BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 667
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
26 de
agosto del 2012
Del 30
de julio del 2012
Sumario:
1. Torturas en Salta: “Autoquerella” del gobierno.
2.
Gatillo Neuquino: entre el aumento de los efectivos y las torturas a
los presos....
3.
Dos formas de aplicar la misma política represiva: desaparición
y criminalización de la protesta.
4.
Plan Ahí: la militarización continúa.
5.
El forcejeo imposible y el juicio al “violador fácil”.
Torturas
en Salta: “Autoquerella” del gobierno.
Desde
hace unos días, y como mencionáramos en el Boletín
N° 666, cobraron notoriedad las torturas aplicadas por cinco policías
a dos jóvenes en la comisaría 11ª de General Güemes,
Salta -algo que CORREPI viene denunciando permanentemente desde hace
20 años como política de estado-, a raíz de un
video que comenzó a circular en internet, en el que se veía
a los torturadores en plena acción. Los medios de comunicación
lo levantaron como noticia y distintos funcionarios políticos
tuvieron que salir a dar explicaciones.
Como ocurrió,
por ejemplo, en el caso por el asesinato de Walter Bulacio o en el de
Franco y Mauricio, asesinados en José León Suárez
en 2010, el gobierno kirchnerista utilizó la misma estrategia
para limpiar su responsabilidad: inmediatamente después de difundidas
las imágenes, la provincia de Salta se presentó como querellante
en la causa contra los seis policías (los cinco que se ven en
el video, más el que lo filmó), pretensión que
fue rechazada por el juez Farah, al igual que el pedido de presentarse
como querellante dela Comisión de Derechos Humanos de Diputados.
¡El estado, para defenderse, quiere ser querellante contra sí
mismo!
El intento
de presentarse como querellante del kirchnerista Urtubey, por medio
de su ministro de Seguridad, Sylvester, intenta despegar al estado de
su responsabilidad en la aplicación sistemática de torturas
que, precisamente, utiliza como herramienta de control social -mayoritariamente
sobre jóvenes de los barrios más pobres-, junto con el
gatillo fácil.
Tenemos
una víctima diaria que muere por la tortura o gatillo fácil.
Desde CORREPI denunciamos permanentemente esta política represiva
y el objetivo por el cual el estado la lleva a cabo. Sin embargo, funcionarios
como Urtubey, Sylvester, Pace, utilizando la teoría de la “manzana
podrida”, salen a hablar de estos policías como “bestias”,
“miserables” o a decir que “no son policías
sino delincuentes vestidos de policías", en una doble maniobra:
en principio, para correr el foco de la responsabilidad del estado,
entregando así, ante la mirada de la opinión pública,
al engranaje más débil y reemplazable: los policías,
pretendiendo ocupar el lugar de víctima o de afectado cuando
en realidad son los victimarios. Por otra parte, aplican la herramienta
legal que los legisladores ponen al servicio de los jueces para que
éstos puedan garantizar impunidad a mismos verdugos: siempre
“apremios ilegales”, nunca tortura, basándose en
la explicación de que, como estamos en democracia, el submarino
seco, el submarino mojado, la picana eléctrica, los golpes, etc.,
no son torturas.
La imputación
de apremios ilegales en la causa contra los seis policías (Matías
Cruz, Marcos Gordillo, Alberto Ontiveros, Leonardo Serrano, Héctor
Ramírez y Roberto Barrionuevo) es otra muestra de cómo
el estado protege mediante el sistema judicial a quienes ejecutan la
represión. A diferencia de la tortura, los apremios ilegales
tienen penas menores y son excarcelables; y, fundamentalmente, encubren
la responsabilidad estatal, al no ser considerados técnicamente
como delito de lesa humanidad (así lo estableció la Corte
Suprema en el caso del comisario Derecho, en 2007).
Así
vemos como funciona toda la maquinaria en su conjunto: por un lado condenan
discursivamente a los torturadores que se dejan agarrar, mientras les
aplican figuras legales que minimizan el hecho en sí y lo despegan
de su naturaleza de crimen de estado.
Gatillo
Neuquino: entre el aumento de los efectivos y las torturas a los presos....
En la
ciudad capital de Neuquén, en la zona oeste (conocida por ser
uno de los lugares más pobres de la ciudad sureña) en
el barrio Cuenca XV, Matías Casas, de 19 años, fue asesinado
por dos disparos en la espalda (uno de ellos le atravesó el abdomen)
con el arma reglamentaria del suboficial Esteban Méndez de la
comisaría 1ª del área de Investigaciones, quien lleva
casi 24 años de servicio en la fuerzas del estado.
El lunes
a la medianoche, Matías y su novia Micaela estaban en moto en
una plaza del barrio, a punto de reunirse con sus amigos en la casa
de una compañera. Mientras charlaban, se acercó el hijo
adolescente del policía asesino. "Matías le dijo
al pibe que le dijera al hermano que tenía que hablar con él",
contó Adriana, la mamá de Micaela. Pero el pibe no se
fue a buscar al hermano, se fue a buscar al padre... Mientras, Matías
y Micaela caminaban bajando la calle con la moto al lado para despedirse.
En ese momento apareció Méndez (quien paradójicamente
gozaba de la "licencia policial") preguntando "¿quién
es Matías?" y sin lugar a nada disparó entre los
chicos una bala que hasta ahí no llegó a herir a ninguno.
Matías subió a su moto e intentó escapar del lugar
asustado, pero Méndez, fiel a su entrenamiento, con cuidado se
preparó y apuntó, disparando dos tiros en la espalda del
joven. Una Ford Ranger recogió al suboficial para seguir a Matías,
quien, como pudo, siguió hasta las calles Novella y Rosario,
donde cayó agonizando por desangramiento.
En el
piso, el joven fue pateado por Méndez que ya se había
bajado de su camioneta, no contento con verlo morir así como
así. Loreley, la hermana de Matías, vio cómo el
policía asesino, acompañado por una oficial que lo encubrió,
lo pateaba a pesar de que el chico ya no daba más. Los demás
policías se ocuparon de alejar a la gente, en una clara maniobra
por encubrir al cobarde y a la institución. Matías siguió
camino hasta caer a unos metros, donde un taxista lo socorrió
y llevó de urgencia al hospital.
Matías
finalmente falleció a las 9 de la mañana del lunes, en
el Hospital Regional Castro Rendón. Su hermana, con muchísima
bronca, dijo en una entrevista a un medio local: "Nosotros queremos
que quede bien claro que mi hermano no tuvo tiempo de defenderse. Además
queremos conseguir el nombre de los policías que intervinieron
para accionar contra ellos porque no queremos que encubran a este tipo,
porque esto es un caso de gatillo fácil".
La esposa
del policía se acercó a la Comisaría 18ª a
eso de las 3 de la mañana, a radicar la denuncia contra Matías
por "agredir" a su hijo, arguyendo que fue quien inició
el conflicto amenazando con un arma. Horas después, al enterarse
del deceso, la cobardía policial no fue suficiente y Méndez
se vio obligado a entregarse, siendo trasladado a la Unidad Penal nº
11 para no sufrir incidentes, según los voceros oficiales. Y
habrá que detenerse a pensar si en esa cárcel los policías
cuentan, como en casi todas, con todo el privilegio y la seguridad a
su alrededor, mientras los presos son brutalmente torturados por las
palizas y otros métodos más "sofisticados",
como alertan las reiteradas denuncias que hacen a través de los
organismos de derechos humanos y las distintas organizaciones políticas
de la región.
Unas tras
otras, imágenes, hechos y palabras, ponen en evidencia que el
accionar policial no es un aparato que deja al azar la acción,
el proceso, y el resultado: mientras al suboficial le levantan las vainas
de los cartuchos que él disparó, lo trasladan a una celda
cómoda en un penal donde el amedrentamiento les otorga un poder
sistemático, y le caratulan la causa como un simple homicidio,
los pibes pobres en los barrios siguen siendo asesinados todos lo días,
sin la posibilidad de vivir lo que ellos quieren.
A la policía
les queda el Estado. A nosotros, la organización y la lucha.
Dos
formas de aplicar la misma política represiva: desaparición
y criminalización de la protesta.
La represión
selectiva, la que caracterizamos como aquella que el Estado descarga
sobre los que se organizan y luchan contra la explotación, tiene
varias formas de ser aplicada según las circunstancias específicas
de cada caso y de lo que requiera el poder para cada necesidad. El objetivo
siempre es el mismo: frenar la lucha y disciplinar a los trabajadores
para que agachen la cabeza y acepten la explotación.
En este
caso tenemos el ejemplo de dos formas diferentes de aplicar esta política:
por una parte, la desaparición de Daniel Solano en Choele Choel
y por otra la criminalización de la protesta que sufre la comunidad
de Indio Colalao, donde la justicia libró órdenes de detención
para 25 integrantes de esta comunidad en Tucumán, misma provincia
donde la policía asesinó al dirigente indígena
de 68 años, Javier Chocobar.
Daniel
Francisco Solano desapareció el 5 de noviembre de 2011 en la
localidad rionegrina de Choele Choel. Había viajado desde Salta,
de donde era oriundo, para trabajar en la cosecha de frutas. La explotación
sufrida, las precarias condiciones de trabajo y vivienda y la paga miserable
lo llevaron a organizarse contra la patronal de Agro Cosecha, pata local
de la multinacional Expofrut. Fue elegido delegado por sus compañeros
y estaba impulsando una huelga a la que iban a adherir 250 de los 300
trabajadores golondrinas que trabajaban con él. En un principio,
la patronal intentó comprarlo como alcahuete de sus compañeros.
Ante la negativa de Daniel, se planificó su desaparición
en Macuba, un boliche de la zona, donde dos testigos vieron como cuatro
policías lo golpeaban y subían a un móvil. Estos
dos testigos, una pareja que iba en moto, siguió al patrullero
hasta un descampado, donde Daniel fue subido a otro vehículo
en el que iban tres policías de civil y ahí les perdieron
el rastro.
Cuando
esta pareja se dirigió a la comisaría a hacer la denuncia,
vieron que dos de los policías que estaban ahí, eran los
mismos que habían levantado a Daniel. A partir de ese momento,
comenzaron a recibir amenazas, al igual que la familia de Daniel Solano,
que se trasladó a Choele Choel para buscar su cuerpo y exigir
justicia.
El padre
de Daniel permanece en Río Negro, y levantó, junto con
la solidaridad de los vecinos, nucleados en la Comisión Solidaridad
y apoyo a la familia Solano, una carpa para continuar denunciando lo
que pasó con Daniel y lo que sufren los jóvenes cotidianamente:
aprietes, torturas y detenciones arbitrarias. Gualberto Solano se encadenó
en la fiscalía y realizó una huelga de hambre para exigir
la detención de los policías Sandro Berthe, Pablo Bender,
Juan Barrera, Diego Cuello, Héctor Martínez, Pablo Albarrán
y Roberto Quidel, todos ellos implicados materialmente en el secuestro
y torturas de Daniel. En total hay 22 policías imputados y desde
la familia se exige que se investiguen las responsabilidades de la empresa
y se busque al que entregó a Daniel. La única respuesta
que obtuvo la familia por parte del gobernador de Río Negro,
Alberto Weretilneck, fue la orden de que levanten el campamento.
En Tucumán,
el fiscal Guillermo Herrera ordenó la detención de 25
comuneros de Indio Colalao a pedido del terrateniente Fredy Moreno Núñez
Vela. La comunidad viene llevando a cabo desde hace tiempo una lucha
contra el avance sojero sobre sus tierras y esta medida, claramente,
es un intento de amedrentamiento para que la comunidad abandone la lucha.
El gobierno kirchnerista de Alperovich echa mano a todas las herramientas
que el menú represivo le ofrece: desalojos, asesinatos y en este
caso el código penal. Bien le vino enviar a su gabinete a la
Reunión Plenaria del Consejo de Seguridad Nacional (ver boletín
N° 602) para saber que herramienta aplicar según el caso.
La política
es la misma, lo que cambia es la herramienta. En Río Negro se
recurrió a la desaparición y en Tucumán al poder
judicial. Lo que representan también es lo mismo: los intereses
de los explotadores: terratenientes, multinacionales y pooles sojeros.
Al igual que el gatillo fácil y las torturas en lugares de detención,
es una política de Estado, ejecutada por sus empleados: policías,
jueces y fiscales. Nuestra respuesta por ello, no puede ser otra que
la organización y lucha.
Plan
Ahí: la militarización continúa.
En el
marco del Plan Nacional de Abordaje Integral (Plan Ahí), el gobierno
kirchnerista anunció, a través del Ministerio de Seguridad
que dirigen Nilda Garré y su secretario de Seguridad, Sergio
Berni, el envío de las FFAA a varias villas de la ciudad de Buenos
Aires y el Gran Buenos Aires.
Así,
se mandaron tropas del ejército y equipos a cuatro barrios pobres
de la localidad bonaerense de San Martín, cercana a Campo de
Mayo; la Fuerza Aérea desplegó un hospital militar de
campaña y otros equipos en la villa “1-11-14” del
Bajo Flores y la Armada se instaló en la villa 31 de Retiro.
Este nuevo
despliegue de fuerzas represivas para el control social de los barrios,
se suma a los operativos Cinturón Sur y Centinela, mediante los
cuales gendarmería militarizó los barrios más pobres
de la ciudad de Buenos Aires y otras del país, y a medidas para
incrementar la presencia policial en las calles, como la creación
de la policía vecinal.
De esta
manera, un trabajador que vive en Lugano, por poner un ejemplo, sale
de su casa, y en pocas cuadras se encuentra con la Policía Federal,
la Policía Metropolitana, la Gendarmería, la Prefectura
y ahora, las Fuerzas Armadas. Lindo panorama como para pensar en organizarse
y cambiar las cosas ¿no?
Este modelo
de militarización para el control social no es nuevo, el kirchnerismo
lo ha importado de Brasil y Colombia, donde los respectivos gobiernos
atestaron las villas y los barrios pobres de militares y policía,
argumentando “un avance en la lucha contra el delito y el narcotráfico”,
cuando, en realidad, las fuerzas represivas cumplen la misma función
de siempre, la única que pueden cumplir en este sistema, que
es la de ejercer el control social que el mismo estado le encarga.
Este tipo
de medidas, que este gobierno “nacional y popular” viene
llevando a cabo desde el inicio de su gestión allá por
2003, vienen de la mano de toda una búsqueda de consenso, con
explicaciones que apuntan a la “mejora de las condiciones de vida”
de la gente de los barrios más pobres, argumentando que las fuerzas
armadas van a realizar trabajos de infraestructura y a solucionar problemas.
Nilda Garré declaró ante los medios que “mediante
este plan vamos resolviendo los problemas que tienen los habitantes
de las villas. Lo hacemos en todo el país, aunque en la Ciudad
de Buenos Aires, como el Gobierno de la ciudad no se ocupa de los sectores
humildes y más vulnerables, debe ocuparse el Estado Nacional”.
Por su
parte, Sergio Berni, secretario de Seguridad, afirmó que “ni
de aquí en adelante ni nunca” el gobierno ordenará
a las fuerzas de seguridad federales “reprimir una protesta social”.
Silencia, claro, la represión de Prefectura a los trabajadores
del Casino en 2007; la represión con la Gendarmería a
los manifestantes en los cortes contra la megaminería; la represión
a los docentes de Sta. Cruz y en el Indoamericano por la Policía
Federal, y muchísimos ejemplos más, que nos muestran que
este gobierno, lejos de no reprimir la protesta social, se especializa
en reprimir –con el costo de 17 asesinados en manifestaciones
desde 2003- al tiempo que tratan de generar el mayor consenso posible
alrededor de sus medidas represivas. Con argumentos seudoprogresistas
y lindas palabras, disfrazan que la crisis pega duro y que, como buen
gobierno que defiende los intereses de unos pocos, debe reforzar el
control social sobre el pueblo explotado, no sea que la cosa se desborde.
El
forcejeo imposible y el juicio al “violador fácil”.
El 23
de enero de este año, en el barrio porteño de Balvanera,
el policía federal Alexis Naredo mató a Yon Camafreitas
(18), a pocas cuadras de su casa. A pesar de la evidencia de fusilamiento
que surgía de la ubicación del disparo, en el costado
derecho de la nuca, y la trayectoria de la bala, de arriba hacia abajo,
una confusa declaración del policía, basada en una larga
serie de “no me acuerdo” y en la afirmación muy poco
original de que “se le cayó el arma, no sé cómo
se montó y disparó”, le valió el dictado
de una falta de mérito, con lo que salió en libertad.
Seis meses
después, las pericias encargadas al gabinete de policía
científica de Gendarmería cuentan una historia bien diferente:
La pistola
9 mm estaba apoyada en el cráneo de Yon, tan cerca que los restos
de la deflagración de pólvora entraron directamente en
la herida, atravesando limpiamente la gorra roja que llevaba puesta.
Si el disparo se hubiera producido a mayor distancia, los gases y partículas
hubieran quedado en la tela.
En segundo,
pero no menor lugar, los peritos determinaron que la única posición
de víctima y victimario que permite hacer coincidir, en la trayectoria
del disparo, los orificios de entrada y salida en la cabeza de Yon y
el posterior impacto en una persiana de metal a 80 cm.del suelo, es
con el policía de pie y Yon semi agachado. Las demás hipótesis,
incluida la que sostuvo el asesino, de que ambos estaban de frente y
de pie, fueron descartadas por “inviables”.
Pese a
que este informe se recibió en la fiscalía 38ª hace
dos semanas, Naredo sigue libre.
También
en libertad está otro policía federal, Jesús Walter
Yapura, que el 1º de enero de este año forzó a un
niño de 14 años, amenazándolo con su arma reglamentaria,
a practicarle una fellatio en la estación Congreso de Tucumán
del subterráneo de la Línea D.
Esta semana,
el 1º de agosto, el tribunal oral nº 1 iniciará el
juicio al policía violador, que fue excarcelado por la cámara
criminal pocos días después del hecho, a pesar de que
está procesado por abuso sexual doblemente calificado.
Dada la
edad de la víctima, y la naturaleza del crimen, el juicio se
celebrará sin público, con la familia del niño
como querellantes, acompañados por CORREPI.
No se
escucha a los habituales comunicadores que sistemáticamente agitan
con la peligrosidad de delincuentes sueltos, preocuparse por estos dos
criminales vestidos de uniforme que caminan muy tranquilos por nuestra
ciudad.
FUENTE: CORREPI
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