BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 669
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
5 de septiembre
del 2012
Del 21
de agosto del 2012
Sumario:
1. La bala que mató a Mariano salió desde el corazón
del estado.
2.
Falsos debates para ocultar lo que no quieren decir: cárceles
para aniquilarnos.
3.
En Formosa, como en cualquier provincia, la policía tortura y
el estado garantiza su impunidad.
4.
Gatillo fácil por dos en Mendoza.
5.
Amor materno estilo policial.
Repudiamos
el ataque sufrido por el compañero Héctor Cáceres,
delegado de la Línea 60, que se suma a la constante campaña
de agresiones y amenazas de la empresa Dota contra el Cuerpo de Delegados
antiburocrático.
La
bala que mató a Mariano salió desde el corazón
del estado.
Transcurrieron
ya cinco jornadas desde que, el pasado lunes 6 de agosto, comenzó
el juicio a la burocracia sindical y la Policía Federal por la
represión del 20 de octubre del 2010 contra los trabajadores
del Ferrocarril Roca en lucha contra la tercerización laboral,
que dejó como saldo el asesinato de Mariano Ferreyra y varios
compañeros heridos.
En la
primera audiencia las defensas de los policías y de los burócratas
de la UF centraron su estrategia en tratar de suspender el debate (lo
cual fue rechazado por el tribunal), en cuestionar el requerimiento
de elevación a juicio de CORREPI y APEL y el derecho de Nelson
Aguirre, Elsa Rodríguez, Arnaldo Esteban Duré Duarte,
Miguel Hugo Espeche, Emiliano Francisco Bonfliglio, Federico Manuel
Lugo y María Wenceslada Villalba, heridos durante la represión,
de presentarse como querellantes.
En las
audiencias posteriores, dilataron la realización de las indagatorias,
pidiendo que se pasaran todos los videos, se oyera el audio de las modulaciones
policiales y se mostraran todas las fotografías habidas en la
causa, material que estaba a disposición de las partes desde
mayo de 2011. Las imágenes que se exhibieron muestran a las claras
la actitud agresiva y provocadora de la patota, la ejecución
del ataque y la forma en que procedió la policía para
garantizar esa represión.
Cuando
se les acabaron las chicanas, Pedraza, Fernández y su patota
se negaron a declarar. De igual forma hicieron los siete policías,
que sólo proporcionaron sus datos personales. Así nos
enteramos, por ejemplo, que los comisarios Mansilla y Lompizano, pese
a estar en disponibilidad desde marzo de 2011 por esta causa, cobran
$16.000 y $18.000 mensuales, mientras “redondean” sus ingresos,
uno con el haber de retiro de su esposa, también Policía
Federal, y, el otro, con su sueldo como titular de cátedra en
el ISEF nº 1, instituto de formación de docentes en educación
física de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que el comisario
mayor Hugo Ernesto Lompizano es el mismo que, en junio del 2010, viajó
a Sudáfrica a cargo del operativo de seguridad de los barra bravas
oficialistas nucleado en las Hinchadas Unidas Argentinas.
Finalmente,
en la tarde del jueves 16, Nelson Aguirre, uno de los heridos que CORREPI
patrocina junto con APEL, trajo a la sala su detallado recuerdo de los
sucesos. Nelson, que recibió dos disparos, uno en el muslo y
otro en el glúteo, fue el primer testigo de una larga lista que
continuará, el próximo martes, con otros sobrevivientes
del ataque.
La declaración
del compañero fue tan precisa como emotiva. Los ojos llenos de
lágrimas y la voz quebrada llegaron cuando relató el momento
en que vio a Mariano caído en la vereda, herido de muerte. Con
profusión de detalles y mucha firmeza, Nelson describió
al tirador que vio, y respondió la infinidad de preguntas con
que las defensas y la fiscalía quisieron poner en crisis su testimonio.
En una
clara muestra de su estrategia, que consiste en culpabilizar a las víctimas
e instalar una “teoría de los dos demonios” a la
moda, los defensores, en particular los de Pedraza y la patota, insistieron
una y otra vez con preguntas dirigidas a convertir el ataque disciplinador
de la triple alianza antiobrera en una trifulca pareja entre dos grupos
armados. El defensor del picaboletos Uño, Dr. Igounet, llegó
al extremo de apuntar a la presencia, entre las organizaciones que apoyaban
el reclamo de los trabajadores ferroviarios, de compañeros del
SITRAIC, el sindicato antiburocrático de los obreros de la construcción,
para sostener que Carlos Olivera, miembro del SITRAIC, “fue condenado
por abuso de armas”.
Recordemos
que el compañero Olivera, por cuya libertad CORREPI se comprometió
desde un principio, tanto fuera como dentro de la sala, fue criminalizado
por el grave delito de defenderse del ataque de una patota de la burocracia
de la UOCRA. La introducción de este tema por la defensa de los
asesinos de Mariano es una nueva prueba de cómo funciona la tercerización
de la represión, con las patotas de la burocracia sindical, dirigidas
por Pedraza o por el espía del Batallón de Inteligencia
601, Gerardo Martínez, al servicio y en defensa de los intereses
que comparten esos burócratas con el gobierno y las patronales.
No se
pueden soslayar en este resumen semanal las hipócritas declaraciones
de Cristina Fernández, que dijo que “la bala que mató
a Mariano Ferreyra también rozó el corazón”
de Néstor Kirchner y que el gobierno nacional había colaborado
con la justicia acercando un “testigo clave”, lo que, según
ella, permitió que se pudiera empezar con el juicio. Como siempre
dijimos, fue por la movilización popular y la lucha organizada
en las calles que pudimos llegar al juicio, venciendo el intento del
gobierno de salvaguardar a sus policías, tratando así
de despegar el aparato estatal de su responsabilidad.
Fue el
gobierno el que mandó a reprimir a pedido de los empresarios
de UGOFE, utilizando para ello a barrabravas y a la burocracia sindical,
tercerizando la represión para evitarse el costo político
y poniendo a la policía al servicio de la patota. También
fue el gobierno el que trató de defenderlos en la causa, por
medio de los abogados de planta del Ministerio de Seguridad los cuales
debieron apartarse tras nuestra denuncia y el que habló, en su
momento, de “enfrentamiento” entre los manifestantes y trató
de responsabilizar a la propia izquierda sobre estos hechos: “Hay
algunos que hace mucho tiempo que buscan un muerto en la Argentina y
como no lo pudieron lograr desde las fuerzas de seguridad comandada
por los sectores políticos de la democracia, aparecen bandas”,
declaró Cristina dos días después del asesinato
de Mariano.
Llamamos
a todos los sectores populares a seguir movilizándonos para apoyar
el juicio y a asistir a las audiencias, para que la presión se
sienta dentro y fuera. La movilización y la lucha son el único
camino para lograr justicia.
Falsos
debates para ocultar lo que no quieren decir: cárceles para aniquilarnos.
A partir
de las “salidas culturales” de presos para hacer número
en actos proselitistas oficiales, decíamos hace unas semanas
que el dedo en la llaga mediática y en el “debate”
entre oficialismo y “oposición”, no era precisamente
discutir cuál es la funcionalidad y qué hace necesarias
las cárceles y los institutos de menores.
Muy a
pesar de números y estadísticas la demandada metodología
de cifras para quienes no quieren oír y dicen luego sorprenderse,
la cotidianeidad atravesada por la violencia más cruel del sistema
en la vida de las presas y presos escapa a cualquier posibilidad de
representarla en tablas o mapas. Dicen recientemente los organismos
oficiales, como la Comisión Provincial por la Memoria, que, en
las cárceles de la provincia de Buenos Aires (discurso hábilmente
enfatizado para resaltar la disputa de poder con el sciolismo, previamente
enaltecido por medio de las visitas de Mariotto al ámbito controlado
por el SPB) la tortura es método sistemático, hay superpoblación
en todo el sistema, las condiciones de detención son inhumanas
y es estructural la corrupción en la administración penitenciaria.
En su
informe anual sobre las condiciones de detención, la CPM describe
la falta de atención médica, la afectación del
vínculo familiar, el aislamiento, las condiciones materiales
de infraestructura, los problemas de alimentación y golpes, y
enumera 126 muertes en 39 de las 54 unidades del servicio penitenciario
bonaerense en un año.
Agregan
que, en el 2011, la CPM hizo 2.371 presentaciones con la denuncia de
un total de 7.089 hechos de violaciones a los derechos humanos en cárceles,
y se escandalizan muy especialmente porque “gran parte del presupuesto
carcelario se pierde en los circuitos de corrupción”. Como
si no fuese condición necesaria para la existencia de este sistema
recuperar aquello que los poderosos pierden por mantener a delincuentes.
Así, la palabra corrupción, muy en boca en tiempos de
renovadas y edulcoradas democracias, no es más que la negación
persistente (filtrada en el discurso popular) de la explotación
de la minoría con sus medios e instituciones sobre la gran mayoría.
Una de
las figuras honorables del reformismo progresista y miembro del CPM,
Adolfo Pérez Ezquivel, dijo que, en una reunión con Scioli:
“se acordó conformar una mesa de trabajo y considerar este
informe como un aporte para la solución de los problemas para
poder desterrar los casos de tortura y maltratos en las comisarías
como las condiciones en las cárceles”. Pero nuestro hombre
en cuestión omite a sabiendas que, desde que fueron construidas
las cárceles, en su propia génesis radica aquello que
se muestra como “excesivo”: la tortura, el sometimiento
y la ruptura de todo medio deseable para el desarrollo del ser humano.
Porque aunque mañana las pinten de rosa, construyan un lugar
acondicionado para que cada individuo se desarrolle en una “convivencia
armónica”, etc., siempre serán espacios destinados
a perpetuar relaciones asimétricas de poder y sometimiento mediante
el castigo y la vigilancia.
El Estado
las necesita para exterminar pobres, condenar rebeldes y adoctrinar
con el miedo a quienes estamos afuera, para que desechemos cualquier
acción de rechazo contra su orden esclavizante.
En
Formosa, como en cualquier provincia, la policía tortura y el
estado garantiza su impunidad.
En la
ciudad de Formosa, militantes sociales denunciaron públicamente
el permanente hostigamiento de la policía hacia los pibes que
se niegan a robar para ellos.
“Estos
oficiales les iban a buscar a su trabajo para obligarles a robar y como
se negaron entonces los agarraron en la comisaría y los torturaron
a palos. Queremos parar la tortura a la que están siendo sometidos
los jóvenes. Aquí están encadenados conmigo dos
jóvenes, que son Hugo Javier Mareco, con señora e hijos
y Marcos Matías Leiva, aquí de este otro lado, que por
no querer salir a robar para el oficial Noguera y otros más,
le llevaron a la comisaría y le dieron una brutal paliza, a uno
le rompieron el hombro”. Estas fueron concretamente las denuncias
que hicieron los vecinos.
Con la
ayuda de medios alternativos, lograron dar mayor visibilidad a lo que
sucede a diario en los barrios más humildes de todo el país:
los jóvenes pobres son forzados a robar para la policía
y quienes se niegan son golpeados, torturados o asesinados por las fuerzas.
Así
como sucediera con Luciano Arruga en enero de 2009, o con los pibes
víctimas del Escuadrón de la Muerte en la zona norte del
conurbano bonaerense, la historia se repite prácticamente a diario,
cuando los pibes viven la violencia de las fuerzas de seguridad que
garantizan sus negocios empleándolos para delinquir.
También
se repite la historia cuando la realidad, evidente para todos, no es
suficiente prueba para jueces y fiscales, que garantizan la impunidad
a la policía para seguir robando, torturando, matando y desapareciendo.
Para nadie es una novedad lo que hacen la policía y demás
fuerzas en los barrios pobres, ni la violencia que ejercen sobre los
pibes. El grado de exposición de la situación llega a
ser tal que podemos encontrar los videos de torturas en las comisarías
por internet o en los canales de televisión.
Y ante semejante evidencia, los gobiernos responsables (nacional y provinciales),
se esfuerzan en crear “organismos buenos” para describir
y hacer escandalosas estadísticas acerca de cómo “las
instituciones malas” denigran la condición humana. Cínicamente
nos muestran por los medios una realidad que nosotros ya conocemos y
los más pobres padecen para hacer como que cambian algo, para
que nada cambie.
Estos
organismos son los que lavan la cara del verdugo estatal con el discurso
del “progresismo” y garantizan el control social al menor
costo político posible.
Gatillo
fácil por dos en Mendoza.
En menos
de una semana, dos casos de gatillo fácil sacudieron a Mendoza.
El segundo ocurrió el 14 de agosto, en Guaymallén, cuando
un policía de civil salió a perseguir a dos jóvenes
que robaron $700 y una billetera en una pizzería. Aunque la versión
oficial (que ya le valió la libertad al asesino) es que al dar
la voz de alto los jóvenes le dispararon, y por ende, “repelió
la agresión”, lo cierto es que Marcos Arias (20) murió
fusilado por la espalda. El otro chico, de 14, fue encontrado escondido
en el techo de una casa cercana. Él sí está detenido.
Apenas
unos días antes, en Las Heras, uno de los suburbios más
pobres del Gran Mendoza, Maximiliano Ríos, de 16, fue asesinado
por la policía durante un operativo en su casa, debido a la denuncia
de una familia vecina con la que había un viejo pleito vecinal.
“Estábamos durmiendo a las 6.30 cuando los del GES -Grupo
Especial de Seguridad-, me tiraron la puerta abajo. Dispararon dos veces,
me golpearon a mí, lo tiraron al suelo a mi marido y fueron a
la pieza donde estaban los niños. Lo apuntaron desde la cama
y le dispararon”, relató Sandra Agüero, la mamá
de Maximiliano son los medios.
Tampoco
en ese caso fue detenido el policía, cuyo nombre, además,
fue reservado por sus superiores, mientras, como siempre, se lanzó
la versión de que el pibe estaba armado… en su cama y mientras
dormía.
Así, mientras la ministra Nilda Garré hace propaganda
porque tardíamente decidió echar de la policía
al cabo Naredo, el federal que fusiló a Jon Camafreitas, al que
todavía no se ha detenido ni procesado pese a que las pericias
demuestran que disparó a quemarropa con el arma apoyada en la
cabeza del adolescente, la policía mendocina, como las del resto
del país, mantienen al día sus estadísticas, a
puro gatillo fácil.
Amor
materno estilo policial.
También
en Mendoza fue noticia que una pareja fuertemente armada asaltó
una casa de cambio en San Rafael, sin reparar que sus imágenes
quedaban grabadas en una cámara de video. La sorpresa fue cuando
se identificó a la mujer como integrante de la policía
provincial, y se descubrió que el cómplice era su amante,
un taxista casado que había abandonado su mujer e hija para fugarse
con la uniformada. También la mujer policía tiene hijos,
tres, y de corta edad, a los que dejó al cuidado de una niñera
para irse a robar con su novio. Fueron detenidos en San Juan.
Y en la
bonaerense localidad de Isidro Casanova, otro episodio delictivo involucró
a una mujer policía. En una escuela, el hijo de una oficial principal
de la policía federal hirió a un compañero con
un punzón. La mujer, de la comisaría 39ª, fue a buscar
a su hijo al colegio. Cuando se iban, los amigos del chico lesionado
los rodearon, increpando al agresor. Ni corta ni perezosa, la federal
extrajo su arma reglamentaria y la disparó dos veces. Afortunadamente,
no hirió a ninguno de los indignados pibes.
Dos patéticos
ejemplos del amor materno estilo policial.
FUENTE: CORREPI
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