BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 683
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
21 de
febrero del 2013
Del 19
de enero del 2013
Sumario:
1.
Siguen asesinando Qom en Formosa y Chaco.
2.
Chicle judicial, policías impunes... y ¿Luciano dónde
está?
3.
Grave denuncia en el penal de Ituzaingó.
4.
Campaña por la absolución de los delegados del Garrahan.
5.
Las leyes “antiterroristas” de Piñera.
Seguí día a día el juicio a los asesinos de Mariano
Ferreyra en:http://juiciomarianoferreyra.blogspot.com.ar/ o accedé
desde nuestra página, cliqueando en la imagen de Mariano.
Siguen
asesinando Qom en Formosa y Chaco.
En lo
que va de 2013 ya se suman dos asesinatos más a integrantes de
los pueblos originarios Qom de las comunidades Potae Napocna Navogoh
(La Primavera) de Formosa y Qompi Naqona'a, de Villa Río Bermejito,
Chaco: Imer Flores, de 12 años, asesinado a golpes en Villa Río
Bermejito y Juan Daniel Diaz Asijak, de 16 años, sobrino de Félix
Díaz, asesinado de un golpe en el cráneo, en Formosa,
que fue encontrado muerto al costado de una ruta junto con su moto.
Trataron de hacerlo pasar como un accidente de tránsito, a pesar
del fierrazo que tenía en la cabeza. Por último, el martes
15, Héctor Alonso fue atacado por tres matones que circulaban
en dos motos sin patente, quienes le mostraron un cuchillo al mismo
tiempo que lo insultaban.
A todo
esto se suman la quema de los ranchos de los qom, la golpiza recibida
hace unos días por Gerardo Rodríguez Teodoro Aranda; los
asesinatos, hace un mes, de Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Coyipe,
de un año, atropelladas adrede por el gendarme Walter Cardozo,
y, desde luego, los asesinatos en 2010 de Roberto López y Mario
López.
Frente
a la reacción popular, que fue la de salir a las calles a exigir
que los gobiernos dejen de asesinar, amenazar y perseguir a la comunidad
qom con el único fin de quitarles sus tierras para dejarlas en
manos de empresarios que sigan llenándose de dinero a costa del
pueblo y sus recursos naturales, el estado recurrió a sus fuerzas
represivas para acallar su voz. Hubo movilizaciones en distintos puntos
del país, entre ellos en Formosa, la que fue duramente reprimida.
Como ya
sabemos, en una sociedad en la que millones de pobres viven para sostener
a un puñado de ricos y poderosos que se apropian violentamente
de tierras que no les pertenecen, que van a usar exclusivamente para
acumular ganancias, al tiempo que desplazan a la peor miseria de vivir
sin techo y sin sustento a cientos de familias, ese nivel de despojo
no puede sostenerse sin represión y sin persecución a
los compañeros qom, que día a día se organizan
para salir a pelear por lo que es justo y también para defenderse
de la embestida constante del estado a través de sus propias
fuerzas represivas o de sicarios, en lo que es la tercerización
de la represión.
Gobierne
quien gobierne, el estado reprime a todo sector organizado que intente
pelear para cambiar este orden. La única forma de enfrentar la
represión y la criminalización de la protesta es salir
a luchar a las calles, denunciando el carácter clasista de la
represión que ejerce el estado sobre el pueblo.
Chicle
judicial, policías impunes... y ¿Luciano dónde
está?
El caso
de Luciano Arruga ya es harto conocido. Tenía 16 años
cuando, tras ser hostigado reiteradas veces por la policía de
Laferrere, fue secuestrado, torturado y desaparecido por no querer robar
para ellos. Hay ex detenidos de la comisaría de Lomas del Mirador
que testimonian cómo fue golpeado y los policías involucrados
están identificados.
Como habitualmente
ocurre en los procesos que apuntan a policías, "todos"
saben a grandes rasgos qué pasó y quiénes fueron.
En este caso también se sabe dónde.
Sin embargo,
siendo también esto lo usual, los policías asesinos están
en libertad y en la causa no figuran como imputados, sino como ¡TESTIGOS!
y desde el momento de su creación la causa no fue caratulada
como "desaparición" sino como "averiguación
de paradero".
En los
últimos días, circuló en los medios, como novedad
trascendente, que detuvieron a un policía. El oficial principal
Julio Diego Torales trabajaba en la comisaría segunda de la localidad
de Gregorio de Laferrere. Fue detenido y pasado a disponibilidad preventiva
por las torturas infligidas a Luciano varios meses antes de su desaparición,
en el marco de la causa iniciada entonces por su mamá. O sea,
esto no ocurrió en el proceso por la desaparición de Luciano,
en la que no hay ningún detenido, y los 8 policías imputados,
tras pasar un breve lapso como disponibles, fueron reincorporados hace
mucho al servicio activo sin una sola mancha en su legajo. Por descontado,
además, que Torales no fue imputado por torturas, sino por “severidades
y apremios”, la repetida figurita menor para ocultar la tortura
que garantiza, en el peor escenario para el policía, una pena
ínfima y la inmediata excarcelación.
En paralelo
al chicle judicial, y mientras, como premio consuelo, finalmente aceptaron
los jueces el reclamo de que se califique la situación de Luciano
como “desaparición forzada de persona” y no como
simple “averiguación de paradero”, la familia de
Luciano sigue denunciando estos atropellos y llamando constantemente
a la reflexión a la hora de pedir "seguridad", que
sólo es para los qué más tienen y se traduce en
represión y violencia en los barrios pobres.
Grave denuncia en el penal de Ituzaingó.
Un detenido
en la Unidad 39 de Ituzaingó, cuyo nombre reservamos a su pedido,
nos hizo llegar a través de un familiar una grave denuncia. Cuenta
el joven que un grupo de presos estaba planeando una fuga, lo que fue
descubierto por el personal penitenciario. Como represalia, los guardiacárceles
aplicaron feroces castigos a todos los internos del pabellón.
No contentos con esto, un alto funcionario del Servicio Penitenciario
Bonaerense decidió aleccionar a algunos personalmente.
El oficial
ingresó al pabellón armado con una faca, e hirió
a puntazos a varios de los pibes, casi degollando a uno de ellos. Quien
nos pasó la información, nos contó también
que, desde luego, ninguno recibió atención médica,
y, desde luego, fueron todos “engomados” para que el asunto
no trascendiera en las visitas.
Es el
mismo servicio penitenciario que meses atrás asesinara al joven
Jonathan Fernández Vera (testigo en una causa de violación),
que cuenta con la impunidad otorgada por jueces, fiscales y medios de
comunicación, que cumple el rol disciplinador dentro de la prisión,
configurando así el 39% de las muertes documentadas dentro de
nuestro Archivo de Casos.
Campaña
por la absolución de los delegados del Garrahan.
Durante
el largo conflicto de los trabajadores del Hospital Garrahan en el año
2005, probablemente una de las luchas más importante de los últimos
años dirigida por una Comisión Interna antiburocrática
genuinamente elegida por sus compañeros, el gobierno utilizó
cuanto recurso tiene a su disposición para reprimirla. A tono
con las declaraciones del entonces ministro de Salud kirchnerista, Ginés
González García, que llamó a los huelguistas “terroristas
sanitarios”, fueron muchas las causas judiciales con las que se
intentó desarticular la organización de los trabajadores,
atacando tanto a la base, como en la causa iniciada contra los “franqueros”
(los trabajadores de fines de semana y feriados, los más precarizados)
por abandono de persona, como a la dirección, como las varias
causas propiciadas contra los delegados, especialmente su referente
más visible, el compañero Gustavo Lerer. Una de esas causas,
por ejemplo, llegaba al absurdo de acusar a Lerer por “robo calificado
en perjuicio de la administración pública”, pues
las autoridades denunciaron que la Junta Interna había usado
una resma de papel propiedad del hospital para imprimir unos volantes.
Casi todas
esas “investigaciones” criminales fueron cerradas con el
doble recurso de la defensa política y técnica, sosteniendo
una pelea paralela a la huelga en la que CORREPI, junto a muchas otras
organizaciones, nos pusimos al servicio de los compañeros. Pero
la decisión de escamentarlos estaba tomada, y una de esas causas,
iniciada contra cuatro delegados (Gustavo Lerer, Eduardo García,
Marcelo Mansilla y Adriana Agüero) fue elevada a juicio oral.
Se acusa
allí a los compañeros por “amenazas coactivas”
contra dos inspectores del ministerio de Trabajo, que concurrieron al
hospital el día de una asamblea, a verificar si se estaba atendiendo
a los pacientes (cosa que jamás estuvo descuidada por los compañeros).
La natural repulsa que sufrieron los buches del gobierno por parte del
conjunto de los trabajadores, que expresaron a viva voz su repudio por
la provocación, derivó en una más que ridícula
imputación, que, como se funda en razones políticas y
no de otro orden, siguió adelante.
El juicio
comenzará el 8 de abril próximo, ante el tribunal oral
nº 29 (el mismo que, hace años, tiene a su cargo, sin fijar
fecha de debate, la causa Bulacio) y proseguirá los días
9, 12, 15, 25 y 29 del mismo mes.
Convocamos
a todos los compañeros y organizaciones a difundir y firmar el
siguiente texto unificado, para ser presentado antes del inicio del
debate al tribunal. Rogamos hacer llegar las adhesiones a ategarra@yahoo.com.ar:
Sres.
Jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29
Presidente
Dr. Goerner, Rodolfo Gustavo
Vocal
(subrogante) Dra. Deluca Giacobini, María C.
Vocal
(subrogante) Dr. Llitvack, Alejandro
Teniendo
en cuenta que el 8 de abril del corriente año comienza el juicio
oral y público contra la enfermera de oncología Adriana
Agüero, el técnico de laboratorio Marcelo Mansilla, el enfermero
de Resonancia Magnética Nuclear Eduardo García y el bioquímico
Gustavo Lerer, trabajadores de la salud y delegados sindicales de la
Asociación Trabajadores del Estado del Hospital de Pediatría
J. P. Garrahan en la causa nº 3.076 en la cual se los acusa de
amenazas coactivas a dos inspectores del Ministerio de Trabajo en la
huelga del año 2005 por aumento de salarios igual a la canasta
familiar y en defensa del hospital público, nos dirigimos a Uds.
para solicitar la absolución de los 4 compañeros.
Este es
un caso típico de criminalización de la protesta social
donde el estado y el gobierno a través de funcionarios públicos
buscan amedrentar a los trabajadores para que dejen de ejercer sus derechos,
como en este caso es la huelga, consagrados en la Constitución
nacional. Paradójicamente fue el gobierno, a través del
uso ilegal del aparato estatal (ministerios, poder judicial, policía,
gendarmería, etc.) quienes “coaccionaron” a los trabajadores
del Hospital Garrahan.
Las
leyes “antiterroristas” de Piñera.
Las llamadas
leyes “antiterroristas”, dirigidas a disciplinar al pueblo
trabajador para evitar que se organice y salga a pelear por sus derechos,
con sus diferencias regionales, han sido implementadas en la mayor parte
de Latinoamérica. Chile, además de no ser la excepción,
va a la punta en su cotidiana aplicación a los luchadores.
El 4 de
enero pasado se incendió el fundo Palihue, en la comuna de Vilcún,
campo del empresario agrícola Werner Luchsinger. En el incidente
murieron el terrateniente y su esposa. En el marco de la lucha que viene
llevando adelante la comunidad Temucuicui Autónoma, comunidad
mapuche en la zona, se los incriminó por las muertes. Así,
el presidente Sebastián Piñera ordenó el nombramiento
del general Carlos Carrasco Hellwig, el tercer hombre en la línea
de mando de carabineros, como "total responsable" del control
de la violencia y amenaza terrorista en la zona de conflicto, que abarca
tres regiones del sur del país: Bío Bío, La Araucanía
y Los Ríos.
Así,
fueron detenidos tres integrantes de la comunidad, dos que ya esperan
juicio, mientras que el tercero, José Córdova Tránsito,
ley antiterrorista mediante, fue arrestado por los carabineros sin control
judicial. Es que la ley faculta al aparato represivo a ampliar la detención
de una persona, sin tener que presentarlo ante un magistrado o una audiencia
de control, además de duplicar la posible condena. Mientras tanto,
y para coronar el conflicto, el estado decidió sitiar la zona
de Araucanía, donde vive la comunidad.
La justificación
que utilizaron para tomar esta medida fue la hipótesis surrealista
de una acción común de la comunidad aborigen y las FARC,
como declarara el ministro chileno Cristián Larroulet.
Los gobernantes
siempre encuentran la forma de ayudar a sus amigos, los empresarios
y terratenientes, desacreditando las luchas, con la criminalización
de la pobreza y de la protesta social, la implementación de leyes
represivas y el hostigamiento directo a los trabajadores.
FUENTE: CORREPI
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