BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 675
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
15 de
octubre del 2012
Del 11
de octubre del 2012
Sumario:
1. Daniel Solano: Un año desaparecido.
2.
Allanamiento e intimidación a abogada militante.
3.
El secuestro y reaparición de Alfonso Severo.
4.
La asonada de los desclasados.
5.
Gatillo fácil: Una maestra y los muertos sin nombre.
6.
Próximas actividades.
Daniel
Solano: Un año desaparecido.
El viernes
5 de octubre se cumplieron 11 meses de la desaparición de Daniel
Francisco Solano, un trabajador de la fruta de 27 años que fue
golpeado, secuestrado y desaparecido por intentar organizarse con sus
compañeros, ante las pésimas condiciones laborales a las
que los sometía la patronal en Choele Choel, Río Negro.
No sólo les pagaban una miseria, sino que los mantenían
hacinados, sin agua caliente, sometidos a maltratos permanentes, etc.
Daniel
era de Tartagal, Salta, pero había sido llevado por la empresa
Agrocosecha Argentina SRL a Río Negro para trabajar para la empresa
Expofrut, en octubre de 2011. Además de sufrir la precarización
laboral y los aprietes de la patronal, Daniel, como el resto de sus
compañeros, habían cobrado en el último pago menos
de la mitad de lo que se había acordado como salario ($800 en
lugar de $2.000). Es por eso que empezaron a organizar una huelga, a
la cual iba a sumarse la gran mayoría de los trabajadores.
La empresa
intentó comprar a Solano para que actuara como buchón,
denubciando a los trabajadores que lideraban el reclamo, pero él
se negó. El 5 de noviembre de 2011, Daniel fue secuestrado a
la salida del boliche Macuba, en Choele Choel, por policías que
lo golpearon y lo subieron a un patrullero. Varias personas vieron lo
que ocurría y dos de ellas siguieron al patrullero en una moto,
hasta un descampado, donde vieron cómo bajaban a Solano del auto
y lo subían a otro auto -particular- en el que iban tres policías
de civil. Desde entonces, no se supo más nada de él.
No sólo
queda claro el accionar de la policía, sino también la
existencia de un plan realizado en conjunto por la empresa y el gobierno
provincial -ejecutado por su brazo armado- para evitar que los trabajadores
se organicen y luchen contra la explotación y la flexibilización
laboral.
La causa,
caratulada ahora como homicidio, cuenta con casi 200 declaraciones testimoniales
que señalan como responsables a los 22 policías imputados,
siete de ellos procesados con prisión preventiva; pero no hay
ningún imputado por parte de la empresa. El sistema judicial
no sólo encubre el papel de la patronal, sino que tanto la jueza,
Marisa Bosco, como el fiscal, Miguel Flores, dilataron la investigación
tratando de imponer su “hipótesis” de que Solano
se habría ido por decisión propia e intentando descartar
la posibilidad del secuestro y su posterior desaparición. Bosco
y Flores tienen pedido de juicio político por haber aceptado
falsos testimonios para tratar de avalar esta hipótesis.
Además,
queda claro el trabajo en conjunto que realizaban el gobierno y la empresa
para mantener a raya a los trabajadores, con miedo, evitando que levanten
la cabeza y exijan condiciones de trabajo más dignas: en el contrato
con Agrocosecha había una cláusula que decía que
ante cualquier problema que tuvieran con la policía o la justicia,
serían despedidos sin pagársele ni los días trabajados,
ni la indemnización, ni el pasaje de vuelta. Y, a su vez, cuando
alguno de los trabajadores decidía irse antes de tiempo del campo
porque no soportaba las condiciones de explotación a las que
era sometido, no sólo no se le otorgaba ninguno de los beneficios
antedichos, sino que recibía la correspondiente golpiza por parte
de la policía. Como si esto fuera poca muestra de los maltratos
y aprietes que estaban sufriendo los trabajadores de Agrocosecha, el
mismo día que desaparecieron a Solano, otro de sus compañeros,
que también estaba tratando de organizar la huelga, fue golpeado
y despedido, además de recibir numerosas amenazas.
La familia
de Daniel Solano, junto ala Comisión Solidaridad y Apoyo a la
familia Solano, siguen exigiendo aparición de Daniel y denunciando
tanto al brazo armado y judicial del estado, como a muchos de los medios
locales que trataron de ensuciar el nombre de Daniel para encubrir lo
que nosotros, desde CORREPI, denunciamos como una política de
estado, y están organizando las actividades para el próxio
5 de noviembre, a las que asistiremos desde el Encuentro Nacional Antirrepresivo,
con la presencia de compañeros de AGARRE (Acción Grupal
Antirrepresiva Estatal, de Comodoro Rivadavia) y CORREPI, así
como familiares de víctimas de la represión estatal de
la zona, como César Antillanca.
La desaparición
de personas, como forma de represión estatal, no ha sido ajena
a los gobiernos posteriores a 1983. Son casi 200 los desaparecidos desde
entonces en nuestro país, a lo largo de los distintos gobiernos.
Casi 70 casos ocurrieron durante el “gobierno de los derechos
humanos”, como Julio López, Luciano Arruga, Iván
Torres, Luciano González, Daniel Solano, Facundo Rivera Alegre,
etc.
La desaparición
de personas, como el gatillo fácil, la tortura y el asesinato
y persecución de los trabajadores, son parte de una política
de estado, gobierne quien gobierne. A nosotros nos quedan la organización
y la lucha para combatir tanto a la represión como a su objetivo,
que es el mantenimiento de una sociedad dividida en clases, con una
enorme mayoría de pobres sosteniendo con su miseria y su trabajo
los privilegios de la clase dominante.
Allanamiento
e intimidación a abogada militante.
El miércoles
26 de septiembre, en un operativo simultáneo, se realizaron tres
allanamientos en domicilios de militantes del Movimiento por la Democracia
Obrera, tanto a domicilios particulares como al estudio jurídico
de la compañera abogada y militante de esa organización,
Viviana Noguerol. En los allanamientos intervinieron decenas de policías,
que revisaron agendas, papeles, colchones y bibliotecas, separando para
su cuidadosa y atenta revisión libros sobre marxismo y socialismo.
Estos
procedimientos tuvieron un preludio directo unos días antes,
cuando Paula Medrano, hija de desaparecidos y militante de Democracia
Obrera, recibió un llamado de la UFI N° 8 de la ciudad de
La Plata, donde le informaron que en "un lugar" había
aparecido un papelito con su nombre y apellido. De allí surgiría
el fundamento oficial para los allanamientos.
En el
expediente se volcó un vasto informe realizado por el Servicio
de Inteligencia, de donde se confirma que Viviana Noguerol tiene su
teléfono pinchado desde hace al menos un año.
El “juez
de garantías” es César Ricardo Melazo, un juez que,
al mismo tiempo que cuenta haberse afiliado al Partido Justicialista
a sus 18 años, se atreve a declararse admirador del Che Guevara.
Lejos del guevarismo, el juez tiene un currículum bastante esclarecedor:
es el mismo que, este mismo año, confesó que le daban
"ganas de romperle la cara a esos 'Quebrachitos'", después
de los incidentes en la embajada británica. Pero aquella no fue
una expresión desafortunada del juez, sino una franqueza de quien
perteneció al Partido de Unidad Federalista de Luis Patti, de
quien en 2008 ordenó el desalojo de la textil Mafissa y en 2009
decidió elevar a juicio una causa por resistencia a la autoridad
contra el militante estudiantil Facundo Ferray, al haber intentado interceder
y detener una golpiza que dos policías le propinaban a un chico
de 15 años en la ciudad de La Plata, causa en la que, mediante
la lucha y la movilización de distintas agrupaciones políticas
y estudiantiles, se logró el sobreseimiento del compañero.
En 2011, este mismo juez ordenó el archivo de una causa por manosear
y golpear a una mujer seguida contra el famoso capitán Guillermo
Salas, jefe de calle de la comisaría 1ª de La Plata.
Los jueces,
al proteger a los policías y la institución mientras persiguen
y atacan a los militantes populares, no hacen más que cumplir
la función específica que tienen encomendada. Por eso
es que, ante la persecución a los compañeros, ni la sorpresa
ni una indignación pasajera deben ser nuestra respuesta, porque
este hecho se inscribe en la natural necesidad del Estado de vigilar
y perseguir para mejor reprimir la marcha del pueblo. En cambio, nuestra
réplica deben ser la solidaridad activa hacia las organizaciones
populares y el redoblamiento de nuestra organización y nuestra
lucha.
El
secuestro y reaparición de Alfonso Severo.
Después
de todo un día de estar desaparecido, Alfonso Severo reapareció
el jueves 5 por la noche. Veinticuatro horas antes, había sido
interceptado por dos hombres en moto que lo secuestraron y le pegaron,
amenazándolo para que no declare en el juicio que se lleva adelante
contra los dirigentes de la burocracia sindical ferroviaria, algunos
integrantes de la patota y policías por el asesinato de Mariano
Ferreyra.
El secuestro
de Severo ocurre en un contexto de crecientes amenazas a testigos de
la causa. Sin ir más lejos, el lunes de la misma semana pasada
denunciábamos los aprietes de los que fue víctima José
“Cacho” Andino, militante del Movimiento Teresa Rodríguez,
quien también fue abordado por dos hombres en moto y amenazado
para que no declare (ver boletín n° 674). Ambos, Severo y
Andino, debían declarar el jueves 4 en el juicio.
El objetivo
de los aprietes es evitar que la declaración de los testigos
deje todavía más claro el accionar que llevaron adelante
la empresa, la burocracia y el Estado aquel 20 de octubre, con la intención
de disciplinar a los trabajadores organizados por fuera de la burocracia.
El plan de la Triple Alianza Antiobrera para aleccionar a los trabajadores
jamás cesó. Ahora, además de seguir reprimiendo
a los trabajadores, también secuestran y amenazan a quienes los
señalan.
Severo,
ex empleado de Ferrobaires y ex integrante de la Unión Ferroviaria
desde el ’84, estuvo en la reunión que se concretó
el 19 de octubre del 2010, donde, en las palabras del propio Severo
en la instruccion: “…fueron citados la totalidad del personal
de Ferrobaires por Humberto Rolando Martínez -delegado de la
UF- para constituirse el 20 de octubre e impedir que los tercerizados
cortaran las vías, para 'hacerles el aguante.”
Durante
las horas que Severo estuvo desaparecido se reveló, una vez más,
quiénes defienden los intereses de los trabajadores y quiénes
cumplen con la función de explotarlos, y lo diferente que es
hablar de los desaparecidos o luchar por los desaparecidos. Rápidamente,
las organizaciones de los trabajadores y el pueblo nos pusimos en pie
de lucha, marchando a Plaza de Mayo para denunciar la responsabilidad
del Estado y exigir la aparición con vida de Severo.
Mientras
tanto, desde el gobierno sólo rompió el silencio Julio
Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos, para decir que "Ni
la Justicia ni Severo pidieron su inclusión en el listado de
testigos protegidos". El programa de protección de testigos
no es otra cosa que poner al victimario a cuidar a la víctima.
Bajo una supuesta “protección”, se facilita al aparato
represivo estatal el contacto y la vigilancia de quien pide ser protegido,
justamente, del propio aparato represivo. Por lo tanto, no es de ninguna
forma la solución para este tipo de hechos.
A poco
de haber sido liberado, Severo remarcó su adhesión al
kirchnerismo y explicó que esto “podría haberse
evitado si Néstor Kirchner estuviera vivo”. La pertenencia
ideológica de quien es víctima de la represión
estatal, no quita la responsabilidad del gobierno en el hecho represivo,
aun a pesar del propio Severo. La policía, las patotas con las
que tercerizan la represión, la gendarmería, o cualquier
otra fuerza que integre el aparato represivo del Estado, no preguntan
cuál es la afinidad política de su víctima a la
hora de reprimir a quien represente un peligro para el sistema de los
ricos. Por otra parte, durante el mandato de Néstor Kirchner
fueron desaparecidas, con intervención directa de las fuerzas
de seguridad del Estado, 40 personas, entre ellas, Julio López.
El “gobierno
de los DDHH” es, hoy, el ejecutor de la política represiva
estatal. No se trata de patotas o grupos de tareas heredados del pasado
sino de la metodología cotidiana de un Estado que necesita reprimir
para mantener el sistema tal cual está y salvar a sus mejores
aliados, la burocracia y la patronal. Es por esto que el Estado es responsable
del secuestro de Adolfo Severo, quien, con su testimonio, puede ayudar
a exponer que los tres integrantes de la Alianza Antiobrera siempre
tuvieron y tienen los mismos intereses: mantener en condiciones precarias
a los trabajadores para explotarlos mejor.
La
asonada de los desclasados.
Como decíamos
en nuestro comunicado "Desclasados, nunca trabajadores", el
motín que iniciaron el martes 3 de octubre los verdugos de prefectura,
al cual casi inmediatamente se sumaron los de gendarmería, demuestra
a las claras la naturaleza de su despreciable función.
Durante
una semana, el conflicto que tuvo como epicentro el Edificio Centinela
y el Edificio Guardacostas del barrio de Retiro, recogió adhesiones
de la mayoría de las fuerzas represivas. Esta nueva asonada desnuda
otra realidad que el gobierno intenta negar: un nuevo ajuste que se
descarga con particular fuerza sobre los trabajadores del sector público
pero, cabe aclarar, no tiene el mismo tratamiento por parte de los funcionarios
del gobierno, que temen quedarse sin represores que les garanticen la
continuidad del modelo.
El decreto
1307 desató la furia de los perros guardianes de los poderosos,
que les reducía el pago en un 30 y hasta un 60%. Nada se oyó,
por parte del gobierno, acerca de "extorsión" o cualquiera
de las diatribas a las que nos tienen acostumbrados cuando los que reclaman
son maestros o trabajadores de la salud. En cambio, todos se apresuraron
para calmar a los prefectos y gendarmes, que acampaban haciendo ollas
populares, reuniéndose en asamblea, todos métodos que
“aprendieron” haciendo espionaje a las organizaciones populares.
Por su
parte, varios funcionarios se reunieron con Cristina Kirchner en la
residencia de Olivos, para tratar de solucionar el conflicto. La postura
de Cristina Kirchner fue clara: "Quiero que arreglen el conflicto,
pero no generen otro". Es que la solución de este problema
para el gobierno no va por el lado al que están habituados: cualquier
conflicto de trabajadores lo resuelven reprimiendo, ya sea en forma
directa o con la aplicación de sanciones penales, pero ¿Cómo
van a reprimir a los mismos que se encargan de ejecutar la represión?
Una de
las medidas fue pasar a disponibilidad a ocho gendarmes, entre ellos
Raúl Maza, vocero de los desclasados, que soltó entre
sus declaraciones, joyas como ésta: "Cuando uno ve llorar
a un tipo porque no puede llegar a fin de mes, creo que desgarra a cualquiera
y siente impotencia, entonces uno dice ‘carajo, hay que hacer
algo’". Cabe preguntarse qué es lo que hacen los gendarmes
cuándo ven a un trabajador llorando porque no llega a fin de
mes, o a un desocupado, desesperado porque no puede llevar un plato
de comida a su familia. Para saber la respuesta solo hay que recordar
lo que pasó en el Puente de Corrientes en 1999, donde fueron
asesinados por la gendarmería Mauro Ojeda y Francisco Escobar;
o lo que pasó en Las Heras en 2005, donde la gendarmería
torturó a varias personas; o en Mar del Plata en 2006 cuando
reprimieron a los trabajadores pesqueros, o con los trabajadores del
Casino en 2007. En fin, sobran los ejemplos.
Otra declaración
interesante, fue la de la vicepresidenta de la Corte Surema, Elena Highton:
"Hay que tener cuidado con el reclamo de las fuerzas de seguridad
porque se trata de agentes que están armados y prestan un servicio
público muy relevante. No son lo mismo que cualquier trabajador,
otros trabajadores pueden protestar de maneras distintas a las que pueden
hacerlo quienes tienen armas dadas por el Estado". Más allá
en que discrepemos en la caracterización de la jueza, al nombrar
a los gendarmes y prefectos como trabajadores, en cierto sentido tiene
razón: no es lo mismo cuando reclaman los verdugos que cuando
lo hacen los trabajadores. La diferencia, como hemos remarcado anteriormente,
es que cuando las fuerzas represivas reclaman, no temen que se los reprima.
Insistimos
en que no son trabajadores, no porque “los determine la función”,
sino porque defienden los intereses de los poderosos. Sea cual fuere
su origen de clase, son policías, gendarmes, prefectos de la
burguesía. No es una huelga lo que llevan adelante, es un motín
de mercenarios para que se les pague el precio que ellos consideran
justo por desempeñar la tarea que tienen asignada: reprimir a
los pobres. Por más que imiten nuestros métodos, con asambleas
u ollas populares, no forman parte del pueblo, son desclasados al servicio
de la clase dominante.
La mejor
prueba de ello la tuvimos a segundos de aplacarse el conflicto, cuando,
disciplinados al servicio del gobierno y la patronal, embistieron en
la Panamericana contra los trabajadores de la Línea 60, movilizados
para denunciar un nuevo ataque de la patota de la empresa.
Gatillo
fácil: Una maestra y los muertos sin nombre.
Miriam
Fronza, de 49 años, fue asesinada el domingo 30 de septiembre
por el policía bonaerense Claudio Fernando Vadalá, sobre
la colectora de la Autopista Oeste, en la localidad de Moreno. La maestra
de escuela viajaba con su marido de regreso a su casa. A la par de su
auto, iba el policía de civil en su suntuoso Hyundai Génesis
valuado en $200.000. Un grupo de ladrones interceptó a Vadalá
para robarle el auto, a lo que éste respondió con una
maniobra marcha atrás, para poder disparar desde la distancia.
Disparó dos veces. Uno de los tiros dio en la nuca de Miriam.
Por ahora, permanece detenido.
Los medios
de comunicación le dieron gran resonancia al caso de la maestra,
por ser lo que ellos denominan "víctima inocente".
Lo mismo sucedió este año con el futbolista Lautaro Bugatto
y el año pasado con Ariel Domínguez, asesinado en plena
vía pública en San Telmo. Sin embargo, el gatillo fácil
sobre la porción mayoritaria de las víctimas, es encubierto
por las grandes empresas de medios que pregonan la mano dura y el control
social a rajatabla, haciendo su parte para que la muerte joven en los
barrios pobres se naturalice de cara a una sociedad más connivente
con la desigualdad, la explotación y la pobreza.
"No
roba más", "Murió ladroncito", "Punto
final" dice el diario Crónica acerca de la muerte de dos
jóvenes en Morón. Uno de ellos fue asesinado el sábado
6 de octubre en una panadería, por un militar retirado de 70
años que estaba en el negocio en calidad de cliente. El otro,
de 16 años, fue fusilado por policías el 28 de septiembre.
Murió de un disparo en la cabeza luego de agonizar durante un
día en el Hospital Posadas.
Sobre
estos dos últimos casos, no contamos con más información
que la que brinda la agencia Télam, que, a su vez, reproduce
los partes brindados por la fuerza represiva que asesina a una persona
por día mediante el gatillo fácil y la tortura en comisarías.
Esa información, por su parte, fue reproducida en un dignísimo
ejemplo del ejercicio del copy/paste por todos los medios hegemónicos
de información. Muertos sin nombre. Dos más en el montón.
Próximas
actividades:
Lunes,
martes y jueves, desde las 10:00, estamos en las audiencias por el juicio
a los asesinos de Mariano Ferreyra en Comodoro Py 2002.
Sábado
20 de octubre, movilización a dos años del asesinato de
Mariano Ferreyra.
Martes
23 y jueves 25 de octubre, movilización a los tribunales de Campana
durante el juicio al policia Omar Brítez por el asesinato de
Hernán Ibiris y la tentativa de asesinar a Fernanda Verón.
Viernes
16 de noviembre, en Plaza de Mayo, presentación del Archivo de
Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal 2012.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
14256
