Producción periodística de Villa Crespo Digital
7
de febrero del 2012
Declaración
a los medios del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas al concluir su visita a
Argentina
Buenos
Aires, 7 de diciembre de 2011
“En
mi calidad de Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas, estoy concluyendo una
visita oficial a Argentina que comenzó el 27 de noviembre
recién pasado. Durante mi visita, he sostenido una serie
de reuniones con diversos representantes de pueblos y comunidades
indígenas, y con oficiales del Gobierno nacional en Buenos
Aires y de las provincias en Neuquén, Río Negro Salta,
Jujuy y Formosa. Asimismo, realicé visitas a diferentes comunidades
indígenas en estas provincias y sostuve reuniones con representantes
de la sociedad civil.
“Quisiera
agradecer al Gobierno de Argentina por la cooperación que
me ha brindado para la visita. Además quisiera agradecer
a los representantes de pueblos y organizaciones indígenas
en Argentina cuya colaboración en la planificación
y realización de mi visita fue imprescindible.
“Durante
mi visita he procurado comprender los puntos de vista de los pueblos
originarios, representantes de los gobiernos nacional y provincial
y de otras partes interesadas sobre los alcances y desafíos
que existen con respecto al goce de los derechos humanos de los
pueblos indígenas de Argentina.
“Durante
las próximas semanas estaré revisando la información
que he obtenido durante la visita para elaborar un informe que evaluará
la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas
en Argentina y que incluirá una serie de recomendaciones.
Este informe se hará público y será presentado
al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mi expectativa
es que el informe contribuya a la búsqueda de soluciones
por parte del Gobierno de Argentina y de los pueblos indígenas
a los varios desafíos que enfrentan los pueblos indígenas
del país.
“En
anticipación a mi informe, ofrezco ahora algunas observaciones
preliminares.
“En
todos los lugares visitados, he podido constatar un consenso entre
las partes interesadas con respecto a los avances en el marco normativo
legal que se han dado en el país en materia de derechos de
los pueblos indígenas. Estos avances incluyen las importantes
disposiciones de la Constitución de Argentina de 1994 en
materia indígena, y la Ley 26.160 de 2006 que tiene como
fin detener los desalojos de comunidades indígenas y emprender
un programa de relevamiento jurídico a nivel nacional para
contribuir a la regularización de la propiedad comunitaria
indígena. Otro avance significativo es la ratificación
por Argentina del Convenio 169 de la Organización Internacional
de Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
“Sin
embargo, observo que, para poder implementar los derechos reconocidos
en estos instrumentos, es necesario que las instituciones nacionales
y provinciales den mayor prioridad a los temas relacionados con
los derechos humanos de los pueblos indígenas. En este sentido,
considero que las instituciones del gobierno necesitan ser fortalecidas
y capacitadas para mejor responder a los diversos problemas que
enfrentan los pueblos originarios del país.
“En
particular, considero importante que se emprendan programas de capacitación
para funcionarios del poder judicial a nivel nacional y provincial
en las normas nacionales e internacionales sobre derechos de los
pueblos indígenas y su aplicación en casos relacionados
con temas tales como los derechos a tierras y recursos naturales
de estos pueblos.
“A la misma vez, el Gobierno de la nación y las provincias
deben incorporar de mejor manera las normas sentadas en el Convenio
169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas y otros instrumentos
internacionales aplicables en la elaboración de sus políticas
públicas y su programación. También, deben
redoblar esfuerzos para coordinar las acciones que emprenden a favor
de los pueblos indígenas, incluyendo en relación con
el relevamiento territorial y el reconocimiento efectivo de la personaría
jurídica de las comunidades o pueblos indígenas.
“En
esta conexión, una preocupación central expresada
por representantes indígenas durante el transcurso de mi
vista ha sido la falta de seguridad jurídica de sus derechos
sobre sus tierras tradicionales, y en particular los diversos problemas
y retrasos que enfrentan en los procesos de relevamiento territorial.
De especial preocupación para los pueblos indígenas
a lo largo del país figura la serie de desalojos de miembros
de pueblos indígenas dentro de extensiones de tierras reclamadas
por ellos con base en su ocupación tradicional o ancestral.
“La
mayoría de estos desalojos han sido producto de una orden
judicial que hace difícil el reconocimiento efectivo de la
propiedad comunitaria, y se han dado en el marco de disputas territoriales
entre miembros de pueblos indígenas y propietarios privados
o empresas. Esta situación es de especial preocupación
dado a que estos desalojos han sido llevados a cabo en años
recientes a pesar del reconocimiento de la propiedad comunitaria
indígena en la Constitución de la nación, la
Ley 26.160 y el Convenio 169 de la OIT.
“Otro
problema relacionado a la inseguridad jurídica de las tierras
tradicionales de los pueblos indígenas es la existencia o
promoción de proyectos de industrias extractivas dentro o
cerca de los territorios y comunidades indígenas. He escuchado
testimonios de miembros de pueblos indígenas sobre los efectos
a la salud y medio ambiente generados por actividades extractivas,
y sobre la necesidad de que el Estado argentino preste mayor atención
a la remediación de estos efectos.
“Un
factor común presente en los diversos casos que fueron llevados
a mi atención ha sido la falta de consulta efectiva con los
pueblos indígenas afectados antes de emprender dichos proyectos,
y la falta de su participación en la toma de decisiones sobre
estos proyectos y en los beneficios económicos derivados
de ellos. Coincido con lo que he escuchado tanto de representantes
indígenas como de algunos representantes gubernamentales,
que es necesario regular un procedimiento de consulta con los pueblos
indígenas en relación a las industrias extractivas
y otros asuntos que les afectan.
“También
en relación con la participación de los pueblos indígenas
en la toma de decisiones que les afectan, me preocupa la información
que he recibido sobre los efectos generados por la declaración
de Sitios de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en áreas
donde habitan comunidades indígenas, por ejemplo en la Quebrada
de Humahuaca. He sido informado que los pueblos originarios que
viven dentro de estos sitios no fueron involucrados en el proceso
de declaración de los sitios, no están participando
en el manejo de los mismos y se sienten limitados en su capacidad
de mantener sus actividades tradicionales y de subsistencia dentro
de estos sitios.
“A
la misma vez, he tenido conocimiento sobre iniciativas de desarrollo
propuestas por los mismos pueblos indígenas que promueven
el propio manejo de sus recursos naturales y la auto-suficiencia
económica de sus comunidades. Considero que el Estado debe
promover estas iniciativas y crear las condiciones para fortalecer
el efectivo control por parte de los pueblos indígenas sobre
su desarrollo económico.
“Para
ello, es esencial asimismo que los pueblos indígenas tengan
acceso a una educación adecuada, una educación que
llegue a sus comunidades y que se adapte a sus realidades. En esta
conexión, considero que existe la necesidad de ampliar los
programas existentes de educación intercultural bilingüe
con la participación de los pueblos indígenas con
el fin de que verdaderamente promuevan las lenguas y culturas indígenas.
Además, el Estado y las provincias deben dar una mayor atención
al acceso a la educación universitaria y la situación
particular de mujeres indígenas estudiando en áreas
urbanas.
“Reconozco
que algunas de estas preocupaciones están siendo atendidas
por las instituciones federales y provinciales. Por ejemplo, he
tenido conocimiento de algunas importantes iniciativas del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para avanzar en el relevamiento
territorial y algunos programas de desarrollo social en las provincias.
Reconozco también el programa, dentro del marco Ley de Servicio
de Comunicación Audiovisual, para mejorar la capacidad de
comunicación de las comunidades indígenas en áreas
remotas a través del establecimiento de emisoras comunitarios
de radio.
“Estos
avances necesitan ser fortalecidos, y para ello es necesario que
el Gobierno dé mayor prioridad al tema indígena, que
desarrolle nuevos programas y políticas públicas en
este sentido, y que asegure que estos programas y políticas
sean implementados de acuerdo con los estándares internaciones
relevantes.
