BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 670
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
5 de septiembre
del 2012
Del 26
de agosto del 2012
Sumario:
1.
El plan común de las defensas para justificar el plan criminal.
2.
Impunidad en la causa de Tato Mansilla.
3.
Córdoba: cuando los trabajadores nos organizamos, el estado no
puede ocultar su naturaleza represiva.
4.
Una semana de huelga, 34 mineros fusilados y un negocio que defender.
5.
El gatillo fácil neoyorquino y las prioridades del capital.
El
plan común de las defensas para justificar el plan criminal.
¿Llevaban
palos? ¿Tenían gomeras? ¿Había personas
con la cara tapada? ¿Tiraron piedras? ¿Buscaban pelear?
¿Por qué siguieron adelante con la movilización
si percibieron un “ambiente hostil” en Avellaneda? ¿Sabe
que Carlos Olivera fue condenado por abuso de armas? ¿Cuál
era el objetivo de la movilización? ¿Mariano Ferreyra
trató de subir a las vías? ¿Sabe que eso es un
delito? ¿Mariano Ferreyra tenia una gomera? ¿Había
tumberas?
Éstas
y otras preguntas similares son las que marcaron el rumbo de la estrategia
común de las defensas de Pedraza, la patota de la UF y los policías
federales cuando declararon en la sala los compañeros de Mariano
Ferreyra. Preguntas basadas en una idea central que anima por igual
a los defensores particulares y oficiales: están convencidos
de que, si logran probar que los trabajadores tercerizados y las organizaciones
que los acompañaban querían subir el terraplén
y cortar las vías para instalar públicamente su reclamo;
si logran probar que frente al ataques de la patota y las policías
bonaerense y federal, los compañeros no pusieron la otra mejilla;
si logran probar que las organizaciones tenían elementos para
la autodefensa, podrán liberar a los asesinos de toda responsabilidad.
Esa estrategia,
más vieja que la historia, de culpabilizar a la víctima,
se apoya, también, en un hecho irrefutable: el sistema normativo
que da marco a este juicio, y el aparato judicial encargado de aplicarlo,
no es el de los trabajadores y el pueblo, es el que la burguesía
construyó para dar legitimidad a su sistema de explotación.
Seguro
que, según el código penal, interrumpir el tránsito,
cortar una vía o hacer un piquete en la calle o frente a una
empresa pueden ser definidos como delitos. Sólo basta que un
juez así lo interprete. Vaya si lo sabremos, con más de
5.000 compañeros sometidos a procesos por protestar, por reclamar,
por defender su dignidad. Van décadas de defender compañeros
por esos “delitos”, o por otros como manifestarse con la
cara tapada o portando un bastón en el cordón de seguridad.
Pese a eso, ¿cuántas veces, cuando la movilización
y la organización acompañan la defensa técnica,
hemos derrotado a ese sistema normativo, a ese aparato judicial, y hemos
arrancado la absolución y libertad de tantos compañeros?.
Y a la inversa, ¿cuántas veces les hemos infligido la
derrota inversa, logrando la condena de sus perros guardianes, policías,
gendarmes, prefectos, guardiacárceles y vigiladores privados?
Para defender
a los compañeros represaliados, o para condenar a los asesinos
de uniforme, nunca hemos necesitado caer en la lógica del sistema.
Sí precisamos conocerla, para usar sus herramientas técnicas,
porque, mientras gobiernen ellos, no queda otro remedio. Pero nuestra
propia estrategia está guiada por otra lógica, la misma
que orienta la lucha sin tregua contra la opresión. La lógica
que explica por qué, pesar de la presencia de la patota y la
policía, los compañeros decidieron manifestarse el 20
de octubre de 2010, reacomodando el plan original a lo que realmente
podían hacer en las circunstancias que enfrentaban. Una lógica
que coloca al individuo en segundo plano, porque se priorizan los principios
y las convicciones. Una lógica que ellos, claro está,
no pueden comprender.
No vamos
a derrotar el plan común de la burocracia sindical y el aparato
represivo estatal en la defensa de los asesinos de Mariano Ferreyra
-un plan tan común como el que diseñaron para ejecutar
el crimen- negando la organización y la lucha. Todo lo contrario.
Es con organización y lucha, y con la verdad, que podremos derrotarlos.
Impunidad
en la causa de Tato Mansilla.
No confiamos
en la justicia. No depositamos ni una sola ficha en su presunta imparcialidad.
Por el contrario, la consideramos el eslabón con el que la clase
dominante cierra y legitima su cadena de impunidad. Para nosotros, importa
más nuestra conciencia que su sentencia.
Ahora
bien, cuando denunciamos, cuando abrimos su instancia, cuando nos presentamos
ante ella, lo que hacemos es obligarla, evidenciando sus hipocresías,
poniendo al descubierto sus complicidades, mostrando cómo actúa
en sintonía con los intereses del sistema que la contiene.
Nosotros
no hablamos de sus contradicciones, las que tiene, constituyen la excepción
confirmadora de la regla de impunidad que abastecen sus mecanismos justificadores.
En materia
de represión y sobremanera de la preventiva, esa que se despliega
cotidianamente contra los pibes pobres, a modo de apagar mechas rebeldes
antes de que se enciendan, siempre que puede se esmera por terminar
esa tarea específica del estado gerenciador de la sociedad con
privilegios de clase.
Aún
sabiendo qué representa, y si se quiere, por eso mismo, la lucha
contra el sistema opresor indica que el suyo, es un territorio donde
estamos obligados a dar batalla.
Si lo
sabrá la familia de Jonathan Diego “Tato” Mansilla,
asesinado en el año 2006 en Hurlingham. El gatillo fácil
del estado, esa vez en manos del policía Sergio Daniel Nogueira,
lo mató a pocas cuadras de su casa. La familia, junto a CORREPI,
logró quebrar las primeras maniobras de impunidad que intentaron
desplegar. Ni legítima defensa, ni exceso de esa defensa, un
caso típico de homicidio agravado.
Desde
2009, la causa está en condiciones de someterse a debate oral
y público en el Tribunal Oral Criminal Nº 3 de Morón.
Desde 2010, el juicio se viene posponiendo, porque Nogueira –desde
luego que en libertad- argumenta que está deprimido...
Esta semana,
el tribunal, con la connivencia de sus peritos oficiales, debe resolver
si esa depresión le impide ser enjuiciado.
Encubren,
protegen, y, con eufemismos leguleyos convierten el derecho de defensa
en un privilegio de los que están en su misma vereda. Si lo sabrán
todos los familiares de CORREPI.
Dilatar
el juicio, cuando llevamos seis años desde el crimen, es atentar
contra la posibilidad de una condena efectiva. Lo sabe Nogueira y la
justicia opera consecuentemente. Ni siquiera hay fecha tentativa de
juicio.
Lo que
probablemente no sepan ellos, es que desde CORREPI, por la fuerza de
esos mismos familiares, no abandonamos y reafirmamos: para disciplinar
y consagrar sus privilegios de clase, matan un pibe pobre por día
y revictimizan a sus familias fabricando impunidad. Buscaremos la sentencia,
aunque lo más importante sea tener conciencia del por qué
se niega.
Córdoba:
cuando los trabajadores nos organizamos, el estado no puede ocultar
su naturaleza represiva.
El jueves
23 de agosto, miles de trabajadores cordobeses, entre ellos la Unión
de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el sindicato
de los municipales (SUOEM), empleados de los Centros de Participación
Comunitaria, áreas de salud, Luz y Fuerza, el Sindicato de Empleados
Públicos (SEP) y los trabajadores de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (EPEC), se manifestaron en los tribunales
de la ciudad de Córdoba, en repudio de la ley 10.087 recientemente
aprobada por el gobierno provincial de De la Sota. Esa ley reduce aún
más las jubilaciones provinciales, con el argumento de que la
Anses no transfiere los fondos de convenios para cubrir el déficit
de la Caja de Jubilaciones de la provincia.
En los
alrededores del Palacio de Justicia los esperaba un amplio operativo
policial que incluía a la infantería, antimotines, división
canes y el Equipo Táctico Especial Recomendado (ETER). Mientras
los dirigentes gremiales se encontraban en los tribunales, presentando
una acción de inconstitucionalidad contra la reforma jubilatoria,
y una medida cautelar para que no se aplique la ley impulsada por De
la Sota, afuera, las fuerzas represivas desataron una brutal represión,
con gases lacrimógenos y balas de gomas. Todo, al estilo que
nos tienen acostumbrados los distintos gobiernos, llámense “populares”,
“progresistas” o “de los derechos humanos”,
que, a la hora de controlar y reprimir, dejan de lado sus diferencias
y conflictos administrativos (en este caso los fondos coparticipables
y la caja previsional) y muestran su coincidente naturaleza represiva.
El resultado,
15 trabajadores heridos y tres detenidos. De nuevo, por si quedaba alguna
duda, este hecho demuestra que la represión selectiva, aquella
que se descarga sobre los sectores organizados, cierra pinzas con la
represión preventiva (gatillo, torturas en cárceles y
comisarías, detenciones arbitrarias) descargada masiva e indiscriminadamente
sobre los sectores más explotados y oprimidos por el sistema
y forma parte de una misma política que el estado capitalista
–a través de los distintos gobiernos geográficos
y temporales que lo representen-, tiene para contener la protesta social.
Al igual
que con los subtes en Buenos Aires y la represión de los obreros
del Ingenio El Tabacal en Salta, las disputas y conflictos entre las
distintas combinaciones de los gobiernos provinciales y el gobierno
nacional, todos representados por políticos burgueses que defienden
los intereses del capital, terminan en lo mismo, es decir, se resuelven
descargando miseria y balas contra el pueblo.
Una
semana de huelga, 34 mineros fusilados y un negocio que defender.
Los trabajadores
del Sindicato de Mineros y Obreros de la Construcción (AMCU)
de Sudáfrica decidieron ir a la huelga, como parte de un plan
de lucha por mejoras laborales. Una de sus reivindicaciones principales
era llevar el salario de 500 dólares a 1.500.
Esta medida
no fue acompañada por el Sindicato Nacional de Mineros (NUM),
el sindicato burócrata oficial del sector minero, que acompaña
al gobierno de Jacob Zuma. Las razones por las que la burocracia se
negaba a acompañar a los trabajadores en su lucha, esta vez estaban
más que claras. Altos funcionarios del NUM, además de
sostener negocios con el gobierno, forman parte de la empresa minera
Lonmin, lugar de explotación donde los mineros decidieron luchar
por lo que les corresponde.
Luego
de una semana de huelga, la Triple Alianza Antiobrera, esta vez en Sudáfrica,
decidió actuar para defender uno de los negocios más millonarios
del mundo. El gobierno atendió el pedido de la empresa y la burocracia
de desalojar a los trabajadores y movilizó cientos de efectivos
hacia el lugar.
Los policías
encerraron a los trabajadores con un cerco de alambres de púas,
para luego reprimirlos con granadas y gases y cuando aquellos lograron
zafarse del cerco, las fuerzas represivas estatales respondieron con
balas, fusilando a 34 mineros.
A este
número hay que sumar otros ocho, fusilados la semana anterior,
78 heridos y 259 detenidos.
Después
de los fusilamientos masivos, la empresa se abocó a intimidar
a todos los trabajadores sobrevivientes para que regresara al trabajo.
Sin embargo, la huelga continúa.
Por su
parte, el gobierno de Zuma ya prometió una "investigación
a fondo de lo ocurrido", pero "lo ocurrido" es que el
gobierno, la empresa y la burocracia, respondiendo a los mismos intereses,
se mancharon una vez más las manos con sangre para sostener las
ganancias exorbitantes que deja la minería sudafricana, donde
miles de trabajadores son explotados a destajo con el fin de proveer
al resto del mundo de diamantes y joyas, que usan quienes los explotan
a ellos en Sudáfrica y al resto del pueblo trabajador en otros
países.
Esta vez,
los fusilamientos tomaron relevancia mediática, provocando rechazos
en todas partes del mundo, ya que existe un video que se difundió
por internet, donde se muestra a la policía matando a los mineros.
Pero, con video o sin video, en Sudáfrica o en Argentina, hay
algo que ocurre constantemente y que poco tiene que ver con fronteras:
una minoría poderosa contra la mayoría del pueblo trabajador.
Aquí
y en todas partes, cuando los trabajadores deciden organizarse para
luchar contra sus explotadores, caen sobre ellos las balas del estado.
El
gatillo fácil neoyorquino y las prioridades del capital.
Cuando
apenas comenzaba a olvidarse el episodio ocurrido durante el estreno
de una nueva película de la serie Batman, cuando un individuo
comenzó a disparar en la sala del cine y causó varias
muertes, llegó a las redacciones la noticia de un hecho que,
en un principio, se presentó como similar: un sujeto alterado
protagonizó un tiroteo en la puerta misma del icono neoyorquino,
el edificio Empire State, hirió a nueve transeúntes, mató
a otro y luego fue certeramente abatido por la policía.
Con el
paso de los días, se supo que el atacante era un empleado despedido
hace un año de una empresa que funciona en el emblemático
edificio de Manhattan, que disparó tres veces sobre el vicepresidente
de la firma. Los otros heridos, cuatro hombres y tres mujeres, en cambio,
fueron víctimas de las balas policiales.
La “explicación”
de las autoridades fue que una extraña combinación de
mala suerte y condiciones inusuales causó que las esquirlas de
los proyectiles de punta hueca usados por la policía para derribar
al alienado desocupado hirieran a seis de los nueve transeúntes.
Los otros tres “colaterales”, en cambio, recibieron proyectiles
directos, también policiales, pero de esos no se explicó
demasiado.
Las balas
de punta hueca o “dum-dum” se caracterizan porque, al impactar,
se abren y expanden, causando mucho más daño a los órganos
de la víctima que las balas blindadas, que, en cambio, perforan
de lado a lado una persona si tienen la velocidad necesaria. En una
palabra, es un proyectil mucho más letal que los encamisados,
a tal punto que la Declaración de La Haya y la Convención
de Ginebra prohíben su uso en tiempos de guerra, y las considera
sólo aptas para caza mayor. El objetivo de una bala, aun en caso
de conflicto militar, dicen, es poner fuera de combate al enemigo, no
matar, por eso las balas que se emplean son blindadas, de bronce o de
plomo recubierto de bronce. Las balas de punta hueca son para matar,
no para herir.
Hasta
1998, la policía de Nueva York usaba proyectiles blindados. Después
del escándalo desatado cuando una partida policial disparó
41 balas -y le impactó 19- contra el joven inmigrante africano
Amadou Diallo, porque vieron que tenía algo en la mano (era su
billetera, que sacó para mostrar a los policías una tarjeta
que decía “I don’t speak English”), el entonces
alcalde, Rudolph Giulianni, propuso, por “razones humanitarias”
el uso de balas de punta hueca, con el argumento de que, como producen
un daño interno mayor en el impacto, uno o dos disparos contra
el sospechoso bastan para matarlo, sin generar tremendas balaceras.
Hoy, los
medios norteamericanos se preguntan cómo fue, entonces, que nueve
personas recibieron “daños colaterales” por esquirlas
y proyectiles directos, si tan seguras eran las “dum-dum”...
No es
menor recordar que, si bien es “tradicional” en Argentina,
como lo han admitido policías enjuiciados por gatillo fácil
en numerosas oportunidades, que intercalen balas comunes o de punta
chata con las de punta hueca en sus cargadores, desde 2008 los grupos
especiales, como el GEOF, están legalmente autorizados para usarlas.
Fue, desde luego, el actual senador kirchnerista Aníbal Fernández,
cuando era ministro de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
quien lo autorizó mediante la resolución 1.770/08 del
ministerio, entonces de Justicia, Seguridad... y DDHH.
Volviendo
a EEUU, el que puso la cara para justificar las nueve víctimas
no fue otro que el ex comisionado de la policía neoyorquina y
gurú del Manhattan Institute, William Bratton. “Como en
todo lo que respecta a armas y municiones, hay ciertos sacrificios de
una cosa por otra que tienes que hacer", dijo Bratton. Sus prioridades
–las prioridades del capitalismo- quedan bien explicadas.
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