BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 686
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
24 de
marzo del 2013
Del 17
de febrero del 2013
Sumario:
Si
nadie más se escapa, empiezan los alegatos.
Seguimos en carrera contra Gerardo Martínez.
Berni y la verdadera política de seguridad... para los ricos.
Tras los muros (de Mendoza).
Fiscales comunes o especiales, la misma impunidad.
José Luis Talavera, ¡Hasta la victoria, compañero!
Si
nadie más se escapa, empiezan los alegatos
El martes
15 debía comenzar la etapa final del juicio a los asesinos de
Mariano Ferreyra, con el alegato de los abogados de su familia. Pero
la ausencia del comisario mayor Hugo Ernesto Lompizano, que según
informó su abogada “tuvo que viajar a San martín
de los Andes por un imponderable familiar y no consiguió pasaje
de vuelta por el recambio de quincena” obligó a que se
suspendiera la audiencia.
Cualquier
ciudadano civil que afrontase la acusación que pesa sobre los
siete policías procesados por el crimen de Barracas, estaría
detenido, como lo están la patota de la UF y sus jefes. Los comisarios
Lompizano, Mansilla y Ferreyra; el subcomisario Garay, los oficiales
Conti y Echavarría y el agente Villalba, como todos los miembros
de las fuerzas de seguridad sometidos a procesos por gravísimos
crímenes, tienen siempre abierta la puerta para su profugación,
ya que rara vez se ordena su prisión preventiva. Es más,
aun después de su condena, se suele mantener la situación
de libertad, como ocurre con el oficial Gnopko, condenado a prisión
perpetua por la muerte en la tortura de Diego Gallardo, o con el oficial
Ayunta, asesino de Christopher Torres, condenado a 12 años de
prisión. La puerta por la que se profugan cuando deciden que
ha llegado el momento, la abre el mismo estado que los armó y
los soltó a la calle, para que oficien como sus verdugos, y forma
parte del pago por sus servicios.
Pedimos
y obtuvimos la decisión del tribunal de decretar su detención,
que se efectivizó el sábado en el departamento de policía.
El tribunal también admitió que es necesario garantizar
la presencia de todos los policías en las jornadas que restan
hasta la sentencia, de lo que responsabilizó al ministerio de
Seguridad, al que mandó efectivizar una caución institucional.
Tras el
alegato de la familia de Mariano el martes 19, el viernes 22 será
el turno de nuestra querella, que representa a los compañeros
Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y los demás heridos. Convocamos
a sostener la movilización el martes 19 y el viernes 22, desde
las 9:00, frente a los tribunales de Comodoro Py 2002, Retiro.
Seguimos
en carrera contra Gerardo Martínez
En diciembre
de 2012, las organizaciones que denunciamos la pertenencia del secretario
general de la UOCRA al Batallón de Inteligencia 601, organismo
central en la planificación y ejecución del terrorismo
de estado, debimos apelar ante la cámara federal la decisión
del juez Ariel Lijo de archivar la causa. Dijimos entonces que esa resolución
fue tomada por el juez desde el momento en que recibió la causa,
lo que se ponía en evidencia en la forma que trató la
pretensión del SITRAIC, la Asociación de Ex Detenidos
Desaparecidos y otras organizaciones, patrocinadas por CADEP y CORREPI,
de ser querellantes contra el servicio de la dictadura, hoy reciclado
como organizador de patotas con las que el gobierno kirchnerista “terceriza”
la represión a los trabajadores.
Señalamos
ante la cámara que el tardío rechazo de la querellas,
después de ordenar el archivo de la causa, sin habernos dado
jamás acceso al expediente para que pudiéramos evaluar
las pruebas y orientar la pesquisa, era la mejor y más acabada
prueba de la orden política, cumplida a pies juntillas por Lijo,
de proteger al burócrata que tan frecuentemente acompaña
a la presidenta en sus viajes y apariciones públicas.
La fuerza
de la evidencia y la contundencia de la movilización que nos
acompañó frente a los tribunales de Comodoro Py, logró
que ahora la cámara resolviera que la decisión del juez
federal fue “improcedente”, y le ordenara admitir la querella,
darle libre acceso al expediente y producir las pruebas que las organizaciones
propongan.
Una vez
más, cualquiera sea el resultado final del trámite judicial,
queda comprobado que la organización independiente y la lucha
consecuente es el camino por el que avanzan las reivindicaciones de
la clase trabajadora.
Berni
y la verdadera política de seguridad... para los ricos
Hace unos
días, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, apareció
en los medios explicando qué es “la sensación de
inseguridad”. Según el segundo de Garré, la sensación
de inseguridad es un hecho subjetivo, mientras que los hechos de inseguridad
son hechos objetivos, dando a entender que, cuando ocurre un hecho de
inseguridad, y éste es repetido constantemente en los medios
de comunicación, toma una sobredimensión que lo transforma
en la principal preocupación.
Es bueno
hacer memoria y recordar quién es Sergio Berni: médico
militar de oficio, Berni se desempeñó en ese cargo en
la provincia de Santa Cruz, es de ahí de donde proviene el romance
con los Kirchner. Pero antes, formó parte del tristemente célebre
grupo de los Carapintadas. Luego fue funcionario del presidente Eduardo
Duhalde, y, ya en el gobierno de Néstor Kirchner, continuó
como viceministro de Desarrollo Social. Desde allí llevó
adelante la imprescindible tarea de desarticular el movimiento piquetero,
cooptando a sus dirigentes o bien persiguiendo a los díscolos.
Más tarde fue senador y en 2012 fue designado en su cargo actual,
luego de su desempeño en el Parque Indoamericano, donde recordemos,
hubo tres muertos.
Recientemente
CORREPI conoció, a través de una presentación judicial,
la línea de defensa que utilizarán los abogados defensores
de Maximiliano Ledezma, policía federal que asesinó
por la espalda a los adolescentes Walter Robles y Leandro Pérez
en Villa Fiorito. El argumento de la defensa es “el contexto social
y cultural”a la hora del hecho, esto es, que los chicos
eran potencialmente peligrosos por su contribución a la “inseguridad”.
Para “probarlo”, el defensor del federal fusilador presentó
al tribunal oral de Lomas de Zamora una recopilación de recortes
periodísticos que dan cuenta de una serie de policías
asesinados por esa época, como para “justificar”
que, ante la hipótesis de que los pibes lo quisieran asaltar
y matar, bien justificado estuvo que Ledezma les encajara tres y cuatro
balas por la espalda. Así, piensan argumentar que los siete tiros
por la espalda a dos chicos que corrían para alejarse del policía
fueron “en defensa propia”, y, por lo tanto, bien muertos
están.
El muerto
diario por el gatillo fácil y las torturas en lugares de detención
no es una sensación subjetiva, sino un hecho bien objetivo. La
estrategia del gobierno para “reprimir y que no se note”,
o, al menos, para pagar el menor costo político posible,
ha sido hábil: por un lado, busca acallar los pataleos de “Doña
Rosa”, atestando las calles con policías, gendarmes,
prefectos y hasta en algunos casos, el mismo ejército, para controlar
a la población, en especial a los jóvenes pobres, al mismo
tiempo que les otorga las herramientas para garantizar la impunidad.
Por la otra, dice que “aleja a la policía de las manifestaciones”,
usando en su reemplazo, para la represión directa, la “tercerización”
de la represión con las patotas y grupos de choque de la burocracia
sindical y sus barrabravas, contratados para reprimir los conflictos
con los sectores organizados.
El discurso
de los medios de comunicación, más que un problema para
el gobierno, es una ayuda necesaria, ya que sin este discurso, desde
donde se instala la necesidad de que haya cada vez más verdugos
patrullando las calles, no podrían justificar la militarización
de los barrios más pobres para prevenir que los que tendrían
mayor interés en cambiar el estado de las cosas se organicen.
Mientras tanto, la policía maneja a discreción todos
los turbios negocios para cobrar su cuota por hacer el trabajo sucio
de desclasados: narcotráfico, trata, reclutamiento de jóvenes
para que roben para ellos. Se pide más policía en
las calles sin notar que la inseguridad radica en su presencia.
Tras
los muros (de Mendoza)
En este
mundo, lleno de casas sin gente y gente sin casas, tener un lugar propio
donde vivir es un lujo. Hasta pagar un alquiler a quien tiene varias
casas, sintiendo el acoso de la inmobiliaria y el dueño, es más
de lo que muchos tienen. Y allí está el estado, para poner
palo a los que, fieles a su sentido común, violen el derecho
de propiedad privada. Entre tantos otros, son ejemplo los casos de la
comunidad Qom en Formosa y en 9 de Julio, del MOCASE en Santiago del
Estero, de la Sala Alberdi, de los vendedores ambulantes de Florida,
y un gran etc.
En el
departamento mendocino de Las Heras, la municipalidad construyó
un muro que separa un barrio habitado principalmente por policías
y penitenciarios, de un asentamiento lindante en el que viven alrededor
de 120 familias pobres. Este muro restringe la principal vía
de circulación para estos últimos. La decisión
de construir el muro fue en el marco del “presupuesto participativo”,
en el que los vecinos, o sea los propietarios y la gente bien, lo plantearon
como “necesario para su seguridad”.
En todas
las declaraciones, los diferentes funcionarios municipales se mostraron
hipócritamente críticos del muro que ellos mismos aprobaron
y mandaron a construir. También aseguraron ser imparciales y
tener voluntad de “dialogar con las dos partes”. Sin embargo,
no dudaron en mantener día y noche a la guardia de infantería
para garantizar la construcción del muro.
Quien
dice, por ahí el muro cuide a la gente del asentamiento del gatillo
fácil, el narcotráfico, la trata de personas y demás
lastres, patrimonios de las fuerzas represivas.
Fiscales comunes o especiales, la misma impunidad
Al iniciarse
el mes, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó,
anunció la creación de dos cuerpos especiales de fiscales,
para dos temas presentados como “complejos y problemáticos”:
el narcotráfico y la violencia institucional. Esta especie de
refuerzo a los “fiscales naturales” de instrucción,
se presenta con la intención de romper con la práctica
“incómoda” que supone para los fiscales comunes tener
que investigar a los integrantes de las fuerzas represivas por determinados
delitos -que van desde detenciones ilegales, pasando por torturas en
los establecimientos penitenciarios o las propias comisarías,
hasta los asesinatos de gatillo fácil y la enorme cantidad de
delitos comunes que a diario cometen- y luego pedir su colaboración
para otras investigaciones.
A simple
vista, no sólo es algo “complejo” de resolver sino
que nada indica que el mero agregado de funcionarios judiciales pueda
romper con esas prácticas por más ajenos, externos o especializados
que se los presente. Lo que este tipo de anuncio pone en evidencia,
más bien, es que “el gobierno de los derechos humanos”
debe seguir buscando formas de resguardar ese discurso, debe seguir
esforzándose por dar “respuesta” a estas problemáticas,
porque la realidad se les viene encima: acercándonos a la década
de gobierno kirchnerista, los muertos a manos de las fuerzas represivas
ascienden vertiginosamente en la historia reciente de la represión
estatal argentina: más de 20 muertos en manifestaciones y movilizaciones,
78 desaparecidos, 2.127 casos de gatillo fácil o muertes por
torturas en cárceles o comisarías, cifras que arroja el
cierre de nuestro Archivo del año 2012.
Otra importante
herramienta de esta represión, la criminalización de la
protesta, nos enfrenta con más de 4.000 compañeros sometidos
a causas penales por organizarse y salir a luchar. No son simples números,
a los que debamos atender por sensibilidad estadística. Estamos
señalando la gran lucha y opresión que encierran, lucha
que representa un blanco al que la política estatal se dirige:
la mayoría jóvenes, todos trabajadores o hijos de trabajadores.
No confiamos
en que este maquillaje institucional, ni la eterna búsqueda de
“objetividad” en el poder judicial pueda revertir esta política,
cuando sabemos que investigue quién investigue, la impunidad
con la que el estado lleva adelante esta política represiva,
es imposible de resolver desde sus entrañas. La única
manera en que podemos garantizar, que estos casos y los que vengan,
no queden impunes, es con la organización del pueblo junto a
la clase trabajadora, dar la lucha en todos los frentes que se nos impongan
como necesarios.
José
Luis Talavera, ¡Hasta la victoria, compañero!
(Reproducimos
texto enviado por la compañera Hilda Presman de la Red de DDHH
de Corrientes).
Hoy falleció,
en extrema indigencia, José Luis Talavera, uno de los heridos
de la feroz represión y desalojo de los autoconvocados del Puente
Gral. Belgrano, allá por diciembre de 1999, que fuera dispuesta
por la terna Ricardo Chiappe (gendarme a cargo del operativo), Federico
Storani (Ministro del Interior) y Carlos Soto Davila (juez federal que
dio la orden de desalojo y consolidó el encubrimiento e impunidad
institucional).
José
Luis era un changarín y vendedor ambulante que, como miles de
correntinos, acusó el recibo de la feroz crisis económica
que vivió la provincia por esos meses de salarios impagos a los
estatales, por lo que sin serlo, acompañaba sus reclamos.
Tempranito
en la mañana del 17 de diciembre, supo del desalojo del Puente
por la radio, en su casa del barrio Pirayuí. La gendarmería,
que había llegado por agua, tierra y aire desde Rosario, con
los "quebrantahuesos" al mando de Chiappe, había liberado
a balazos el puente, y perseguía por las calles colaterales a
los manifestantes.
Sin dudarlo,
tomó prestada una bicicleta y pedaleó los7 km. que van
de su casa a las inmediaciones del Puente. Allí se sumó
a tantos que llegaron igual que él, indignados, a repudiar la
agresión de los "verdes", con piedras y trapos en la
cara, defendiendo el territorio y enfrentando los gases y las balas
asesinas.
Como todos
los que se concentraron en la zona del Barrio Ferré, avanzaba
y retrocedía, según se posicionaran las tropas, que lanzaban
gases de humo primero, gases lacrimógenos después, y luego,
si la dispersión no era completa, se apostaban, desde las casillas
de gas del barrio y desde algunos techos, con itakas cargadas con balas
calibre 22.3.
Así
cayeron asesinados Francisco Escobar y Mauro Ojeda. Junto a José
Luis Talavera, 28 correntinos más aún llevan, impune en
el cuerpo, la marca de la represión.
Talavera
cayó en Chaco y 3 de abril, a las 9:15 de la mañana, con
una bala que le fracturó el fémur. Más de tres
meses estuvo internado en el Hospital Llano.
Ahí
lo conocí. Y desde entonces, hasta ahora, batalló sin
parar por el esclarecimiento de los hechos, por justicia.
Con él,
marchamos a Buenos Aires, reclamamos ante la secretaria de Derechos
Humanos de la Nación, ante la Presidencia de la Nación.
Él fue uno de los querellantes, que junto a CORREPI, firmó
la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Siempre reclamando que se esclarezcan los hechos, se individualicen
los responsables materiales e intelectuales de la represión a
los autoconvocados, que se haga justicia y haya una verdadera reparación
a las victimas y sus familiares.
Hace ya
varios años que estaba enfermo, pero eso no mermó su reclamo
de justicia. En estos trece años siempre fue consciente que cada
migaja que conseguía del estado, era fruto de la presión
y la lucha.
Estuvo
en Itatí, cuando la presidenta anunció que luego de 7
años de demanda en los Tribunales Internacionales, el Estado
Argentino se avendría a reconocer la responsabilidad política
en estos hechos de violencia institucional. Pero aún no llegó
la anunciada reparación, ni mucho menos la Justicia.
Como Mauro,
Como Francisco, como el querido compañero Toni Alegre, José
Luis Talavera, desde donde esté, seguirá firme en su reclamo
de DIGNIDAD; VERDAD Y JUSTICIA PARA LA MASACRE DEL PUENTE GRAL. BELGRANO,
EN DICIEMBRE DE 1999.
¡HASTA
LA VICTORIA, COMPAÑERO!
Hilda
Presman (en la Red de DDHH).
FUENTE:
CORREPI
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