BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 666
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
26 de
agosto del 2012
Del 21
de julio del 2012
1.
Torturas: No es una “cultura”, es una política de
estado.
2.
Solidaridad con la lucha de las Asambleas Antiminería
3.
Hospital Garrahan: Siete años después, el juicio. RECOMENDADA
4.
Hay una banda de delincuentes...
5.
Mineros asturianos: imágenes del sistema.
Torturas:
No es una “cultura”, es una política de estado. RECOMENDADA
La difusión
en Internet de un video obtenido con un celular que muestra la sesión
de tormentos a la que son sometidos dos jovencitos en una comisaría
de Salta provocó que el tema fuera “noticia” destacada
en todos los medios del país. Como cuando se hizo público
aquel otro video que mostraba a los marines yanquis torturando prisioneros
en la cárcel de Abu Ghraib de Irak, la crudeza de las imágenes
provocó indignación y “sorpresa” entre quienes
sólo se alarman por estas prácticas cuando no les queda
más remedio ante lo irrefutable de la filmación.
El video
salteño no muestra nada diferente a lo que cualquier vecino de
cualquier barriada popular puede describir por experiencia propia o
de algún familiar, amigo o conocido. El apaleamiento, el submarino
seco o “bolsita”, el “pata pata”, las torturas
con agua, son algunos de los métodos habituales de tormentos
que se aplican a diario en comisarías, cárceles y otros
lugares de detención. Pero, como de costumbre, no basta que las
víctimas que se animan a denunciarlo, y las organizaciones antirrepresivas
lo denunciemos a los gritos. Sólo estalla el escándalo
cuando es imposible negar la realidad, al mismo tiempo que se buscan
una y mil “explicaciones” para confinarlo a un “episodio
aislado”, un “exceso”, o el resultado de una “cultura
de las fuerzas” que reduzca el espanto que muestra la filmación
del hecho cotidiano a un suceso extraordinario.
Así
funciona el sentido común de la burguesía, especialmente
la que se tilda de “progresista”, que prefiere no conocer
los métodos con los que se garantizan a diario los privilegios
de su clase, pide que los verdugos hagan su trabajo en silencio y en
secreto, y protesta si la sangre salpica sus lustrados zapatos.
Es que,
cuando la tortura se hace visible, desde la vereda de la “defensa
de la institucionalidad” se reclaman más controles, mejores
leyes, y la infaltable “participación ciudadana en la gestión
de las políticas públicas de seguridad” para negar
su carácter de política de estado. En esa línea
actúan los comités contra la tortura de la ONU o la OEA,
los Observatorios Mundiales, y organizaciones como Amnistía Internacional
o el CELS, que admiten el uso sistemático de la tortura en el
mundo, pero siempre como “vicio” inherente de países
con regímenes autoritarios, o como resultado de “desbordes”
o “culturas autoritarias de una fuerza” en países
democráticos “con instituciones débiles y faltas
de suficientes controles”. Se plantean, entonces, como su objetivo,
transformar en “democráticos” a los primeros y evitar
los desbordes en los otros, y, mientras tanto, lograr en los casos puntuales
el castigo del perpetrador individual y la reparación de la víctima.
Buen ejemplo de ello es lo que afirma, a propósito del video
salteño, el comunicado emitido por el CELS: “...las prácticas
de tortura forman parte de la cultura y del sistema de gobierno de las
cárceles, comisarías, institutos de menores y unidades
psiquiátricas de nuestro país”. Así, proponen
“avanzar en la construcción de institucionalidad para prevenir
una de las principales violaciones de derechos humanos que se cometen
en el país”.
Esa aparente
contradicción que genera la convivencia de la tortura con el
moderno estado de derecho es, en realidad, la más sofisticada
manera que la democracia ha ideado para seguir usando los métodos
inherentes a la dominación, mientras avanza en su permanente
búsqueda de consenso, al son del repudio formal a las prácticas
que no sólo usa, sino que, siempre que puede, legitima y ampara.
Los que se horrorizan ante los casos concretos, pero defienden el sistema
que los origina, no pueden ver, porque el mito del estado de derecho
cubre sus ojos con una venda inexpugnable.
Porque
la tortura sigue siendo imprescindible, para el estado moderno, como
medio para lograr el disciplinamiento, el control social tan necesario
para que unos pocos puedan dominar a una mayoría oprimida. Mejor
lo explica F. Fanon en un breve párrafo de “Los condenados
de la tierra”: “...después de varios días
de vanas torturas, los policías se convencieron de que se trataba
de un hombre apacible, totalmente ajeno a cualquiera de las redes del
F.L.N. A pesar de este convencimiento, un inspector de policía
dijo: ‘No lo dejen ir así. Apriétenlo un poco más.
Así cuando esté afuera se mantendrá tranquilo’”.
Solidaridad
con la lucha de las Asambleas Antiminería
Desde
el 9 de julio, integrantes de las asambleas contra la megaminería
estaban acampando en Cerro Negro, Catamarca, en la intersección
de las rutas nacionales 40 y 60, al mismo tiempo que se mantienen los
bloqueos selectivos en Susques, provincia de Jujuy, y en Tinogasta y
Andalgalá, para hacer visible la lucha que vienen llevando adelante
hace ya mucho tiempo.
A partir
del viernes 13, la tensión creció, con la conformación
de grupos de choque promovidos por el gobierno de la provincia y las
municipalidades de Belén y Tinogasta, además del traslado
de grandes cantidades de efectivos policiales.
“Sabemos
que es para desbaratar el campamento, todavía no hemos bloqueado
nada, sólo estamos acampando al costado de la ruta, a los que
estén cerca de Cerro Negro les pedimos que vengan, a los demás
que se movilicen donde estén", denunciaba Darío Moreno,
uno de los integrantes de la asamblea Tinogasta por la Vida , al mismo
tiempo que Adán González, funcionario de la Secretaría
de Minería municipal y referente del Frente para la Victoria,
salía por los medios locales impulsando un “antipiquete”
para oponerse al bloqueo selectivo de las Asambleas.
El miércoles
18, en apoyo de la lucha de las Asambleas contra la megaminería,
militantes de varias organizaciones (Movimiento Popular La Dignidad;
MTR 12 de abril; Movimiento Justicia y Libertad; Agrupación Kiki
Lezcano; MTD Aníbal Verón de Esteban Echeverría;
Movimiento Tupaj Katari; Colectivo Desde el Pie; MULCS y COB La Brecha
) ocuparon pacíficamente las casas de las provincias Catamarca,
La Rioja , Salta, Jujuy, Mendoza y San Juan.
Al cierre
de este Boletín, llegaron las noticias de que, ante la amenaza
policial y la aparición de más patotas que agredieron
a los manifestantes, los compañeros se replegaron, retirándose
de la ruta. En Córdoba, Mar del Plata, Buenos Aires y otros lugares
del país hubo manifestaciones contra la minería depredadora
y contaminante y de apoyo a los compañeros que le están
poniendo el cuerpo a la resistencia.
Hospital
Garrahan: Siete años después, el juicio.
En 2005,
los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron un largo y recordado
conflicto, que concluyó con grandes triunfos como la incorporación
de más personal y aumentos salariales. A lo largo de su lucha,
los trabajadores debieron enfrentar el embate de todo el aparato represivo
estatal, que no dejó herramienta por usar para tratar de quebrarlos.
Hubo policía, patotas de la burocracia sindical, acusaciones
difamatorias, especialmente hacia los delegados de la Junta Interna
, y causas, muchas causas judiciales.
La táctica
empleada por el gobierno se centró con fuerza en la utilización
del aparato judicial. En lo más duro del conflicto, casi a diario
aparecían denuncias de todo tipo, acusando a los delegados y
a los trabajadores de base por los delitos más variados, incluyendo
la acusación de abandonar a su suerte a los niños internados,
que los trabajadores, acompañados por CORREPI, demostraron totalmente
falsa.
En ese
marco, el gobierno puso especial énfasis en una causa, iniciada
por la denuncia de dos funcionarios del ministerio de Trabajo, que imputaron
por varios delitos a cuatro integrantes de la Junta Interna : Gustavo
Lerer, Marcelo Mansilla, Eduardo García y Adriana Agüero.
En octubre de 2005 fueron citados para ser indagados por la jueza Alicia
Iermini, bien conocida por su tarea al servicio de la impunidad del
comisario Miguel Ángel Espósito, el asesino de Walter
Bulacio.
La defensa
de los compañeros se organizó con la confluencia de CORREPI,
APEL, CeProDH, Liberpueblo y CAJ. Mientras se generaba una importante
campaña de solidaridad, y en el marco de grandes movilizaciones
en tribunales, una y otra vez, demostramos la inexistencia de todo elemento
para acusar a los delegados por delito alguno, pero la decisión
de escarmentar al movimiento obrero organizado por fuera de la burocracia
sindical estaba tomada.
Así,
después que el ministro de Salud kirchnerista, Ginés González
García, dejara clara la posición del gobierno cuando dijo
que los trabajadores del hospital Garrahan en lucha eran “un grupo
salvaje de delincuentes sanitarios que hacen terrorismo, tomando como
rehenes a los chicos”, todos los planteos de la defensa –y
la mayor parte de las pruebas de descargo ofrecidas- se rechazaron.
Los cuatro delegados fueron procesados por el delito de “amenazas
coactivas”, y la causa fue elevada a juicio.
Ahora
es el TOC nº 29 el que debe fijar fecha para juzgarlos por el delito
de defender su trabajo y denunciar el abandono estatal de la salud pública.
Es el mismo tribunal que tiene a su cargo, hace ya varios años,
la causa Bulacio, con el juicio en suspenso. La semana pasada, los jueces
informaron a la defensa que planean dar comienzo al juicio contra los
delegados del hospital en mayo del año que viene. Será
un juicio que deberá convocar la solidaridad del conjunto de
las organizaciones de los trabajadores y el pueblo, colmando la sala
y la calle con el reclamo de su absolución.
Hay
una banda de delincuentes...
Los medios
informan que una banda de asaltantes aterroriza a la población
acaudalada de Chivilcoy y alrededores. Mediante operativos llevados
adelante con total profesionalismo, la banda ya ha asaltado una veintena
de estancias, utilizando capuchas, guantes, información calificada
sobre los asaltados y sus pequeñas fortunas, equipos de comunicación
de alta tecnología y un buen manejo de armas. Tal el profesionalismo
de estos sujetos que, en su relato, uno de los asaltados mencionó
que “hasta me palparon”.
¿Qué
dicen al respecto la policía y el poder político? Sergio
Macedo, subcomisario de la Seccional de Alberti, dijo escuetamente “estamos
investigando a una banda”; y Santiago Bertone, secretario de seguridad
de Chivilcoy afirmó “No tenemos información de que
grupos de ese tipo estén actuando en nuestros campos". Un
dato más llama la atención de la prensa en el relato oficial
de esta noticia: a uno de los asaltados le escupieron “a vos te
vendió un milico”.
Este tipo
de relato sobre la inseguridad, al que los medios nos tienen más
que acostumbrados, y mediante el cual pretenden aterrorizarnos, siempre
deriva en un pedido de más seguridad, más policía
en la calle.
¿Qué
dicen los rumores en Chivilcoy? Que la banda en cuestión existe,
pero no la encuentran porque son ellos mismos: una banda de policías
o ex policías (que seguramente cobran religiosamente su retiro
como tales a fin de mes).
Simultáneamente,
en Guaymallén, provincia de Mendoza, se supo que el 14 de julio
Claudio Vicentín chocó su camioneta con un camión.
Llegó la policía. Uno de los uniformados trasladó
al accidentado en su móvil a la comisaría, mientras el
otro condujo al mismo lugar su camioneta.
Una vez
en la comisaría, lo confinaron a un calabozo con la excusa de
que “se tranquilizara”. Convirtiendo la irregular detención
en un secuestro, no consultaron con el juez de turno ni consignaron
en los libros de la comisaría la presencia del preso.
Cuando
finalmente lo dejaron irse, y le entregaron su camioneta, Vicentín
advirtió que los $25.000 que llevaba en la guantera habían
desaparecido. Allí comprendió por qué el encierro
“para calmarlo”.
La policía,
sea federal, bonaerense o las provinciales, regentean y manejan todo
tipo de delitos, que sin su “colaboración” o directa
participación no podrían sostenerse. Del mismo modo, salen
ellos mismos, en sus ratos libres, a asaltar. También obligan
a los pibes de los barrios a robar o transar para ellos y los fusilan
con el gatillo fácil o los desaparecen como a Luciano Arruga
cuando se niegan.
Buen ejemplo
de eso era el “Hugo Beto” Cáceres, jefe del “Escuadrón
de la muerte” de San Fernando, que con su empresa de seguridad
privada “Tres Ases”, integrada por policías, “aterrorizaba”
a los comerciantes de la zona mandando pibes a robar a los que descartaban
sus servicios, hasta que aceptaban la extorsión de sus servicios
de seguridad a cambio de una cuota. El mismo grupo de policías
fusiló una docena de chicos renuentes a “trabajar”
para él entre 200 y 2001.
Es que
la criminalidad es una cara más del aparato policial, que con
el poder político tolera a sus sicarios. Así, todos se
enriquecen un poquito más, y, de paso, venden su discurso de
la inseguridad y de la necesidad de mayor presencia policial. Así
nos convencen para reprimirnos mejor, y tenernos bien controlados. Porque
un sistema injusto y desigual no se sostiene sin represión por
parte del estado. Inseguridad… es la policía en la calle.
Mineros asturianos: imágenes del sistema.
Silenciamos
y sólo apreciamos las imágenes. Nos resulta muy difícil
distinguir en qué lugar del mundo se documentó el video
que circuló esta semana por internet.
Un escuadrón de policías armados hasta los dientes, con
su inveterada saña represiva, se acerca a un poblado montañoso
donde trabajadores mineros resisten la desocupación y el despojo.
Los mineros,
convenientemente encapuchados, dan pelea sin tregua con lo que tienen
a mano y con lo que el ingenio y la incipiente organización -que
anida en los mejores espíritus rebeldes- les proporciona.
A su alrededor,
vecindarios enteros apoyando, solidarizándose en las calles,
repudiando el ataque de los perros guardianes de los ricos.
Ocurrió
en Asturias, en las puertas del primer mundo, en medio de la crisis
capitalista española, y cuando el siglo XXI merodea la mitad
de su primera generación en términos económicos.
Pero valía
pensar en la Argentina urbana de fin de siglo pasado, o en la actual
cordillerana de Catamarca; valía pensar en el Perú de
los levantamientos de Puerto Maldonado o en la Mauritania del noroeste
africano, que acaba de sumar un minero del cobre muerto a manos de la
represión, por poner solo algunos ejemplos.
Lo sucedido
con los mineros asturianos, revela la sistematicidad y el diseño
político táctico que los estados burgueses despliegan
contra los pueblos, en todo tiempo y lugar.
Es que
consolidar los privilegios de la clase dominante, establecer la supremacía
del capital por sobre la fuerza de trabajo, apropiarse de los recursos
naturales, condenar a la pobreza, no son cuestiones regionales ni identitarias,
mucho menos culturales o aleatorias, sino finalidades estratégicas
del sistema capitalista. Y para llevarlas a cabo, la respuesta es la
misma en todo el mundo: represión y violencia amparada en leyes
gestadas en las instituciones que la misma clase dominante regentea.
El disciplinamiento
social es una tarea que toda policía del sistema practica. La
violencia desplegada contra trabajadores resistentes es su directa y
máxima expresión. No hay diferencias basadas en el diseño
más o menos moderno del funcionamiento político: sistemas
presidencialistas, parlamentaristas, dictaduras, todos se unifican tras
la consigna suprema: para defender la propiedad privada y la explotación,
solo cabe la represión.
Pero no
es recomendable mirar sin escuchar, y menos cuando son los trabajadores
los que hablan. Subimos el volumen y las voces del pueblo asturiano
repican: "¡A por ellos!” incentiva el vecindario, y
entre los agujeros de una valiente capucha se escucha la palabra justa
y precisa, centrando el eje de la cuestión, la palabra internacionalista
de un minero: “Súmense, ¡solos no podemos contra
el capitalismo!". Seguramente sin saberlo, el compañero
reafirmaba nuestra siempre vigente consigna: CONTRA LA REPRESIÓN...
ORGANIZACIÓN Y LUCHA.
FUENTE:
CORREPI
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