BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 665
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
26 de
agosto del 2012
Del 11
de julio del 2012
Sumario:
1. La represión como reivindicación.
2.
Mendoza y Gral. Rodríguez, una misma política de control
social.
3.
El juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra y los manotazos de ahogado.
RECOMENDADA
4.
Represión en toda la línea.
5.
Bolivia y Perú: muertes para garantizar las explotaciones mineras
del imperialismo.
6.
Próximas actividades.
La
represión como reivindicación.
La semana
pasada, los policías de Santa Cruz se autoacuartelaron con el
objetivo de obtener la satisfacción de varias exigencias entregadas
al gobernador kirchnerista Daniel Peralta, entre las que se encuentran
una suba del sueldo mínimo de 85,9%, con un promedio de 45%,
provisión de armas y equipamiento, y el reclamo de reconocimiento
de las asociaciones policiales que ellos llaman “sindicatos”.
Si bien
el gobernador dejó claro desde el primer momento que la provincia,
debido a la crisis económica, no está en condiciones de
pagar lo que sus policías exigen por sus servicios represivos,
contraofertó un 34% de aumento que fue rechazado, y luego dictó
un decreto que otorga una suma no remunerativa de $800 y un incremento
del valor del “punto salarial” progresivo desde los actuales
$15,6 a más de $21 en el curso de los próximos meses,
mientras el reclamo policial es elevarlo a $29.
Cualquier
comparación de los beneficios ya otorgados a los policías
santacruceños con la situación de los trabajadores de
la misma provincia o del resto del país, donde ninguna paritaria
ha cerrado por encima del 25% y varias provincias se preparan a pagar
el aguinaldo en cuotas, muestra con claridad cómo, cuando se
trata del pueblo trabajador, se ajusta, con aumentos por debajo de la
inflación, mientras se hacen malabares con las cuentas públicas
para gratificar a los uniformados.
La preocupación
del gobierno y la búsqueda rápida de respuesta a los pedidos
policiales tienen un por qué: es que la policía, como
parte del aparato represivo del estado, es necesaria para mantener las
cosas como están, con algunos pocos poderosos gobernando y la
mayoría del pueblo trabajador padeciendo la explotación
y el hambre. Y cuando este mismo pueblo sale a luchar por lo que le
corresponde, es la policía quien evita, a fuerza de represión
y sangre, que las reivindicaciones de los trabajadores sean llevadas
a cabo.
Así
lo vimos apenas el año pasado con la lucha de los docentes y
los petroleros de Santa Cruz, quienes fueron sistemáticamente
reprimidos en las manifestaciones, perseguidos, criminalizados y acusados
tanto por el gobierno provincial como por Cristina Kirchner de “extorsión”,
calificativo que en ningún momento aplicaron a los actuales amotinamientos
de la policía.
Entonces,
mientras los trabajadores petroleros y docentes son condenados a un
salario básico de $3.000 y $1.100 respectivamente, totalmente
insuficiente en una de las provincias con mayor costo de vida del país,
a los policías se les pagará por decreto un mínimo
de $6.700, y siguen apretando por más.
Estas
asonadas son tratadas por los gobiernos de forma bien diferente a los
reclamos de los trabajadores, pues resulta vital para el estado asegurar
las condiciones necesarias para que repriman y que lo hagan cada vez
mejor.
Respecto
al pedido de “sindicalización” de los policías,
es necesario tener claro que esas iniciativas son una herramienta más
para que las fuerzas policiales se organicen para la represión.
Como explicábamos en el Boletín n°664, a propósito
de la asonada boliviana, los policías no son trabajadores ni
parte del pueblo. Los policías y todas las fuerzas de seguridad
del estado son parte del aparato represivo que tiene como función
reprimir y disciplinar al pueblo trabajador. Es por eso que esto no
es una huelga sino un motín. No tiene importancia que en algún
momento hayan pertenecido al pueblo, ya que decidieron abandonarlo para
pasarse a las filas de los explotadores; definitivamente no son trabajadores,
sino custodios de la riqueza de la clase explotadora, riqueza y poder
que se consigue a costa de la sangre del pueblo. Los policías
existen como brazo armado de esta clase, para asegurarse que el orden
social impuesto no cambie.
Por algo
sus “pliegos de condiciones” o “petitorios”
siempre incluyen el reclamo de más pertrechos para reprimir y
de “amparo legal” frente a posibles acusaciones por “actos
de servicio”, es decir, fusilamientos de gatillo fácil,
torturas y desapariciones. La sindicalización y una paga más
elevada, es decir, un “triunfo” del motín policial,
sólo significará más seguridad para el estado y
más represión para el pueblo.
Mendoza
y Gral. Rodríguez, una misma política de control social.
El pasado
5 de mayo, en Godoy Cruz, Mendoza, moría asesinado por una bala
policial Franco Díaz, de 19 años. Al otro día,
en Burzaco, David Benítez, policía de la bonaerense, mataba
de siete tiros a Lautaro Bugatto (ver Boletín n° 657).
Franco
Díaz se encontraba en una fiesta con sus amigos hasta que llegó
la policía, que había sido llamada por los vecinos que
denunciaban ruidos molestos. Como siempre, los policías se dedicaron
a provocar a los adolescentes que estaban en el lugar, lo que desencadenó
incidentes entre los policías y los chicos; y una vez encontrada
la excusa, hicieron lo que mejor les sale: disparar contra los jóvenes.
Una de
esas balas fue fatal, ya que impacto directamente en el rostro de Franco,
provocándole la muerte momentos después.
Hoy hay
11 policías ‘investigados’ por el asesinato. A pesar
del entorpecimiento de la investigación (ya que los peritos y
fiscales no ayudan, sino todo lo contrario, se dedican sistemáticamente
a encubrir a los asesinos del estado) hay pruebas irrefutables. La bala
que mató a Franco había quedado alojada en el rostro de
Johana Flores, quien estaba detrás de él cuando lo mataron,
pero nadie se preocupó por extraerla para analizarla.
Está
semana, finalmente, y debido a que Johana concurrió al hospital
quejándose de dolores, la bala fue extraída y peritada.
Así, se confirmó lo que todos sabíamos: que el
proyectil de 9mm fue disparada por un arma policial, y que el encargado
de jalar el gatillo fue el policía Walter García.
Por último,
el viernes 6 de julio, Yamila y Mery, ambas compañeras de CORREPI,
vecinas de la familia de Matías Lobo, asesinado por el gatillo
fácil, estaban en su casa del barrio Los Naranjos en Gral. Rodriguez,
cuando vieron cómo el policía Horacio Lebras torturaba
a golpes a uno de los chicos de la cuadra.
Rápidamente
salieron a la calle para ayudarlo y enfrentarse con el policía,
bien conocido en el barrio por el maltrato constante hacia toda persona
que él considere ‘inferior’. Madre e hija recibieron
golpes y amenazas, no sólo del policía sino de su familia,
ante la complaciente mirada de los policías de la comisaría
zonal.
Nos queda
claro que la tortura y el gatillo fácil no son “abusos
de manzanas podridas”, sino que son herramientas que utilizan
todos los días los policías en los barrios contra el pueblo
trabajador. Los policías que torturan y matan saben que lo hacen
con todo un aparato estatal que los protege, porque ésa es su
función, disciplinar y matar a todos aquellos que puedan representar
algún peligro para el poder, por ser los más perjudicados
con las políticas de hambre y miseria que aplican desde el estado.
El
juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra y los manotazos de ahogado.
Cuando
la lucha popular impulsa al aparato judicial al callejón sin
salida de tener que sentar en el banquillo de los acusados a los ejecutores
de sus políticas represivas, cualquier recurso, por impresentable
que sea, sirve para ayudar a los socios en desgracia.
Muchos
ejemplos, de los cuales la causa por el asesinato de Walter Bulacio
es muestra suficiente, dan cuenta de cómo recurren, cuando las
papas queman, a la batería de herramientas que, bajo la máscara
de la legalidad procesal, habilitan todo tipo de dilaciones para evitar
la instancia del juicio oral y público.
El juicio
a los asesinos de la burocracia sindical y la policía, dos de
las tres facciones asociadas en el plan criminal que mató a Mariano
Ferreyra (la patronal sigue impune), está fijado para el próximo
6 de agosto. Con un manejo impecable de los tiempos procesales, la defensa
de Armando Uño, uno de los integrantes de la patota, recusó
al tribunal oral encargado de dirigir el debate. Si bien el planteo
fue rápidamente rechazado por otro tribunal, y, por la liviandad
de sus argumentos no tiene posibilidad alguna de prosperar, lo cierto
es que la maniobra introduce alguna incertidumbre en relación
al comienzo del juicio, ya que el oportuno defensor podría interponer
un recurso de casación que lo postergaría.
“Es
el legítimo ejercicio del derecho de defensa”, se quejan
con calculada amargura los defensores del estado de derecho. Legítimo,
claro, porque la ley es de ellos, y la defensa de sus esbirros, oficiales
o tercerizados, es política de estado.
El 6 de
agosto debe comenzar el juicio contra los 17 procesados, Pedraza y su
patota, y el comisario Lompizano y la suya. La chicana de la recusación
no es una maniobra aislada del defensor de uno de ellos: es el manotazo
de ahogado de los que quieren evitar un juicio que no le conviene al
gobierno, y al que sólo la organización y la lucha popular
nos permitirá llegar.
Represión
en toda la línea.
El 4 de
julio fue noticia, mínima pero noticia al fin, que un muchacho
de 22 años que estaba detenido acusado de robo en la comisaría
3ª de Quilmes “se suicidó”. Lo encontraron colgando
de los barrotes de la ventana de su celda con una sábana. Apenas
48 días antes había ingresado a la comisaría, donde,
como siempre nos quieren hacer creer, lo acometió tal remordimiento
y depresión que resolvió matarse. Desde entonces, no se
supo más del asunto.
En San
Luis, dos policías, Raúl Márquez y Juan Orellano,
fueron apartados de la fuerza después que una mujer brasileña
de 39 años los acusó de someterla sexualmente en un descampado
al que la llevaron, por la fuerza, a bordo de su patrullero. Aunque
la víctima denunció el hecho de inmediato y se verificaron
sus lesiones, no hay noticia de que fueran detenidos.
En Tucumán,
unos 200 policías fueron enviados por un juez para desalojar
a la comunidad Indio Colalao de sus tierras en el límite con
la provincia de Salta, reclamadas por dos grandes terratenientes de
la zona. Hubo golpes y disparos de arma de fuego por parte de los efectivos
de la Brigada de Investigaciones, Montada, Motorizada, Bomberos, Criminalística
y el Grupo Cero, que intentaron, sin éxito, sorprender a los
vecinos ingresando desde la frontera salteña.
Tres ejemplos
de diversas modalidades represivas que apuntan al disciplinamiento y
el control social, mostrando que reprimen en toda la línea.
Bolivia y Perú: muertes para garantizar las explotaciones
mineras del imperialismo.
En el
boletín anterior (N° 664) hablábamos del motín
policial en Bolivia. Evo Morales dijo en esa ocasión que “no
sacaría al ejército a las calles para evitar muertes”.
Este jueves, a menos de una semana de finalizado el motín, donde
los desclasados consiguieron aumentos de sueldo y mejor equipamiento,
ya hay un muerto por la protesta social en Bolivia. Evo Morales no dudó
en usar a la policía, satisfecha, para garantizar las ganancias
de la empresa canadiense South America Silver reprimiendo a los trabajadores.
Los mineros,
sector históricamente combativo en este país, mantenían
como rehenes a cinco personas en Mallku Khota, Potosí, para reclamar
la expulsión de esta empresa y hacerse cargo ellos mismos de
la explotación de la mina de plata e indio, material necesario
para fabricar monitores de pantalla líquida. José Mamani
fue fusilado de un tiro en la nuca y hubo cuatro heridos graves, producto
de la represión policial.
Al mismo
tiempo, en La Paz, la policía desalojó a integrantes de
comunidades amazónicas que acampaban en las inmediaciones del
palacio presidencial, quienes protestaban contra la construcción
de una carretera que afectaría gravemente sus poblados y los
recursos naturales de la región. Gases y palazos para amedrentar
a mujeres y niños, quienes hace unos meses también sufrieron
un muerto en el marco de una protesta por el mismo reclamo (ver boletín
N° 628).
Mientras
tanto, en Perú, ya son 17 los muertos por la protesta social
desde que asumió Ollanta Humala, hace menos de un año.
En distintos puntos del país, la policía asesinó
a cinco personas que protestaban contra varios proyectos mineros, en
su mayoría yanquis, en Cajamarca, Espinar y otros puntos del
país. Humala decretó el estado de emergencia tres veces
en Cajamarca para combatir las protestas mineras; el jefe de la policía
nacional, Raúl Salazar, dio la habitual (y no por eso menos absurda)
excusa de los infiltrados que llevaban armas de fuego, cuando ellos
sólo usan balas de goma, teoría a la que adhirió
gran parte del gobierno.
La minería
es un negocio multimillonario, es por eso que ningún gobierno
va a dudar en reprimir para garantizarlo, Humala y Morales son lo mismo
porque pertenecen a la misma clase y porque los mecanismos que usan
para continuar la explotación son iguales, la diferencia es el
consenso que tiene uno y el otro en América Latina. Morales,
más hábil en ese aspecto, se sumerge en la misma lavandina
que Kirchner, Mujica y Rousseff, pero no duda en soltar el hueso cuando
el perro se lo pide, quien contento, sale presto a cumplir su deber:
reprimir al pobre.
FUENTE: CORREPI
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