BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 680
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Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
18 de
diciembre del 2012
Del 6
de diciembredel 2012
Sumario:
1. Gerardo Martínez y su patota: Represión y encubrimiento,
las dos caras de una política de estado.
2.
Avanza la coordinación en la lucha antirrepresiva.
3.
Maverick: Invirtiendo en represión.
4.
Libertad a los presos de Corral de Bustos.
5.
A 20 años de la muerte de Rodolfo “Fito” Ríos
y Sergio Durán: La tortura en cárceles y comisarías
sigue siendo política de estado.
Gerardo
Martínez y su patota: Represión y encubrimiento, las dos
caras de una política de estado. RECOMENDADA
El martes
27 de noviembre, varios integrantes de organizaciones ambientalistas
autoconvocados en la legislatura de Chubut, que se oponen a la minería
contaminante, fueron reprimidos por 500 patoteros de la UOCRA contratados
por funcionarios del gobernador Martín Buzzi. El resultado fue
de varios heridos, algunos de gravedad.
La misma
semana, varias organizaciones populares, entre ellas CORREPI, se concentraron
en las puertas de los tribunales de Comodoro Py para exigir la reapertura
de la causa contra Gerardo Martínez, alias Gabriel Mansilla,
su "nombre de guerra" cuando era un informante del batallón
601 en la ultima dictadura militar.
La causa
contra el secretario general de la UOCRA , que hoy forma parte de la
CGT oficialista en la que se apoya el kirchnerismo, fue archivada porque,
según los jueces y fiscales "No se registran desapariciones
de trabajadores de la construcción al momento en que Martínez
ingresó a los servicios de inteligencia" (ver boletín
N° 674).
Lo cierto
es que la causa fue archivada por orden del gobierno, quien necesita
a Martínez para, por una parte, contrarrestar la ruptura con
el moyanismo, y, por la otra, tercerizar la represión, como es
el caso de Chubut.
Cuando
un periodista le preguntó a Mateo Suárez, dirigente de
la UOCRA en Chubut, si ellos habían actuado por voluntad propia,
la elocuente respuesta fue "Nosotros no hacemos nada por cuenta
propia". Claro que no, ellos son el garrote que ejecuta las políticas
represivas del estado.
El jueves,
la audiencia que estaba prevista para tratar la reapertura de la causa
a Gerardo Martínez en la cámara federal se pospuso por
"problemas de agenda de los jueces", hecho del cual se dieron
cuenta el mismo jueves, aparentemente, ya que nada se notificó
a las partes, en otra maniobra clara para continuar encubriendo al leal
represor de ayer y hoy. En la nueva fecha fijada, martes 11 de diciembre,
a las 10:30, volveremos a movilizar junto a los compañeros del
SITRAIC, AEDD y todos los que denunciamos no sólo el pasado al
servicio de la dictadura del burócrata, sino también su
presente al servicio del actual gobierno, siempre para reprimir trabajadores.
Avanza
la coordinación en la lucha antirrepresiva.
Hace poco
más de un año, compañeros de diferentes organizaciones
antirrepresivas de todo el país, nos planteamos aunar esfuerzos
para que nuestra lucha se visibilice y sea cada vez más fuerte.
Así, llegamos a noviembre de este año, para realizar el
3º Encuentro Nacional Antirrepresivo. Son parte de esta iniciativa
compañeros de Córdoba, Comodoro Rivadavia, Mendoza, Mar
del Plata, Olavarría, Rosario, El Bolsón, Gran Buenos
Aires y ciudad de Buenos Aires.
El trabajo
conjunto de todo un año se vio reflejado en importantes avances
en la discusión y la organización, y se plasmaron en el
crecimiento del Encuentro, que llega a más lugares del país.
Frente
a la política represiva del gobierno que se perfecciona y que
sostiene los índices de asesinados por el gatillo fácil
y la tortura, la impunidad ante los hechos de desapariciones, la persecución
y los asesinatos a los que luchan, desde el Encuentro construimos diariamente,
en distintas provincias del país, una coordinación que
nos permite enfrentar juntos esta nefasta política con la que
se ataca sistemáticamente al pueblo.
Mientras
los esfuerzos del gobierno por cooptar organizaciones y despegarse de
la responsabilidad política de los hechos de represión
ante la "opinión pública", hoy particularmente
planteando una "Campaña contra la violencia institucional",
desde las organizaciones antirrepresivas nos toca contrarrestar este
discurso y organizarnos más y mejor. En estas tareas están
puestos nuestros esfuerzos en los que damos pasos firmes en el camino
de la lucha.
Hoy podemos
plantearnos que, a lo largo y ancho del país, ante cada hecho
de represión, somos muchos más los compañeros que
responderemos con ORGANIZACIÓN Y LUCHA.
Maverick:
Invirtiendo en represión.
Este mes
llegó a Argentina una nueva herramienta represiva, el blindado
Maverick. El vehículo, con el que nos encontraremos próximamente
en las calles reprimiendo manifestaciones, tiene capacidad para 12 policías,
está completamente blindado y fue construido específicamente
"para las Fuerzas Policiales y organismos encargados del cumplimiento
de la Ley , con el fin de controlar disturbios, el orden público
y operaciones especializadas," según la descripción
de sus fabricantes, el Grupo Paramount (http://www.paramountgroup.biz/es/maverick).
En otras palabras, es un vehículo hecho concretamente para reprimir
manifestaciones.
El Grupo
Paramount es una empresa sudafricana que se dedica a fabricar armas
y elementos represivos para gobiernos en todo el mundo y se presentan
de la siguiente manera: "Porque queremos la paz, trabajamos para
la defensa y la seguridad interior", frase que expone una realidad:
la paz se hace con balas y ellos trabajan para eso, construyendo armamento
para reprimir. Sabemos que el orden social se garantiza reprimiendo
a quienes se opongan, como pueden ser los trabajadores llevando adelante
luchas por sus reivindicaciones, como bien supieron los 33 mineros fusilados
este año en Sudáfrica cuando estaban haciendo una huelga.
El armamento que utilizó la policía del estado Sudafricano
para fusilar a los mineros y así, terminar con la huelga, fue
hecho por el Grupo Paramount.
El blindado
está siendo probado por la policía de Buenos Aires, para
su pronta incorporación al arsenal represivo con el que cuentan
las fuerzas de seguridad del Estado. De esta forma, el gobierno kirchnerista
mantiene su inversión en elementos de represión. Frente
a un escenario donde la crisis económica pesa sobre las espaldas
de los trabajadores, y donde los reclamos del pueblo y los trabajadores
se hacen sentir cada vez más, el gobierno sabe que, si quiere
cumplir su tarea de garantizar ganancias a los empresarios y el orden
que necesitan para esto, deberá seguir reprimiendo.
De hecho
ha sido éste el gobierno que más efectivos policiales,
gendarmes y prefectos puso en la calle, y el que más ha invertido
en represión. En palabras del diario kirchnerista Página/12:
"El presupuesto de la Policía Federal , la Gendarmería
, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria creció
800 por ciento en los últimos años. La Gendarmería
tiene hoy 30.435 efectivos, 70 por ciento más que en 2003, y
del año pasado a éste creció en mil efectivos.
Sólo en 2011 y en lo que va 2012 se compraron 156 automóviles,
153 camionetas, 66 camiones, 20 furgones y 71 cuatriciclos. Seis mil
efectivos se sacaron de las zonas de frontera y se sumaron a la seguridad
en Capital Federal, Gran Buenos Aires y las rutas claves de varias provincias."
(Nunca hubo tantos, Página/12, 26/08/2012), bastante para un
gobierno que dice no reprimir la protesta social.
A poco
de cumplirse dos años de la represión en el Parque Indoamericano,
el gobierno no descansa en perfeccionarse su política represiva.
Libertad
a los presos de Corral de Bustos.
El 4 de
diciembre de 2006, los vecinos de la localidad cordobesa de Corral de
Bustos, conocida como “el triángulo de las bermudas”
reaccionaron masivamente hartos ya de la impunidad, encubrimiento y
complicidad con que jueces, fiscales y policías actuaron frente
al asesinato de Ariana Sabache, de 3 años de edad. A la falta
de atención a las denuncias de la abuela de la chiquita anteriores
al hecho, se sumaron el manejo de pistas de aterrizaje clandestinas
para tráfico de drogas a cargo de la policía local; fiscales
y policías dedicados al armado de causas a favor de los ricos
y poderosos; encubrimiento de mafias en el lavado de dinero; la trata
regenteada por el poder político y judicial que fueron el detonante,
junto a la bronca contenida durante años, para que luego del
entierro de Ariana, el pueblo estallara en rebelión popular y
se dirigiera a la plaza a manifestar su rabia.
Durante
el entierro hubo tres detenidos, y en la plaza los esperaba un cerco
represivo a cargo de la guardia de infantería que generó
la indignación de los manifestantes y que terminó con
el incendio del edificio de tribunales. En los días siguientes,
comenzó una verdadera caza de brujas cuyo saldo fue de 42 detenidos,
de los cuales 34 fueron llevados a juicio después de una instrucción
plagada de vicios y denuncias de torturas.
Seis de
ellos resultaron condenados a cárcel efectiva y otro tanto a
penas de cumplimiento condicional: Víctor Barbero y Omar Pasquini,
condenados a 7 años de prisión efectiva; Rubén
Astudillo, Juan José Guayanes, Juan Marcelo Farías y Horacio
Guayanes, a 5 años de prisión efectiva; Karina Ripoll,
Pedro Dobba, Oscar Guayanes, Jorge Alberto Luna y Julio César
Suárez, a 2 años de prisión de ejecución
condicional y Hugo Dobba a 3 años de prisión de ejecución
condicional.
Como muestra
de la connivencia de los poderes del estado, están las acusaciones
y las imputaciones por las que fueron juzgados los compañeros,
propias del paquete de las denominadas leyes antiterroristas: “incitación
a la violencia colectiva”, “coautores e instigadores de
incendio doblemente agravado”, “lesiones en riña”,
“fabricación y tenencia de bombas incendiarias”,
“fabricación y tenencia de materiales capaces de causar
estragos”, al solo efecto, y con la firme decisión política,
de escarmentar la rebelión popular, criminalizar la pobreza y
la protesta.
Las condenas
no están firmes, pero los compañeros continúan
presos, padeciendo las peores condiciones de alojamiento. El estado,
que premia a los policías, gendarmes, prefectos y penitenciarios
asesinos y torturadores con beneficios a manos llenas, y sólo
excepcionalmente los mantiene en las cárceles aun con condenas
firmes hasta a prisión perpetua, en cambio, es implacable con
sus enemigos de clase. Si para los presos pobres no hay excarcelaciones,
morigeraciones, prisiones domiciliarias, ni nada salvo los húmedos
muros de las cárceles, para los presos políticos, menos
aún.
Por eso,
hace unos días, tres de los compañeros presos en Corral
de Bustos iniciaron una huelga de hambre, que luego levantaron, a la
espera del resultado de las actividades a realizarse en Bellville y
Villa María y la movilización a la Casa de Córdoba
en Buenos Aires el 17 de diciembre.
Desde
el Encuentro Nacional Antirrepresivo (ENA) expresamos nuestra rotunda
solidaridad con los presos de la pueblada en Corral de Bustos, reivindicamos
su condición de represaliados por enfrentar al aparato de poder
estatal, y reclamamos su inmediata e incondicional libertad.
A 20 años de la muerte de Rodolfo “Fito”
Ríos y Sergio Durán: La tortura en cárceles y comisarías
sigue siendo política de estado.
“A
nosotros nos llegó una comunicación de que mi hijo había
tenido una descompensación y que estaba internado en el hospital
Pirovano. No nos dijeron nada de golpes. Entonces mi nuera fue al hospital
y le dijeron que en ese momento no podía verlo, que estaba internado
ahí, con custodia policial y que fuera al día siguiente.
Cuando nosotros fuimos, el lunes a la mañana, a primera hora,
estaba el policía en la puerta y le preguntamos. Dijo: '¿Qué,
uno flaco y alto? Murió ese pibe'. Y no pudimos preguntarle más
nada porque desapareció.” cuenta Delia Garcilazo (67),
mamá de Rodolfo “Fito" Ríos, asesinado por
agentes del Servicio Penitenciario Federal. “Preguntábamos
en un lado, en otro... Después viene una mujer policía
de la custodia y nos dice: 'Señora, ¿usted es la mamá
del pibito que estaba preso? Está en la morgue, ya le dimos parte
al juez. Ese pibe no murió así nomás: estaba todo
golpeado y lleno de barro. Yo me encargué de bañarlo y
de esconderle la ropa'. Ahí nos enteramos de que estaba golpeado.
Estaba descerebrado. Le habían pegado con un palo que le rompió
el hueso etmoides. O sea que automáticamente pasó de estar
con todos los sentido a un coma cuatro; era irreversible.”
Para 1992,
Fito tenía 24 años y estaba detenido en la cárcel
de encausados de Caseros. El 21 de noviembre de ese año, Fito
estaba charlando con un vecino del barrio con el que se encontró
en un recreo y demoraron unos minutos en reintegrarse a los pabellones.
Como castigo, ambos fueron aislados por los penitenciarios en un patio,
al que bajó el Cuerpo de Requisa. Los patearon ferozmente, calzados
en sus gruesos borceguíes, y los apalearon con sus bastones.
Entre otras muchas lesiones, Fito, que llevó la peor parte, sufrió
cuatro fracturas en la base del cráneo.
“Tuve
que sacar entereza, porque mi nuera estaba con la beba que tenía
dos años y diez días y se quería derrumbar. Entonces
yo no se lo permití, le dije que no era momento de llorar, que
con llorar no hacíamos nada. La dejé para que se tranquilizara
y yo me fui para el Servicio Penitenciario Federal. En la cárcel
de Caseros me querían hacer callar porque yo quería hablar
con la persona que estaba a cargo. Les dije que a mí ya no me
hacían callar más nada, porque mi hijo entró caminando
ahí y me lo sacaron en un cajón, ¿y no me van a
dar explicaciones? Me trajeron una psicóloga. 'No, no, yo no
quiero psicóloga, no quiero nada', les dije. En ese momento yo
estaba muy tranquila porque me propuse que no iba a llorar adelante
de ellos. Mi hijo siempre me decía: 'Mami, el familiar de un
preso nunca tiene que llorar ante los del Servicio Penitenciario porque
ellos gozan'. Eso lo aprendí muy bien”, dice Delia.
Fue entonces
cuando Delia comenzó a recorrer el mismo peregrinaje que le toca
vivir a todas las familias pobres a las que las fuerzas represivas les
asesina a un ser querido. Buscó ayuda en CORREPI para enfrentar
el poderoso mecanismo de encubrimiento destinado a garantizar la impunidad
de los asesinos a sueldo del estado. Siete años y medio después,
comenzó lo que Delia caracterizó como una “parodia
de juicio”. Durante los primeros cinco años de la instrucción,
los jueces se empecinaron en acusar al otro preso por el homicidio.
Recién entonces, y después de una importante movilización
frente a la Cámara de Apelaciones, logramos que se imputara a
tres oficiales jefes del SPF, los prefectos Mir, Tocayuk y Galarza,
que llegaron a juicio acusados por "homicidio en riña",
y en libertad, desde luego, defendidos por abogados de planta del ministerio
de Justicia.
“La
causa era enorme, no sé cuántas fojas tendría.
El juicio tardó 7 años y 8 meses en llegar, pero yo todas
las semanas durante ese tiempo fui al juzgado. Los martes a la noche
nos reuníamos en la CORREPI y a la mañana yo me iba al
juzgado. No había una sola hoja, un solo papel que no estuviera
firmado; lo leí todo. En el momento en que estaban testimoniando
empezaron a decir que no podía ser, como yo dije, que mi hijo
hubiera trabajado en el mercado central. Empezaron a sacar todos los
antecedentes de Fito y entonces yo interrumpí el juicio, les
dije a los jueces que yo había venido a que se haga justicia
por el delito que habían cometido con mi hijo, y no para que
me saquen los antecedentes. A los antecedentes yo los conocía,
no precisaba que ellos me los dijeran. Yo no quería que se juzgaran
los antecedentes de mi hijo, él estaba muerto ya. Él estaba
cumpliendo por lo que había cometido, si no terminó fue
porque ellos no lo dejaron. Yo quería que ellos cumplieran lo
que debían cumplir. Fue una parodia de juicio.”, recuerda
Delia.
Las condenas
a los jefes del Cuerpo de Requisa de la cárcel de Caseros fueron
ridículamente bajas, como siempre. El oficial Galarza fue condenado
a tres años de prisión en suspenso por “homicidio
en riña”. Y los oficiales Tocayuk y Mir, a dos años
en suspenso por encubrimiento. Así y todo, poco después
la Cámara de Casación les revocó la condena.
Organizada
en CORREPI con otros familiares de la represión estatal, Delia
conoció a la familia Durán, cuyo hijo Sergio "Gondi"
había sido asesinado pocos meses antes en la comisaría
1ª de Morón. Segio Durán era un joven verdulero que,
con apenas 17 años, era padre de un niño. El 6 de agosto
de 1992 fue detenido por el servicio de calle. Lo levantaron en un patrullero
con la excusa de la averiguación de antecedentes, herramienta
legal que el poder político le brinda a la policía para
que pueda actuar discrecionalmente en el ejercicio del disciplinamiento
y el control social en los barrios, generando temor y sumisión
hacia los uniformados.
Dentro
de la comisaría 1ª, Segio fue torturado durante ocho horas
para que confesara ser el autor del homicidio de un vecino. El subcomisario
Miguel Ángel Rojido; los oficiales Luis Alberto Farese y Jorge
Ramón Fernández; y los cabos Raúl Rodolfo Gastelú
y Hugo Nicolosi, golpearon a Sergio, le produjeron la ruptura de un
diente y un corte en la lengua, lo asfixiaron empleando el “submarino
seco” o “bolsita”, le aplicaron picana en los testículos
y lo sometieron a maniobras sádicas de masturbación violenta
que, además de constituir una tortura en sí, intensifica
el dolor causado por la picana. La intensidad del dolor agotó
los recursos biológicos de defensa de su cuerpo, descompensando
el sistema nervioso y endocrino y produciendo un paro cardio-respiratorio.
En otras palabras, Sergio murió de dolor. Doce horas después
de su detención, lo llevaron muerto al hospital. La familia Durán
y CORREPI, desde entonces, libran una batalla desigual contra la impunidad
de los policías torturadores facilitada por el encubrimiento
de sus colegas.
Jorge
Ramón Fernández fue el primer enjuiciado. Fue condenado
a prisión perpetua en 1995. En diciembre de 2003, sin siquiera
cumplir 10 años efectivos de esa “perpetuidad”, fue
excarcelado por los mismos jueces que lo sentenciaron. Hugo Nicolosi
estuvo prófugo. En 2003 fue enjuiciado y condenado a prisión
perpetua. Ya se encuentra en libertad. Raúl Rodolfo Gastelú,
también estuvo prófugo. Fue condenado a prisión
perpetua en 2005. Sin embargo, su condena aún no está
firme, lo que significa que una vez cumplidos los plazos legales (dentro
de poco tiempo), estará libre nuevamente. El subcomisario Miguel
Ángel Rojido y el oficial Luis Alberto Farese aún están
prófugos, mientras que la salud de Olga Durán, la mamá
de Sergio, se deteriora tras 20 años de espera por verlos tras
las rejas. Una y otra vez, los prófugos fueron encontrados en
sus propios domicilios y denunciados a los medios por CORREPI, con la
ayuda de vecinos que nos pasaron la información, porque, como
dicen nuestros afiches con las fotos de los policías escapados,
"Si los ve, NO avise a la policía".
En estos
20 años, la utilización de la tortura en cárceles
y comisarías continuó siendo implementada en todo el país.
En la última actualización del Archivo de CORREPI, contabilizamos
3.773 personas asesinadas por las fuerzas represivas estatales, desde
diciembre de 1983. De ese total, el 39% (o sea, 1.471 personas) corresponde
a muertes violentas en cárceles y comisarías. El uso cotidiano
del “submarino seco”, la picana, el apaleamiento, el "pata-pata",
el aislamiento en buzones, entre otros métodos de tortura, no
escapa al conocimiento de fiscales y jueces, ni del poder político,
ya que se debe a la aplicación sistemática de una política
estatal en lugares de encierro, y no a meros “abusos” o
“excesos” policiales.
“Desde
hace 20 años no ha cambiado nada, -continúa Delia- siguen
matando a los chicos sea el gobierno que sea, porque esto que pasó
con mi hijo pasó en el gobierno de Alfonsín, pasó
en el de Menem, en el de De la Rua , en el de Duhalde y sigue, sigue
y sigue pasando. Políticamente no creo en ninguno de los gobernantes.
Por eso yo una vez escribí que el 'Nunca más' es un nunca
más mentiroso. Por esas palabras que yo dije una vez, tuve un
problema con Alicia Conti. Para mí sigue igual, siguen matando
a los mismos. Antes se perseguía a las ideas, ahora se persigue
a las clases, y como los más vulnerables somos los pobres, a
donde más nos quieren pegar es justamente en la clase baja. Pero
creo que si nosotros, los familiares, nos ponemos firmes a luchar, podemos
enseñarle a la gente también a que luche, que no se calle
la boca, que reaccione. Yo aprendí que no hay que arrodillarse
frente a los poderosos. Ellos también son vulnerables. Les tenemos
que buscar la forma de que en algún momento podamos desgastarles
ese poder.
Nuestra
lucha, no tan sólo la mía, sino la de todos los familiares
de CORREPI, es eso: hacer que la gente entienda, que nos comprenda.
Este año se cumplieron 20 años del asesinato de Sergio
Durán, muerto en la comisaría 1ª de Morón;
se cumplieron 24 años del asesinato de Marcelo "Peca"
Rivero, asesinado por policías de Rafael Castillo; se cumplieron
22 años de la muerte de Walter Bulacio.”
Su mensaje
a las víctimas de la represión: “Yo no quiero servir
de ejemplo de nadie, creo que cada compañero tiene su forma de
luchar, pero lo que sí les puedo decir es que no es bueno quedarse
encerrado en el dolor, porque ahí sí que los estamos matando
del todo. Hay que ponerse la foto de ellos, hay que salir con ellos.
Y entonces, no somos nosotros los que andamos en la calle. Es como que
ellos son los que están hablando, los que están protestando,
los que nos están dando fuerza. Es una forma de que uno salga
a la calle. No puedo ser ejemplo de nada, no hago nada que sea sobrenatural,
hago lo que como mamá debí hacer.”
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
21.744
