BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 677
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
21 de
febrero del 2012
Del 28
de octubre del 2012
Sumario:
1.
Repudiamos las condenas a Fernando Esteche y Raúl “Boli”
Lescano y el pedido de detención
a
Javier Hermosilla y Oscar Coria.
2.
Cae un narcocomisario por internas en el gobierno.
3.
Primero represión, luego persecución.
4.
Torturas y muertes tras las rejas.
5.
El Pentágono y la sumisión argentina.
Repudiamos
las condenas a Fernando Esteche y Raúl “Boli” Lescano
y el pedido de detención a Javier Hermosilla y Oscar Coria.
El 12
de octubre, la Cámara de Casación Penal confirmó
la condena de Fernando Esteche y Raúl Lescano, dirigentes del
MPR Quebracho, de tres años y ocho meses, y tres años
y seis meses de prisión respectivamente, que había dictado
en 2010 el Tribunal Oral Federal Nº 3, en la causa iniciada tras
el repudio realizado contra el impune ex gobernador de Neuquén
Jorge Sobisch, uno de los responsables políticos del asesinato
del docente Carlos Fuentealba, en abril de 2007. Otros seis militantes
de la misma 0rganización fueron condenados a tres años
de prisión.
Fernando
Esteche no estuvo siquiera presente en la manifestación frente
al local partidario de Sobisch, tal como se probó en las distintas
instancias judiciales. Fue condenado por “autoría ideológica”
y responsabilidad política. Si el recurso extraordinario presentado
por los compañeros en el marco de una gran movilización
frente a los tribunales no prospera, Fernando Esteche deberá
cumplir la pena en prisión. Vale recordar que, cuando se inició
el proceso, en 2007, tanto él como el “Boli” Lescano
fueron detenidos, encarcelados durante seis meses y liberados luego
de 43 días de huelga de hambre.
Así,
mientras Jorge Sobisch no pasó ni un día por tribunales,
pese a ser responsable del asesinato de Jorge Fuentealba; y Poblete,
el autor material, puede salir de la prisión a pasear cuantas
veces quiera, en violación a la condena que le impusieron, el
estado argentino condena a quienes salieron a repudiar ese crimen.
Simultáneamente,
el fiscal federal Paulo Starc de San Martín, que actúa
ante el juzgado federal de Tres de Febrero, pidió la prisión
preventiva de uno de los principales referentes de la Comisión
Interna de Kraft Terrabusi, Javier "Poke" Hermosilla y de
Oscar Coria, Delegado de Sector de Kraft despedido en el histórico
conflicto del 2009. La Fiscalía General a cargo de Pablo Quiroga
apoyó el pedido.
El pedido
se basa en haber incurrido en una "reiteración delictual"
y "continuar ejerciendo una conducta criminal", por participar
de manifestaciones de los trabajadores de Kraft, ya que son decenas
las causas iniciadas ante ese juzgado federal contra los trabajadores
de Kraft y Poke Hermosilla por movilizaciones. Igual que en el caso
de los trabajadores del Frigorífico Rioplatense, Paty y otros
de la zona, manifestarse en la vía pública en defensa
de sus derechos es, para el aparato judicial, un delito, y los compañeros
deben ser encerrados, para que aprendan a callarse la boca y agachar
el lomo ante la explotación de las patronales. En el caso de
Hermosilla, además, el fiscal federal hace especial referencia
a su “peligrosidad” criminal, ya que, pese a la multiplicidad
de causas, el compañero no escarmienta...
Éstas
no son situaciones excepcionales, inauditas ni sorpresivas. Se cuentan
por miles los criminalizados por luchar durante el “gobierno de
los derechos humanos”, lo que demuestra que se trata de una política
de estado. En cada caso, jueces y fiscales recurren a argumentos insólitos
individualmente considerados, que, en su conjunto, responden a la orden
que Aníbal Fernández sintetizara, en nombre del gobierno
nacional, hace ya más de siete años: Perseguir a los que
protestan con el Código Penal en la mano. Debemos redoblar los
esfuerzos para enfrentar la persecución de los que luchan en
forma organizada.
Cae
un narcocomisario por internas en el gobierno.
La interna
entre el gobierno nacional y el de la provincia de Santa Fe hizo que
saliera a la luz uno de los cotidianos negociados de la policía
con el narcotráfico.
El manejo
de la droga por parte de las fuerzas represivas en todo el país,
y, en particular por la policía santafesina, es una realidad
que nadie desconoce. Mucho menos el pueblo de Santa Fe, que vive cotidianamente
los asesinatos por ajustes de cuenta en los barrios entre las bandas
y la policía por sus negociados. Un ejemplo que transcendió
recientemente fue el asesinato de un militante del FPDS a manos de una
banda dirigida por la comisaría del barrio en el que ellos hacían
trabajos barriales.
En un
pase de factura, el escándalo actual comenzó con la revelación
de unas escuchas telefónicas en el diario Página/12, que
involucraban al comisario general de la santafesina, Hugo Tognoli, con
Carlos Ascaini, jefe de una banda de narcos, en la colaboración
con negocios vinculados con la droga en la provincia.
A partir
de esto, se generaron una seguidilla de acusaciones que derivaron en
la renuncia del comisario general, quien se encuentra bajo “custodia”
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del viceministro de
Seguridad de la provincia, quien también debió pagar los
platos rotos del destape de olla.
Lo cierto
es que, hasta ahora, la investigación no muestra ninguna seriedad.
Aún no han pedido el celular desde el que se realizaron las comunicaciones
entre Tognoli y Ascaini, con lo cual, lo más probable es que
el ex comisario quede libre.
Tanto
el gobierno nacional como el de la provincia, se acusan uno a otro de
no hacerse responsables de trabajar para “terminar con la criminalidad
policial”. Lo cierto es que la cotidianeidad de hechos como éste,
marca que estos movimientos no son más que un pase de factura
en una interna política y que nada les interesa lo que sí
sufre el pueblo a diario como consecuencia de los sucios y millonarios
negocios que manejan sus perros guardianes.
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Primero
represión, luego persecución.
En el
boletín anterior hablamos de la represión sufrida por
los trabajadores de la Línea 60, cuando fueron desalojados por
la gendarmería, con el ex carapintada Berni al mando, luego de
la apretada que recibieron por parte de la patota que envió la
patronal DOTA.
Luego
de esto, el gobierno nacional, a través del ministerio de Seguridad,
denunció a los delegados por "entorpecimiento del normal
funcionamiento del transporte", delito que tiene una pena que va
de los 2 a 8 años de prisión. Lo cínico del caso
es que, tras esta denuncia, los funcionarios nuevamente remarcaron que
"no buscan criminalizar la protesta social".
La misma
semana, en el barrio jujeño de Islas Malvinas, cientos de vecinos
realizaron una protesta en contra de la ampliación de la planta
de energía Ejesa y del cableado subterráneo que ésta
viene realizando en la zona. Desde hace años vienen denunciando
que la gente se muere de cáncer y los niños tienen problemas
graves de crecimiento debido a la contaminación producida por
esta planta.
Una vez
más, el gobierno kirchnerista de Fellner resolvió el problema
como siempre lo hace: reprimiendo. El envío de infantería
y policías de grupos especiales para desalojar el piquete que
realizaban los vecinos en las inmediaciones de la planta dejó
como saldo 80 heridos y 70 detenidos.
Tras la
represión, el gobierno jujeño imputó a más
de 30 vecinos por los delitos de "impedir y entorpecer la normal
prestación del servicio eléctrico y atentado calificado".
Como vemos, dos ejemplos calcados de cómo se criminaliza la protesta
y se persigue a los que luchan, primero con las botas, luego con el
código penal.
Estas
prácticas son las que, desde hace años, denunciamos como
políticas de Estado, junto al gatillo fácil, las torturas
en lugares de detención, los muertos en manifestaciones y la
sanción de leyes antiterroristas. Más de 5.000 procesados,
que previamente han sufrido aprietes y represión, es el dato
contundente con el que afirmamos que este gobierno es el más
represor desde 1983, por más que se autoproclame como "el
de los Derechos Humanos".
Torturas
y muertes tras las rejas.
Trascendió
en estos días que un preso de 43 años, se animó
a denunciar las torturas que recibía por parte de dos guardiacárceles
del penal de Bower, Córdoba, que lo ataron, picanearon y encerraron
en un horno de panadería. Pero aunque los torturadores fueron
detenidos, como de costumbre la imputación es por los delitos
de “severidades” y "vejámenes”, y no por
tortura. Además de la notoria diferencia en la pena prevista,
la elección de esas figuras menores excluye la responsabilidad
estatal, pues, como lo sentenció la Corte Suprema en el “leading
case” del comisario Derecho, sólo la aplicación
de tormentos es crimen de estado, y no los paremos, vejaciones o similares.
Mientras
tanto, en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Scioli, en el
marco de su interna con el kichnerismo, impulsa una "Comisión
contra la tortura y los malos tratos en cárceles", que viene
a sincerar, tras 9 años de gobierno kirchnerista nacional y provincial,
y 5 de la gobernación de Scioli... que existe la tortura en las
cárceles bonaerenses.
Como para
confirmar, una vez más, que la represión en las cárceles,
como el conjunto de las políticas represivas, no es propia sólo
de un distrito o un partido de gobierno, sino parte de la naturaleza
del sistema social en que vivimos, gobierne quien gobierne, en el Instituto
de Rehabilitación del Adolescente Rosario (Irar) de la “socialista”
provincia de Santa Fe, un pibe de 17 años apareció muerto
el 24 de octubre a las 3 de la madrugada, con signos de ahorcamiento.
Como reflejo
de esa política de estado, la Procuración Penitenciaria
Nacional dio a conocer, hace pocos meses, un documento donde denuncia
que se duplicaron, en un año, las denuncias por torturas a presos
en cárceles federales.
Las torturas
y muertes en cárceles, comisarías y lugares de detención
de menores representan, junto a los fusilamientos de gatillo fácil,
cerca del 80% del total de muertes a manos de las fuerzas de seguridad
estatales.
El
Pentágono y la sumisión argentina.
En la
segunda semana de octubre, se llevó a cabo, en Punta del Este,
Uruguay, la Décima Conferencia de Ministros de Defensa de las
Américas, en el marco del cumplimiento del Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca (TIAR). Horacio Verbitsky escribió
dos notas en Página/12 (08/10/2012 y 15/10/2012), explicando
la posición de Estados Unidos y tratando de mostrar al gobierno
argentino como opuesto a esa política.
Respecto
de Estados Unidos, no hay ninguna novedad. Sigue la misma política
de expansión imperialista que tiene desde, por lo menos, principios
del siglo XX. Bajo una supuesta doctrina de defensa, toda su estrategia
se basa, a grandes rasgos, en usar el hemisferio occidental de base
de apoyo para su expansión a nivel mundial. Verbitsky señala
como “nueva” la doctrina de utilizar a las fuerzas armadas
como fuerzas de seguridad, en casos de desastres naturales o sociales,
algo que no lo es, ya que, desde hace años, los yanquis la vienen
postulando como forma, además, de legitimar al ejército.
El Comando Sur organiza ejercicios como el Medrete’s, el Medcap,
el Beyond the Horizons o el New Horizons hace tiempo en toda América
Latina. Pero, además, ha sido el propio gobierno kirchnerista
quien ha implementado, en el marco del Plan Nacional de Abordaje Integral
(Plan Ahí), el desembarco de las fuerzas armadas en las
villas miseria.
Otro aspecto
que implicaría esta política del Pentágono,
sería la de utilizar fuerzas armadas del hemisferio en otros
lugares del mundo, como exportadores de seguridad. Otra vez, no tiene
nada de nuevo, si atendemos a la cantidad de territorios ocupados por
fuerzas multinacionales, bajo mandato formal de las Naciones Unidas
pero que, en los hechos, no es más que mandato del Consejo de
Seguridad, cuando no de Estados Unidos solamente (Haití,
Chipre, Kosovo, Darfur, Timor Oriental). Es para ello que constantemente
nuestras fuerzas armadas y de seguridad se entrenan con los yanquis,
en ejercicios cuya hipótesis es la realización de operaciones
de paz de fuerzas multinacionales, en territorios a pacificar.
Tampoco
es nueva la política de fomento de la capacidad de interoperabilidad,
es decir, de dar cursos sobre manejo de armamento, para luego vendérselo
a los beneficiarios de los cursos. Es política del Departamento
de Estado yanqui el otorgar becas para cursos y luego vender armamento
relacionado con los cursos brindados, desde hace por lo menos una década.
Desde 2003 hasta la fecha más de 5.000 integrantes del aparato
represivo estatal argentino se han entrenado con los yanquis (ver en
la página del Departamento de Estado: Foreign Military Training).
Nada de
lo que nos cuenta el autor de las notas es nuevo. La doctrina de agresión
del imperialismo yanqui (mal llamada de “defensa”) consiste
en unificar doctrina con el resto de las fuerzas armadas del continente,
para que éstas puedan ejercer la labor de gendarme en lugar del
ejército norteamericano, lo que ahorra costos al imperialismo
y lo libera del fantasma de Vietnam. En los hechos, las fuerzas armadas
locales son ejército de ocupación de nuestros “hermanos
del norte”.
El documento
de Estrategia de Defensa Nacional, de 2008, del Departamento de Defensa,
confesaba sin tapujos que “Este conflicto es una campaña
irregular prolongada, una violenta lucha por la legitimidad y la influencia
sobre la población. El uso de la fuerza juega un papel, sin embargo,
los esfuerzos militares para capturar y matar a los terroristas pueden
estar subordinados a las medidas para promover la participación
local en el gobierno y los programas económicos para estimular
el desarrollo, así como los esfuerzos para entender y atender
las quejas que a menudo se encuentran en el corazón de la insurgencia.
Por estas razones, posiblemente el componente militar más importante
de la lucha contra los extremistas violentos no es tanto nuestra propia
intervención, sino lo bien que ayudamos a nuestros socios a defenderse
y gobernarse a sí mismos. Trabajar con y por medio de los
agentes locales cuando sea posible para hacer frente a los retos de
seguridad común es el enfoque mejor y más sostenible para
luchar contra el extremismo violento. A menudo, nuestros socios están
en mejor posición para manejar un determinado problema porque
entienden la geografía local, las estructuras sociales y
la cultura local mejor que lo que nosotros jamás podríamos.
Es la colaboración entre las agencias de nuestros socios internacionales
lo que ayudará a los Estados vulnerables y las poblaciones locales
en su intento de mejorar las condiciones para erradicar el extremismo
y desmantelar las estructuras que apoyan y permiten que los grupos extremistas
crezcan”.
(http://www.defense.gov/news/2008%20National%20Defense%20Strategy.pdf)
Como puede
verse, no hay nada nuevo bajo el sol. La misma política imperialista
de siempre, y la misma sumisión de las burguesías autóctonas
y sus eventuales representantes políticos.
FUENTE:
CORREPI
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