BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 691
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
30 de
mayo del 2013
Del 23
de mayo del 2013
SUMARIO
1.
Doble absolución, doble impunidad: La policía al cuidado
de los jueces
2.
Den la alarma: ¡todos a sus puestos!
3.
Más represión a las luchas de los trabajadores
4.
¿Un “fenómeno sociológico” nos mata
un pibe por día?
5.
Se viene la policía municipal en la provincia de Buenos Aires
Doble
absolución, doble impunidad: La policía al cuidado de
los jueces
Después de varias semanas de intentar desgastar y desmovilizar
a los compañeros que se hicieron presente en los tribunales y
de dilatar innecesariamente el debate, el pasado viernes 17 de mayo
el Tribunal Oral en lo Criminal nº 3 de Lomas de Zamora, integrado
por los jueces Rafael Villamayor, Marcelo Dellature y Jorge Camino,
absolvió al policía federal Maximiliano Germán
Ledezma, que el 26 de septiembre de 2010 fusiló con cuatro y
tres tiros en la espalda a Walter Robles y Leandro Pérez, dos
pibes de villa Fiorito.
Esa fue
la respuesta del poder judicial ante el pedido de prisión perpetua
de CORREPI y de 20 años de cárcel del fiscal. Legítima
defensa, presunción de que los chicos estaban armados, miedo
que justifica 9 disparos de los cuales siete hicieron blanco, hostilidad
de los vecinos que “alteraron la escena”, varios nombres
técnicos y explicaciones absurdas se agolpan en las justificaciones
judiciales que para nosotros no tienen otro significado que el que venimos
denunciando desde hace años: impunidad y complicidad ante los
disparos asesinos de la policía a nuestros pibes en los barrios.
Después
de una larga lucha logramos sentar al policía federal Ledezma,
custodio de la presidencia, en el banquillo, y no por la muerte de Lean
solamente, como nos quisieron imponer en un momento (justificándose
en que se había encontrado un arma junto al cuerpo de Walter
y pasando por alto que todos los tiros fueron por la espalda) sino por
los dos. Obligados a juzgarlo por los dos homicidios, los jueces descartaron
sin el menor prurito las declaraciones de los vecinos de la cuadra,
que contaron cómo vieron a los pibes que corrían dando
la espalda al asesino, y se apoyaron en la versión policial de
que Villa Fiorito es una “zona baja naturalmente hostil a la policía”.
Así, concluyeron que todos los que, tras los fusilamientos, se
agolparon en la calle para increpar al policía federal y sus
camaradas provinciales eran delincuentes que aprovecharon a llevarse
el arma que nunca apareció… porque no estaba.
Seguiremos,
junto a las compañeras Nelly y Marcela, mamás de Leandro
y Walter y militantes de CORREPI, el camino de lucha que dimos dentro
y fuera de los tribunales. El mismo estado que le sigue pagando el sueldo
a Ledezma, que lo reclutó, entrenó y equipó, es
el responsable político de estos asesinatos, y de cada pibe asesinado
a diario por su aparato represivo.
Son muchos las tareas que debemos seguir cumpliendo junto a los compañeros,
para mostrar que los policías no se “defienden” cuando
disparan por la espalda, que no tienen miedo sino odio cuando disparan,
que no se equivocan, que disparan -lo entiendan o no- porque su tarea
es acallarnos frente a este mundo de injusticias.
La pelea
por Walter y Leandro sigue. Ante el tribunal de Casación, para
anular este juicio amañado, pero sobre todo en la calle, organizados
y conscientes de quién nos mata y por qué.
Den
la alarma: ¡todos a sus puestos!
Aunque la historia del oficial de inteligencia de la PFA que el gobierno
infiltró durante más de 11 años en la Agencia de
noticias Rodolfo Walsh ya sea conocida, nunca estará de más
remarcarla: Américo Balbuena, policía en actividad, encubierto
como periodista (y actor aficionado, por descarte) fue designado por
el gobierno de Eduardo Duhalde y mantenido por ambos Kirchner para espiar,
desde una agencia de noticias compañera, a las organizaciones
y militantes del campo popular. Obviamente no fue el primero ni es el
único integrante del aparato represivo estatal que cumple esa
tarea o una similar, pero la voladura de su cubierta se sintió
como un golpe que dejó un sabor amargo general, y, dadas las
circunstancias, un golpe que no cesa de llegar.
Parejo
al repudio general, y al calor de la indignación que trae cada
nueva estocada del gobierno, se sintió una gran sensación
de sorpresa dando vueltas en el aire, un desconsolado asombro de muchos
que no daban crédito a lo que sus ojos veían. Y si bien,
inicialmente, tal sensación podría resultar por demás
comprensible, es necesario que reflexionemos. ¿De qué
nos sorprendemos?.
Sorprendernos porque el estado utilice mecanismos de espionaje para
garantizar el ejercicio del control social y el disciplinamiento del
pueblo, significaría no comprender la esencia represiva que lo
define. El estado, cualquiera sea el gobierno de turno, funciona sobre
la base de -y por- la efectividad de sus distintos mecanismos represivos.
Ésta no es historia nueva. Así fue y así seguirá
siendo. Basta con recordar el despliegue que incluye desde el Proyecto
X de la gendarmería nacional a la implementación de las
leyes antiterroristas para dar cuenta de lo que estamos hablando.
Asimismo,
es importante remarcar que este tipo de circunstancias tienen una doble
función. No basta con desplegar una red de espionaje para perfeccionar
la represión selectiva sobre la clase trabajadora organizada.
Estas coyunturas también sirven para generar un desierto de parálisis
e inmovilización, que se logra instalando, a partir de estos
sucesos, una escabrosa sensación de paranoia en los sectores
militantes. Una paranoia que no provoca otra cosa que desconfianza,
y por lo tanto, lesiona la cohesión.
La presunción
y la verificación de la infiltración no es un tema menor,
sobre todo a la hora de definir criterios y medidas para garantizar
la seguridad de cada organización, lo que es un debate histórico
en la agenda de la militancia. Un debate que, sin duda, debe seguir
profundizándose. Pero éste, el momento de la exposición
del “episodio” Balbuena, no debe agotarse en sólo
sufrir y lamentarnos, porque justamente eso es lo que sus jefes pretenden:
generar inseguridad, inestabilidad, temor en los luchadores, y su consecuencia,
la claudicación de las luchas. Debemos profundizar el análisis
y encauzarlo en la lucha de todos los días.
Tanto
la historia como la coyuntura lo demuestran: la represión es
una política de estado, y resulta imprescindible que se asuma
y que se enfrente como tal. Si les permitimos que nos agarren desprevenidos,
que nos sorprendamos con sus acciones, que generen desconfianza entre
los compañeros, vamos fritos. Éste es momento de salir
a dar respuestas, y nuestra respuesta está en la organización
y la lucha.
¡Den la alarma, todos a sus puestos!
Más
represión a las luchas de los trabajadores.
En los últimos días hemos visto a nivel nacional distintas
represiones a la lucha obrera. Es el caso de los desalojos de tierras
en Córdoba por parte de la policía provincial; de la ciudad
de Buenos Aires con la imprenta Lanci, cuyos obreros tomaron la fabrica
para defender sus puestos de trabajo, y también el caso de l
automotriz Lear en la provincia de Buenos Aires, cuyos trabajadores
fueron reprimidos por la gendarmería cuando intentaban cortar
la Panamericana para reclamar la reincorporación de 19 compañeros
despedidos por su actividad sindical. En las últimas horas, se
suma el ataque en Chaco a las organizaciones sociales, con el saldo
de por lo menos un muerto y 95 presos.
Todas
estas luchas por reivindicaciones vinculadas al trabajo, la vivienda,
la tierra y otros derechos básicos, son sistemáticamente
reprimidas por la fuerza pública, al amparo del aparato judicial
y bajo la orden del poder político. Su fin es desorganizar y
aleccionar a los trabajadores que se atreven a protestar. Es una política
de estado, que se extiende por todo el país, que no varía
según el partido gobernante de turno y que recrudece frente a
las crisis económicas.
Mientras en los medios se habla de pronósticos sobre la cotización
del dólar y se discute el “blanqueo”, es casi completo
el silencio periodístico sobre la respuesta cada vez más
violenta que da el estado ante las luchas. Ante el recrudecimiento de
la represión a los trabajadores organizados, debemos oponer unidad,
más organización y más lucha.
¿Un
“fenómeno sociológico” nos mata un pibe por
día?
En sintonía con la política kirchnerista de despegarse
de las acciones represivas estatales sobre el pueblo, a principios del
mes de mayo convocaron a un encuentro, en Plaza Congreso, de la “Campaña
contra la Violencia Institucional”, con la participación
de todo tipo de funcionarios y militantes oficialistas, intelectuales
y algunos familiares de víctimas.
El absoluto cinismo con el que se trata el tema represivo desde el gobierno
permitió que, en la misma jornada, funcionarios y dirigentes
kirchneristas cumplieran el rol de defender la política represiva
del gobierno, a la vez que compartían paneles con familiares
de sus víctimas, que, por el sólo hecho de existir, dan
por tierra con todo intento de desresponsabilizar al estado de la represión
sistemática que día a día se descarga contra el
pueblo.
Desde
la “producción intelectual” alrededor de estas políticas,
se desprende un enorme esfuerzo por asumir una tarea en defensa del
gobierno. Así, en los materiales escritos que expresan las voces
de quienes son caras visibles de esta campaña, se levantan desde
las básicas “teorías” de la “autonomía
policial” o “los lastres de la dictadura” hasta pomposas
explicaciones sociológicas donde se intenta ocultar el rol de
la represión como política de un estado que defiende los
intereses de los explotadores, queriendo poner esa responsabilidad en
“la sociedad en su conjunto”.
Dicho en pocas palabras, como ya no pueden negar la represión,
nos quieren hacer creer que “la culpa de que haya más de
3.800 pibes fusilados por la policía o decenas de asesinados
por luchar, la tenemos todos”.
En folletos
y revistas de la campaña encontramos párrafos y párrafos
citando a Althusser y “las relaciones que sujetan”, a Durkheim,
para plantear que los pobres policías son casi víctimas
de “dispositivos y relaciones que presionan sobre su modo de actuar,
pensar y sentir” (¿asesinar y torturar?), la microfísica
de Foucault para justificar las relaciones de poder dentro de la policía
como un “fenómeno social” y hasta tergiversan a Trotsky
para parecer zurdos y abonar un poco más a la tesis de la continuidad
de una policía autónoma con resabios de autoritarismo
dictatorial.
Ni qué decir de los coquetos manuales con consejos sobre qué
hacer “si te detienen” con recomendaciones administrativas
sobre casos de detenciones sólo de la bonaerense, una versión
reformada y recortada de nuestro “Manual del Pequeño Detenido”,
obviando lógicamente su conclusión central: “Todas
estas técnicas ayudan para acelerar la soltura y aliviar la situación
del detenido. (…) No son una solución de fondo, pero en
el caso concreto ayudan. (…) Mostrarles que no les tenemos miedo,
(…) les mete miedo a ellos, porque a nada temen más que
a los pobres organizados y conscientes”.
Los militantes
de la Juventud Peronista hablaron de “historia”, de los
‘70, de los ‘90, del neoliberalismo… pero ninguno
mencionó que más de la mitad de los asesinados por la
represión estatal responden al período del “gobierno
nacional y popular”.
Desde el CELS hablaron de la “cultura de la fuerza” y de
los “abusos” policiales. De sus “importantes investigaciones”
que registran “una amplia gama de acciones policiales abusivas
cuyo blanco principal son los jóvenes pobres”… Sin
perder de vista, claro, que sólo hablan de la policía
de Scioli, como si en el resto del país, incluida por supuesto
la ciudad de Buenos Aires, los pibes no fueran detenidos, torturados
y asesinados de la misma forma y en la misma cantidad de casos que en
la provincia de Buenos Aires.
Pero tanto
esfuerzo puesto en confundir y cooptar se ve opacado por la realidad.
Ninguno de los funcionarios, intelectuales ni militantes K pudieron
responder a las denuncias concretas sobre las torturas y asesinatos
que ocurren sistemáticamente desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.
Es que desde el estado y los diferentes gobiernos de turno, jamás
podrán responder favorablemente al pueblo, al que necesitan disciplinar
para mantener este estado de cosas, con la explotación del pueblo
pobre y trabajador por los que dominan. Ni haciendo el mejor compendio
sociológico podrán pasar por alto que los más de
3.800 asesinados por el aparato represivo desde 1983 hasta la fecha
muestran una sistematicidad y una responsabilidad de los gobiernos nacionales,
provinciales y municipales, de todo tipo y color; y que la participación
del aparato judicial y los medios de comunicación son parte de
la puesta en práctica de esta política represiva del estado.
Usan nuestras cifras, nuestro lenguaje, nuestros espacios… pero
jamás podrán usar nuestra lucha.
Se
viene la policía municipal en la provincia de Buenos Aires
En el fárrago de cuestiones que enmascaran la tenida política
en la provincia de Buenos Aires, la de la seguridad ocupa un lugar central.
Peronistas no K (sciolistas o denarvaistas) por un lado y peronistas
k (sabatellistas entre ellos) por el otro, vienen pugnando por apropiarse
del concepto de “policía municipal” para dar respuestas
a la “demanda de seguridad ciudadana” que, hoy por hoy,
resulta una de las más logradas consignas de la fábrica
de consenso en que unos y otros confluyen.
Muy resumido,
todos plantean descentralizar algo del manejo institucional policial
para los municipios con más de 100 mil habitantes que lo deseen,
traspasando recursos humanos y técnicos por los que los mentados
distritos contarán con un cuerpo propio de policía destinado
a “prevenir y conjurar actos delictivos”.
La actividad
policial municipal tendrá, según los proyectos, límites
imprecisos: no actuarán en el mantenimiento del orden interno,
ni en operaciones especiales, ni en investigación criminal. Esas
funciones seguirán a cargo de la policía provincial, por
lo que la superposición de fuerzas y tareas será entonces
una constante. Tan constante, como la amenaza que se cierne sobre los
más pobres de los distritos que verán, así, saturadas
las calles de uniformes, móviles y frecuencias pobladas de órdenes
y “qsl” destinadas a mantenerlos a raya y lejos de los ámbitos
públicos en los que la gente bien disfrute sus privilegios.
La experiencia
de las guardias urbanas y la creación de la macrista Metropolitana
dan cuenta de la continuidad histórica del modo en que se concibe
la llamada “seguridad preventiva local” que inspira a todos
los proyectos.
Con fraseología más o menos conservadora, más o
menos progresista, ambos sectores representantes del orden impuesto
coinciden en que lo importante es relegitimar el rol represivo de la
institucionalidad.
Es absurdo
pretender algo distinto cuando, a poco de sobrevolar los proyecto, luce
que la formación de los “nuevos” dependerá
de los “viejos” (la vigencia de los planes y docentes de
la Vucetich está plasmado en el proyecto oficial, mientras que
la Junta de Reencasillamiento de todos aquellos actuales policías
que quieran formar parte del cuerpo municipal, es lo distintivo del
sabatellista).
Como era de preveer, no existen diferencias sustanciales entre los diversos
proyectos. Quien quiera encontrar diversidad conceptual sobre el rol
de la institución elegida por el poder para ejecutar el disciplinamiento
interno de la sociedad dividida en clases, saldrá defraudado.
Sciolistas y no sciolistas, kirchneristas y no kirchneristas, todos
acuerdan en la necesidad de contar con más perros guardianes,
con mínimas discrepancias sobre el financiamiento, el traspaso
de partidas presupuestarias o la creación de un fondo especial,
como plantea Nuevo Encuentro.
La presencia de múltiples fuerzas de todo color (provinciales,
municipales y las nacionales, como gendarmería y prefectura que
ya están) impactará en el paisaje a controlar, pero nunca
como en la subjetividad de quien habita ese paisaje.
Sciolistas
y no sciolistas, kirchneristas y no kirchneristas, todos acuerdan en
considerar la integridad de los ciudadanos en relación directa
con el derecho de propiedad. Con el eufemismo “mapa del delito”
pretenden perimetrar las zonas dónde desborda la pobreza. Es
que la verdadera guerra se la declaran a los pobres.
Aparentan
desmilitarizar la fuerza, a puro gesto: prohiben venias, pasos marciales,
junta de tacos… al tiempo que sofistican su capacidad represiva,
con armas y equipamientos propios de ciudades ocupadas. El problema
para todos ellos es la solemnidad policial, no el disciplinamiento social.
Sciolistas y no sciolistas, kirchneristas y no kirchneristas, todos
acuerdan en que el maquillaje ayuda a tapar las arrugas que afean el
rostro de la sociedad capitalista. Llaman “de proximidad”
a la institución que registra la mayor cantidad de crímenes
en función de políticas de estado. He ahí la muerte
de un pibe pobre por día a manos de estas fuerzas.
Calculan
en cuatro años la implementación definitiva de estos proyectos.
Cuatro años, nada más, para que la muerte, agazapada en
uniforme y patrullero nuevo reciba los llamados desde otros teléfonos.
FUENTE:
CORREPI
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