BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 671
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
5 de septiembre
del 2012
Del 3
de septiembre del 2012
Sumario:
1. 195 desaparecidos en democracia.
2.
Se profundiza la crisis, el pueblo protesta y el Estado reprime.
3.
Cárceles de mala muerte: bonaerenses, provinciales y federales.
4.
Policía municipal de Morón, la relatividad de los progresistas.
5.
Gatillo callejero, rural y hogareño... Fácil, siempre
muy fácil.
6.
El juicio de Mariano: la semana policial.
195
desaparecidos en democracia.
El 30
de agosto se conmemoró internacionalmente el día del detenido
-desaparecido. El gobierno nacional lo celebró reprimiendo trabajadores
con la gendarmería en Panamericana, para luego llevarlos detenidos
ilegalmente a Campo de Mayo, y en los múltiples actos y discursos
que se escucharon ese día poco se dijo de quienes el Estado desapareció
desde 1983 hasta esta parte.
Pareciera
que hablar de desaparecido es hablar del pasado, de la dictadura, de
Videla. Pero quien piense que esa modalidad represiva terminó
con la dictadura del ’76 se equivoca: son 195 las personas que
los gobiernos democráticos detuvieron, torturaron y desaparecieron
bajo la cortina de la ‘democracia’.
La restauración
democrática anunciaba que, en 1983, la organización del
pueblo estaba aplastada. Sin embargo, ningún gobierno jamás
dejo de reprimir las movilizaciones y protestas populares, lo que nos
costó, hasta hoy, 66 personas asesinadas por la represión
directa a manifestaciones. Pero a la clase dominante no le basta con
reprimir y aleccionar a quienes ya se organizaron para luchar por sus
intereses, sino que también necesita evitar esa organización.
Así es como el gatillo fácil, las torturas sistemáticas
y las detenciones arbitrarias, se despliegan en todos los barrios del
país contra la juventud de los sectores más explotados.
Las fuerzas
represivas del Estado no suelen esconder el cuerpo de sus víctimas
de la represión “preventiva” o “selectiva”,
sino que optan, cuando hay que dar alguna explicación, por hablar
de manzanas podridas, malditas policías, inventar enfrentamientos
o presos ahorcados.
Pero lo
cierto es que, aun sin centros clandestinos de detención o fosas
comunes donde disponer de la tortura y los cuerpos más fácilmente,
el Estado se la rebusca para seguir desapareciendo personas con lo que
tiene a mano. Muchas veces, luego de detenerlos y torturarlos, para
deshacerse y esconder el cuerpo, los tiran a un río o dejan el
cuerpo cerca de las vías del tren para simular un accidente.
Las desapariciones de personas en basurales o terrenos baldíos
también son frecuentes, o los entierros clandestinos. En estos
casos, el cuerpo del desaparecido puede ser más fácilmente
encontrado, pero hay veces que el aparto estatal es por demás
eficiente en la desaparición y nunca más se conoce el
paradero de la víctima.
Son 195
las personas que contabilizamos como desaparecidas desde 1983. Fueron
detenidas por la policía o cualquiera de las otras fuerzas represivas;
se las vio siendo torturadas en una comisaría, para luego ya
no verlas más. Sabemos que es posible que haya más casos
de desaparición donde el Estado ha actuado eficientemente en
su tarea represiva, sin dejar huellas ni testigos.
El kirchnerismo,
que hizo de los desaparecidos de la dictadura una bandera, es responsable
de más de 67 casos de desapariciones, superado sólo por
los diez años menemistas con casi 80 desaparecidos.
La represión
a organizaciones de trabajadores, el gatillo fácil, la tortura
y también la desaparición de personas siguen siendo política
de Estado, no puede ser de otra forma en una sociedad dividida entre
ricos y pobres.
Se
profundiza la crisis, el pueblo protesta y el Estado reprime.
El pasado
sábado 25, en Orán, provincia de Salta, trabajadores del
ingenio azucarero San Martín del Tabacal, realizaron un bloqueo
en la ruta 50 para exigir la reincorporación de 57 compañeros
despedidos en medio de una negociación paritaria. Ante esto,
el gobernador kirchnerista Urtubey dispuso el envío de 300 efectivos
de la policía provincial con la orden expresa de desalojar la
ruta, que conecta con la estratégica ruta 34, que comunica a
Salta con Bolivia.
Con la
agudización del conflicto, familiares de los trabajadores se
acercaron al ingenio en apoyo, con lo que el corte llegó a tener
2.500 personas que fueron reprimidas con gases y balas de goma. El resultado
fue el de varios heridos y personas descompuestas por inhalación
de gases, además de los habituales detenidos. La represión
siguió con la cacería y las amenazas a todo aquél
que apoyara a los trabajadores del ingenio. Tal es el caso del periodista
local Samuel Huerga, quien transmitió por radio todo el conflicto
y recibió varias amenazas de muerte.
Hay quienes
puedan pensar que esto es un problema local, que el gobierno nacional
nada tiene que ver. Pero este método fue diagramado hace tiempo,
enla II Reunión Plenaria del Consejo de Seguridad, liderada por
Nilda Garré, donde se lanzó un protocolo de acción
conjunta para saber qué hacer en estos casos (ver boletín
N° 637). En ese encuentro se vaticinaba que iba a aumentar el conflicto
social por la agudización de la crisis; los gobiernos provinciales
reclamaban medidas claras y mecanismos para tratar con los díscolos
que no quisieran agachar la cabeza: este es uno de los resultados.
Unos días
después, pero en Pacheco, provincia de Buenos Aires, organizaciones
barriales cortaron la autopista Panamericana, en reclamo del aumento
para el programa Argentina Trabaja. El encargado de llevar adelante
el operativo de gendarmería fue el mismo Sergio Berni, secretario
de seguridad, quien anteriormente, y como remarcáramos en numerosas
ocasiones, estaba a cargo de negociar con las organizaciones piqueteras
desde el Ministerio de Desarrollo Social, o sea viejo conocido.
El desalojo
de la Panamericana se resolvió en cuestión de minutos,
gendarmería desplegó un operativo cerrojo y, aunque los
manifestantes intentaron resistir, no pudieron sostener el corte. El
saldo fue de 60 detenidos que fueron llevados a Campo de Mayo, lugar
donde tiene una de sus bases de acopio y análisis de datos el
Proyecto X.
En declaraciones
en el lugar, Berni sostuvo: "Esta no es la manera de actuar o de
protestar, considerando que el Gobierno Nacional atiende todos y cada
uno de los reclamos y siempre busca el diálogo y la solución
de los problemas". Como será de compleja la situación,
si el “diálogo” con los que antes eran sus aliados
e inclusive fuerza de choque, como Libres del Sur, hoy alineados con
Binner, es éste. ¿Qué pueden esperar las organizaciones
que siempre se mantuvieron independientes?
Como podemos
ver, la variable del ajuste siempre es la misma. La crisis se profundiza
y la sufre el pueblo que sale a las calles a reclamar. La respuesta
del gobierno no es otra que la represión, ya que ésa es
la función que cumple: garantizar mediante balas, gases y palos
la ganancia de los empresarios, inclusive si los empresarios son el
Estado.
Cárceles
de mala muerte: bonaerenses, provinciales y federales.
A pesar
de los intentos del oficialismo por hacernos creer que el Servicio Penitenciario
Bonaerense es el único en el que se tortura, reprime y mata a
los presos, ésta es una situación que se extiende a todas
las cárceles del país, ya sea que dependan del Servicio
Penitenciario Provincial, Bonaerense o Federal. Es que esta no es una
cuestión de jurisdicción o de internas políticas,
sino de clase.
Como bien
sabemos, a la cárcel no van los poderosos, sino los pobres, el
pueblo trabajador, los explotados. Es que el Estado necesita de todo
su aparato represivo para sostener un sistema de desigualdad, en el
que una mayoría es explotada por una minoría. Las cárceles,
lejos de intentar “rehabilitar”, son parte de este aparato
de control social, que nos enseña a mantener la cabeza gacha.
En la
cárcel de mujeres de Ezeiza, dependiente del SPF (Servicio Penitenciario
Federal), María Laura Acosta, de 35 años y madre de un
hijo a quien sostenía económicamente desde la cárcel,
esperaba salir en libertad en enero, pero fue encontrada ahorcada y
degollada, con varias puñaladas en su cuerpo; y Cecilia Hidalgo,
de 24 años, fue encontrada asfixiada sobre su cama. Sus compañeras
bien saben cómo se manejan las cosas ahí, y manifestaron
que siempre los asesinatos se hacen pasar por suicidios.
Sergio
Omar Ibarra, detenido en la cárcel de Devoto, también
dependiente del SPF, estaba enfermo de VIH. El SPF le negó la
atención médica necesaria, frente a lo cual sus compañeros
presentaron un habeas corpus colectivo para exigir que Sergio recibiera
cuidado médico. Las autoridades del SPF cajonearon el habeas
corpus, lo trasladaron al hospital penitenciario, donde recibió
un solo medicamento y luego fue regresado a su lugar de detención,
porque en el hospital, dijeron, “no tenía camas disponibles”.
Sergio falleció porque el estado le negó la atención
médica que necesitaba.
En Mendoza,
en la cárcel de San Felipe, famosa por los videos y fotos de
torturas que salieron a la luz el año pasado, Diego Gatica Toledo,
de 35 años, apareció “ahorcado” en su celda.
Diego cumplía una condena de 10 años, le faltaban dos
años para salir en libertad.
Las torturas
y asesinatos de personas privadas de su libertad, al igual que el gatillo
fácil, son prácticas sistemáticas de un estado
que necesita de todo el peso de la represión. Más allá
de los falsos debates que ponen en la agenda distintas figuras del progresismo,
planteando medidas para reformar las instituciones del aparato represivo
como la desmilitarización del sistema penitenciario o su conducción
civil (medida que, de hecho, ya existe), lo cierto es que las cárceles
y los institutos de menores, son desde su inicio, un lugar donde encerrar
a los pobres, castigarlos y enseñarles a fuerza de palos, como
ser dóciles y agachar la cabeza.
Policía
municipal de Morón, la relatividad de los progresistas.
Decía
Einstein que, para buscar resultados diferentes, se impone no hacer
siempre lo mismo. La incuestionable recomendación del notable
físico da por tierra con los afanes y aspiraciones de los sectores
de la pequeña burguesía y reformistas afines devenidos
en administradores del estado.
"Estamos
en condiciones de conducir una policía municipal", dijo
el intendente de Morón, el sabatelista Lucas Ghi. Con la prolijidad
propia de quienes barren y acumulan la tierrita debajo de la alfombra,
rodeado de "fuerzas vivas de la sociedad", con la participación
íntegra de la plana mayor de la policía distrital y los
representantes del Poder Judicial local, el administrador municipal
dijo que pretende el gobierno de los 450 agentes de las 7 comisarías
locales, para elaborar las tareas de prevención y aplicar las
sanciones "a quienes no desarrollen correctamente su vocación
de servicio".
Se podría
suponer que, al pretender el manejo de la policía, el intendente
de Morón postula lo diferente. Pero si reparamos cómo
repite los viejos enunciados del sistema en crisis que él y sus
correligionarios defienden con el recurso devaluado del maquillaje verbal,
aplicando la lógica del científico enunciador de la teoría
de la relatividad, se advierte que el resultado no será diferente.
En el
sistema capitalista, la única prevención que funciona
es la de los que mandan, y la única “vocación policial”
efectivamente comprobada, es la de convertirse en perros guardianes
de sus intereses.
El tema
de la seguridad siempre ha sido estructural del sistema capitalista.
Responde a una regla lógica que -aunque moleste a los políticamente
correctos- es incontrastable: en una sociedad con privilegios de clase,
la violencia social es su consecuencia. Cuanto más se consolidan
esos privilegios y más se profundizan las diferencias, mayor
es el grado de respuesta violenta del estado.
La mentada
prevención del intendente redundará entonces en mayor
poder de disciplinamiento: cámaras de seguridad, que en el Partido
de Morón superan las 200, incorporación de mayor poder
de fuego con armas y 33 nuevos patrulleros en comisarías, alarmas
por doquier, sospechas y denuncias las 24 hs., proponen un modelo de
"convivencia" basado en el control y la vigilancia, la delación,
la estigmatización, la selectividad penal, en una palabra, el
cretinismo político de quienes se autodenominan progresistas
y no son otra cosa que la versión aggiornada de los viejos reaccionarios.
Para el
intendente progresista, el gatillo fácil que mata un pibe por
día, es apenas un incorrecto cumplimiento de una vocación.
Hace mucho
tiempo sostenemos que la hipótesis de conflicto interno que manejan
desde el poder, se centra en la cuestión de la "seguridad
ciudadana". Que excusados en ella, desde los diferentes poderes
estatales y cualquiera sea el signo político con el que pretendan
diferenciarse, lo cierto es que cobra vida el estado policiaco (aquel
que entre otras cosas, disminuye las garantías o equipara una
protesta a un delito) al tiempo que se militariza la sociedad (más
fuerzas de ocupación que ven en los pobres al enemigo interno).
Lo sabe y comparte el partido del intendente de Morón, que, con
Sabatella a la cabeza, votó disciplinadamente la ley antiterrorista
del gobierno autodenominado de los DDHH.
Nos preguntan
a menudo, ¿y Uds. qué proponen para resolver el tema de
la seguridad?, y nosotros respondemos aquello que perturba y descoloca:
la seguridad es el gran accesorio del sistema capitalista, no tiene
solución porque el capitalismo no puede dar ninguna solución.
Se pueden
discutir muchas otras cuestiones, se pueden proponer alternativas en
otras áreas, pero nada en materia de seguridad: en todos los
casos se termina de la misma manera, con todos los muertos y todos los
presos de un mismo y pobre lado. No seremos nosotros, NUNCA, quienes
aportemos a esa política de estado.
El sabio,
solía hablar del concepto "Espacio-tiempo" para graficar
que no existen entidades independientes del contexto.
En la
Argentina capitalista, en la provincia con más pobres y conflictividad
social, en el municipio con barriadas circundantes humildes, sumidas
en la inflación, la explotación y la alienación,
hablar de policía municipal y manejo civil de la seguridad es
la encubierta manera de seguir haciendo lo mismo de siempre.
Gatillo
callejero, rural y hogareño…. Fácil, siempre muy
fácil.
A Cristian
Chanta lo mató la Federal el día de su cumpleaños,
el 20 de agosto de este año. Cumplía 23, pero no pudo
terminar el festejo porque de un balazo le apagaron todos sus sueños.
El policía de apellido Pérez, un suboficial de la comisaría
29ª radicada en el barrio porteño de Villa Crespo, que viajaba
junto a otro vigilante en su Toyota Corolla, relató que tuvo
que frenar el coche porque el muchacho y dos amigos se lo apedrearon.
Que cuando lo hizo y se bajó, vio que Cristian se llevó
la mano al bolsillo y en un heroico acto de inteligencia, supuso como
siempre lo hacen: disparando con su 9 mm reglamentaria (“fuera
de su horario laboral”) para concatenar cualquier duda con una
sistemática certeza: a los pibes pobres hay que bajarlos para
prevenir.
Dicen
los diarios que Cristian fingió tener un arma, que por eso el
milico le disparó… por la espalda. Pero cuando su cuerpo
estaba tirado en la calle Isabel La Católica, entre Caseros y
Pardo en la localidad de San Miguel (casi al límite de Moreno),
no había con él arma alguna. Sólo una realidad
que evidencia nuestra certeza: que el gatillo es facilísimo en
las miserables cuadras de la desigualdad, que el gatillo es facilísimo
cuando las balas del Estado sucumben en los cuerpos de aquellos a quienes
someten diariamente.
Cristian
llegó al Hospital Raúl Larcade casi sin vida. Murió
minutos después. El policía y el otro colega que lo acompañaba,
habrán llegado a sus respectivas casas con la satisfacción
de haber cumplido con su deber, con la seguridad (¿ésta
es la que pide, Sr. Vecino?) de que al día siguiente algún
Fiscal de turno, esta vez el Dr. Fernando Corda de la Unidad Funcional
nº 22 de Malvinas Argentinas, considerará su actuación
como una respuesta en “legítima defensa”. Los chicos
que acompañaban a Cristian, estarán huyendo como puedan
de las garras policiales y de los ejemplares justicieros (paradójico
antónimo que se le asigna a los botones y alcahuetes), con toda
la fuerza de los servidores de la Comisaría 3ª de San Miguel
sobre sus espaldas.
Pero la
historia de Cristian es cruelmente una de tantas desde que CORREPI empezó
a investigar y luchar contra el accionar represivo del Estado. Es uno
de los últimos casos en la larga lista que creció este
año y que presentaremos en el Archivo cuando nos juntemos en
Plaza de Mayo. Historias que dan cuenta de cómo vivimos los explotados
de nuestro tiempo.
Como la
de Héctor García (45) en Chubut, quien por resistirse
a la autoridad policial fue torturado en la Seccional 5ª a cargo
del comisario Naya, hasta producirle la muerte horas después
de ser liberado. Como la de Nadia Joana Moreno (24), quemada y mutilada
por su novio policía en La Rioja, dando cuenta de la complicidad
Estado/Patriarcado que, por supuesto dejará abandonados a sus
tres hijos. Como la de Ivana Perán (30), asesinada de un balazo
en la cabeza por su concubino Alberto Carrizo, un suboficial de la Departamental
Calamuchita en Cruz del Eje, Córdoba.
Como la
del pibe asesinado por un ex policía de un balazo en el pecho
con una 38 mm, en el Bracho, Tucumán, cuando entraba a robar
en la finca del propietario, primo del milico. Como la del muchacho
asesinado en Martín Coronado, partido de Tres de Febrero, por
un teniente que presta servicios en la Delegación Departamental
de Investigaciones (DDI) San Martín, quien paseaba fuera de servicio
en su Eco Sport pero que le disparó con su arma reglamentaria
porque, dijo, quiso robarle. Como la de otro pibe en Córdoba,
que en una entradera le afanó la billetera a un civil sin sospechar
que era policía y recibió un certero disparo que lo mató
en el acto. Para excusarse, el asesino tuvo que argumentar el forcejeo
y así nomás, al muerto, plantarle una 9mm.
Como la
historia de Johnatan Soraire (20), que, a caballo, como en los viejos
tiempos de los bandidos rurales, quiso asaltar a un civil que resultó
ser un policía federal. Pero sin suerte, quizá con menos
que la de aquellos, terminó con tres balazos propiciados por
el sargento Evaristo González (56) o Elber Espíndola,
en la puerta de su casa en la calle Juan B. Justo al 700 en González
Catán. Su familia fue a buscar su cuerpo al enterarse por los
vecinos rápidamente, ya que vivían en el mismo barrio
que el cana que les mató a su hijo.
Largas,
extensas las historias que se suman día a día para engrosar
el Archivo. Cada una es particular porque cada uno de nuestros pibes
es único. Pero todos, absolutamente todos, son el mismo motivo
que a cada momento pone el grito donde pretenden callarnos. Ponen el
grito en una verdad irrefutable: la represión es sistemática
porque la explotación que llevan los ricos y poderosos pretende
mantenernos a raya. Pero también escupen otra mucho más
necesaria: que sólo en la lucha, cotidiana y perseverante, algún
día dejaremos de contar para ser libres. Organizarnos hará
ese camino mucho más hermano y sencillo.
El
juicio de Mariano: la semana policial.
Con el
testimonio, el lunes a media mañana, de María Wenceslada
Villalba, militante del Polo Obrero y compañera de Elsa Rodríguez,
que produjo una declaración tan sólida como emocionante,
terminó la ronda de querellantes que había comenzado la
semana pasada, y empezaron a desfilar los policías bonaerenses
y federales que lograron eludir toda imputación.
Primero
escuchamos a los de la DDI de Lomas de Zamora, que tuvieron a su cargo
identificar el domicilio y la persona de Cristian Daniel Favale a partir
del llamado anónimo, desde un locutorio, al 911, que lo sindicó
como uno de los tiradores. La habitual "desprolijidad policial"
y la no menos frecuente pérdida de memoria selectiva del sargento
Julio César Benítez, la comisario Mónica Dávalos,
el oficial principal Eber Bobadilla y el inspector Bruno Soria, y sus
titubeos a la hora de explicar lo que llaman "tareas investigativas",
que consistieron, por ejemplo, en buscar los nombres de los habitantes
del domicilio denunciado en el sitio de Internet Telexplorer.com, simplemente
mostraron cómo trabajan habitualmente.
Después
vino un federal de la comisaría 30ª, que estuvo sobre la
calle Pedro de Luján. "Desde que llegué, apenas pasadas
las 12:00, hasta el final, el subcomisario Garay me dio sólo
dos órdenes", dijo el actual inspector Sergio Domínguez
-lo ascendieron el mes pasado- cuando le preguntamos por las directivas
que recibió en Barracas el 20 de octubre de 2010. "Primero,
la orden fue permanecer en observación. Y después que
el grupo que estaba sobre la vía bajó y nos pasó
corriendo, la orden fue avanzar con cuidado de nuestra integridad física".
Y, para proteger a su jefe, uno de los acusados, hasta se olvidó
dónde estacionó el patrullero en el que llegó.
El oficial
escribiente Luis Humberto Coronel, también de la comisaría
30ª, admiró por su capacidad de expresarse con menos de
150 vocablos. Recordó, sin embargo, que eran unos 100 a 150 los
que estaban sobre las vías, y que los compañeros se iban
ya, a más de 200 o 300 metros. Agregó que, junto a la
patota, vio a policías de la División Roca que conocía,
ya que hizo adicionales en el ferrocarril, y a un grupo de infantería
que sólo se mostró cuando todo hubo terminado.
Rompió
un poco el tedio de desmemoria el sargento José Alberto Ortigoza,
de la brigada de la comisaría 30ª, que fue comisionado para
servir de enlace con los manifestantes, por lo que vio los hechos desde
la esquina de Santa Elena y Luján, a metros de la parrilla al
paso donde ellos se detuvieron. "El panorama era normal... iban
a hacer una asamblea para decidir cómo seguía, así
que me aparté unos 15 o 20 metros por Santa Elena. Los manifestantes
eran unos 50, muchas mujeres, chicos, adolescentes... encolumnaron y
empezaron a marchar para Vélez Sársfield. Cuando esta
gente empieza a caminar, yo me acerco a la esquina y veo gente que viene
corriendo desde las vías. Le dije al periodista "correte"
y yo me corrí para atrás. Sobre la calle Santa Elena había
un grupo de unos tres efectivos de civil de la División Roca,
me quedé con ellos. En eso unos 6 del grupo que corría
desde las vías se viene a increparnos, gritaban "esos son
zurdos, vamos a darle”. “Pará que somos poli”
dijo uno de la División Roca, y uno de los que corría
lo reconoció, y se fueron. Enseguida me asomé a la esquina,
caían todo tipo de objetos contundentes y sonaban las alarmas
de los autos. Retrocedí por Santa Elena y di la vuelta por la
calle Villarino”. Agregó que, al principio, los patrulleros
estaban colocados sobre Luján, cortando el tránsito, cruzados.
Pero más adelante, cuando estaba en la calle Santa Elena con
los manifestantes, vio que los habían corrido, y estaban a los
lados, a 45º.
Luego
fue el turno del principal Ángel Castro, de la PFA, que trató
de quedar bien para la tribuna cuando dijo, con cara de indignado: "...
podría haber sido cualquiera de nosotros, mi hijo... personalmente
creo que no puede ser que cualquiera ande armado, esto no se arregla
así. Esté o no en concordancia con él, a este muchacho
lo mataron mal”. Los pocos imputados presentes en la sala lo miraron
incrédulos.
El sargento
Alejandro Tocalino de la DDI de Quilmes, dejó a la vista las
relaciones de Cristian Favale con la bonaerense. Contó que otro
policía, de Florencio Varela, se lo presentó una año
antes, y que, a partir del 20 de octubre de 2010, el barra brava reclutado
por la UF lo llamó varias veces a su celular, para contarle que
"había estado en el problema ése en Capital"
y para pedirle ayuda.
La última
declaración de la semana fue la del comisario inspector Alejandro
Daniel Recalde, que se atajó de entrada: "conozco a varios
de los imputados, son mis compañeros de armas”. Luego se
le preguntó por el sumario administrativo policial que labró,
porque para octubre de 2010 era jefe de investigaciones administrativas
de Asuntos Internos. Quedó claro que ese sumario es nada más
que una formalidad, ante la repercusión del hecho, que se construye
con recortes periodísticos y las declaraciones de los propios
involucrados.
Lento,
pero seguro, se va cerrando el círculo en torno de todos los
imputados.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
24.718
