BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 687
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
24 de
marzo del 2013
Del 9
de marzo del 2013
Sumario:
A
un año de la desaparición de Facundo Rivera Alegre.
Libertad a los presos políticos.
Siguen matándonos, y se matan entre ellos.
Fútbol, balas y palos para todos.
Aumento instantáneo si el que reclama tiene uniforme.
Agradecemos
a todos los compañeros y organizaciones que expresaron su solidaridad
con CORREPI y repudiaron la amenaza telefónica recibida durante
la primera emisión de la segunda época del programa Leña
al Fuego, anunciando "Vamos a hacer mierda a la Verdú".
A
un año de la desaparición de Facundo Rivera Alegre
La desaparición
de personas es una metodología represiva que sigue siendo utilizada
por el estado, generalmente, hoy, ejecutada por la policía. En
los últimos tiempos, los casos más ampliamente conocidos
fueron los de Jorge Julio López, Luciano Arruga y Daniel Solano
(trabajador golondrina desaparecido en Río Negro por organizarse
por mejores condiciones de trabajo, en noviembre de 2011). Pero esta
modalidad ya lleva más de 200 víctimas desde 1983 hasta
la fecha.
Facundo
Rivera Alegre es uno de esos desaparecidos en democracia. Cordobés,
cuartetero, el “Rubio del Pasaje”, como le decían
sus amigos, desapareció el 19 de febrero de 2012 en su ciudad
natal. Había salido a bailar y nunca volvió. Hay distintas
hipótesis sobre qué fue lo que pasó con el Rubio.
La sostenida por la familia, y la más verosímil, es que
la policía y el narcotráfico están involucrados.
Lo cierto es que la “justicia”, como bien nos tiene acostumbrados
cuando se trata de los pibes del pueblo trabajador, hace que investiga,
allana lugares, pero nunca encuentra nada. Y el Rubio sigue sin aparecer,
un año después.
En palabras
de su madre, Viviana Alegre, “Para mí lo levantaron, como
hacían siempre, se zarparon con los golpes y ahora no saben cómo
zafar ¿Pero dónde está su cuerpo? ¿Qué
le hicieron? ¿Quién, si no es la Policía, puede
desaparecer a alguien?”.
Seguiremos
luchando por la aparición con vida de Facundo, así como
lo hacen numerosas organizaciones de Córdoba, entre los que se
incluyen nuestros compañeros del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo),
desde la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos, impulsando
espacios como la Multisectorial por Facundo, creada a 6 meses de su
desaparición, que organiza actividades y lucha en las calles
para dar visiblidad a este caso. Sabemos que la lucha organizada es
la única respuesta que podemos dar frente a la represión.
Libertad
a los presos políticos
Después
de innumerables medidas de lucha que se realizaron en todo el país,
desde huelgas de hambre, acampes y grandes movilizaciones, se logró
primeramente la libertad de los detenidos en el corte de la ruta 40,
que une a Bariloche con El Bolsón, y luego el arresto domiciliario
para las compañeras Gisel Poblete, Catalina Lineros y Haydee
Grande, acusadas de los saqueos.
Ahora,
la movilización popular sumó un nuevo logro. Es que el
Juez Martín Lozada tuvo que conceder el traslado de Miguel Mansilla
y José Paredes desde el penal 1 de Viedma, donde además
de sufrir todo tipo de maltratos, se veían imposibilitados de
la visita de sus familiares y compañeros, a Bariloche.
Pero los
cinco compañeros siguen detenidos, y con la causa abierta en
su contra. La criminalización de la pobreza y de la protesta
social es una política de estado que ya ha procesado a más
de 4.000 compañeros.
En esta
misma política represiva de procesar luchadores es que se inscribe
el caso de Rolando Echarri Pareja, un compañero de nacionalidad
peruana, perteneciente al MOVADEF (Movimiento por la Amnistía
y los Derechos Fundamentales), sobreviniente de la masacre del Penal
de Isla Frontón, que culminó con 300 muertos. Luego de
estar detenido dos veces, y de haber logrado su libertad, aún
sin condena, llegó a la Argentina hace tres años y, con
extensa documentación que acredita su condición de perseguido
político, pidió oficialmente que se le otorgue refugio
político.
Allí
mismo, dentro de una de las oficinas del CONARE (Comisión Nacional
para los Refugiados), fue arrestado y comenzó su proceso de extradición
a pedido de Perú, con la excusa de la agrupación a la
que pertenece “está asociada” a Sendero Luminoso.
A este
caso se suma el de Juan Manuel Carranza Laurente, integrante en Perú
de la Asociación de Abogados Democráticos, quien también
es acusado de terrorista en su país, por defender presos políticos
que padecen cargos como el de agitar una bandera con una hoz y un martillo
y haber hecho pintadas. Es por ese tipo de hechos que el gobierno argentino,
a pedido del peruano, detuvo a Rolando hace dos meses.
Queda
claro que los gobiernos son aliados políticos a la hora de enfrentar
y perseguir luchadores populares. Es menester acrecentar la organización
y la lucha para lograr la libertad de todos los compañeros detenidos
por razones políticas y el cierre de todas las causas abiertas
por luchar.
¡Libertad
a todos los presos políticos! ¡Basta de criminalización
de la protesta!
¡No
a la extradición de Rolando Echarri Pareja y Juan Manuel Carranza
Laurente!
Siguen
matándonos, y se matan entre ellos
El 13
de enero, en General Madariaga, la policía detuvo y torturó
hasta la muerte a Damián Sepúlveda, de 20 años.
Luego, como es habitual, los policías intentaron simular un suicidio,
versión policial contradictoria con la segunda autopsia realizada
la semana pasada, que demuestra fisuras en las costillas de Damián
y un golpe contundente en la cabeza que hace imposible que el chico
estuviera consciente para suicidarse.
El 4 de
febrero, en el barrio Quinta Ferré, Lisandro Vallejos, de 17
años, volvía de una fiesta con unos amigos cuando fue
baleado por varios policías. Lisandro estuvo internado varios
días, hasta que falleció.
En febrero,
si creyéramos a la policía, diríamos que hubo una
ola de suicidios en comisarías y cárceles, pero la verdad
es que lo que existió, no es otra cosa que un mecanismo utilizado
cotidianamente en establecimientos represivos: asesinar al detenido
y encubrirlo como un suicidio. El día 7, en Salta, Álvaro
César Telles fue detenido por una denuncia de su mujer. Una hora
y media después, apareció colgado en su celda. Como siempre,
los policías dijeron que el preso se suicidó. No dice
lo mismo el cuerpo de Álvaro, que presenta golpes en la espalda,
brazos y cráneo. El mismo día, en la cárcel de
Coronda, Santa Fe, Roberto Yrusta también fue encontrado ahorcado
en su calabozo. Roberto, digamos de paso, hace tres años que
denunciaba las torturas sufridas en prisión.
Al día
siguiente, 8 de febrero, en Roque Sáenz Peña, Chaco, los
policías que estaban haciendo un allanamiento comenzaron a disparar.
Uno de esos disparos entró en el tórax de Álvaro
Zarandón, de 16 años, que estaba en la vereda con sus
amigos.
Pero no
sólo nos matan: también usan las mismas armas para “ajustar”
sus cuestiones personales. El 16 de enero, Fabián Montivero,
policía de Godoy Cruz, utilizó el asesinato para resolver
los problemas maritales con su pareja, también integrante de
la fuerza. Lo mismo, pero en Santa Fe y el 20 de enero, ocurrió
con un penitenciario de apellido Vega, que mató de 27 puñaladas
a su esposa, embarazada de siete meses. Y Lucas Manuel Ferreyra, efectivo
policial cordobés, asesinó, por los mismos días,
a su amigo Yamir Oviedo, de un tiro en cara. Según el policía,
el tiro “se le escapó”. Finalmente, el 24 de febrero,
en Jujuy, Milton Canchi, cabo de la policía provincial, comenzó
a discutir con su esposa, y, para ponerle punto final al desencuentro,
sacó su arma reglamentaria y le disparó varias veces,
asesinando a quien también era su compañera de fuerza.
Este breve
recuento de asesinatos a manos de las fuerzas estatales de seguridad,
muestra cómo se repiten las mismas modalidades represivas, como
el gatillo fácil, la tortura y la muerte en lugares de detención,
a lo largo y ancho del país. Y muestra, también, cómo,
en situación de disputas intrafamiliares o intrafuerza, policías
y otros uniformados responden eliminando el “problema” con
los mismos recursos que les da el estado para reprimir.
Fútbol,
balas y palos para todos
Un policía
dispara sobre la multitud y su sonrisa revela el placer que le genera
ese accionar criminal. Es una foto, de una serie que se inscribe bajo
el título: "Así reprimió la policía
bonaerense." Nuestra consigna "inseguridad es la policía
en las calles" puede extenderse, sin hesitar, a las canchas del
fútbol argentino.
Los últimos
episodios de indiscriminada represión sobre las tribunas visitantes,
en ocasión de jugarse los partidos Mandiyú-Chaco For Ever
en Corrientes, Unión-Quilmes en Santa Fe, N.O.B.-Belgrano en
Rosario y Gimnasia-Chicago en La Plata, dan cuenta de esta afirmación.
El despliegue
represivo desatado sobre centenares de hinchas indefensos dejó
claramente expuesto, el verdadero rol de las "fuerzas del orden"
y la naturaleza ideológica de los llamados operativos de seguridad.
A la hora de disciplinar, no se escamotean balas, gases ni tonfas.
Cuenta
un hincha que lo sufrió en La Plata: "La policía
gatillaba y repartía bastonazos indiscriminadamente. Persiguieron
y siguieron tirando balas de goma hasta la autopista. Salvajismo en
estado puro". Producto de este accionar, varios hinchas resultaron
heridos y uno perdió un ojo.
En Febrero,
en Goya, provincia de Corrientes, la parcialidad de Chaco For Ever fue
reprimida con el uso de picanas cuando bajaban del micro para ingresar
al estadio donde su equipo jugaba con el Mandiyú local.
A la hora
de disciplinar, no se repara en garantizar impunidad de los agentes,
revictimizando a las víctimas de su accionar.
Cuenta
el jugador cordobés lesionado en el pómulo por un bastonazo
de una mujer de la policía rosarina: "Fui a hacer la denuncia
y en la comisaría no me la tomaron porque dijeron que el imputado
era yo, hasta me quisieron fichar". El jugador intervino para frenar
la descarga violenta sobre la multitud indefensa y todos los registros
fílmicos indican que el palazo en su rostro fue la única
respuesta que obtuvo.
A la hora
de disciplinar, no hay problema en brindar las versiones tendenciosas
de lo ocurrido: la explicación no existe y la información
se limita al parte policial registrando los daños a sus patrulleros.
El 20%
de las muertes ocurridas en las canchas del fútbol argentino,
se deben al accionar policial.
La mayoría
de las represiones se desatan contra el público visitante, revelando
el engranaje territorial de los negocios que la propia policía
realiza con los socios menores del poder: los barras-bravas.
En
todos los casos relatados, la policía ha sido el generador de
la violencia
Para que
estas cosas ocurran, y se repitan sin solución de continuidad,
es imprescindible el visto bueno de los gobiernos de turno, sean del
palo de la derecha más rancia o del pretendido progresismo. Levanten
la mano dura o vociferen su reivindicación de los Derechos Humanos,
siempre reprimen, más explícitamente o en silencio.
El disciplinamiento
social a través del uso de la violencia les es indispensable.
Las canchas son sitios recomendables para entrenar a la tropa. La foto
del policía regodeado con sus disparos es reveladora.
Los reprimidos
siempre somos los mismos. La inseguridad es la policía en las
calles, en las canchas, y en todos lados.
Aumento
instantáneo si el que reclama tiene uniforme
Con movilizaciones
y huelgas en todo el país, los docentes siguen reclamando a los
gobiernos nacional y provinciales un aumento de salario que mínimamente
compense lo que la inflación se come a diario. Otros empleados
estatales llevan adelante similar pelea, también contra la precarización,
pues el estado –de nuevo, nacional, provincial o municipal- es
el primer empleador en negro. Todos los días vemos el esfuerzo
de trabajadores de todas las ramas de la producción que enfrentan
represalias de las patronales y del estado por exigir un mínimo
de dignidad en sus condiciones laborales.
En cambio,
cuando el reclamo viene de quienes tienen que estar bien dispuestos
a reprimir a los anteriores, la respuesta es otra, y en tiempo record.
Hace unos
días, la noticia –que se anunciaba en los medios con tonos
preocupados, en oposición total al habitual “caos de tránsito”
cuando lo que se “informa” es una medida de lucha de trabajadores-
fue que gendarmes y prefectos volverían a reclamar aumentos,
esta vez acompañados por la policía federal y las fuerzas
armadas.
Bastó
el anuncio de una nueva asonada, para que se dictaran los decretos 245
y 246, con las firmas de la presidenta Cristina Fernández, del
jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y del ministro de Defensa,
Arturo Puricelli, que fueron informados a todas las unidades de la gendarmería
por un mail enviado a las 22:55.
El gobierno
muestra, así, que no se confunde con la prédica de los
que dicen que los milicos (con cualquier color de uniforme) “son
trabajadores”. A esos desclasados, cuyo rol es reprimir a los
trabajadores y el pueblo, los trata como necesita, para que muevan la
cola, y, con la panza llena, muestren los dientes cada vez que su patrón
los manda a reprimir.
FUENTE:
CORREPI
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