BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 682
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
21 de
febrero del 2013
Del 10
de enero del 2013
Sumario:
1.
Sobre asados, corsos y tergiversación de la historia.
2.
Después de los saqueos, amenaza de más represión.
3.
El control estatal, sin vacaciones.
4.
“Fin del mundo” a pura represión estatal.
5.
La pelea de la Sala Alberdi.
Seguí
día a día el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra
en:http://juiciomarianoferreyra.blogspot.com.ar/ o accedé desde
nuestra página, cliqueando en la imagen de Mariano.
Sobre
asados, corsos y tergiversación de la historia.
El kirchnerismo
despidió el año dando una clara muestra sobre su política
en materia de DDHH, con el asado para 2.000 personas convocado por el
ministro de justicia Julio Alak en uno de los centros clandestinos de
detención, tortura y exterminio más grandes de Latinoamérica
durante los ‘70, la Escuela de Mecánica de la Armada.
No vamos
a caer en la falsa discusión sobre si era un asado o la presentación
del Plan Estratégico de DDHH, ya que lo que realmente importa
es que, una u otra actividad, demuestran que no es una política
de DDHH lo que lleva adelante el gobierno, sino una política
de desmemoria, o mejor dicho, el avance por imponer una versión
de la historia en función de dejar intactos los intereses del
estado, de ese mismo estado que desapareció 30.000 compañeros
y que hoy día ejecuta una política represiva que ya suma
más de 3.800 pibes asesinados a través del gatillo fácil
y la tortura, más de 210 desaparecidos y 68 compañeros
asesinados por luchar.
Cuando
el kirchnerismo se puso a la cabeza de la reconstrucción de las
instituciones de los poderosos, decidió que, a la par, debían
construir el consenso necesario para salvaguardar los intereses de su
clase con el menor costo político posible. Gran parte de ese
consenso ha sido construido alrededor de los “Derechos Humanos
y la Memoria”. Así, han “resignificado” (o
sea, adaptado a sus necesidades) buena parte de la historia de los ‘60
y ‘70, cuando los trabajadores y el pueblo supieron dar una gran
pelea por ocupar el lugar que realmente les corresponde.
El gobierno
se ocupó por parecer “heredero” de esa historia,
y, por lo tanto, dueño de la versión “oficial”.
Pero esa “resignificación” no es otra cosa que ocultamiento,
ya que cuando descaradamente hablan de “compañeros”,
silencian que quienes cayeron luchando no lo hacían por una sociedad
donde la policía mata un pibe por día, donde las luchas
de los trabajadores son criminalizadas y perseguidas, ya sea con el
código penal o con patotas del poder o, fundamentalmente, por
una sociedad en la que una minoría explota y vive a costa de
una mayoría explotada.
Nunca,
en todos sus discursos e iniciativas de la última década,
nadie del gobierno ha mencionado las verdaderas razones de la lucha.
Por el contrario, se ocuparon de tapar la verdad falseando la historia.
La actividad que se produjo en la ESMA a fines de diciembre es la conclusión
de esta política.
El asado
en sí no sorprende tanto, si tomamos en cuenta que desde el gobierno
y sus aliados se ha promovido que en la ESMA y otros CCD, se hagan cursos
de “cocina revolucionaria” por TV, murgas y corsos (como
en la propia ESMA en 2009), se baile tango, se hagan talleres literarios
y actividades por el estilo. Todo ellos lleva a que los espacios donde
fueron detenidos, torturados y desaparecidos o asesinados miles de compañeros,
se conviertan en lugares lúdicos, como lo hicieron con el 24
de marzo, hoy feriado, utilizado por el gobierno para hacer festivales
y por muchos para irse unos días a la playa.
Así,
los CCD toman forma de lugares comunes, como plazas, parques y hasta,
para quienes trabajan ahí, lugares de trabajo. Los campos de
concentración se naturalizan frente a los ojos de la sociedad,
tapando la sistematización de los asesinatos que llevó
adelante el estado y vaciando su contenido, que no es otro que ser testimonio
de la capacidad que tiene el estado para asesinar a quienes considera
enemigos.
Exactamente
lo que, en conjunto con la AEDD, advertimos en marzo de 2004, cuando
se anunció desde el gobierno nacional la forma en que se utilizaría
la ESMA: “ La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos
plantea -y CORREPI coincide- que la ESMA y el resto de los campos de
concentración no deben tener otro destino ni función que
no sea el de ser testimonio del terrorismo de estado. ... Junto a la
AEDD consideramos que no debe funcionar en ese predio ninguna institución
estatal -y mucho menos privada-, ya que no debe establecerse en el lugar
un movimiento rutinario de personal y de público cumpliendo las
funciones propias de esas oficinas, etc., que vaciaría de contenido
el espacio”. (21/02/2004, Boletín nº 259).
Del otro
lado, vimos cómo, de manera oportunista, partidos como el FAP,
Proyecto Sur o la UCR, se mostraron horrorizados por la cuestión.
Nada más hipócrita, viniendo de personas que en los primeros
años acompañaron y apoyaron estas mismas políticas,
entrando junto a Néstor Kirchner en la ESMA para inaugurar actividades.
Decimos,
una vez más, que nosotros no olvidamos ni nos entregamos a días
festivos sobre la memoria de quienes murieron luchando. El único
homenaje hacia los compañeros, es continuar su lucha.
Después
de los saqueos, amenaza de más represión.
A una
semana de los saqueos que se desataron en diversos puntos del país,
tanto el gobierno nacional como los provinciales siguen dando muestras
claras de que la política elegida hacia los sectores pauperizados,
organizados o no, es la represión.
Esta vez
fue el gobierno de Río Negro, a través de su ministro
Luis Di Giácomo, quién manifestó que, frente a
nuevos intentos de saqueos, “van a reprimir llegado el caso”
y añadió que “hoy están mejor alistados que
hace una semana". Luego de los allanamientos conjuntos entre la
policía provincial y la gendarmería enviada
por orden del gobierno de la Nación, fueron 12 los detenidos
y 44 los imputados en un total de 48 allanamientos realizados, según
un informe presentado por el propio ministro rionegrino.
Es importante
señalar también la intención de distintos funcionarios
del gobierno nacional para deslegitimar la protesta social. En primer
lugar, apuntaron a las organizaciones sociales y sus dirigentes, y sectores
del sindicalismo, acusándolos de “ser grupos mafiosos vinculados
al narcotráfico” que fogonearon los saqueos. También
fue éste el caso, semanas atrás, cuando Sergio Berni culpabilizara
al FOL y por los sucesos ocurridos en la casa de Tucumán, en
el marco de una manifestación popular de repudio al fallo absolutorio
en el caso de Marita Verón, que no hizo otra cosa que legalizar
la trata de mujeres. Luego, señalaron que los manifestantes y
los pobladores del Alto Bariloche no eran más que “vándalos
y delincuentes y no gente hambrienta buscando comida”, desconociendo
que fue la real situación de miseria en que se ven sumergidos
la que impulsó a cientos de personas a entrar a un supermercado
a conseguir por la fuerza lo que el sistema les niega.
Esto hechos
se inscriben en una política de estado muy bien definida,
que, cuando advierte que el disciplinamiento social de la clase explotada
se agrieta, busca deslegitimar su lucha y sus manifestaciones para poder
reprimirlas con el consenso necesario.
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El control
estatal, sin vacaciones.
El pasado
19 de diciembre fue lanzado en la ciudad de Mar del Plata el Operativo
Sol, con el objetivo de controlar casi 1.200 km de la costa atlántica.
Así el estado coloca en sus calles a más de 8 mil efectivos
policiales, y pone a disposición de las fuerzas represivas 650
patrulleros, 500 motocicletas, cuatriciclos y dos helicópteros
para la “prevención y seguridad”. Enormes recursos
para controlar a los trabajadores y el pueblo.
Para eso
no hay vacaciones. El estado no descansa en su tarea de garantizar la
seguridad de quienes tienen el poder.
Frente
a la intención declarada por los funcionarios de un “servicio
para que los turistas que llegan a la Feliz pasen un verano en paz”,
sabemos que lo que en realidad se pone en práctica es un aumento
del control y hostigamiento a los pibes pobres de los barrios, aún
más del que ya reciben durante el año.
El gobernador
Scioli declaró "hemos dispuesto cámaras de monitoreo
y más comisarías móviles esta temporada, para que
las familias estén tranquilas y seguras”. Las familias
que no están tranquilas, son las victimas del gatillo fácil
en manos de la policía, como la de Mauricio Araujo, asesinado
en Mar del Plata el 23 de diciembre, a cuatro días de la puesta
en marcha el operativo.
Tampoco
estarán muy tranquilos los turistas con recursos, por más
despliegue policial que vean, cuando la experiencia enseña que
si alguien conforma bandas organizadas para realizar robos a gran escala
en los lugares de veraneo año a año, es la propia policía,
que hasta recluta mano de obra en el conurbano, como los “horneros”
que terminaron usados para asesinar a José Luis Cabezas.
Una vez
más, queda en evidencia al servicio de qué intereses es
puesta la policía, y qué significa, para los distintos
gobiernos, “resolver el problema de la inseguridad”. Bajo
la responsabilidad política del intendente Gustavo Pulti, el
gobernador Daniel Scioli y el gobierno nacional de Cristina Fernández
de Kirchner, el Operativo Sol despliega un gigantesco dispositivo de
vigilancia y control social durante el verano, que recae lejos de los
supuestos turistas y cerca –encima-de los trabajadores y el pueblo.
“Fin del mundo” a pura represión estatal.
Desde
la presentación del Archivo que recopila los casos de personas
asesinadas por el aparato represivo del estado (1983/2012), que se realizó
el pasado 16 de noviembre, nuevos casos de gatillo fácil y muertes
en cárceles demuestran que la represión es una política
de estado que se implementa a lo largo y ancho del país.
Un breve
recuento de las muertes tras las rejas:
Jonathan
Fernández Vera fue asesinado en la Unidad 47 de San Martín,
unos días antes de asistir al juicio oral y público donde
debía declarar contra penitenciarios del SPB acusados de violación.
Ignorando un oficio que indicaba que Jonathan debía estar solo
para resguardar su integridad física, fue puesto en una celda
con dos detenidos y un par de horas después apareció muerto,
al mismo tiempo que el oficio desapareció misteriosamente.
Carlos
Báez, uno de los jóvenes que fue internado luego de un
supuesto motín en la Unidad Penal III, falleció el pasado
3 de enero, como consecuencia de las quemaduras en sus vías respiratorias.
En la
cárcel de mujeres de Ezeiza, apareció muerta Florencia
Cuellar. Las causas de su fallecimiento aún continúan
dudosas, pero, se trate del motivo que sea, la responsabilidad del fallecimiento
es del estado, un estado que asesina y “suicida” en cárceles
y comisarías, bajo la protección de los gobiernos de turno,
aunque se proclamen garantistas de los derechos humanos.
Pero el
estado no mata únicamente a los pobres que están tras
las rejas, sino también a través de la modalidad preventiva
en las calles que busca disciplinarnos socialmente. En los últimos
dos meses, se registraron varios casos de gatillo fácil y represión
a sectores populares.
El 28
de noviembre, en la localidad de Villa Ballester, Humberto Gioia, suboficial
mayor retirado del Servicio Penitenciario Federal, mató a un
pibe de 16 años con la excusa de que intentó robarle el
auto. El 14 de diciembre, en Río Tercero, un pibe de 25 años,
de apellido Funes, también fue asesinado por balas policiales.
La versión oficial, una vez más, sostiene que se trató
de una persecución y un enfrentamiento tras el intento de robo
por parte de Funes. Sin embargo, familiares y testigos niegan rotundamente
que estos hayan sido los hechos. En la “ciudad feliz” marplatense,
el 23 de diciembre fue asesinado Mauricio Araujo, de 19 años,
por dos policías bonaerenses que se encontraban de civil y se
movían en un coche sin identificación. Mientras la versión
policial y de los medios de comunicación habla de enfrentamientos,
vecinos y familiares fueron testigos de la ejecución del pibe
y posterior “plantado” de un arma.
Neuquén
también reprime. El último 20 de diciembre, fecha emblemática
cuando de represión se trata, Brian Fernández, de 14 años,
se encontraba junto a otros amigos en un auto. Fue asesinado de un balazo
en la cabeza por Claudio Salas, policía provincial que los perseguía
por evadir un control de tránsito. En Rosario, la represión
policial en los distintos saqueos dejó como resultado cuatro
muertos y cientos de detenidos. Y sigue la lista.
Lo que
queda claro es que todos estos casos de supuestos enfrentamientos dejan
como resultado pibes muertos y policías ilesos. Las fuerzas represivas
que se entrenan para matar, asesinan a un pibe por día, en los
distintos barrios del país, buscando ejercer el control sobre
la población, pero no sobre toda la población indiscriminadamente,
sino sobre los más vulnerables, los más pobres, y sobre
los sectores de esa clase trabajadora organizados para luchar.
El mundo
no se acabó, nada cambió. Seguimos viviendo en el sistema
capitalista que necesita del brazo armado del estado para reproducir
la injusticia. Por eso, como siempre decimos, frente a la represión,
¡Organización y Lucha!.
La
pelea de la Sala Alberdi.
Hace ya
dos años y medio que los estudiantes de la Sala Alberdi del Centro
Cultural Gral. San Martín resisten, toma mediante, su desmantelamiento,
en el marco del proyecto de desguace y privatización de la cultura
que encara el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Desde
el 2 de enero, cuando con la excusa del receso estival se rodeó
el edificio de vallas, policías y patovicas para impedir el acceso
de los compañeros a la sala, la pelea por la cultura popular
adquirió mayor tensión. Inmediatamente movilizados, y
con el apoyo de organizaciones de todo tipo, los estudiantes lograron
traspasar el vallado, y, desde entonces, un grupo logró acceder
a la sala, mientras el resto protagoniza un acampe que empezó
en la vereda y, a fuerza de empuje, se instaló en la plaza seca
frente al acceso del edificio, desde donde una canasta con una soga
sube el agua y los víveres para los compañeros que están
aislados en el 6º piso.
La táctica
estatal combina el acoso y la presión represiva con intentos
de seducción. Mientras son permanentemente hostigados por los
vigiladores privados que custodian el edificio público y la policía
se muestra periódicamente con todos sus pertrechos, también
utilizan personal de programas de asistencia a personas en situación
de calle “para relevar sus necesidades”, como si los compañeros
estuvieran en el acampe porque no tienen casa, y no defendiendo un lugar
público de estudios artísticos.
En ese
marco, seis jóvenes que se solidarizaron con el acampe fueron
detenidos por la policía a unas cuadras, en la plaza Lavalle
frente al palacio de Tribunales, y mantenidos 48 horas en la comisaría
3ª. El miércoles 9 fueron liberados, pero quedaron imputados
en una causa penal con intervención del juzgado federal nº
9.
CORREPI
viene colaborando con los compañeros de la Sala Alberdi desde
el inicio de su lucha. Seguimos presentes en el acampe y en la defensa
de los compañeros represaliados, y convocamos a todos a sumar
su apoyo en la pelea más que justa por la cultura popular y la
educación pública.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
15.425
