BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 689
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
17 de
mayo del 2013
Del 15
de abril del 2013
Sumario:
1.
Comienza el juicio al policía federal Ledezma por el asesinato
de Walter y Lean.
2.
Llega la sentencia en el juicio por Mariano Ferreyra.
3.
Inundaciones: violencia es mentir.
4.
Garrahan: Un nuevo triunfo de la lucha popular.
5.
Pasan los abriles, pasan los gobiernos, sigue la represión.
6.
Sala Alberdi: Organizar la lucha, defender la cultura popular.
Comienza
el juicio al policía federal Ledezma por el asesinato de Walter
y Lean
Walter
Robles y Leandro Pérez eran dos pibes de Villa Fiorito, jóvenes,
morochos, de barrio humilde, como tantos otros sobre los que se descarga
con mayor sistematicidad la represión diaria, constante y terrible,
de la policía.
El 26
de septiembre de 2010, el policía federal Maximiliano Germán
Ledezma, integrante de la custodia de la Casa Rosada, fusiló
de tres tiros en la espalda a Leandro (18), y cuatro tiros en la espalda
a Walter (19). Su excusa fue que temía ser asaltado.
Hoy nos
encontramos a punto de comenzar el juicio a Ledezma, en el que se le
imputa el asesinato de los dos pibes. Junto a sus familias, organizadas
en CORREPI, hemos dado una larga pelea para que esto sea así.
Con movilización hemos conseguido que se procese a Ledezma, pero
la justicia del estado, intentó desligarlo del asesinato de Walter,
ya que junto al cuerpo se encontró un arma, pasando por alto
que los tiros los recibió por la espalda.
Junto
a Marcela, mamá de Walter, y Nelly, mamá de Leandro, ambas
compañeras de CORREPI, apelamos para que se lo juzgue por los
dos asesinatos, a riesgo de perder lo ya obtenido, que era el juicio
seguro por uno solo. A fuerza de más lucha y movilización,
lo conseguimos, y el custodio presidencial será juzgado por los
dos crímenes a partir del 17 de abril, en los tribunales de Lomas
de Zamora. Allí, por primera vez, Nelly y Marcela verán
la cara del policía que les arrebató la vida de sus
hijos.
Luchamos
porque sabemos que la justicia no puede venir del mismo estado que disparó,
y por eso luchamos no por la sentencia, sino por la conciencia. Para
que cada vez seamos más los que visibilicemos esta represión
cotidiana y sistemática, tan naturalizada por este sistema, en
los barrios más pobres, que apunta a mostrar que el que manda
es el estado, y que hay que tenerle mucho miedo. Esta represión
que es ejercida a través de las fuerzas represivas, nos mata
un pibe por día con el gatillo fácil y la tortura
en cárceles y comisarías. Luchamos para que cada
vez seamos más los que salgamos a las calles a luchar contra
la represión.
Acompañanos
el miércoles 17 desde las 8:30 en los Tribunales de Lomas de
Zamora, para seguir denunciando que el gatillo fácil y la tortura
son una política de estado, y que nuestro camino es la organización
y la lucha.
Llega
la sentencia en el juicio por Mariano Ferreyra
El viernes
19 de abril, el tribunal oral nº 21 dará a conocer la sentencia
a los acusados por el homicidio del compañero Mariano Ferreyra
y la tentativa de homicidio de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre
y Ariel Pintos.
Ya todos
sabemos cómo fueron los hechos: la patota de Pedraza, respaldada
por la empresa, acompañada y protegida por la policía,
atacó a los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y
a las organizaciones que se solidarizaban con ellos.
Quedó
muy claro, en estos casi 9 meses de debate oral, que el ataque del 20
de octubre de 2010 fue parte de un plan criminal en el que la patota,
la policía y la empresa se repartieron las tareas con un objetivo
común: defender los intereses, también comunes, de los
tres socios de esa histórica alianza antiobrera. Las tres partes
fueron fundamentales para que el plan pudiera ser llevado a cabo:
La patota:
Así como los empresarios usan la tercerización del trabajo
para profundizar la explotación, el gobierno terceriza la represión,
para hacerla más eficaz y con menos costo político que
cuando directamente manda sus policías y gendarmes. Los integrantes
de la patota fueron los responsables materiales de la represión
a los compañeros. Gracias a la enorme presión de la movilización
popular, el secretario general de la Unión Ferroviaria enfrenta
desde la cárcel la posibilidad cierta de una condena a prisión
perpetua junto a sus subordinados, los integrantes del grupo de choque.
La empresa:
Los intereses de los empresarios reunidos en la UGOFE se vieron amenazados
con el plan de lucha por la reincorporación de los 150 compañeros
despedidos y por el pase a planta de los tercerizados. Por ello, dieron
franco a sus aliados de la burocracia sindical, que portaban celulares
pagados por la patronal con los que se intercomunicaban los que apretaron
el gatillo con sus jefes.
La policía:
Prestó más que una “inestimable” colaboración,
actuando como resorte logístico de los otros asesinos. Desde
la querella que CORREPI integra con APEL, logramos impedir que se cristalizara
la intención impulsada por la entonces fiscal Camaño de
separar las causas de la patota y la policía. De esta manera,
conseguimos que los comisarios Lompizano, Mansilla y Ferreyra, el subcomisario
Garay, los oficiales Echavarría y Conti y el agente Villalba
fueran juzgados junto a sus asociados de la UF. Aunque la fiscalía
de juicio insistió con la tenue acusación por abandono
de persona, las querellas los señalamos como partícipes
necesarios en la ejecución del homicidio calificado y homicidios
calificados en grado de tentativa.
Nos encontramos
a las puertas de la sentencia por el homicidio del compañero
Mariano. Esta fue una larga lucha, llevada a cabo enérgicamente
en los tribunales y, más aún, en las calles, mediante
enormes movilizaciones populares y demostraciones de solidaridad del
conjunto de los trabajadores. La lucha continuará hacia los responsables
políticos que quedaron fuera del banquillo, los funcionarios
públicos y los directivos de la patronal, con las mismas banderas
de organización y lucha.
Inundaciones:
violencia es mentir
No fue
una tragedia climática ni sólo una lluvia sin precedentes.
Fue un nuevo crimen social, una nueva masacre contra el pueblo, que
encuentra a sus responsables en la misma gestión de los respectivos
gobiernos de la ciudad, de la provincia y de la nación.
La explicación
no está en la impericia o la incapacidad de gestión de
los jefes de los distritos, sino en la lógica capitalista que
los inspira, y en la que todas sus gestiones se desarrollan.
La ausencia
de obras de infraestructura es una constante, como lo es el vertiginoso
y no menos criminal criterio mega empresarial vinculado al negocio inmobiliario
de sectores privilegiados, a costa del deterioro sistemático
del medio ambiente que relega a "vivir como se pueda" a los
sectores más pobres de nuestro pueblo.
La otra
constante es el maquillaje para la religitimación electoralera
y la naturalización de sus crímenes, para perpetuarse
en el poder como gerentes de la clase dominante que tiene en el estado
a su instrumento emblemático.
El dispositivo
mediático que los acompaña, saturando con imágenes
candorosas y distorsionadoras de la atávica solidaridad de nuestro
pueblo, esconde precisamente la discusión y atribución
de esas responsabilidades. Sobremanera cuando oculta el criterio disciplinador
y represivo con el que se han desplegado las fuerzas de seguridad (y
defensa) al amparo de declaraciones que fomentan el terror y alientan
la concepción del enemigo interior como "las caras extrañas
que han merodeado los barrios" según palabras de la propia
presidenta. A un mismo tiempo se disponía, en la jurisdicción
de Scioli, la participación del Batallón 601 del Ejército
(reconocida asociación ilícita responsable de innumerables
crímenes de lesa humanidad) y el despliegue amenazante y delictivo
de la Metropolitana del procesado Macri por Saavedra. En ambos casos,
no estuvo ausente la infaltable coordinación de la secretaría
de Seguridad de la Nación a cargo del coronel Berni.
No hay
manera de interpretar que ese despliegue responda a las necesidades
de nuestro pueblo. Todo lo contrario. Entendemos y denunciamos que lo
que intentan es acallar y disciplinar las enérgicas y claras
atribuciones de responsabilidad que los afectados les han hecho al mentiroso
intendente Bruera de La Plata, al marketing electoralero de Scioli,
a las canalladas del procesado Macri y a la molesta retórica
de la presidenta Fernández de Kirchner.
Vaya como
ejemplo categórico, la indignación y la bronca que, convertidas
en repudio, recibió la ministra de Acción Social de la
Nación Alicia Kirchner, convenientemente custodiada por patovicas
cuando desembarcó en La Plata. "No me molesta el enojo,
me molesta la violencia" dijo la ministra. El pueblo le estaba
diciendo lo mismo respecto a la mentira, que tantas veces pone cara
de preocupación y circunstancias.
Desde
CORREPI naturalizamos la indignación popular, naturalizamos la
solidaridad de nuestro pueblo, nunca jamás la de los crímenes
sociales de las mal denominadas "tragedias", ni la de los
crímenes de estado, como el gatillo fácil, las desapariciones
y torturas que ejecutan sus verdugos.
Garrahan:
Un nuevo triunfo de la lucha popular
El viernes
12 de abril, la lucha que sostuvieron los compañeros del hospital
Garrahan junto muchas organizaciones del pueblo, asestó un nuevo
golpe a la política de criminalización de la protesta
que llevan adelante este gobierno y sus funcionarios.
El tribunal
oral nº 29 absolvió a los cuatro delegados acusados desde
2005 por “amenazas coactivas” contra dos inspectores del
ministerio de Trabajo, una denuncia que fue casi simultánea con
la calificación de "terroristas sanitarios" que endilgó
el gobierno, por boca del ministro de Salud a los trabajadores que llevaban
a cabo una importante pelea por salario, por condiciones de trabajo
y en defensa de la salud pública.
Después
de 8 años de pelea, los jueces debieron dar marcha atrás
con la iniciativa de querer aleccionar a los trabajadores que se organizan
y salen a pelear por sus reivindicaciones.
Numerosas
organizaciones nos movilizamos para acompañar el juicio y hoy
festejamos esta sentencia, que no es más ni menos que nuestro
triunfo, que puso en evidencia por qué y para qué se usan
estas causas. La inspectora Iris Moyano, que inició formalmente
esta causa cuando se presentó en una comisaría a denunciar
que los compañeros Adriana Aguero, Gustavo Lerer, Marcelo Mansilla
y Eduardo García, de la Junta Interna la habían amenazado
de muerte y hostigado física y verbalmente, confesó durante
la primera jornada del juicio que hizo esa denuncia, una semana después
del supuesto ataque, cumpliendo una orden directa de la viceministra
de Trabajo, Noemí Rial. Tan evidente fue la maniobra, que hasta
el fiscal tuvo que calificar esta causa, en su alegato, como un caso
explícito del uso del aparato judicial por el gobierno para criminalizar
un conflicto gremial.
No fue
necesario que la defensa de los compañeros, integrada por compañeros
de APEL, CeProDH, Liberpueblo, CAJ-CTA y CORREPI, convocara a los más
de 200 testigos, trabajadores del hospital y referentes de las organizaciones
que se solidarizaron con el conflicto, para demostrar la falsedad de
la acusación y el fin coactivo de la causa. En una clara muestra
de la inconsistencia de la acusación, la absolución fue
pedida por el fiscal y aceptada por el tribunal con los mismos testimonios
que se usaron para llegar al juicio.
Ahora
debemos ir por más. Debemos seguir el camino de la pelea en las
calles por los compañeros que aún continúan presos
en Bariloche después de los saqueos de principios de año,
debemos luchar por la absolución de los compañeros de
Las Heras, que pronto enfrentarán un juicio con un pedido de
perpetua a quienes salieron a enfrentar la represión a las luchas
de los trabajadores petroleros en el 2006. Debemos seguir peleando por
acabar con los procesamientos y las persecuciones todos a los luchadores
sociales y políticos.
Hoy tenemos
el orgullo de que los compañeros del Hospital Garrahan hayan
sido absueltos. Ese triunfo nos da fuerzas para seguir peleando juntos.
Pasan
los abriles, pasan los gobiernos, sigue la represión
12 de
abril de 1995. El policía Polo dispara a matar contra los manifestantes,
Víctor Choque, obrero metalúrgico, no puede esquivar los
tiros y cae muerto con una bala en el cráneo. Nada es casual:
Víctor había llegado en 1991 a Ushuaia, desde Salta, en
busca de trabajo. Lo encontró en la fábrica Continental.
En 1995, en el marco de las políticas de hambre y miseria de
la época, la fábrica realizó despidos masivos,
como muchas otras fábricas a lo largo y ancho del país.
Víctor se encontró en la lista de los despedidos, que
no se quedaron quietos. Los trabajadores de Continental pararon y tomaron
la fábrica. El gobierno menemista del gobernador Estabillo los
desalojó a fuerza de postas de goma y gases, y detuvo decenas
de trabajadores.
Al día
siguiente, 12 de abril, se realizó una gran manifestación
reclamando la libertad de los compañeros presos. El gobierno
provincial, con fuerzas propias y apoyado por el nacional, reprimió
la movilización e inauguró la lista de muertos por luchar.
Víctor Choque fue el primer trabajador asesinado en una manifestación
popular desde 1983, pero no sería el último.
12 de
abril de 1997. La democracia ya no dejaba dudas: los despidos, el hambre,
la miseria y la represión seguirían estando presentes,
aunque se cambiaran botas y Falcon verdes por zapatos de marca y Ferraris
rojas.
De esto
los maestros saben bien, lo supieron bien cuando el estado intentó
callarlos asesinando a Teresa Rodríguez. Era la Semana Santa
de 1997, la gendarmería había reprimido y desalojado a
docentes que se manifestaban contra el recorte salarial sobre la Ruta
22 en Neuquén. Esto desencadenó una pueblada en apoyo
a los docentes en Cutral-Có, y volvió la represión,
que dejó trece heridos y una trabajadora asesinada: Teresa Rodríguez.
Uno de los policías que disparaba contra los manifestantes fue
José Darío Poblete.
4 de abril
de 2007. Recortes salariales otra vez, paro docente en Neuquén.
Esta vez no había Menem para putear. El gobierno “nacional
y popular” de los Kirchner presionaba, junto al gobernador Sobich,
para que los docentes se conformaran con poco. En la manifestación
de ATEN, que cortaba una ruta en Arroyito, se veía muy bien que
cuando se trata de represión, no hay oposición verdadera:
policías y gendarmes enviados por la Nación actuaban en
conjunto con las fuerzas de seguridad provinciales para reprimir a los
docentes que luchaban. José Darío Poblete, el mismo que
disparó diez años antes contra los docentes de Cutral-Có,
tiró un cartucho de gas lacrimógeno a corta distancia
que impactó en la nuca de Carlos Fuentealba, uno de los maestros
en huelga.
Carlos
Fuentealba se convirtió en el número 51, en una lista
de 69 asesinados por luchar.
Pasan
los abriles, pasan los gobiernos, pero la represión queda.
Sala
Alberdi: Organizar la lucha, defender la cultura popular
El pasado
24 de marzo, mientras las patotas K intentaban impedir a la izquierda
llegar a la Plaza de Mayo para denunciar la violación de los
derechos humanos de hoy, en la Sala Alberdi la policía metropolitana
reprimía al grupo de artistas, militantes, estudiantes y vecinos
que había llegado hasta la puerta del Centro Cultural San Martín
para exigir que los cuatro compañeros que estaban desde hacía
más de 70 días encerrados en el 6º piso, los cuatro
presos culturales, pudieran bajar sin ser represaliados. La Sala Alberdi
había decidido poner fin a la toma de ese espacio físico,
para profundizar la lucha por la educación y la cultura populares,
en el contexto de una Buenos Aires enrejada y militarizada.
Sus compañeros
fueron a recibirlos en la calle, luchando y compartiendo arte popular,
como siempre, y para seguir denunciando públicamente no sólo
la represión que sufrieran en carne propia el 12 de marzo con
tres heridos de bala de plomo, sino también la política
de Macri de privatización y mercantilización de la cultura,
a través de su ministro Lombardi, y de la militarización
del centro cultural, la persecución y criminalización
de todo aquel que se organizó para salir a la calle a luchar
por un espacio de arte a la gorra, a través de Montenegro.
En ese
marco, el pasado miércoles 10 de abril, integrantes de la Sala
Alberdi, de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), de COPODH,
CADEP y CORREPI dieron una conferencia de prensa en el hotel Bauen,
donde anunciaron su presentación como querellantes para denunciar
la política represiva del gobierno porteño, con tres heridos
de bala de plomo, cientos de heridos de bala de goma, y la persecución
ideológica a través del armado de causas a los detenidos
durante la represión del 12 de marzo, donde participó
también la federal, y a los cuatro presos culturales que bajaron
el 24 de marzo, acusados de usurpación.
De los
tres heridos de balas de plomo, dos son periodistas, integrantes de
la RNMA. Esto último no es casual: como suele ocurrir en las
marchas y protestas, muchos de los heridos o apresados son periodistas
de los medios independientes que están cubriendo en ese momento.
El objetivo es claro: que no queden registros fotográficos ni
fílmicos sobre esta política que el estado ejerce sistemáticamente.
Frente
a este panorama, los medios masivos cumplieron un rol fundamental tanto
en la criminalización de la lucha de la Sala, como en la invisibilización
de la represión que llevó adelante Macri con la metropolitana
y con colaboración de la federal. En primer término, minimizó
la lucha que los compañeros vienen llevando desde hace dos años,
una lucha de toma y autogestión, y reprodujo las mentiras del
gobierno porteño, acusando de usurpadores a quienes pelen por
evitar la privatización de la sala. En segundo término,
ocultó las consecuencias de la represión: los heridos
de balas de goma y los de balas de plomo, más las causas judiciales
armadas, acusando a los compañeros de resistencia a la autoridad,
daños, lesiones y usurpación.
Como siempre,
los medios alternativos van a ponerle el cuerpo a las luchas y a los
conflictos, y los medios masivos recortan en forma oportunista lo que
les conviene, mostrando en cada cobertura lo que son: medios de desinformación
masiva al servicio de los poderosos, en contra de cualquier movilización
popular que intente cambiar esta sociedad injusta en la que vivimos.
Desde
CORREPI, junto con COPODH y CADEP, presentamos el martes 9 la querella
por los heridos con balas de plomo, como una forma más de denunciar
no sólo estas represiones particulares, sino el conjunto de los
hechos represivos como política de estado. La querella es contra
la metropolitana, contra Macri y sus funcionarios Lombardi y Montenegro.
Además,
seguiremos luchando en las calles junto a los compañeros de la
Sala Alberdi y de la RNMA, en el marco de las actividades que se vienen
realizando estas últimas semanas como parte de la Campaña
contra la represión del estado.
Frente
a una toma de más de dos años y un acampe-resistencia
de dos meses y medio y frente a las represiones y persecuciones del
gobierno porteño, acompañamos la decisión de los
compañeros de aunar y coordinar fuerzas para seguir organizando
la lucha en la calle y contra la política cultural privatista
de Macri.
“Se
llenan la boca de democracia, nos llenan el cuerpo de plomo y nos hacemos
más fuertes. Nuestra salida no hace mella en nuestra determinación,
al contrario. VOLVEREMOS CUANDO ASÍ LO DECIDAMOS”, afirmaron
los compañeros de la Sala Alberdi.
FUENTE:
CORREPI
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