BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 684
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
28 de
enero del 2013
Del 26
de enero del 2013
Sumario:
1. Bariloche: cárcel, movilización, gendarmería
y más cárcel, todo bien Nac&Pop.
2. Para el estado, un policía que es violento en la casa, no
lo es en funciones.
3. La Sala Alberdi resiste. El estado criminaliza la protesta y persigue
a los que luchan.
4. Combo represivo: tortura en comisaría y represión a
manifestantes en Gral. Madariaga.
5. Próximas actividades.
Seguí
día a día el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra en:http://juiciomarianoferreyra.blogspot.com.ar/
o accedé desde nuestra página, cliqueando en la imagen de
Mariano.
Bariloche:
cárcel, movilización, gendarmería y más cárcel,
todo bien Nac&Pop.
Saldada
quedó la interna entre Omar Goye (intendente de Bariloche) y
Alberto Weretilneck (gobernador de Río Negro), resultado éste
último vencedor. La que no quedó saldada es la deuda que
estos verdugos, así como el gobierno nacional, tienen con el
pueblo, sino que se incrementó, luego de que, a la detención
de cinco personas, acusadas de organizar los saqueos en Bariloche el
20 de diciembre, se sumaran otras seis, el pasado 21 de enero, cuando
la gendarmería reprimió un corte de ruta en reclamo de
la libertad de los primeros detenidos.
Además de algunos menores de edad, que luego del clásico
maltrato fueron liberados, los seis nuevos presos fueron golpeados,
arrastrados de los pelos y detenidos por la gendarmería nacional.
Las tres mujeres de la primera tanda de presos, iniciaron hace varios
días una huelga de hambre, ya que las trasladaron fuera de Bariloche,
alejándolas de sus hijos. Ahora se suman estos seis compañeros,
entre los que se cuentan Blanca, conocida militante antirrepresiva de
los barrios del Alto de Bariloche, y nuestro compañero Gabriel
Anderete (Colibrí), militante anarquista que viajó desde
Bahía Blanca para solidarizarse con los detenidos.
El corte de la ruta Nº 40, que comunica Bariloche con El Bolsón,
fue reprimida no por el gobierno provincial, sino por el nacional, usando
la gendarmería y bajo la dirección del juez federal Leónidas
Moldes, conocido verdugo de toga de la zona, encargado de asegurarse
que los pobres del Alto no anden interfiriendo con la circulación
entre dos centros turísticos en plena temporada, afeando el paisaje
y dando una muestra cabal de cómo se reprime la protesta y se
criminaliza la pobreza en democracia.
El costo de vida está cada vez más alto y el conflicto
social aumenta de manera consecuente con esta realidad. A pesar de que
intenten negar la realidad, el pueblo sabe cuál es, porque la
sufre. Hubo saqueos por el hambre, ahora los meten presos porque osaron
levantar la cabeza y no toleran la realidad mansamente. Durante los
saqueos hubo muertos por la represión policial y todavía
tienen resto para proclamarse “el gobierno de los Derechos Humanos”
y festejar el retorno de la Fragata Libertad, con su séquito
de aduladores y aplaudidores.
Ante la escalada represiva llevada adelante por el gobierno nacional
y los gobiernos provinciales, CORREPI, que está presente en Bariloche
a través de los compañeros patagónicos del ENA
(Encuentro Nacional Antirrepresivo), y colabora con la defensa técnica
asumida por la compañera Marina Schifrin, de la Asociación
Gremial de Abogados, estará presente, también, junto al
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en la conferencia de prensa que
convocamos el martes 29 de enero a las 12, frente a la secretaría
de Derechos Humanos de la Nación. Allí anunciaremos las
medidas colectivas que llevaremos adelante para denunciar la situación
y defender a los compañeros, a los que el juez federal denegó
las excarcelaciones.
Como dice el compañero Gabriel en la carta que hizo llegar desde
la celda de gendarmería, “...Estas palabras son sencillas,
son un llamado a luchar, a organizar el descontento a este sistema,
a alimentar el sueño de otro mundo con la certeza que somos muchxs,
de que la esperanza crezca con cada gesto solidario, con cada nuevxs
conpañerxs que sentimos en la lucha”.
Para
el estado, un policía que es violento en la casa, no lo es en funciones.
Hace algunos
días, se dio a conocer la resolución 1515 del ministerio
de Seguridad, que dispone la restricción la restricción
de la tenencia, portación y transporte del arma de dotación
y las municiones correspondientes a los efectivos de las fuerzas de
seguridad que tengan licencias psicológicas, estén exonerados
o dados de baja por sanciones disciplinarias. En sus considerandos,
la ministra Nilda Garré menciona “que se han recibido en
el ministerio de Seguridad denuncias de personas víctimas de
violencia ejercida por sus cónyuges, parejas y/o familiares integrantes
de las fuerzas policiales y de seguridad”, y, citando convenientemente
la ley 26.485 contra la violencia de género, concluye con notable
perspicacia que “la situación de violencia puede verse
agravada por la tenencia, portación y transporte de las armas
particulares y de dotación de dichos integrantes”.
Hasta ahí suena como una resolución lógica, que
sólo mueve a preguntarse cómo es que, hasta ahora, los
exonerados, dados de baja por sanciones disciplinarias y suspendidos
por licencias psiquiátricas seguían gozando de sus licencias
de tenencia y portación.
Son muchos los casos registrados en nuestro Archivo de asesinatos policiales,
usando el arma reglamentaria y aprovechando la impunidad del uniforme,
que remiten a situaciones de violencia intrafamiliar o de género.
Caso paradigmático es el del teniente de la policía bonaerense
Omar Brítez, que había sido denunciado judicialmente por
su ex pareja, Fernanda Verón, por el hostigamiento y amenazas
contra ella y su nuevo compañero, Hernán Ibiris. De uniforme
y en servicio, Brítez ingresó de noche al domicilio de
Fernanda, vació el cargador de su reglamentaria, mató
a Hernán y lesionó gravemente a la joven mientras dormían.
Aproximadamente el 20% de los asesinatos cometidos contra mujeres en
el marco de situaciones de violencia de género son obra de integrantes
del aparato represivo estatal, y el 8% del total de víctimas
registradas en nuestro Archivo de Casos corresponde a muertes intrafuerza
(compañeros de trabajo) o intrafamiliares (parientes, parejas
o ex parejas).
Pero el dato que no destacaron los medios es que, en cambio, aquellos
miembros de las fuerzas de seguridad que estén en servicio activo,
aunque posean denuncias por violencia doméstica en su contra
o padezcan de algún trastorno psiquiátrico, podrán
utilizar sus armas durante su horario de trabajo. La única restricción
es que deberán entregarlas en la dependencia al salir de franco.
Es decir que el ministerio supone que ese policía que genera
situaciones de violencia con sus armas de fuego en sus ámbitos
privados, no será igual de violento durante su servicio con el
resto de la población. Lo que preocupa al ministerio no es el
uso habitualmente violento que hacen sus funcionarios de su equipamiento
letal, sino que, por la visibilidad que se ha logrado recientemente
que adquieran los asesinatos por violencia de género, eso le
de mala prensa. Entonces lo resuelve haciendo que el arma esté
sólo disponible en el horario de trabajo. El 92% de las víctimas
del gatillo fácil no eran parientes ni amigos de los policías
asesinos.
Por otro lado, se dio a conocer que, en el mes de diciembre de 2012,
desaparecieron del RENAR cerca de 200 armas que iban a ser destruidas.
En el lugar cumplen funciones miembros designados de la policía
federal y adicionales de la misma fuerza, con lo que queda claro cómo
viene la mano con este robo, que, dicho sea de paso, afectó a
las armas que se encontraban en mejor estado.
Muchas de esas armas robadas por policías serán algún
día secuestradas cuando caiga alguna banda de polichorros, o
aparecerán en la escena de un gatillo fácil, como “perros”
plantados.
La
Sala Alberdi resiste. El estado criminaliza la protesta y persigue a los
que luchan.
La Sala Alberdi, en el sexto piso del Centro Cultural San Martín,
resiste desde hace más de dos años el intento del gobierno
de Macri y su ministro de cultura Lombardi de desmantelar la cultura,
a través de la privatización de los pocos espacios públicos
que quedan. Los compañeros vienen resistiendo frente a la persecución
del gobierno, que en varias oportunidades amenazó y golpeó
a gente de la Sala, además de impedir otras veces que pudieran
ingresar al sexto piso, restringiendo los horarios de entrada y salida
al CCSM.
La novedad de en enero de 2013 fue que, con la excusa del receso estival,
cerraron con candado la reja de la Plaza Seca -que es una plaza pública-,
impidiendo la entrada al edificio y dejando encerrados sin acceso a
baños y sin víveres a los compañeros que quedaron
en el 6º piso, a merced de las amenazas constantes tanto de la
policía metropolitana que se encuentra dentro, como de matones
no identificados. Lombardi no sólo le niega el diálogo
a los compañeros, sino que ordena que nadie pueda ingresar a
la Sala e impide la salida y el acceso a baños de la gente que
quedó encerrada arriba, inhabilitando los ascensores y cerrando
con llave todas las salidas de emergencia.
El acampe cultural realizado en la Plaza Seca, ahora llamada “Plaza
Recuperada”, es una medida que los compañeros tomaron frente
a esta situación y a las agresiones tanto físicas como
verbales de la policía y los patovicas del CCSM. A tal punto
llega el hostigamiento, que tienen que subir alimentos y agua a los
que están en el sexto piso, mediante una canasta con una soga,
que en una ocasión fue cortada por uno de los matones. En otra
oportunidad, los compañeros que subían los víveres
fueron agredidos por uno de los patovicas, que les arrojó un
bidón con dos litros de agua desde el quinto piso, ante lo que
no hubo ningún lesionado sólo por la mala puntería
del cobarde.
Los episodios de persecución y hostigamiento a los compañeros
y la criminalización de la protesta más que legítima
que llevan adelante tanto en el acampe como en la Sala, muestran una
clara estrategia del gobierno para desgastar y debilitar la medida de
fuerza.
Además de los golpes que vienen recibiendo aquellos que intentan
acercar comida y agua al sexto piso, hace poco más de una semana
seis compañeros que se solidarizaban con el acampe fueron detenidos
por la policía federal y hoy se encuentran imputados en una causa
penal. Unos días después, dos compañeros de la
agrupación Horizonte de Libertad, también solidarizándose
con el acampe cultural, fueron golpeados a una cuadra del CCSM por unos
diez matones con bastones largos, que se retiraron tranquilamente en
dos autos al grito de “Vamos a volver”, frente a la mirada
atónita de vecinos y transeúntes. Al mismo tiempo, otra
compañera de la Sala era perseguida por un patrullero de la metropolitana
hasta la puerta de su casa en el conurbano bonaerense y varias personas
recibían amenazas telefónicas por participar en la lucha.
Días después, otro compañero del acampe fue detenido
a una cuadra del CCSM por cuatro policías de civil que lo mantuvieron
tres horas encerrado en un auto con vidrios polarizados, amenazándolo
tanto por su participación en la Sala como por su lucha junto
a los hermanos qom.
El último lunes, 21 de enero, se notificó a los compañeros
del acampe y de la Sala sobre una denuncia penal por “usurpación
del espacio”, en lo que es un intento descarado de criminalizar
esta protesta y esta lucha legítimas contra el desmantelamiento
de la cultura y la mercantilización del arte.
Además de todos estos episodios que estamos enumerando, se suma
la cantidad de servicios de inteligencia infiltrados que intentan generar
disturbios en el acampe y recabar información de todo el que
se encuentre allí, haciéndose pasar por auto convocados
y sacándole fotos a la gente.
Desde CORREPI seguimos acompañando el acampe cultural de la Plaza
Recuperada y la toma de la Sala Alberdi, convocamos a todos los que
puedan a acercarse y apoyar esta defensa del arte popular y denunciamos
que la represión y la persecución a los que se organizan
es una política de estado.
¡La Sala Alberdi resiste! ¡Basta de reprimir a los que luchan!
________________________________________
Combo represivo: tortura en comisaría y represión a manifestantes
en Gral. Madariaga.
No llama
la atención que la misma secuencia se repita una y otra vez:
un chico joven y pobre -el blanco predilecto por las fuerzas represivas-
tomando una cerveza en el cordón de una vereda. Con una de las
excusas de siempre, esta vez una contravención, la represión
y la muerte.
Damián Alejandro Sepúlveda, de 27 años, vivía
en Gral. Madariaga con su padre, luego de haber estado un tiempo con
su mamá y sus hermanos en una iglesia como consecuencia de haberse
quedado sin un techo tiempo antes. La mañana del domingo 13 de
enero, volvía de bailar. Antes de llegar a su casa, paró
en un almacén para tomar una última cerveza. Pasó
un patrullero. Los policías entendieron que era momento y lugar
de cumplir con su función primordial, la de reprimir. Le labraron
una contravención a Damián y lo subieron al patrullero
para llevarlo a la comisaría. Horas después, Damián
apareció muerto en un calabozo.
Siempre hay dos versiones, la de la policía y la del barrio.
En este caso, los policías relatan que Damián se resistió
a la detención, forcejeando y sacando una faca. Así, los
uniformados del poder justifican la tremenda paliza que lo dejó
semi inconsciente aún antes de subirlo al patrullero. A esto
sigue el cuento habitual de que Damián, una vez en la comisaría,
se deprimió y se suicidó colgándose de su propia
remera.
En cambio, la mujer que atiende en almacén donde Damián
compró su última cerveza, y otros dos testigos, dicen
que él no se resistió ni mostró arma alguna. Coinciden
sí las dos versiones en que la policía le pegó
a Damián antes y durante el traslado. Otros testigos cuentan
que para entrarlo a la comisaría tuvieron que arrastrarlo mientras
chorreaba sangre.
Es una modalidad represiva de disciplinamiento frecuentemente utilizada
por las fuerzas de seguridad del estado la de torturar a los jóvenes.
Y cuando “se les queda” el torturado (como decía
Walsh, cada vez vienen más flojitos los morochos) los hacen pasar
por suicidios.
Así que según la policía, Damián, de 90
kilos, logró, estando físicamente muy mal por los golpes
recibidos, colgarse de su propia remera para suicidarse sin motivo alguno.
Inverosímil versión, cuando sabemos que la policía
asesina a un pibe por día y que el 39% de las 3.800 personas
asesinadas por el aparato represivo estatal murieron estando dentro
de una comisaría o cárcel, y que, en el caso de las dependencias
policiales, la enorme mayoría de los “deprimidos suicidas”
se encontraba ahí a causa de una contravención o de una
averiguación de antecedentes, herramientas de control legales
utilizadas cotidianamente.
El barrio de Gral. Madariaga y la familia de Damián no se quedaron
quietos ante este nuevo asesinato por parte las fuerzas represivas estatales
y decidieron organizarse para manifestarse frente a la comisaría
¿Cuál fue la respuesta del estado ante el pedido del barrio
y los familiares? Más represión, ahora con gases lacrimógenos
y balas contra los manifestantes.
Sabemos que la policía no está para cuidarnos, sino para
vigilarnos y prevenir que luchemos, pero también sabemos que
sólo los detendremos organizándonos.
________________________________________
Próximas actividades:
-Seguimos
haciendo el aguante a la Sala Alberdi en el acampe en Paraná
y Sarmiento.
-Martes 29, a las 12:00, conferencia de prensa frente a la secretaría
de ¿Derechos Humanos? para denunciar la avanzada represiva en
Bariloche y las medidas colectivas en defensa de los presos políticos.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
15.687
