BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 685
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
21 de
febrero del 2013
Del 5
de febrero del 2013
Sumario:
1.
Represión en Parque Centenario.
2.
La tortura que no es tortura en democracia.
3.
¡Libertad a los presos por luchar!
4.
El gobierno de la ciudad contra los trabajadores que luchan.
5.
A cuatro años de la desaparición de Luciano Arruga.
6.
Con o sin uniforme, igual gozan de impunidad.
Represión
en Parque Centenario
La noche
del lunes 28 de enero, vecinos y trabajadores de la feria que funciona
en Parque Centenario se convocaron en asamblea, alertados porque el
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires empezaba los trabajos para enrejar
la plaza esa misma noche. Así, Parque Centenario se sumaría
a otras 85 plazas de la Ciudad que poseen rejas que cierran por la noche.
Cuando
comenzaron a poner el vallado, los vecinos y feriantes decidieron resistir.
La policía Metropolitana avanzó, reprimiendo con balas
de goma y gases lacrimógenos. Como el gobierno de Macri consideró
que sus fuerzas represivas no bastaban, llamó al gobierno nacional,
que envió a la infantería de la PFA.
Esa noche
hubo 11 detenidos, que fueron trasladados a la comisaría 11ª
de la policía federal. Como lo hicieron en el Parque Indoamericano,
donde se juntaron para reprimir y asesinar a cuatro personas que pedían
por un techo, queda demostrado, una vez más, que para la represión
Macri y Cristina no tienen desacuerdos.
La noche
siguiente se repitió el mismo proceder represivo, irrumpiendo
en la asamblea, deteniendo a tres personas e hiriendo a otras.
La política
de enrejado de los espacios públicos la utilizan tanto el gobierno
de la Ciudad como el gobierno Nacional. Una de las primeras medidas
del gobierno de Kirchner, a poco de asumir, fue ponerle rejas a la plaza
más significativa para los trabajadores: la Plaza de Mayo. Después
de 2001, la clase social que está en el poder y que eligió
a los Kirchner como representantes, se dio cuenta que era muy inseguro
para ellos dejar ese espacio abierto. También fueron enrejados
el Congreso Nacional y otros edificios donde deciden las políticas
que aplican sobre el pueblo.
Los Kirchner
utilizaron en ese momento el mismo discurso que ahora usa Macri: la
inseguridad. Los primeros dejaron explícitamente claro, con las
rejas, que esos lugares no pertenecían a los trabajadores, y
que debían quedarse lejos. Por su parte, Macri afecta el trabajo
de los feriantes y también tiene como objetivo correr de las
plazas a los jóvenes, acusándolos de generar que esos
espacios sean inseguros, cuando, en realidad, muchos de aquellos jóvenes
que paran a dormir en la plaza, a jugar al futbol o a tomar una cerveza,
se encuentran con la verdadera inseguridad, la policía, que los
espera para hostigarlos y reprimirlos. Como le pasó a Jon Camafreitas
en la Plaza Mariano Boedo de Balvanera, donde fue perseguido y fusilado
el cabo Alexis Naredo de la comisaría 8ª, o como sucede
a diario en las plazas cercanas al Abasto, donde los policías
hostigan y abusan sexualmente de los chicos que paran ahí.
El mensaje
es claro, hay lugares “públicos” que no deben pertenecer
a los trabajadores ni a los pibes de los barrios. Para eso ponen rejas.
Nuestra respuesta es la organización y la lucha para retomar
los espacios que son nuestros.
La
tortura que no es tortura en democracia
El pasado
2 de enero, en la localidad de Santa Sylvina, provincia de Chaco, Alexis
Damián Espíndola fue detenido en la comisaría local,
acusado por un robo. Luego de ser trasladado al patio interno de la
seccional, fue torturado y golpeado con puños y patadas por cuatro
agentes policiales, uno de ellos Pablo Sandoval.
Finalmente,
lo trasladaron a una celda en la cual continuaron las amenazas. El terror
que ejercieron los policías sobre Alexis hizo que se escapara,
pero horas después fue detenido nuevamente en un barrio cercano
y regresado a la comisaría. Allí lo acostaron boca abajo
y comenzó otra golpiza que incluyo patadas, golpes de puño,
rodillazos en las zonas laterales del cuerpo, pisadas en el cuello y
culatazos de armas en la sien. Como resultado, además de las
obvias lesiones físicas, sufre un trauma psicológico que
le impide hablar.
Como siempre
sostenemos, la represión estatal necesita, además de la
policía como brazo armado, a todo un aparato encargado de encubrir,
liberar y garantizar la impunidad de los represores. En este caso, no
es extraña la conducta del médico de guardia del hospital,
quien se negó a constatar la golpiza. Pruebas no faltaban, ya
que varias fotografías tomadas por el abogado de la familia dan
cuentan de la gravedad del estado del pibe.
Pero éste
no es el único caso reciente en la provincia. En Resistencia,
los hermanos César y Daniela Romero presentaron una denuncia
por torturas y violación contra la comisaría 4ª.
Primero fue detenido César, usando para justificar el arresto
el Código de Faltas. Cuando Daniela se acercó a la comisaría
en busca de su hermano, fue insultada, maltratada, golpeada y obligada
a desnudarse sin personal femenino presente. Además, presenció
como su hermano era víctima de una golpiza e insultos. Finalmente,
Daniela fue liberada y a César le armaron una causa de atentado
contra la autoridad.
Otra provincia
que no se queda atrás a la hora de torturar es Corrientes. En
el penal de San Cayetano, más de 40 presos de los pabellones
de mínima seguridad fueron violentamente reprimidos con balas
de goma y palos por integrantes del Equipo Táctico de Operaciones
Penitenciarias (ETOP).
Estos
casos impunes ratifican la tolerancia a la tortura del estado argentino,
que asegura a las fuerzas de seguridad que el castigo siempre será
lo más leve posible, dándoles vía libre para que
comentan delitos y violaciones a los derechos humanos.
Y como
si esto fuera poco, ni siquiera se llama a las cosas por su nombre.
Bajar la calificación legal de torturas a apremios o vejaciones,
así como los homicidios calificados se tornan excesos en la legítima
defensa o u homicidios por negligencia, queriendo dar cuenta que es
un policía y no toda la institución, es parte del lavado
de cara necesario en el contexto democrático.
De norte
a sur, las fuerzas de seguridad estatales, llámense servicios
penitenciarios, policía federal, provincial, municipal, metropolitana,
gendarmería, prefectura o agencias de seguridad privada, torturan
y matan con un único objetivo, que es mantener el orden de cosas
establecido, cuidando las espaldas e intereses de los ricos y disciplinando
a los pobres.
¡Libertad
a los presos por luchar!
Luego
del despliegue propagandístico oficial de la “Campaña
Nacional contra la violencia institucional”, la represión
recrudece a lo largo y ancho del país, sumando una cantidad llamativa
de casos contabilizados en estos dos últimos meses. Entre las
diferentes manifestaciones de la misma política nacional se encuentran
los compañeros de Bariloche que siguen detenidos, cinco de ellos
acusados de “instigación” al saqueo luego de los
allanamientos violentos a los vecinos del Alto, tres de los cuales pertenecen
a la Cooperativa 1º de Mayo y vecinos de los barrios más
marginados. A estos presos políticos, se sumaron seis compañeros
más privados de su libertad, luego de la represión desplegada
en el corte de la Ruta nacional N° 40 por la gendarmería
nacional, bajo la dirección del juez federal Leónidas
Moldes, cuando los compañeros exigían la liberación
inmediata de lo primeros detenidos.
La situación
de los compañeros toma un carácter cada vez más
complejo. Hostigados afuera por las diferencias sociales y la explotación
que nos imprime el sistema, reprimidos por acampar y manifestarse en
pos de poder garantizar condiciones dignas de existencia, ahora se suman
los maltratos y condiciones inhumanas que les garantizan en los lugares
de detención. Por esto mismo, las tres compañeras detenidas,
Gisel Poblete, Catalina Lineros y Haydee Grande, iniciaron una huelga
de hambre, para visibilizar la situación de maltrato e incomunicación
en que se encontraban, siendo negada su excarcelación por el
juez Moldes, a pesar de que dos de estas compañeras tienen hijos
pequeños que están a su cuidado. Con la huelga de hambre
y la profundización de la campaña solidaria, se logró
su arresto domiciliario.
Ante la
presión de la movilización popular, con movilizaciones
en distintos puntos del país, se logró la excarcelación
de cinco de los presos de la ruta, Gabriel Anderete, Pablo Mansilla,
Maximiliano Careaga, Blanca Grande, Patricia Santos y Carla Sanpirisi.
Queda continuar la lucha por la liberación de todos, y por el
cierre de las causas, contra la criminalización de la protesta
social ejercida por el kirchnerismo.
Por eso,
ante la escalada represiva llevada adelante por el gobierno nacional
de la mano con los gobiernos provinciales, CORREPI, que garantiza su
presencia en Bariloche a través de los compañeros patagónicos
del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo); colabora con la defensa
técnica asumida por la compañera Marina Schifrin, de la
Asociación Gremial de Abogados, y estuvo presente, también,
junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y otros organismos de
derechos humanos, en la conferencia de prensa que se realizó
el martes 29 de enero, frente a la secretaría de Derechos Humanos
de la Nación donde decidimos invitar conjuntamente a sumarse
a la movilización que se realizará el 5 de febrero a Plaza
de Mayo.
El
gobierno de la ciudad contra los trabajadores que luchan
Otra vez
el gobierno de Mauricio Macri pone en evidencia la persecución
estatal frente a los trabajadores, que, de cara a la precarización
que sufren en sus puestos de trabajos, deciden dar una lucha para enfrentar
estos múltiples y permanentes atropellos.
Esta vez
fue el turno de los trabajadores del programa BAP (Buenos Aires Presente),
que fue afectado con el despido y traslado de más de una decena
de compañeros, entre los que cuales se encuentra toda la junta
interna de ATE. El ministerio de Modernización es denunciado
por los trabajadores como el encargado de llevar adelante esta política,
con Pedro Aparicio como uno de sus principales responsables. Esta persecución
sindical también alcanzó a dos delegados de la Dirección
General de Museo, sin olvidar el despido de un trabajador de la subsecretaría
de Trabajo por negarse a repartir volantes del PRO en diciembre pasado.
Los trabajadores vienen enfrentando un hostigamiento de larga data,
frente al claro objetivo de vaciar este programa (el cual depende del
Ministerio de Desarrollo) que trabaja con personas en situación
de calle.
Al igual
que las distintas patronales, la estrategia de desarticulación
de la lucha organizada, muestra sus distintos instrumentos: despidos,
traslados compulsivos (con una lógica selectividad en los compañeros
delegados), criminalización de la protesta, en fin: violentar
los derechos de los trabajadores frente a la organización que
denuncia la precarización a la que la un gran sector de los trabajadores
estatales es sometida, las pésimas condiciones edilicias, salarios
paupérrimos y los ya clásicos contratos basura.
Nada nuevo
nos muestra el gobierno de la ciudad con estas prácticas, ante
la organización de los trabajadores para defender sus intereses
y cuando el estado actúa como patrón, pone todo sus fuerzas
en impedir que avance su lucha, para mejorar y defender sus derechos.
A
cuatro años de la desaparición de Luciano Arruga.
Desde
que detuvieron, torturaron y desaparecieron a Luciano, más de
25 personas tuvieron igual destino a manos de las fuerzas de seguridad
del Estado. Todos ellos forman parte de los 210 desaparecidos por el
estado desde 1983 hasta fines de 2012.
Lomas
del Mirador es una muestra de lo que sucede en todos los barrios del
país: la inseguridad es la policía en la calle. Sin una
estructura estatal participando activamente y protegiendo el crimen
organizado, los grandes hechos de inseguridad que vemos todos los días
no existirían, ya que el trafico de drogas, el robo de autos,
casas, salideras bancarias, la prostitución, el tráfico
de personas y todos los negocios ilícitos que generan grandes
ganancias, están organizados y digitados desde el estado a través
de las fuerzas de seguridad. ¿Más policía para
combatir la inseguridad? Esa “solución” suena a apagar
un incendio con nafta.
Muchas
veces la policía recluta a jóvenes pobres para que salgan
a robar para ellos, ofreciéndoles droga a cambio o amenazándolos.
Luciano dijo no. Ahí estaba, un joven pobre levantando la cabeza,
un joven que se resistía al disciplinamiento de la policía,
un joven negándose a participar de los negociados de quien lo
reprimía y hostigaba todos los días. Eso fue suficiente
para que la policía determinara que Luciano era peligroso, por
lo tanto procedieron a eliminarlo del mapa.
Luego
de varias entradas a la comisaría donde lo torturaron, se llevaron
a Luciano el 31 de enero de 2009 y nunca más apareció.
Mentiríamos si dijéramos que nunca más se supo
de Luciano, porque se sabe que estuvo en la comisaría de Lomas
del Mirador; se sabe que lo torturaron; se sabe que esa noche los patrulleros
no hicieron su recorrido programado; se sabe que era hostigado cotidianamente
por los policías por negarse a robar para ellos. Se sabe, todos
lo sabemos, que Luciano y otras 210 personas no están ni ausentes
ni perdidas, sino detenidas y desaparecidas por las fuerzas de seguridad
del estado.
Luciano
Arruga también forma parte de las 78 personas desaparecidas durante
el gobierno de los Kirchner, que mientras levanta falsamente la bandera
de los DDHH, es el gobierno que más casos de gatillo fácil
acumula; el primero que logra consenso suficiente para militarizar todo
el territorio y para desplegar una política represiva que también
incluye leyes antiterroristas, tercerización de la represión,
represión a organizaciones políticas y más de 20
compañeros asesinados por luchar.
Desde
CORREPI estuvimos presentes el 26 de enero en Lomas del Mirador, acompañando
la lucha de los amigos y la familia de Luciano, que decidieron no quedarse
callados y organizarse y luchar contra la represión. Con o sin
uniforme, igual gozan de impunidad.
Con
o sin uniforme, igual gozan de impunidad
Marcos
Nahuel Arias, de 20 años, fue asesinado en Mendoza de una balazo
en el tórax, por un policía de civil. Cristian Corvalán,
de 23, fue asesinado en González Catán con un disparo
en la cabeza, propinado por otro policía de civil. Ramón
Alberto Cruz, de 35 años, fue asesinado en Misiones por otro
no uniformado; el balazo, para variar, fue por la espalda. Julio Luna
tenía 60 años cuando un federal de civil le disparó
en el pecho. A Mauricio Araujo, de 19 años, a quien encima le
terminaron plantando un arma a pesar de los vecinos testigos de la masacre,
lo mataron entre dos policías de civil que se movían en
un auto sin identificación, en Mar del Plata. En Moreno, Miriam
Fronza, de 49 años, recibió un tiro en la nuca del bonaerense
Claudio Fernando Vadalá, que no lucía su uniforme reglamentario
sino que manejaba su espléndido Hyundai Génesis valuado
en $200.000. La lista sigue.
Estos
casos seguramente suenen conocidos. Es porque, como todo hecho represivo,
los hemos denunciado en sus respectivos momentos, junto con otros miles
de casos de gatillo fácil que, a la par de las torturas sufridas
por los presos en las cárceles y los detenidos en las comisarías,
las detenciones arbitrarias y hostigamiento que sufren los pibes de
los barrios pobres, conforman un siniestro espectro de violencia que
desata la clase dominante para disciplinar a la clase trabajadora y
mantenerla calladita.
De civil,
también, estaban los policías que persiguieron, disparos
de bala de goma mediante, golpearon y detuvieron a Claudio Morel Rodríguez,
la semana pasada en la localidad de Avellaneda. Él tiene la suerte,
no como los casos que recordábamos arriba, de ser un famoso jugador
de fútbol y el caso trascendió. Trascendió, además,
por el horror que causó en algunos la idea de que un policía
de civil persiga y dispare a su antojo por la calle, sin identificación.
Pero esto es algo que, en realidad, no sorprende, no sólo por
los ejemplos mencionados, sino porque sabemos que, uniformados o no,
los policías y todas las fuerzas represivas estatales cuentan
con la impunidad que sólo un sistema de desigualdad e injusticia
puede garantizarles. Y, claro está, no es por nada, sino para
que cumplan libremente con la tarea que les ha sido encomendada: cuidar
las riquezas de quienes se apropian del trabajo ajeno, tanto a través
de infundir el miedo en los barrios como de acallar violentamente los
cánticos de una marcha popular que reclama dignidad y amenaza
el poder de los ricos.
“Suponemos
que, con todos los peritajes y demás, las autoridades van a relacionar
esto con cierta brutalidad policial. El ministerio de Seguridad bonaerense
actuó rápidamente y me notificaron, las personas que intervinieron
en el hecho, que son dos, han sido desafectadas”, fue la declaración
de Florencia Arietto, responsable de seguridad del Club Atlético
Independiente (equipo del que Rodríguez forma parte). Ninguna
“brutalidad policial” se esconde detrás de este hecho
y ninguna desafectación va a evitar que esto siga pasando. Tanto
jueces y fiscales, seguramente, se encarguen de reordenar a los policías
donde más les convenga, como pasa con cada represor en este sistema.
Pero, como siempre decimos, sólo organizarnos y luchar contra
esta gigante máquina de matar es la salida que nos queda a los
de abajo para que los de arriba no nos sigan persiguiendo y baleando.
FUENTE: CORREPI
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