BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 676
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Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
25 de
octubre del 2012
Del 17
de octubre del 2012
Sumario:
1. La patronal aprieta, los trabajadores protestan y la gendarmería
reprime.
2. El asesinato de Miguel Galván, otro muerto de este “modelo”.
3. Un “sindicato” policial entre las filas de los trabajadores.
4. Más muertos por la represión del gatillo fácil
y la tortura.
5. Otra vez sobre la asonada de los desclasados.
La
patronal aprieta, los trabajadores protestan y la gendarmería
reprime.
Luego
de la asonada, la gendarmería volvió a lo que mejor sabe
hacer, y para lo que está preparada, sin el menor problema: reprimir
trabajadores. Este jueves 10, desalojó a cincuenta compañeros
dela Línea 60 que cortaban la Panamericana, en reclamo por el
despido de cuatro trabajadores, y por el apriete que recibieron de parte
de la empresa DOTA. Una vez más, el operativo fue encabezado
por el ex carapintada, segundo de la ministra de Seguridad, Nilda Garré,
Sergio Berni quien, como hace unas pocas semanas, cuando desalojaron
la misma autopista a la altura de Pacheco (ver boletín N°
671), se puso al mando de los 200 gendarmes, descendió de un
helicóptero, al mejor estilo de libreto barato hollywoodense,
quizás queriendo rememorar su pasado, antes de ser “nacional
y popular”.
La medida de fuerza de los trabajadores de la Línea 60 se originó
como consecuencia de un nuevo apriete. La patronal DOTA, y la burocracia
de la UTA, enviaron tres micros llenos de patoteros, que a punta de
pistola y con barras de hierro quisieron desalojar a los choferes, que
estaban apoyando a un compañero despedido que, a su vez, estaba
encadenado a las rejas de la empresa, exigiendo su reincorporación.
Gracias a la resistencia de los obreros, la patota no avanzó,
pero éste es uno más de una serie de actos violentos que
vienen sufriendo. Recordemos los incendios a los autos de los delegados
Nestor Marcolín y Héctor Cáceres; la entrada a
la casa de otro delegado, Daniel Farella, donde llegaron hasta a maniatar
a su nieta y destruyeron todo el mobiliario, así como un largo
etcétera que incluye acciones como la más reciente, en
las terminales.
Luego de este nuevo ataque, los trabajadores decidieron llevar su reclamo
a las calles para que tome estado público. Es por eso que decidieron
cortar la autopista. Pero a la hora de reprimir, los gendarmes olvidan
sus diferencias con el gobierno y se aprestan a hacerlo con celeridad.
Es sabiendo esto, por la función de desclasados que cumplen,
que en CORREPI no estamos dispuestos a apoyar ningún reclamo
reivindicativo de los verdugos. Sabemos que ante el llamado del amo
ellos responden inmediatamente, como perros guardianes de sus intereses
que son.
En lugar de eso, nos solidarizamos y nos ponemos a disposición
de los compañeros de la Línea 60, los únicos trabajadores
de este conflicto.
El asesinato de Miguel Galván, otro muerto de este “modelo”.
Miguel
Galván, comunero perteneciente al pueblo Lule-Vilela y miembro
del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina,
fue asesinado por defender su territorio, el pasado 10 de octubre en
el Paraje Simbol, al norte de la provincia de Santiago del Estero, por
sicarios que trabajan para la Empresa Agropecuaria Lapaz SA, de Rosario
de la Frontera (Salta), que pretende alambrar parte del territorio que
ocupan las comunidades indígenas y campesinas de la zona.
En septiembre de este año, luego de una gran cantidad de amenazas,
el territorio que habita la familia Galván comenzó a ser
relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que
desde la sanción de la ley 26.160, de Emergencia Territorial,
en 2006, tiene a su cargo el relevamiento de todas las comunidades del
país. Sin embargo, seis años después, los resultados
son ínfimos, ya que no sólo no se ha avanzado en este
punto, sino que se han multiplicado y recrudecido los conflictos territoriales,
mientras que el gobierno de CFK se llena la boca hablando de los derechos
y el reconocimiento de los pueblos indígenas.
Cansados de que la política indígena, proclamada por los
gobiernos provinciales y el gobierno nacional, se quede sólo
en palabras adornadas, en abril de 2011, varias organizaciones campesinas
impulsaron un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos y
realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras, que llegó
al Congreso, con mayoría kirchnerista en ambas cámaras,
y un año y medio después no ha sido ni siquiera analizado.
Queda en evidencia que el reconocimiento del territorio comunitario
va en contra de la implementación de un modelo agropecuario basado
en los agronegocios, que llevan adelante grandes corporaciones avanzando
sobre el territorio de cientos de familias campesinas e indígenas.
En este contexto, la presencia de topadoras, las continuas amenazas
y los asesinatos, en manos de agencias de seguridad y bandas parapoliciales,
contratados por empresarios sojeros que cuentan con la complicidad de
la policía local, el Grupo Especial de Táctica Operacional
de Alto Riesgo (GETOAR), el encubrimiento del poder judicial, y el apoyo
del gobierno provincial y nacional, son parte del accionar necesario
para garantizar y defender los intereses de grandes terratenientes y
empresas transnacionales que continúan saqueando, contaminando,
desmontando, expulsando familias del campo y explotando a los trabajadores
rurales.
Las cifras dan cuenta de esta situación: la producción
de soja transgénica, que en 1996 ocupaba seis millones de hectáreas,
se triplicó para el año 2011, representando el 55% de
la tierra cultivada de Argentina. Este crecimiento demuestra que el
modelo agropecuario actual impulsado por el gobierno “nacional
y popular”, lejos de defender los intereses de campesinos y pueblos
originarios, impulsa cada vez más un modelo extractivo, a través
del avance minero y de los agronegocios.
El asesinato de Galván se suma al de tantos otros compañeros,
como Javier Chocobar de la Comunidad Chuschagasta de Tucumán
en 2009; Sandra Ely Juárez, quien murió frente a una topadora,
de un paro cardiaco, en 2010, en Santiago del Estero; Roberto López
y Mario López, comuneros de Formosa asesinados por la policía
en 2010; Mártires López, dirigente qom de la Unión
Campesina de Chaco, y de la CCC. en 2011; y Cristian Ferreyra, militante
del MOCASE-VC, asesinado en noviembre de 2011.
Una vez más, son los trabajadores del pueblo los que sufren la
brutal represión en manos de las fuerzas represivas del Estado
que lo único que hace es defender los intereses de los explotadores
capitalistas.
Un “sindicato” policial entre las filas de los trabajadores.
El pasado
10 de octubre, la CTA de Micheli convocó a un paro y un acto
a Plaza de Mayo, por reivindicaciones muy justas de los trabajadores:
contra el ajuste, por aumento de salario, por condiciones dignas de
trabajo, contra el impuesto a las ganancias, etc.
Hasta aquí, se podría decir que era necesaria y correcta
la jornada de lucha. Pero las discusiones entre las organizaciones gremiales,
sobre si asistir o no, no fueron pocas, entre otras cosas, pues los
trabajadores fueron convocados a un acto en el que no sólo aparecería
como conducción de esa medida Micheli (secretario general de
la CTA), sino que acompañarían desde el palco la Federación
Agraria (es decir los “pequeños” explotadores rurales),
y el Sindicato de Policías Bonaerenses (SIPOBA, defensores de
los derechos de quienes asesinan un pibe por día en los barrios
humildes de Buenos Aires).
Estas direcciones, junto a las organizaciones que defienden la participación
de las patronales, la burocracia y las fuerzas represivas en las luchas
de los trabajadores, son las responsables de mucha confusión.
En un mismo acto, las patronales, la burocracia y la represión,
haciendo creer a quienes padecen su explotación, su traición
y sus balas (los trabajadores) que defenderán sus derechos.
Mientras este cinismo entra en escena, debemos recordar que se está
llevando adelante el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, que
tiene por responsables a la burocracia, el gobierno y la policía,
por su política de negociados y represión contra los trabajadores.
Y éste no es un hecho aislado, es cómo, históricamente,
la clase dominante dirime los conflictos con la clase obrera y el pueblo.
Los patrones no son trabajadores. Para existir necesitan de la explotación.
Los burócratas no son trabajadores. Su reclamo al gobierno es
que se pacte con ellos para garantizar sus negocios.
Los policías no son trabajadores. Su reclamo por mejoras atentan
directamente contra el pueblo explotado que lucha. En sus propias palabras:
“Para que nunca más pase esto... aunque parezca un chiste.....
SIPOBA seguirá luchando… “¡Atención
a todas las unidades! Los vándalos ya se dieron cuenta que otra
vez estamos sin municiones, ¡Necesitamos refuerzos urgente!!!”
(http://www.facebook.com/pages/Movimiento-Policial-Democr%C3%A1tico/160452083988292
del 11 de agosto de 2012).
Es necesario entender que quienes reprimen nuestras luchas, no están
de nuestro lado, que sus derechos y reivindicaciones atentan contra
los nuestras. No podemos volver a permitir en las filas del pueblo una
bandera portada por las fuerzas reivindicando que "ellos también
tienen derechos".
La lucha de los trabajadores no es la lucha de los verdugos de los más
de 3.700 pibes asesinados por el gatillo fácil y la tortura.
Más muertos por la represión del gatillo fácil
y la tortura.
Pese a
lo que parecen creer algunos, ninguna represión del aparato estatal
es buena, salvo que creamos en el cuento del policía bueno y
el policía malo, con el que nos bombardean desde los medios de
comunicación, y olvidemos a la institución y su función
estratégica.
Así, pese a los eventuales reclamos salariales, los desclasados
nunca cesan de cumplir con la función para la cual existe la
institución a la que pertenecen: reprimir.
En la semana que pasó hubo muchísimos casos, protagonizados
por miembros de distintas fuerzas del aparato represivo, continuando
con la política represiva de disciplinamiento social.
Natalia Almada, de 17 años, fue “suicidada” en una
comisaría de la provincia de Misiones, luego de haber sido detenida
arbitrariamente horas antes por encontrarse, supuestamente, en estado
de ebriedad.
Alejandro Vidal, fue encontrado ahorcado en el pabellón 16 de
la Unidad Penal 11 de Piñero, a cargo del Alcalde Mayor Roberto
C. Marchesín, de la provincia de Santa Fe.
Dos policías de una comisaría de Wilde, localidad de la
provincia de Buenos Aires, fueron detenidos por haber fusilado de un
tiro en la nuca a un empresario, Juan Carlos Caggiano, que estaba siendo
secuestrado, y sin que mediara enfrentamiento alguno.
El subjefe de la División Criminalística (D6), de la Policía
de la provincia de Santiago del Estero, intentó dirimir una interna
policial a los tiros, asesinó a su jefe tras una discusión
dentro de la dependencia, e hirió a otros dos compañeros
de armas.
Alexander Damián Zarcovich, de 16 años, fue fusilado por
la policía de El Palomar, provincia de Buenos Aires. La versión
de la fuerza fue un inexistente tiroteo con quien, hasta ese hecho,
era obligado a robar para ellos. Crónica tituló “No
roba más. Murió ‘ladroncito’ baleado por la
policía” (29/09/2012 – ver también Boletín
Informativo nº 675). La movilización de los vecinos de la
villa Carlos Gardel impidió que esta versión se consolidara.
Por su parte, el progresismo sabatellista, que vota leyes antiterroristas,
enseguida intentó capitalizar este hecho a su favor, para insistir
sobre la organización de otra policía, sólo que
dirigida por ellos.
En el complejo habitacional Centenario, de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, un policía asesinó a un hombre. La versión
oficial fue similar a la primera noticia sobre el asesinato de Alexander
Zarcovich, y que se repite en todas las crónicas policiales de
asesinatos perpetrados por represores: El policía, según
esa versión, fue abordado por tres hombres armados, con intención
de robo. El represor tuvo el tiempo de identificarse como policía,
dar la voz de alto, sacar su arma, participar de un tiroteo del que
salió ileso, y matar al supuesto asaltante. Digno relato de películas
estilo western, que es básicamente el mismo que se repite cada
vez que ocurre un hecho de este tipo. Y, a su vez, es el mismo relato
que ya denunciaba Rodolfo Walsh, en 1968, cuando escribió la
nota sobre “La secta del gatillo alegre”.
El último caso que conocemos es el de Brenda Solange Guerault
(23), asesinada por su novio policía, Maximiliano Villarda, de
una comisaría de Olivos, Provincia de Buenos Aires. Como también
escribía Walsh por esa época “La vocación
de violencia de los policías bonaerenses no se agota en estos
episodios. Sus conflictos personales y aun sus pequeños incidentes
cotidianos suelen resolverse por la vía del ‘arma reglamentaria’.”
Es así que, mientras algunos sueñan con quebrar al aparato
represivo estatal, o la cadena de mandos, con la ayuda de algún
reclamo reivindicativo, en estos días los desclasados no descansaron
en el cumplimiento de su función. Siguieron asesinando y torturando
como lo hacen desde que existen.
Otra vez sobre la asonada de los desclasados.
Como decíamos
en la nota sobre los compañeros de la línea 60, poco después
de finalizado el conflicto por los salarios, los gendarmes los desalojaron
de la Panamericana.
Es que los integrantes de las fuerzas represivas no son trabajadores,
sino desclasados. Son aquellos que, proviniendo en su mayoría
de la clase trabajadora, están dispuestos a matar en defensa
de los intereses de los capitalistas, a cambio de una paga.
Por eso, lejos estamos de confundir al perro con el amo. No los consideramos
burgueses, sino perros guardianes de la burguesía.
Su conciencia está determinada por su existencia. Ingresaron
voluntariamente a una fuerza represiva, en la que se forman profesionalmente
para vigilar, controlar y reprimir. Su vida está determinada
por esta tarea y su subjetividad adaptada a la misma. Esta subjetividad
se forma a lo largo del tiempo en cientos de hechos, desde la participación
en torturas en comisarías, en hechos delictivos, hasta en la
vigilancia en los barrios, con las lógicas detenciones arbitrarias
de los pibes pobres, por portación de cara, y el consabido verdugueo
que diariamente sufren millones de pobres en nuestro país.
Luego, en cada hecho represivo que descargan sobre los trabajadores,
muestran la imposibilidad de solidarizarse con quienes fueron, en algún
momento, sus hermanos de clase.
Ruptura de la cadena de mandos.
Dentro del campo popular hay quienes creen, de buena fe, que el reclamo
salarial protagonizado por los represores, puede provocar una ruptura
en la cadena de mandos. Dentro del conjunto de estas organizaciones,
no son pocas los que estigmatizan a otras organizaciones como la nuestra,
con calificativos como sectarios, ultraizquierdistas, o infantilistas,
por negar esa posibilidad.
Suponer que los integrantes de las fuerzas represivas, que están
preparadas técnica e ideológicamente para reprimir rebeliones
populares, puedan romper con la ideología que los estructura,
dentro de la cual está la cadena de mandos, por un recorte salarial,
es cuanto menos ingenuo. Concluir que puedan llegar a solidarizarse
con los trabajadores y negarse a reprimir, por el mismo motivo, roza
el delirio.
Quien no tiene escrúpulos para desarrollar todo tipo de acciones
represivas, desde el verdugueo hasta la tortura y la muerte, pasando
por la criminalidad policial, no abandona su puesto por un recorte de
salarios. Mucho menos cuando sabe que es imprescindible para el mantenimiento
del orden de esta sociedad de clases. En cambio, hace valer su importancia,
para que rápidamente le solucionen el problema. Todo ello sin
dejar de reprimir, sin dejar de saturar los barrios, sin dejar de vigilar.
Lograr sus objetivos los reafirma en ese pensamiento y en el orgullo
de la “labor” que llevan a cabo; los envalentona.
Es más, este cambio en la subjetividad, por cuestiones reivindicativas,
no sucede ni con los trabajadores que, con un 20% de desocupación
votaban por Menem, o que votaron por Cristina Kirchner, aún cuando
desde 2003, hasta la fecha, se dan la mayor cantidad de casos de gatillo
fácil que afectan a sectores provenientes de la clase trabajadora.
La
sindicalización.
Asimismo, creer que la sindicalización puede tener como efecto
esa ruptura de cadena de mandos, o cuestionar la jerarquía verticalista,
sigue siendo tan ingenuo como lo anterior.
La sindicalización no cuestiona las estructuras verticalistas,
ni es incompatible con ellas. Los trabajadores estatales están
estructurados dentro de la jerarquía de la administración
pública. De hecho, la jerarquía administrativa es uno
de los fundamentos de la potestad disciplinaria. Sin embargo, ello no
es incompatible con la agremiación de miles de trabajadores estatales.
Por otra parte, es ignorar las experiencias de otros países.
En España, por ejemplo, el titular del Sindicato Unificado de
la Policía (SUP), ha justificado las represiones contra el movimiento
de los indignados, la infiltración, el uso de policías
encapuchados (Europapress, 26/09/2012), el actual tratamiento brutal
a los independentistas vascos, y ha pedido mantener represión
contra ETA, aún luego de anunciado el alto el fuego (Europapress
06/09/2010; 21/12/2011). En Grecia, además de que vienen reprimiendo
las luchas contra el ajuste desde hace tiempo, el sindicato policial
ha advertido a las autoridades del Estado, a título de amenaza,
que se negarán a reprimir las protestas de trabajadores si se
les reduce el sueldo (Boletín informativo nº 674). Ése
es el trabajo que realiza el aparato represivo estatal. El trabajo de
un mercenario.
Además, desconoce que la sindicalización no es impulsada
por miembros de la base de las fuerzas represivas. Al contrario, entre
los principales impulsores se puede encontrar a más de un comisario.
Valga el ejemplo de Edgardo Mastandrea, comisario retirado que se paseó
por todo el arco político “progresista” durante la
década del ’90, y parte de la primera década del
siglo XXI, impulsando la sindicalización policial, y que cayó
en desgracia cuando fue detenido y procesado por su participación
en crímenes cometidos durante la dictadura.
No tiene en cuenta, tampoco, la naturaleza de los reclamos que suelen
enarbolar estas organizaciones autodenominadas sindicatos: mejor equipamiento
(represivo) provisto por el Estado, mejores condiciones de trabajo (de
ejercicio de la represión), o asistencia jurídica estatal
por hechos de servicio (léase, asistencia jurídica gratuita
cuando deben enfrentar acusaciones por gatillo fácil o tortura)
son los más usuales (ver Boletín informativo nº 428
respecto de las “reivindicaciones” del sindicalismo policial
español).
La
quiebra del aparato represivo.
No desconocemos que, en determinado momento, ante las luchas del pueblo
organizado, el aparato represivo se puede quebrar y hasta disgregar.
Pero ello ocurre cuando estos desclasados se enfrentan a la violencia
organizada del pueblo. Parafraseando a Roque Dalton, cuando los represores
dejan de ver al pueblo como un montón de espaldas que huyen,
y comienzan a verlo venir de pecho y con cada vez más fusiles.
Lejos de estar en una situación como esa, las últimas
elecciones muestran un fortalecimiento de la hegemonía burguesa,
no sólo por la votación masiva por Cristina Kirchner,
sino por el hecho de que el resto que votó, lo hizo también
por otras variantes burguesas, más o menos reaccionarias. Lo
demuestra también el hecho de que, pese a los continuos ataques
represivos sobre organizaciones de trabajadores clasistas, que ya nos
costaron varios compañeros muertos en los últimos años,
no puede ponerse en pie un espacio de coordinación para combatir,
siguiendo una política de frente único, esa misma represión.
Ni hablar de organizar la autodefensa o de tener una política
de seguridad común en las movilizaciones.
Así, la política de las organizaciones que llaman a intervenir
en el aparato represivo estatal, sea a título de agitar consignas
por afuera, o a organizar a los mismos represores, en este contexto
es grave. Por un lado, porque dan la falsa idea de que el aparato represivo
puede ser reformado y se puede alterar su naturaleza sin combatirlo.
Por el otro, porque pese a lo que se dice, no actúan en consecuencia.
En los hechos, ninguna organización de izquierda tiene tal intervención,
por lo que terminan llevando a cabo una política de disputa con
otras organizaciones del mismo campo, corriéndolas por izquierda,
pero sin tener una política que coincida con sus discursos.
La técnica determina la táctica.
Esto, que quiere hacerse pasar como la palabra certera de la política
revolucionaria, ignora una indicación de método, básica
de los grandes revolucionarios: la táctica militar depende de
la técnica militar. Ninguna organización de las que levantan
estas posturas tiene un estudio de la técnica militar del aparato
represivo estatal. Reducir la cuestión técnica al tipo
de armamento sería de simplificar la cuestión. Ésta
remite al tipo de preparación de la fuerza represiva, las hipótesis
de conflicto que manejan, y cómo se organizan para enfrentarlas.
Todo esto remite no sólo a la cuestión político–militar,
sino también a la ideológica.
Así, despreciando este tipo de cuestiones, algunas organizaciones
han hasta levantado la condición 4ª, para la admisión
de los partidos comunistas en la III Internacional, como justificativo
de la necesidad de intervenir en las fuerzas represivas (“El deber
de propagar las ideas comunistas implica la necesidad absoluta de llevar
a cabo una propaganda y una agitación sistemática y perseverante
entre las tropas. En los lugares donde la propaganda abierta presente
dificultades a consecuencia de las leyes de excepción, debe ser
realizada ilegalmente. Negarse a hacerlo constituiría una traición
al deber revolucionario y en consecuencia incompatible con la afiliación
a la III Internacional”).
Se hace así una analogía apresurada. Se hace abstracción
de que esas condiciones se establecieron en la etapa de la primera posguerra,
luego del triunfo de la revolución rusa, en forma contemporánea
a las revoluciones húngara, alemana y italiana, en una situación
de agotamiento de la economía europea, de franca debilidad de
los estados, y de la existencia de organizaciones que aglutinaban a
millones de trabajadores, con una perspectiva de clase revolucionaria.
Pero, además, también hace abstracción del tipo
de ejércitos existentes en ese momento. Los ejércitos
de los principales países eran organizaciones de leva forzosa.
Su componente mayoritario era de soldados obreros y campesinos que habían
sido obligados a alistarse para, transitoriamente, prestar servicios
militares. Lejos de tratarse de hombres que hacían de la represión
su modo de vida, las fuerzas armadas estaban sobrepobladas de hombres
cuya existencia estaba determinada por el trabajo en la fábrica,
en la ciudad o en el campo.
Es decir que, este tipo de propuestas, ignora la indicación de
método de estudiar las características del aparato represivo,
para luego determinar qué tipo de táctica adoptar.
Pero aún cuando no consideremos todas estas cuestiones, es decir,
aún cuando nos neguemos a analizar la situación concreta
en la que se propone actuar, los mismos revolucionarios explicaban cuánto
había de rutinario en la concepción que pretendía
que las tropas se pasarían de bando como consecuencia del trabajo
realizado en ellas. Por el contrario, indicaban que, llegado el momento,
habría que dar una lucha física por quebrar a las tropas,
para que algunos sectores se pasen a las filas del pueblo (vgr. Lenin,
Las enseñanzas de la insurrección de Moscú).
En la actualidad no existen las organizaciones capaces de llevar adelante
tal política.
En cuanto al aparato represivo, en septiembre la Gendarmería
Nacional fue anfitriona de un Encuentro Regional para la Policía
Internacional de la ONU (UNPOL). La hipótesis para la que se
prepara gendarmería es intervenir en un Estado con conflicto
interno (rebelión popular), en lo que denominan como Operaciones
de Paz. Esto es, invasión de fuerzas militares bajo mandato del
Consejo de Seguridad de la ONU, tendiente a reprimir el conflicto, y
a reestablecer una Policía Nacional, que pueda asegurar la represión
interna sin intervención de las Naciones Unidas (Boletín
informativo nº 674).
Nuestras Fuerzas Armadas también realizan ejercicios conjuntos,
con otros ejércitos americanos, con dirección de los Estados
Unidos, en hipótesis de conformación de fuerzas multinacionales
bajo mandato del Consejo de Seguridad, en Operaciones de Paz. Ejercicios
conjuntos como el “Cabañas” son paradigmáticos.
Asimismo, existe la política de utilizar locaciones militares
de los países anfitriones, para encubrir bases militares yanquis,
o de realizar misiones humanitarias para legitimar al ejército
ante la población, al mismo tiempo que se hace reconocimiento
del terreno y de la cultura en la que se intenta intervenir (“Plan
Ahí” en la Argentina, o los Medrete’s, Beyond Horizons,
entre otros, del Comando Sur).
La colaboración de nuestras fuerzas represivas con el imperialismo
yanqui y europeo es total. Miles de integrantes de estas fuerzas se
han formado en los últimos años en cursos norteamericanos
financiados por el Departamento de Estado (Ver en su página de
Internet, Foreign Military Training).
La principal hipótesis de intervención es siempre la represión
de rebeliones populares mediante una fuerza multinacional dirigida por
los Estados Unidos. Para esto se preparan diariamente nuestras fuerzas
represivas. Y todo esto sin contar aquélla colaboración
que no conocemos por ser clasificada.
Por eso, el “andate zurda” que le gritaron a una dirigente
de izquierda tiene un significado muy diferente al que le pudo haber
gritado un trabajador de la burocracia sindical. La izquierda tiene
un trabajo de años formando agrupaciones antiburocráticas
que buscan arrebatarle los sindicatos a la burocracia. En cada rama
de la producción, es posible encontrar núcleos de revolucionarios
desarrollando esa tarea. Es lógico que un burócrata le
grite eso a un dirigente de izquierda porque desarrollan una lucha todos
los días por el control del gremio. No ocurre lo mismo en las
fuerzas de seguridad, donde no hay trabajo alguno que pueda balancearse.
El “andate zurda” no remite a un enfrentamiento cotidiano,
pero también histórico en el seno de la clase obrera,
sino a la preparación ideológica de la fuerza organizada
para reprimirla.
Plantear una política de intervención, desconociendo las
características de la fuerza represiva es, por lo menos, irresponsable.
Un
poco de represión no está mal.
Luego,
hasta se han dado justificaciones que rayan con el pensamiento más
reaccionario. Todo con el objetivo de lograr un convencimiento sobre
la necesidad de militar a las fuerzas represivas.
Así, hemos leído que se justificaba un tipo de represión
estatal porque es la que se abate sobre el delito común, cuyo
principal damnificado es el trabajador y su derecho de propiedad. En
consecuencia, compañeros que se dicen revolucionarios, sostienen
que esta represión no es mala. Si no es mala, ¿será
que es una consecuencia adecuada al tipo de fenómeno que enfrenta?.
Curiosamente, en esas notas no se plantea atacar las causas del delito,
el capitalismo mismo, sino que se intenta justificar cierto grado de
represión sobre la base de la existencia de delito. Nada que
envidiarle a cualquier campaña de inseguridad de la burguesía.
Decimos curiosamente, porque luego se sostiene que el “reciente”
fenómeno de lumpenización de la fuerza represiva (criminalidad
policial) tendría como causa los bajos salarios de los policías,
por lo que en este caso sí se propone atacar esa supuesta causa,
reclamando que se los aumenten. Véase cómo, respecto del
delito que sería protagonizado por el pibe chorro, la represión
sí está justificada, mientras que no se postula reprimir
a los represores por la criminalidad policial. Como decíamos,
un discurso que podría sostener cualquier burgués reaccionario.
Además de reaccionario, es ignorante, porque la criminalidad
no es, ni de lejos, un fenómeno reciente. En su momento, Rodolfo
Walsh escribía en el diario de la CGT de los Argentinos, que
la secta del gatillo alegre era la logia de los dedos en la lata, señalando
correctamente la relación que existe entre la función
represiva y la criminalidad policial (1968). Este fenómeno hasta
se puede observar en películas como “Pandillas de Nueva
York”, de Martin Scorsese, ambientada en 1865, en donde un irlandés,
devenido en policía, va por las noches a los escondites de los
pibes chorros de los “Five Points” a reclamar parte del
botín. Pudo verse también en el robo de propiedades de
algunos desaparecidos por parte de la jerarquía militar de la
última dictadura. Luciano Arruga nos recuerda permanentemente
quién organiza el delito en los barrios, para quiénes
trabajan los pibes chorros, y qué les pasa cuando quieren negarse
a trabajar para la policía.
Ninguna
colaboración.
En el
momento actual en el que se encuentran nuestras organizaciones, plantear
algún tipo de colaboración entre el campo popular y el
aparato represivo estatal es, en primer lugar, imprudente. Se abriría
la puerta a un mayor conocimiento de parte de integrantes del aparato
represivo de nuestras organizaciones. Permitirlo linda con lo criminal.
En cambio, es necesario consolidar la colaboración entre organizaciones
para hacer efectivo, en la realidad de la militancia cotidiana, el frente
único. No para salir en forma espasmódica ante la represión
de alguna lucha popular, sino para que ese frente único exprese
una política de coordinación sistemática de defensa
de todo compañero represaliado por luchar.
Lejos de estar en una situación en la que debamos preocuparnos
y distraer fuerzas en generar conciencia popular en el aparato represivo
(algo que nosotros negamos que se pueda lograr actualmente), debemos
generar conciencia antirrepresiva en el pueblo, para que no vea con
naturalidad la saturación de fuerzas de seguridad en el territorio.
Que no sea natural para nuestro pueblo que haya policías provinciales,
municipales, federales, y de tipo militar, saturando con retenes de
control el territorio. Debemos generar conciencia de que no es normal
que nuestros barrios se hayan convertido en un gueto.
Por eso es que constantemente decimos que, en este aspecto, no hay política
de reforma, que la única política viable contra la represión
es la que llama a organizarse y a luchar.
FUENTE:
CORREPI
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