encierro y la persecución son herramientas
que el estado usa exclusivamente para disciplinar a quienes, de un modo
u otro, ponen en evidencia la esencia canalla de toda sociedad con privilegios
de clase.
Porque, cuando se sostiene que la ley es un fetiche destinado a reglamentar
la vida de los que sufren para encuadrarlos y sujetarlos, se dice, además,
que la igualdad que ante ella proclaman los embebidos de ingenuidad
o mala intención, evidencia la hipocresía de la institucionalidad
burguesa que todos ellos defienden.
A la libertad de los asesinos del maestro Fuentealba y de los compañeros
Kosteki y Santillán, similares al reciente retorno a domiciliaria
del cura violador Grassi y del empresario masacrador Cirigliano, debe
sumarse una infinita lista de policías: José Luis Díaz,
asesino de Cristian Marcelo Bogado; Raúl Smith, que mató
a Héctor “Pule” Otero; Justo José Luquet,
juzgado por el homicidio simple de Marcelo Báez; los 4 policías
procesados por el fusilamiento de Marcelo Maione (39 balazos en el auto,
19 en la víctima); el comisario Chaín, que contrató
un sicario para matar a su ex mujer, Ana María Domínguez;
el cabo Néstor Moroño, que baleó a Leandro Bazán,
de 13 años, en Gerli en 2001; Ramón Medina, que fusiló
a Pablo Martinolli en 1997; el oficial Marcelo Palleroni, excarcelado
durante el proceso por torturas a 7 jóvenes en la comisaría
1ª de San Martín; la cabo Jorgelina Oviedo, condenada por
la tortura seguida de muerte de Andrea Viera, beneficiada con un arresto
domiciliario porque requiere tratamiento kinesiológico; el oficial
Hernán Gnopko, condenado por la tortura seguida de muerte de
Diego Gallardo, y el sargento Eduardo Jurado, condenado por la tortura
seguida de muerte de Cristian Campos, Jorge Ramón Fernández
y Ramón Nicolosi, que torturaron hasta matarlo a Sergio Durán,
Oscar Ayunta, asesino de Christopher Torres. Todos ellos, aun condenados,
y a perpetua en más de un caso, siguen libres por decisión
judicial.
La regla del sistema es clara: en todos los casos impunidad para los
que mandan y, para sus verdugos, siempre que se pueda. Cuando no se
puede, se atemperan las consecuencias, se conceden todos los privilegios,
se permite lo que a nosotros está absolutamente vedado.
Poblete, policía, asesino, nunca fue a la cárcel, habita
en la comisaría de Zapala, hasta se lo ha visto en procedimientos
oficiales. Lo que acaba de suceder es que recién ahora se lo
pudo fotografiar. Fancchiotti recibió un beneficio que preanuncia
su anticipada libertad.
La regla es que un policía que mata a un trabajador que protesta
no mata, cumple.
La regla entonces, tiene también la impronta de la lucha de clases:
ellos, con sus privilegios, sus leyes e institucionalidad afines, sus
incontables Poblete nutriendo la moral pestilente de la clase que lo
dirige, esa moral que indigna pero que no asombra.
Nosotros enfrente, con Fuentealba, Maxi y Darío, compartiendo
la historia, nuestra moral, confiando únicamente en nuestras
propias fuerzas, fundando el porvenir en la lucha organizada, dónde
se dispara la fotografía del verdadero asombro.
Criminalizan a toda la Comisión Interna del Frigorífico
Rioplatense.
El 14 de junio pasado, CORREPI intervino en la Asamblea de los trabajadores
del Frigorífico Rioplatense, en puerta de fábrica, para
informar a los trabajadores sobre la situación de persecución
y criminalización a la que se encuentran sometidos todos los
delegados de su Comisión Interna. En el Boletín nº
657 contábamos que la causa en que se encuentra procesado Carlos
Zerrizuela, uno de los delegados, había sido elevada a juicio
oral (ver “El Proyecto X manda a juicio a un trabajador”).
De esta causa se desprendió otra que, con los mismos informes
de inteligencia de Gendarmería Nacional y de la empresa, le sirvió
al Juez Federal de Tres de Febrero, Mariano Federico Larrea, para imputar
e indagar al resto de la comisión interna.
Luego de la asamblea, nos movilizamos, junto con los trabajadores del
frigorífico, para llevar nuestra solidaridad al corte que estaban
llevando a cabo los trabajadores de Kraft, en la Panamericana.
Por último, nos dirigimos al Juzgado Federal de Tres de Febrero,
donde asistimos política y técnicamente a los delegados
del frigorífico.
Allí asistió una importante representación de diferentes
comisiones clasistas y de organizaciones políticas, en solidaridad
con los compañeros. Una vez allí, nos enteramos que, además
de los cuatro delegados que habían sido notificados, debían
ser indagados otros tres, de modo que toda la comisión interna,
más dos trabajadores que ya no se desempeñan en el frigorífico,
han quedado sometidos a proceso por los cortes de la Panamericana del
5 y el 12 de abril del año pasado.
Los compañeros no han podido ser comprados ni amedrentados. Como
llevan a cabo una lucha independiente y consecuente, como son luchadores,
el Estado los intenta criminalizar en base a informes de inteligencia
y de la propia empresa, que ha remitido al Juzgado la totalidad de los
datos personales de los delegados.
El Frigorífico Rioplatense pertenece a la familia Constantini,
que se lleva grandes ganancias con la explotación de trabajadores,
ya que es el que posee mayor productividad de toda la industria de la
carne. Es claro el interés que tiene en sacarse de encima a los
compañeros.
Lo que está ocurriendo con toda la Comisión Interna es
una advertencia de la triple alianza antiobrera, del Estado, la patronal
y la burocracia sindical, de lo que les espera a todos aquellos que
salgan a luchar en forma independiente por los intereses de los trabajadores.
Se plantea, entonces, una lucha importantísima contra esta política,
y por el cierre de las causas contra los delegados.
Por ello, es necesario redoblar los esfuerzos para poner en pie, en
todas las zonas, espacios de coordinación clasistas como la que
se está organizando en la zona norte. Para que, si atacan a uno
solo de los representantes genuinos de los trabajadores, reaccionemos
como si nos atacaran a todos.
De los actuales crímenes de estado.
Soledad del Valle Fonseca, una cordobesa de 35 años, fue detenida
por la policía de esa ciudad durante un allanamiento, por una
contravención. Apenas unas horas después, apareció
muerta en su celda, según la versión oficial (y policial)
“ahorcada con su corpiño”.
La inverosímil versión no sorprende, y las circunstancias
tampoco. La mayoría de las personas detenidas -y asesinadas-
en comisarías, “caen” por detenciones arbitrarias,
es decir, por contravenciones o por averiguación de antecedentes,
a fuerza del cuento de la “actitud sospechosa” que detecta
el “olfato policial” y que es legitimada por las normas
y fallos que convalidan la facultad que tiene la policía de todo
el país para detener a quien le plazca.
Lo mismo ocurrió en San Lorenzo, Pcia. de Corrientes, cuando
Raúl Cardozo fue detenido en un festival de doma en el mes de
abril por “causar disturbios”, y murió con el 90%
de su cuerpo quemado, dentro de la celda. Hoy, dos de los cinco policías
detenidos, el comisario Anselmo Pruyas, y el sargento Carlos Sosa, fueron
excarcelados.
Como ya sabemos, y estos episodios son muestra de eso, ni los policías
están para cuidarnos ni los jueces y fiscales para hacer justicia.
La policía y demás fuerzas represivas están para
ejercer el control social, y el aparato judicial para garantizar que
puedan continuar en sus funciones. Esta, es una política de estado.
Los lugares de detención, ya sean comisarías o cárceles,
son los lugares por excelencia para el amedrentamiento, las torturas
y el maltrato, dado que allí siempre manda la fuerza represiva,
que pone y saca evidencia como quiere y que, además, tiene la
ventaja de puede amenazar y amedrentar a gusto a los ocasionales testigos,
porque, claro, están totalmente bajo su control.
Ricardo Cepeda, de 21 años, murió en la Unidad de Detención
de Río Grande, también ahorcado en su celda. Luego de
este trágico final, los otros detenidos protestaron y denunciaron
“acá nadie se ocupa de nosotros y no tenemos acompañamiento
para poder reinsertarnos a la sociedad, de ninguna manera”. Es
que ese no es, justamente, el objetivo. Sí lo es el control social
del pueblo explotado.
La justicia, esa que nos quieren hacer creer que es para todos, es una
justicia de y para los ricos, la minoría explotadora. Detengámonos
en otros ejemplos…
La Masacre de Magdalena, donde, en el año 2005, fueron asesinados
33 jóvenes presos, sigue totalmente impune, el juicio nunca llega
y los asesinos están todos libres. Pero las cárceles están
llenas de pobres sin condena alguna, presos de manera “preventiva”.
O la causa de Juane Aguirre, quien fue asesinado en la comisaría
por la policía de Campana, detenido por no querer “donar”
3.000 ladrillos a la policía, está por ser archivada a
pesar de la lucha que su familia viene llevando adelante para sacar
a la luz la verdad, que Juane no se suicidó, sino que fue brutalmente
golpeado y asesinado por la policía. Pero su asesinato no merece
la justicia de los ricos, aunque su familia si esté imputada
por sacarle fotos a su cuerpo sin vida y lleno de golpes, para probar
que lo mataron.
Garré, Casal y Pérez, y sus noticias semanales.
La semana pasada, Garré volvió a buscar consenso mediante
declaraciones sobre la policía y la “Seguridad Nacional”.
En una charla en la sede central de la Asociación Argentina de
Actores sobre "Seguridad Democrática en la Ciudad de Buenos
Aires", la ministra destacó que, desde la creación
de la cartera de Seguridad, el “principal desafío ha sido
resolver el problema de la Policía Federal ".
Desde el inicio de su gestión, la ministra se viene jactando
de su intención de “humanizar” a la policía.
En recientes declaraciones, dijo que "Los ciudadanos tienen el
derecho y la obligación de denunciar cuando los procedimientos
no son correctos, cuando las actividades son sospechosas, cuando hay
omisiones injustificables. De participar no sólo con sus ideas,
sus aportes y diagnóstico sobre el problema de la seguridad,
sino también con el control de la actividad de la Policía
".
Una evidente maniobra para despegarse de la institución que ella
misma preside, haciéndola ver como un ente independiente del
Estado, cuando todos sabemos que en verdad se trata de su herramienta
directa para perpetuar a los ricos en el poder y a los pobres en la
miseria.
Garré hizo especial hincapié en su preocupación,
y la de la Presidenta Cristina Fernández, por controlar políticamente
a la Policía Federal para que sean abandonadas las prácticas
de “gatillo fácil, abuso de funciones y de corrupción”,
que no son errores, abusos o excesos, sino una política de estado
sostenida por las propias directivas del gobierno que dirige las fuerzas.
Como cuando se ordena –y ésta es una orden vigente- que
los federales circulen por la calle con el arma en “posición
de disparo inmediato”, es decir, con bala en recámara,
sin seguro y amartillada.
Mientras tanto, las cifras de muertes por represión aumentan
día a día, y más de la mitad del total de asesinados
por el estado desde 1983 consignados en el Archivo de Personas Asesinadas
por el Aparato Represivo Estatal corresponde a la gestión kirchnerista.
Por otro lado, fue también noticia el pase a retiro de 200 efectivos
en la bonaerense. Los oficiales, de hasta 30 años en la fuerza,
en algunos casos simplemente se jubilaron, agotados de ser los perros
guardianes de los poderosos durante tanto tiempo. Otros, en cambio,
fueron pasados a retiro por estar directamente vinculados a muertes
por gatillo fácil y casos de gran corrupción. O sea, en
lugar de ir presos como cualquier pobre cuando comete un delito, los
asesinos a sueldo del estado, cuando se los “descubre” en
un acto de delincuencia, se van tranquilos a casa y a disfrutar de su
haber de retiro.
El ministro Ricardo Casal destacó que ésta es una forma
de “renovar la fuerza” con “policías más
jóvenes”, volviendo a utilizar la excusa de que la policía
violenta es un resabio de la dictadura. Ya no les cabe insistir con
esa excusa, cuando a los que están retirando ahora los reclutaron
en 1983.
La última noticia es mendocina. El gobernador de esa provincia,
Francisco 'Paco' Pérez, anunció un paquete de medidas
para “brindar seguridad”, entre las que se incluye a la
gendarmería patrullando las calles. De la mano de Garré,
a quien pidió ayuda, el gobernador invadirá de verde las
calles de Mendoza, como si fuera poco con su propia y célebre
policía.
Apenas si algunas noticias que muestran cómo, en todos lados,
se preparan para reprimir más y mejor.
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