BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 673
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Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
3 de octubre
del 2012
Del 21
de septiembre del 2012
Sumario:
1. ¿Homicidio? No me venga con macanas, lo importante
es el robo...
2.
La Brigada "Buchones Para Todos".
3.
Argentina, el país donde la tortura no es tortura.
4.
Los cursos de seguridad del Pentágono ¿sorpresa, internas...?
No, doctrina.
¿Homicidio?
No me venga con macanas, lo importante es el robo...
Algo así contestó el juez de Garantías nº
1 de San Martín a Norma y Walter los papás de Cristian
Chanta cuando se presentaron, con patrocinio de CORREPI, pidiendo ser
particulares damnificados (querellantes), en la causa judicial iniciada
el 20 de agosto. Ese día, como contamos en el Boletín
nº 671, un policía federal de la 29ª fusiló
por la espalda, en San Miguel, a Cristian, que cumplía 23 años.
“Previo,
indiquen los peticionarios cuál es el delito por el que se consideran
damnificados”, despachó el juez Mariano Porto, al mismo
tiempo que dispuso la prisión preventiva del amigo que estaba
con Cristian esa noche, por el delito de robo calificado en grado de
tentativa.
Es que, frente a un policía federal que dijo que “se defendió”
ante un intento de robo con arma, y la evidencia del cuerpo de Cristian,
con un disparo en la espalda, y ningún arma en su poder ni de
su compañero, para el fiscal y el juez no hay dudas: están
investigando el robo, y ni se les cruza por la mente analizar el homicidio.
Eso es lo que cuentan nuestros pibes para el aparato judicial.
La Brigada "Buchones Para Todos".
En los pasillos de tribunales se suele decir “a confesión
de parte, relevo de pruebas”. El teniente coronel Sergio Berni,
a cargo de la secretaría de Seguridad del “gobierno de
los DDHH”, referente de la gestión kirchnerista por más
de 10 años, reconoció en estos días que el ministerio
a cargo de la “progresista” ministra Garré ha desplegado
sobre Buenos Aires una suerte de unidad de buchones de civil "...
con el objetivo formal de combatir la inseguridad y el delito en general".
El resaltado "formal" nos pertenece. Es que, cuando se hace
mención a ese carácter, se está diciendo que hay
otro objetivo, el real.
La llamada
"inseguridad", lejos de concebirse como una consecuencia imparable
del sistema de injusticias y desigualdades que entrañan el capitalismo
y las sociedades con privilegios de clase, se ha convertido en un poderoso
argumento para quienes ven en el diseño de un estado policiaco
y la militarización de la sociedad, el ideal de control y disciplinamiento
social.
¿Qué otra cosa presupone convivir a diario con la policía
federal, la policía metropolitana, gendarmería, prefectura,
policía de seguridad aeroportuaria, y, ahora, las Brigadas de
Observadores...? Tan sólo un desprevenido puede ignorar que estas
fuerzas -todas juntas- amenazan la cotidianidad de las barriadas porteñas.
Jactarse, como lo hizo el propio Berni, de que ahora "muchísima
gente de civil" recorre las calles para observar si se está
por cometer algún delito, implica la tácita convicción
de que, la sociedad a la que aspiran , es la de la vigilancia, la delación
y la sospecha permanente.
En la lógica del control social que lentamente fueron naturalizando,
con la proliferación de cámaras de filmación y
el agregado de una nueva fuerza de botones encubiertos, van perfilando
una auténtica campaña de caza y persecución de
pobres, vagos y mal entretenidos. Lo que se dice, criterios de selectividad
penal o, más concretamente, criminalización de la pobreza.
Venimos sosteniendo que el remanido tema de la inseguridad, planteado
como amenaza para las clases altas y sectores medios, se ha convertido
en una hipótesis de conflicto interior. Desde las campañas
mediáticas y el consenso opositor, hasta el concreto accionar
del ministerio del área, se revela un aspecto indisimulado de
esta política de estado: predeterminar como enemigo al pobre.
Sólo así se explica el tremendo grado de militarización
de los barrios del sur de la ciudad y la totalidad del conurbano bonaerense.
Sólo
así se explica la multiplicación de casos de gatillo fácil,
paralelo a los redoblados esfuerzos de los poderes del estado para garantizar
impunidad a sus ejecutores.
Una vez más, queda al descubierto la falacia progresista de la
conciliación de clases: para brindar seguridad a los ricos, es
necesario tornar insegura la vida de los pobres. En pocas palabras,
el objetivo real que no pudo esconder el "formal" del secretario.
Argentina, el país donde la tortura no es tortura.
No nos cansamos de denunciar que el aparato represivo estatal tiene
carta blanca para torturar en todo el país, al amparo de las
leyes que permiten las detenciones arbitrarias y que, además,
establecen un catálogo de conductas sancionadas con penas irrisorias,
para evitar que se los impute por torturas. Es lo que señalamos
como “torturitas”. Así, cuando algún policía
cae por aplicar tormentos a los detenidos, los jueces podrán
ampararlos imputándoles alguna figura menor (vejaciones, apremios
ilegales, severidades), para que no se aplique la pena que tiene el
delito de tortura.
Tan sistemática
es esta práctica, que el Comité de Derechos Humanos de
la ONU ha dicho, en el Informe General sobre Argentina 2010, que “muy
pocos casos denunciados son objeto de investigación y juicio
y aún menos aquéllos que terminan en la condena de los
responsables, lo que genera altos índices de impunidad. Al Comité
le preocupa además la práctica judicial en materia de
calificación de los hechos, asimilando frecuentemente el delito
de tortura a tipos penales de menor gravedad, tales como apremios ilegales,
sancionados con penas inferiores.”
Todavía está fresco el recuerdo del video de los policías
salteños torturando pibes (Boletín nº 666), o la
tortura seguida de muerte de un chico de 16 años en una comisaría
de Trelew, donde hasta fue violado con una tonfa (Boletín nº
643). Todavía está fresco el recuerdo del asesinato del
único testigo de ese hecho, otro chico pobre (Comunicado 29/03/2012).
Esta semana,
para seguir corroborando que se trata de una política de estado
sistemática, nos enteramos que en Concordia, Entre Ríos,
los policías Sebastián Zárate y Mariano Moreno
fueron condenados a dos años y seis meses de prisión condicional,
y a un año y tres meses respectivamente, por allanamiento ilegal,
privación ilegal de la libertad y vejaciones. El hecho ocurrió
el 19 de junio de 2011, en Calabacilla, cuando los policías irrumpieron
sin orden de allanamiento en una vivienda y, previo cortar la luz, destrozaron
todo a su paso y apalearon a una familia. Como si fuera poco que les
dieron apenas un chas chas en la colita (de nuevo, "vejaciones"
en vez de torturas), el ministro de Gobierno, Adán Bahl, tras
la sentencia, viajó a Concordia, se entrevistó con los
condenados y dijo que: "parte de la razón por la que ocurren
estos hechos tiene que ver con la situación conflictiva que se
genera cuando un policía se cansa de detener varias veces a un
reincidente y ver que siempre queda libre. (...) Todos somos seres humanos"...
menos esos negros de mierda que denuncian torturas, le faltó
agregar.
En Puerto Madryn, Chubut, otros dos policías también fueron
condenados a prisión en suspenso por vejaciones (como decimos,
“torturitas”), porque golpearon y amenazaron con armas a
un grupo de amigos. Estos dos policías, que no van a estar presos
un solo minuto, les aplicaron patadas en los testículos, golpes
en las costillas, se pararon sobre sus hombros, y cabeza, y los levantaron
del cabello y les exhibieron armas, mientras les daban golpes en el
rostro y golpes cuando estaban en el piso. Las víctimas habían
sido detenidas en forma arbitraria, es decir, sin autorización
judicial ni en un supuesto de delito flagrante.
El estado
argentino fue condenado en 2003 por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en el caso “Bulacio”. La Corte ordenó a
la Argentina derogar toda la legislación y eliminar las prácticas
no normadas que permiten las detenciones arbitrarias. A casi 10 años
de esa sentencia, el “gobierno de los derechos humanos”
las mantiene vigentes y ampliadas en todo el país.
Por eso, cuando vemos que, a diario, la policía detiene arbitrariamente
a miles de jóvenes en todo el país, que aplica tormentos
a esos detenidos, todo al amparo del estado nacional, la ley, jueces
y fiscales; cuando vemos que sus víctimas son siempre personas
pobres, no podemos menos que concluir que se trata de una política
estatal sistemática destinada a disciplinar al pueblo pobre,
para mantener el control social y evitar que levante cabeza, y se organice
para luchar contra las injusticias de este sistema.
Los cursos de seguridad del Pentágono ¿sorpresa,
internas...? No, doctrina.
Si a alguno le resultó llamativo que apenas obtenido el 54% de
los votos emitidos, el gobierno de Cristina Kirchner haya impulsado
y, su congreso aprobado, la Ley Antiterrorista, no podrá decir
que esta noticia también lo sorprende:
Militares estadounidenses, con antecedentes en la dictadura argentina,
fueron "contratados" por el ministerio de Defensa de la Nación
para dictar cursos de “seguridad” a miembros de las Fuerzas
Armadas, teniendo como hipótesis de conflicto guerras no convencionales
expresadas en las amenazas del "narcotráfico, la violencia
juvenil y el delito".
Más
allá de las particularidades que rodearon a estos últimos
cursos, dictados por el mayor Richard Goetze, ex agregado militar en
la embajada de EEUU en nuestro país en el período 1976/78
-lapso en el cual se registra el mayor número de desaparecidos
en manos del gobierno militar-, y al que acompañaron otros ejemplares
yanquis vinculados al diseño de los ataques a las poblaciones
civiles de Irak y Afganistán, lo cierto es que no es novedosa
esta política de estado.
El gobierno kichnerista se ha caracterizado por mantener en silencio
varios cursos de similar naturaleza, con los que el Pentágono
ha adiestrado a centenares de miembros de las fuerzas armadas y de seguridad.
Todos esos cursos confluyen en una misma caracterización: guerra
no convencional, nuevo paradigma de confrontación, determinación
del enemigo interior y su correlato en el control social que restringe
derechos y garantías, para desembocar, lisa y llanamente, en
un proceso de represión social desenmascarada.
La necesidad
de religitimar a las desprestigiadas Fuerzas Armadas y recuperar el
poder de fuego interno, claves de un mismo repertorio represivo.
Venimos sosteniendo que, al amparo de una falsa imagen de "custodio
de los derechos humanos", el gobierno krichnerista ha desplegado
un proceso de restricciones de derechos y garantías -cabalmente
expuesto en la causa popularmente conocida como PROYECTO X- por el que
el espionaje sobre las organizaciones y militantes que incomodan al
sistema no diferencian a este gobierno de ningún otro anterior.
A la par, se despliega sobre la población pobre, principalmente
de los centros urbanos e industriales, un verdadero ejército
de ocupación compuesto por las distintas fuerzas represivas del
estado: policía federal, metropolitana, bonaerense, gendarmería
nacional, prefectura naval argentina, policía de seguridad aeroportuaria
y el reciente blanqueo de la brigada de los civiles de observación.
Las patrullas saturando las barriadas, las caravanas con uniformados
en vehículos de los que asoman los caños de sus fusiles,
constituyen un clásico de los últimos años en el
paisaje suburbano.
¿A qué planes responden estos datos de la realidad?
Los cursos en cuestión lo explican sin hesitación. El
enemigo interior es la hipótesis fundamental, y ese enemigo es
el que protesta, pero no de cualquier modo, sino el que lo hace desde
su condición de clase, es decir, amenazando el privilegio de
aquellos que justifican la opresión, la alienación, la
explotación. Es que los intereses de los grandes capitales corren
riesgo frente a una clase que lentamente se levanta contra sus consecuencias.
Pongamos por ejemplo el último trasvasamiento de los recursos
petroleros de YPF hacia la norteamericana Chevron, con charla previa
entre Cristina y Obama, o el ya reconocido pacto entre el gobierno y
la Barrik Gold. Veremos entonces cómo cierran las necesidades
yanquis de montar bases militares como la del Chaco o la Triple Frontera,
y de asesorar a sus esbirros de adentro para contener el creciente descontento
de quienes sufren en carne propia las consecuencias del "capitalismo
progresista".
Las excusas del delito, la violencia juvenil, aún el narco -que
ellos mismos regentean y alientan- traídos como argumentos justificadores
de esa intervención, son recursos retóricos. Todos sabemos,
y ellos en primer término, que su sistema se basa en la violencia.
Que las fuerzas de represión fundamentan su accionar en un toma
y daca de privilegios que los mantienen alineados. La mentada corrupción
imperante en sus fuerzas es una consecuencia prevista y alentada, jamás
una causa. Los delitos complejos los tienen siempre como protagonistas.
Antes fueron los manejos financieros de la dictadura, ahora esta versión
"novedosa" del narcotráfico y sus vínculos con
quienes deberían perseguirlo. Y esto es política de estado,
más allá del carácter o régimen político
que detente su administración, porque es de la naturaleza misma
del estado burgués.
“Doctrina de la Seguridad Nacional” se llamaba en tiempos
un poco más picantes, en aquellos mismos tiempos donde los hoy
devenidos en custodios de los derechos humanos se refugiaban en provincias
sureñas pero para incursionar en el bando de los que más
tienen, para pertenecer, para ser uno de ellos. Después, vino
un tiempo en el que, sin dejar de ser de ellos y sin dejar de hacer
lo que a ellos les conviene, discursean y usan algunas de nuestras consignas.
Pero lo cierto y categórico es que los cursos se dieron, se basaron
en esas cuestiones, lo dieron enemigos "externos" y lo recibieron
los perros guardianes de los enemigos "internos" de nuestra
clase.
Como cuando
lo de las leyes antiterroristas, que nadie diga que lo han sorprendido.
Un último dato de color... negro: fue el propio ministro Puricelli
- un secretario de la presidenta- quien borró de la currícula
del Mayor Richard Goetze su pertenencia a la embajada yanqui en los
peores tiempos de la dictadura.
FUENTE:
CORREPI
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