BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 668
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
26 de
agosto del 2012
Del 5
de agosto del 2012
Sumario:
1. Mariano cayó defendiendo los derechos de los trabajadores
y enfrentando la triple alianza antiobrera.
2.
La “murga tumbera”: siempre, la selectividad.
3.
Otro fallo que muestra la única cara de la justicia burguesa.
4.
Gatillo facilísimo en Quilmes.
5.
Mossos d’esquadra, la madre patria de la tortura en democracia.
Mariano
cayó defendiendo los derechos de los trabajadores y enfrentando
la triple alianza antiobrera.
El 20
de octubre de 2010, en el marco del plan de lucha, los trabajadores
tercerizados decidieron reclamar por el pase a planta permanente cortando
las vías del FFCC Roca.
La medida
no pudo ser llevada adelante porque al llegar a las vías, los
trabajadores y quienes los acompañaban se encontraron con la
triple alianza antiobrera dispuesta a reprimir y disciplinar a todo
aquel que decida organizarse para luchar.
Para el
gobierno, los empresarios y la burocracia, la cuestión no era
menor. El reclamo de los tercerizados ponía en juego millones
de pesos que, a través de subsidios, llegaban a las cooperativas
manejadas por la burocracia y organizadas por contratos entre el gobierno
y los empresarios. Así todos ganaban. El gobierno podía
seguir hablando del ‘crecimiento laboral’, la burocracia
mantenía su lugar de poder y los empresarios facturaban cada
vez más y las tres partes cumplían su función:
mantener a los trabajadores en condiciones precarias para explotarlos
mejor.
Compartiendo
los mismos intereses, la triple alianza antiobrera –gobierno,
burocracia y empresarios- se puso en acción, y sus balas se descargaron
sobre la manifestación ferroviaria. Hirieron a Elsa Rodríguez,
Nelson Aguirre y Ariel Pinto y asesinaron a Mariano Ferreyra, militante
del PO.
Para reprimir
a los trabajadores, la burguesía recurrió una vez más
y como siempre a sus más efectivos instrumentos, la burocracia
y la policía, ambos participes necesarios en el asesinato de
Mariano.
La policía
no sólo libero la zona para dar paso a la patota de la burocracia
y cerrar la salida a los trabajadores, también garantizó
que el ataque se llevara a cabo, y que los ejecutores pudieran fugar
con impunidad.
Fue la
movilización popular la que llevó a juicio a algunos de
los responsables del asesinato de Mariano, entre ellos la patota y la
policía. De no haber existido la lucha organizada, es probable
que quienes hubieran sido juzgados fueran los mismos trabajadores. Los
jueces hubieran procesado por “extorsión” “interrupción
del servicio ferroviario” o algo parecido a los manifestantes,
efectuando otra de las políticas kirchneristas, la criminalización
de la protesta social. De hecho esto mismo está siendo pedido
hoy por algunos de los defensores.
CORREPI,
como organización que se posiciona junto al pueblo trabajador
y en lucha contra la represión estatal, es parte de la querella,
y desde un primer momento estuvimos movilizándonos para conseguir
el castigo a los culpables del asesinato de Mariano Ferreyra. Un primer
triunfo fue haber podido instalar como eje del planteo jurídico
que lo sucedido en octubre de 2010 fue parte de un plan sistemático
y criminal de la triple alianza antiobrera para aleccionar a los trabajadores
organizados e independientes de la burocracia y el gobierno.
Pero sabemos
que nada vale un proceso judicial sin la movilización popular
que llene las calles reclamando justicia por su compañero y por
todos los que han caído bajo las balas estatales luchando contra
la explotación.
La burguesía
tendrá instrumentos como la burocracia y la policía, pero
nosotros tenemos los nuestros: la organización y la lucha, los
únicos capaces de conseguir juicio y castigo para todo aquel
que reprime al pueblo trabajador.
La
“murga tumbera”: siempre, la selectividad.
La aparición,
a través de una tapa de Clarín, del video que muestra
a presos condenados por femicidios o violaciones y homicidios bailando
y tocando el bombo al compás de consignas kirchneristas en actos
proselitistas del partido de gobierno, desató una de esas polémicas
mediáticas donde es más lo que se contrabandea que lo
que se dice.
En lugar
de concluir, como lo muestran las imágenes, que además
de sacar presos de la cárcel para robar o para trabajar en cocinas
de drogas, como tantas veces se ha comprobado (recordar el emblemático
caso Dolly, o el preso de Coronda mandado “en comisión”
por el servicio penitenciario de Santa Fe a “trabajar” en
Avellaneda), usan a determinados detenidos para hacer propaganda partidaria,
el “debate” se centró en si los presos (todos) tienen
o no derecho a salidas transitorias, laborales, familiares o para participar
de actividades culturales.
No se
puso en discusión, por ejemplo, el largo tiempo que debimos movilizarnos
para lograr que a Karina Germano, la “Galle”, e le reconociera
el derecho a salidas transitorias, ni la infinidad de veces que denunciamos,
junto a organizaciones anticarcelarias como la Agencia Walsh, que no
se autorizaba a presas, por ejemplo, a concurrir –con custodia,
claro- a recibir premios por su labor literaria. Es más. Cuando
Ricardo “Chacho” Berrozpe ya había obtenido de la
Cámara de Casación penal su excarcelación, y sólo
faltaba que se notificara la cámara criminal de Mar del Plata
para que recuperara su libertad en la causa que lo tuviera imputado
por la manifestación contra Bush (Mar del Plata, 2004), fue necesario
que su defensa depositara la plata necesaria para la nafta del móvil
que lo llevaría, tardíamente, al velorio de su madre.
Se soslaya,
deliberadamente, en este tipo de “grandes debates”, que
los policías procesados y hasta condenados por homicidios de
gatillo fácil o por torturas y torturas seguidas de muerte no
deben preocuparse por salidas transitorias, porque, directamente, y
a pesar de la gravedad de sus crímenes, no van presos. Pregunten
a Jorge Ramón Fernández o Ramón Nicolosi (caso
Durán, condenados a perpetua y liberados anticipadamente); al
oficial Gnopko (condenado a perpetua en el caso Gallardo y nunca preso);
a Oscar Ayunta del grupo Halcón (condenado a 12 años de
prisión por el homicidio de Christopher Torres y nunca preso)
y tantísimos otros.
Si vamos
a discutir las cárceles, hablemos del hacinamiento, de la comida
apestosa, de las torturas, de las requisas invasivas, de los asesinatos.
Es decir, de lo que le pasa a cualquier preso pobre. A esos que no son
privilegiados para ir a actos políticos, ni son, a su vez, la
fuerza de choque para disciplinar a los que se niegan a “transar
con la gorra” y sus jefes políticos.
Otro
fallo que muestra la única cara de la justicia burguesa.
La noche
del 24 de abril de 2004 y los tres días siguientes, en la U11
de Neuquén, 27 verdugos se dedicaron a hacer lo que mejor saben:
torturar detenidos. Tiraron gases lacrimógenos en los pabellones
1, 2 y 5, previo al siguiente baile que incluyó golpes con puños,
bastones y patadas (ver boletín N° 557). De todos los imputados,
21 fueron sobreseídos por la Cámara Criminal de Neuquén.
Los 6 restantes fueron condenados por vejaciones y severidades, figuras
penales que el sistema inventó para garantizar la impunidad de
los que ejecutan sus políticas represivas, que conllevan penas
mucho menores que la de tortura, que llega hasta la cadena perpetua,
mientras las otras son excarcelables y tienen penas de 5 años,
y licuan la responsabilidad estatal.
Las defensas
habían apelado pidiendo la absolución y la querella, es
decir las víctimas, la condena por torturas.
Sostenemos
que las torturas en lugares de detención son sistemáticas,
sólo hay que repasar las noticias que semanalmente publicamos
para dar cuenta de ello, que no son hechos aislados ni de guardiacárceles
particularmente crueles, es una política de estado y con un fin
bien específico: disciplinamiento.
En la
requisa se arrojaron granadas de gases, dispararon con armas de fuego
y balas de goma, golpearon a los presos con bastones en las plantas
de los pies, los obligaron a adoptar posiciones humillantes y dolorosas
estando esposados a las rejas, como arrojarse al piso, mientras les
pisaban las manos, los pateaban en todo el cuerpo y los golpeaban con
una barra de hierro, los obligaron a cantar el himno y quien se equivocaba
recibía un violento golpe. Todo esto, sumado al trato habitual
que incluye, como en todo lugar de detención, la aplicación
de picana, submarino seco, etc., lo que para la justicia no es tortura.
El Tribunal
Superior de Justicia confirmó lo resuelto por la Cámara
Criminal con estos argumentos:
“…por
torturas debe entenderse aquel sufrimiento que supera en su gravedad
a las severidades y vejaciones siendo ya indiferente que se persiga
o no una finalidad (es decir, obtener o no información). A su
vez la intensidad del dolor físico o moral es, según la
doctrina predominante, la característica de ese tormento y en
ello reside su diferencia con las otras formas de maltratos o mortificaciones”
… “Todo lo cual, me lleva a afirmar que conforme a los hechos
probados, las lesiones documentadas, la individualización de
los autores con indicación específica de las conductas
realizadas y no habiéndose acreditado que se haya producido un
maltrato de gran intensidad sean físicos o psíquicos,
sistemático, ni que se hayan prolongado en el tiempo, como requiere
el delito de tortura, la calificación imposición de severidades
y vejaciones escogida por la sentencia resulta ajustada a derecho”.
Es decir,
es atribución exclusiva de los jueces asegurar cuánto
sufrieron los presos los cuatro días ininterrumpidos de golpes
y humillaciones.
En el
caso de los guardias sobreseídos, se siguió la lógica
que dice que si no se puede identificar qué guardia golpeó,
no se lo puede condenar, como ocurrió en los hechos del Parque
Indoamericano en que absolvieron a 44 policías (ver boletín
N° 645).
Siempre
decimos que para muestra solo basta un botón, con este fallo
nuevamente la justicia burguesa muestra cuál es su verdadera
cara. El derecho sigue a los hechos: el Estado necesita disciplinar,
la tortura es una herramienta, la aplican los penitenciarios, la legitiman
los jueces.
Gatillo
facilísimo en Quilmes.
El domingo
pasado, en Quilmes, Lorena Santos fue asesinada dentro de su casa. Dieciocho
oficiales de la bonaerense entraron por un operativo de búsqueda
por un robo. Ella, se encontraba en la cama, al oír ruidos extraños
quiso incorporarse.
Lorena
tenía 19 años, sufría de esquizofrenia y era discapacitada.
Mientras trataba de incorporarse en la silla de ruedas, uno de los policías,
Jorge González, le disparó un certero balazo, que luego
de pocos minutos de agonía terminó provocándole
la muerte.
El asesino
se negó a declarar. Sus compañeros salieron con la típica
excusa de que “él no había querido disparar”,
“sintió un ruido raro y se asustó”... habría
que preguntarse cómo puede representar peligro para un policía
armado una chica desarmada y discapacitada.
Jorge
González fue acusado de homicidio calificado y separado de la
fuerza. El caso era demasiado bochornoso como para no trascender, y
fue muy mediatizado, pero este tipo de prácticas suceden todos
los días. Como siempre, no se trata de “un loquito suelto”
que abusó de su poder. No hay ningún tipo de “abuso”,
no es más que lo que están mandados a hacer: hostigar
al pueblo trabajador, demostrarle su debilidad para tenerlo en línea,
convencido de que tiene que agachar la cabeza y obedecer a los poderosos.
Pero si
la policía está para reprimir, los jueces para absolver
y los medios para encubrir, todo en función de los poderosos,
nuestra única salida es organizarnos con nuestros pares para
poder cambiar esta realidad.
Mossos d’esquadra, la madre patria de la tortura en democracia.
Tras el
asesinato de Juan Pablo Torroija, argentino, okupa y "militante
indignado", a manos de la policía política catalana,
más conocida como mossos d'esquadra, se reactualizan los conceptos
de sistematicidad y política de estado, que convierten a la tortura
en herramienta disciplinadora de los estados donde imperan la división
y los privilegios de clase.
El argentino
había sido detenido en Girona por esa fuerza policial, y “misteriosamente”
apareció muerto en su celda. La versión oficial fue la
del suicidio y por eso apuraron el archivo de la causa. Nada diferente
a lo que solemos ver por estas tierras.
Pero la
autopsia reveló golpes en las costillas y en los brazos, lo que
indica claramente la existencia de un proceso previo de aplicación
de torturas, sesión que incluyó prácticas como
submarino seco o estrangulamiento, lo que habría derivado en
la asfixia que determinó la muerte del militante. Otra vez, nada
distinto a la versión criolla.
Los Mossos
d’Esquadra, la policía catalana, fue creada en el siglo
18. Contiene una rigurosa formación militar y está abocada
a tareas de "protección del orden público, seguridad
ciudadana y tráfico". Desmintiendo a quienes, desde el progresismo
de todas partes, imaginan que con una formación "democrática"
la policía dejará de ser perro guardián de los
ricos, estos "mossos de mierda" (como los llama el pueblo)
tienen en su carrera de casi un año de formación, la materia
derechos humanos como obstáculo indispensable para acceder al
cargo activo.
Sin embargo, registran el índice más alto de violencia
institucional de Europa.
Es por
eso que aquí en la Argentina, en distintas épocas, bajo
diferentes gobiernos, esta policía catalana fue tomada como modelo
a la hora de diseñar las estrategias represivas locales. Decíamos
en las páginas de este mismo boletín, en el número
496 de 2008, que Macri la eligió para espejar a la Metropolitana.
Y aún antes, en el 2006, en plena euforia del gobierno autodenominado
“de los derechos humanos” encontramos la más clara
adhesión a sus prácticas. En la provincia de Buenos Aires,
el modelo catalán para el disciplinamiento social fue tomado
como referencia a la hora de dictar el Curso de Planificación
Estratégica en Materia de Formación Policial.
El curso
tuvo una orientación que henchía de orgullo la autoestima
y la currícula de los progresistas de estas latitudes: Nada mejor
que una policía torturadora y asesina “para reafirmar las
políticas de seguridad ciudadana y consolidar una sociedad democrática,
productiva y con inclusión social", decíamos en el
Boletín nº 398 de 2006.
Nuevamente
nos encontramos frente a un caso de represión policial en un
barrio. Se dio a conocer la semana pasada la noticia de una joven asesinada
por un policía bonaerense y, en las noticias, apareció
como un caso trágico por lo poco común. Nosotros sabemos
que la muerte de todo ser humano es terrible, sobre todo en manos de
asesinos a sueldo, pero así como no deja de indignarnos, tampoco
nos sorprende, ya que sabemos que es moneda corriente la violencia por
parte de la policía hacia el pueblo trabajador.
FUENTE:
CORREPI
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