PROYECTO
X
COMUNICADO
DE PRENSA
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
2 de marzo
del 2012
Lo de
siempre, con nombre nuevo
En noviembre
de 2011, con el patrocinio de CORREPI y CeProDH, delegados antiburocráticos
de Kraft y otras organizaciones denunciaron ante la justicia federal
que personal de Gendarmería Nacional realiza tareas de inteligencia
sobre militantes gremiales, estudiantiles, políticos y sociales.
La denuncia relataba cómo confirmamos, a través de declaraciones
testimoniales de gendarmes e informes de la fuerza, incorporados en
diversas causas penales contra compañeros, lo que todos los militantes
sabemos, porque forma parte de nuestra cotidiana experiencia: Que en
las movilizaciones hay presencia de personal de las fuerzas de seguridad,
sin uniforme, que, caracterizados como “periodistas”, o
intentando fundirse con los manifestantes, obtienen registros fotográficos,
de video o grabaciones, que se almacenan en bases de datos, y se utilizan
para aportar “pruebas” en las causas judiciales con las
que se represalia a las organizaciones populares y sus integrantes.
Esta semana,
la respuesta del jefe de la Gendarmería al requerimiento del
juez federal Oyarbide para que informara sobre tales prácticas,
causó conmoción. Es que el comandante Héctor Bernabé
Schenone, que dirige Gendarmería desde 2005, respondió,
con inusitada sinceridad, que, efectivamente, la fuerza a su cargo destina
hombres y mujeres a infiltrarse en movilizaciones, manifestaciones,
asambleas y otras actividades, y registran datos que son luego volcados
a una base centralizada, todo en el marco de un protocolo de actuación
denominado “Projecto X”.
La franqueza
del informe, además de mostrar que no se trata de una iniciativa
propia de la fuerza, a escondidas, sino del estricto cumplimiento de
las órdenes del ministerio de Seguridad, es decir, del gobierno
nacional, no es ninguna novedad para la militancia. Sabemos, y denunciamos
hace décadas, que, sistemáticamente, el aparato estatal
nos espía, nos manda infiltrados, nos hace seguimientos, escucha
nuestras conversaciones, nos filma y fotografía, y que esa “información”
es luego utilizada por el aparato judicial para dar cuerpo a las causas
con las que se nos persigue.
En los
’80, trascendieron las tareas de inteligencia sobre militantes
populares realizadas por el DEPOC (Departamento de Protección
al Orden Constitucional) de la Policía Federal, luego reconvertido
en la División Operaciones del Departamento Seguridad de Estado.
En los ’90, fue este organismo el principal protagonista del espionaje
sobre las organizaciones populares, aunque no el único.
Por caso,
en 1995, el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, denunció
ante la justicia federal a un conjunto de militantes y organizaciones
por una serie de graves “delitos”. La prueba acompañada,
que sirvió al juez Liporace, después de tener la causa
en secreto de sumario por casi dos años, para dictar procesamientos
y órdenes de detención, eran un video y “dos carpetas
conteniendo información de inteligencia” (sic) encuadernadas
con tapas azules.
El video
contenía imágenes editadas, confusamente mezcladas, subtituladas
y ¡musicalizadas! en las que se observaban rostros de dirigentes
de las agrupaciones denunciadas en distintas actividades y protestas,
como movilizaciones en el aniversario de Walter Bulacio, manifestaciones
estudiantiles contra la Ley Federal de Educación y marchas de
los jubilados en Congreso. Las carpetas, que comenzamos a llamar “Libro
Azul” a falta de otro nombre, contenían información
política y personal sobre más de 250 personas de casi
todo el arco militante de la izquierda (no sólo de los denunciados).
Las más de 500 fojas eran fotocopias de un original que nunca
se entregó, en las que se habían eliminado sellos, firmas
y todo signo que pudiera identificar al “servicio” que recabó
la información.
Buena
parte de los datos se referían a reuniones cerradas en locales
o domicilios privados, por lo que se los debió obtener “pinchando”
teléfonos, introduciendo micrófonos o mediante agentes
encubiertos infiltrados en las agrupaciones. En posteriores investigaciones
judiciales, la Policía Federal, la SIDE y el ministerio del Interior,
negaron tajantemente haber confeccionado esas carpetas, lo que motivó
que en 1997 se iniciara una causa contra Carlos Corach, para determinar
el origen del “Libro Azul”. Esa causa, instruida por la
jueza federal Servini de Cubría, fue debidamente archivada un
par de años más tarde, a pesar de los esfuerzos de los
denunciantes.
Similares
“informes de inteligencia” son habitualmente provistos por
personal de la Policía Federal, la SIDE y otras dependencias
oficiales en múltiples causas, como la seguida hace unos 10 años
contra los integrantes de un comedor popular en el barrio del Abasto,
en la ciudad de Buenos Aires, donde los espías hablaban de “vínculos
con Sendero Luminoso” porque, entre los concurrentes al comedor,
había ciudadanos peruanos.
En 2001,
intervinimos como defensores en la causa nº 22.944 del Juzgado
Correccional nº 8, secretaría nº 61 de la Ciudad de
Buenos Aires, iniciada como consecuencia de la movilización a
la Casa de la Provincia de Salta el 18 de junio de 2001, en repudio
de los asesinatos de José Barrios y Carlos Santillán.
Allí, el Comisario José Antonio Portaluri, jefe de la
División Operaciones del Departamento Seguridad de Estado de
la PFA, remitió al juzgado un informe de “inteligencia”
en el indicaba a la jueza a quiénes se debía procesar.
Con fotos, nombre y apellido, número de documento y domicilio,
el informe identificaba a tres personas, dos muchachas veinteañeras
integrantes de una de las organizaciones movilizadas, y un simple adherente
que ni siquiera había concurrido a la movilización. Al
final del informe, el comisario lamentaba que no pudiera dirigirse la
acción penal contra un referente piquetero en particular, porque
ese mismo día estaba en otra provincia, donde había hecho
declaraciones a la prensa.
También
en 2001, descubrimos que los militantes de CORREPI éramos foco
de interés de los servicios del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Una compañera abogada, que concurrió a un penal provincial,
notó que, antes de autorizar su ingreso, el guardiacárcel
consultaba un listado. Con cierta ingenuidad, el uniformado le pidió
disculpas por la demora, explicándole que “si vienen los
abogados que están en este memo, tenemos que avisar a la superioridad”.
En el marco de una acción de habeas data, confirmamos la existencia
del "Despacho 02/01", que ordenaba al personal de todas las
unidades penales de la provincia, comunicar a la Secretaría de
Informaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense la visita de los
abogados de nuestra organización antirrepresiva, incluyendo los
nombres de los internos entrevistados. El Inspector Mayor del SPB Carlos
A. Scheffer, titular de esa secretaría, y firmante de la directiva,
declaró ante el titular del juzgado nº 19 de La Plata que
el despacho había sido dictado en atención a que había
recibido una nota anónima que acusaba a los militantes de CORREPI
de “fomentar y facilitar motines y fugas en los penales”.
Explicó que, aunque el anónimo “carecía de
todo viso de seriedad”, decidió redactar y firmar la orden
interna, a través de la cual se registraban todas las concurrencias
a cárceles de los integrantes de la organización, así
como los nombres de los visitados, en su mayoría presos políticos.
Ya en
2004, verificamos, nuevamente, la existencia de estas tareas de inteligencia
en la causa iniciada tras la represión a la movilización
del 31 de agosto de ese año, en Plaza de Mayo. Además
de muchos heridos, fueron detenidos 102 compañeros, siete de
los cuales fueron procesados con prisión preventiva, hasta diciembre
de 2004. La principal “pieza acusatoria” era un “informe”
emanado del Departamento Seguridad de Estado de la PFA, basado en tareas
de inteligencia seguidas contra varias agrupaciones, en el que, por
el sólo hecho de “haber participado” de determinadas
movilizaciones o de “haber reivindicado” hechos de protesta
antiimperialista, se identificaba a varios dirigentes de esas organizaciones,
acompañando material fotográfico y “fichas”
personales. Además de esos datos, el informe, firmado por el
comisario Cantalicio Bobadilla, contenía su propio “análisis”
de la información, que concluía que, en realidad, todas
esas agrupaciones eran simples “frentes de masas” de una
única organización clandestina, que tenía por objeto
desestabilizar el sistema democrático.
El juez
a cargo, Juan José Galeano, no sólo incorporó el
informe y le dio entidad como prueba válida, sino que, en otra
causa que simultáneamente instruía por un escrache a la
petrolera Repsol, ordenó a la policía federal que intensificara
sus medidas de inteligencia sobre los manifestantes y sus organizaciones.
Después
de las masivas movilizaciones antiimperialistas en Buenos Aires y Mar
del Plata durante la Cumbre de Presidentes de noviembre de 2005, más
informes de inteligencia fueron utilizados para criminalizar a los manifestantes.
En el caso de Mar del Plata, el juez federal Castellanos recibió
un “informe de inteligencia” elaborado por el ministerio
de Seguridad bonaerense. El informe incluía precisos datos de
todo el arco político que se movilizó contra Bush en Mar
del Plata, y no estaba firmado por un comisario ni un comandante de
gendarmería, sino por el ministro León Arslanián.
Además de estos ejemplos de “inteligencia” federal
y bonaerense, en tiempos nada lejanos se verificó, también,
que la Armada hacía lo propio en la ciudad de Trelew. Y si dispusiéramos
de más espacio, podríamos abundar con otros ejemplos concretos.
En este
marco, no puede sorprender que Gendarmería sea la fuerza que
hoy se especializa en espiar a la militancia. Desde que, a mediados
de los ’90, por órdenes del gobierno menemista, los gendarmes
irrumpieron en el ámbito urbano, custodiando objetivos fijos,
esa fuerza ha incrementado fuertemente su presencia. Por una parte,
el gobierno kirchnerista –cuando recurre a los uniformes, y no
a las patotas- ha dado a los gendarmes un protagonismo casi excluyente
en la represión directa a las luchas de los trabajadores, como
lo vimos en Las Heras, en el Hospital Francés, en Kraft y en
movilizaciones de prácticamente todo el país desde 2005.
Por la otra, con iniciativas como el Cinturón Sur o el Operativo
Centinela, les ha encomendado buena parte del patrullaje urbano para
el control social. Es simplemente natural que sean, también,
los herederos de Coordinación Federal, del DEPOC o del Depto.
Seguridad de Estado de la PFA.
Para ingenuos,
o para los amigos del gobierno, quedan las huecas frases de la ministra
Garré, jefa política de todo el aparato represivo de uniforme,
gendarmería incluida. Como para que quede bien claro a qué
“sociedad” se dirige, la Dra. Garré escribió
en escuetos 140 caracteres en Twitter que el gobierno de Cristina Fernández
sostiene “una clara posición respecto a la no criminalización
de la protesta social y límites a la acción policial”,
agregando luego un clásico de los políticos burgueses
en apuros: “Antes de aventurar conjeturas, ordené una auditoría
del Proyecto X, que es en realidad un software, para evaluar qué
contiene”. Pobre intento de desligarse de lo que sólo ella,
ministra de Seguridad, pudo ordenar a la fuerza que firmemente dirige.
Lo mismo cabe para el comunicado, igualmente escueto, emitido por el
ministerio a su cargo, donde se afirma que: “el Gobierno nacional
jamás se ha apartado de la ley en materia de seguridad”.
Claro que no lo hizo, si la ley es lo que ellos quieren que sea, para
garantizar los intereses que deben defender.
Más
claro fue el senador Aníbal Fernández, que algo de espías,
seguimientos, escuchas e infiltrados conoce, después de tantos
años comandando férreamente las fuerzas de seguridad:
La policía y la gendarmería, dijo, “no hacen un
trabajo de inteligencia, sino un trabajo inteligente...el Plan X no
existe... desde el Gobierno nacional se le pide al personal de la fuerza
de seguridad que se acerque para morigerar el conflicto... el uniformado
va, habla con los manifestantes y trata de encontrar una salida para
resolverlo.”.
Por más
que pongan caras de asombrados, y se quieran lavar las manos manchadas
con la sangre de 17 asesinados en la protesta social desde 2003, y de
casi 2.000 muertos por el gatillo fácil y la tortura en el mismo
lapso, una vez más se confirma que éste es el gobierno
más represor desde 1983, y, también, el que mejor ha desarrollado
tácticas de propaganda y cooptación para disimularlo.
Para el
que quiera sostener el mito del “gobierno de los DDHH”,
hay infinidad de lugares en las tribunas oficiales, que prometen (y
otorgan) cargos, contratos, subsidios y prebendas del tipo que sea.
Pero para el que quiera ver las cosas como realmente son, ahí
están los hechos, indiscutibles, y confesos, en este caso.
Nosotros,
elegimos mirar con atención, denunciar la verdad, organizarnos
y luchar.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
13.005
