BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 690
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
17 de
mayo del 2013
Del 7
de mayo del 2013
Sumario:
1.
A 22 años de impunidad: las razzias no terminaron
2.
Perpetua al policía asesino del “Pata” Díaz.
La lucha continúa.
3.
Desalojo y represión en Córdoba.
4.
Justicia para Walter y Lean.
5.
Campaña Nacional para la Cooptación Institucional.
6.
El espía de Nilda Garré.
A
22 años de impunidad: las razzias no terminaron
El juez
Horacio Días, en su introducción a la lectura del veredicto
contra los asesinos de Mariano Ferreyra, dijo que, con la muerte de
Walter Bulacio, se acabaron las razzias en los ‘90. Y es inevitable
preguntarse ¿qué piensan de esa afirmación los
millares que, como Walter en 1991, hoy viven a diario la represión
del estado? ¿Qué le responderían los que saben
que vivimos todos los días a la sombra del gatillo fácil,
al frío de la tortura en comisarías y cárceles
y conviviendo con las detenciones arbitrarias, la averiguación
de antecedentes, las faltas y contravenciones, las razzias? Probablemente
la respuesta no sería una caricia.
Invitamos
al señor juez a que salga a caminar por las calles, para constatar
por sí mismo la falsedad de su afirmación y a resignificar
su concepto de “razzia”, para comprender un poco más
la época en que vive.
Walter
Bulacio tenía 17 años, pertenecía a la clase trabajadora
y había acudido al estadio Obras a ver a un grupo de rock –Los
Redondos– cuyo público mayoritario pertenecía a
esa clase. Lo cazó una razzia de la policía federal que,
aún siendo Walter menor de edad y, además, sin ninguna
razón para ser detenido, lo arrastró hasta la comisaría
35ª junto a un centenar de jóvenes, en un operativo tan
escandalosamente ilegítimo como cotidiano, durante el cual fue
apaleado, en nombre del control social, lo que causaría su muerte
una semana después.
En el
marco de uno de los procesos más oscuros de la historia jurídica
de este país, increíblemente viciado en todos sus aspectos
por obra y gracia de los poderes e instituciones del estado –
policía, dirigentes, jueces, fiscales -, siempre coincidentes
a la hora de defender los privilegios que los fundan, el comisario Miguel
Ángel Espósito fue sobreseído en 1992, y, lo que
es más grave, se legitimó judicialmente el “Memo
40”, una Orden del Día secreta de la policía federal
que, básicamente habilitaba las detenciones arbitrarias e ilegales
de menores de edad.
La movilización
popular, que instaló el nombre de Walter como símbolo
y bandera de lucha de generaciones condenadas a la exclusión
social y apaleadas criminalmente por el verdugo azul del sistema, y
la militancia de CORREPI, lograron que la Corte Suprema revocara esa
decisión, y el comisario fuera nuevamente procesado. Siguieron
las dilaciones, por lo que llevamos el caso a la Comisión Interamericana
de DDHH (CIDH). En 2003, la causa llegó a la Corte Interamericana
de DDHH (Corte IDH), que, después del juicio oral que la justicia
argentina no quiso hacer, condenó al estado argentino por violar
el derecho a la libertad, a la integridad física y a la vida
de Walter.
El gobierno
argentino nunca cumplió esa condena, que le exige terminar con
todas las normas y prácticas que habilitan (también hoy,
Dr. Días) a las fuerzas de seguridad a detener a cualquiera,
en cualquier lugar, porque sí. Ese sistemático incumplimiento
de la sentencia del tribunal internacional muestra que, más allá
del gobierno de turno, es el estado burgués el que no quiere
que sus herramientas para ejercer el control y disciplinamiento social
sean cuestionadas
En este
año 2013, cuando ya se han cumplido 22 años de la detención
y muerte de Walter, parece que, finalmente, el comisario Espósito
será juzgado en Argentina. Claro que no, como correspondería,
por las torturas y la muerte de Walter, sino sólo por el delito
de privación ilegítima de la libertad agravado. Como lo
hemos dicho muchas veces, un juicio que llega tarde, y mal, pero que
hemos arrancado con la lucha sostenida.
Las manos
de Nazareno, compañero de colegio de Walter, detenido junto a
él en la puerta de Obras, inmortalizaron un mensaje en la pared
del calabozo. El mensaje decía: “Jorge, Walter, Kiko, Erik,
Leo, Nico, Nazareno, Betu y Héctor. CAIMOS POR ESTAR PARADOS.
19/04/91”.
Cayeron
por estar parados, por hacer nada, por estar esperando entrar a ver
su banda. Por estar parados, (como ayer, como hoy) como cuando ellos
llegan de improviso y te detienen porque sí.
Parados,
como estaban algunos integrantes del campo popular en ese momento.
Hoy nosotros
estamos de pie, como estuvimos y vamos a estar. Hoy sabemos que no vamos
a dar un paso atrás por verlos acercarse, y que, por el contrario,
por cada uno de los fusilados por el gatillo fácil y cada uno
de los torturados en comisarías, vamos a dar un paso al frente.
A 22 AÑOS
DE IMPUNIDAD… POR WALTER Y POR TODOS: ¡BASTA DE REPRESIÓN,
TORTURAS Y GATILLO FÁCIL!
Perpetua
al policía asesino del “Pata” Díaz. La lucha
continúa
Hace casi
tres años, el 11 de julio de 2010, Fernando "Pata"
Diaz fue fusilado por el subteniente bonaerense Pablo Apecechea en su
propia casa.
El martes
pasado, tribunal oral nº 4 de Mercedes condenó al subteniente
Apecechea a prisión perpetua por haber asesinado siendo policía.
No es la primera vez que desde CORREPI logramos una perpetua para un
policía, sentencia nada fácil si tenemos en cuenta que
jueces, fiscales y policía forman parte del mismo aparato represivo.
Sin embargo, esta vez los jueces no pudieron sostener, como en muchos
otros casos de gatillo fácil, que se trataba de un "enfrentamiento",
"un exceso" o simplemente una "equivocación",
para luego dar condenas ridículas que dejan en libertad a los
asesinos, premiándolos por haber cumplido su función:
la de reprimir.
Y si no
pudieron hacerlo, no fue porque sean complacientes, sino porque se vieron
obligados por la lucha y la movilización popular a dictar esa
condena. Pablo Apecechea fue condenado a prisión perpetua no
sólo por asesinar, sino por hacerlo como integrante de las fuerzas
de seguridad. Así, la misma ley que permite las detenciones arbitrarias
y encarcela luchadores se vio obligada a exponer que no es lo mismo
la represión estatal que la defensa popular.
El caso,
de amplia repercusión en Moreno, el barrio de la familia Díaz,
puso en evidencia la criminalidad institucional de la policía:
una simple discusión familiar fue resuelta con un nuevo asesinato
por un miembro de una comitiva integrada por 6 efectivos. Se trataba
de calmar a un hombre alterado por una discusión familiar y que,
en estado de ebriedad, no entrañaba ningún peligro para
nadie. No lo creyó así el oficial Apecechea, que disparó
una escopeta tres veces sobre el torso del Pata, dándole muerte
casi instantáneamente.
La sentencia,
una de las pocas que se registran con aplicación de la figura
agravada del homicidio cometido por un policía en razón
de su investidura, habla de una muerte "innecesaria y absurda".
Esta definición,
sin embargo, amerita la interpelación que en CORREPI y desde
siempre formulamos: ¿es que hay muertes necesarias y hasta lógicas
cuando se instrumenta la política sistémica del gatillo
fácil sobre los pibes pobres de nuestras barriadas?
¿Qué
tiene de necesario y lógico el balazo en la nuca de un pibe que
escapa sin posibilidad alguna de defensa?
El del
Pata Díaz fue un caso distinto en sus formas, pero idéntico
al resto de los gatillos en su genealogía: la policía
disciplina, la policía mata, porque es la institución
que "ordena" la vida de los pobres, la institución
que tiene entre sus fuerzas a miles de Apececheas dispuestos a engrosar
la lista de criminales legales, que siguen las órdenes escritas
y de las otras, que portan armas truchas y "no blanqueadas en las
comisarías, armas que se compran y no se transfieren pero que
se usan en el servicio y cuando se mandan una macana como ésta
la hacen desaparecer", como reconoció el propio Apecechea
en su indagatoria. Como las armas que se plantan, las denominadas "perros",
con los que se pretende justificar el fusilamiento, agregamos desde
CORREPI.
Esta sentencia
es bien recibida, pero no cambia las cosas. No es con espasmos de indignación
judicial que se termina nuestra lucha. Más que nunca, esta sentencia
debe servir para adquirir la conciencia sobre la necesidad de seguir
luchando por todos los hechos represivos que se repiten a lo largo y
ancho del país y que no terminan del mismo modo.
Esta sentencia
es una excepción confirmatoria de una regla fundante: "se
hunde en la pobreza, el uniformado mata a los pobres y se consagra su
impunidad..." Cuando la evidencia es tal que no da para eso, se
lo condena levemente y sólo en casos contados se cae con todo.
Éste
ha sido uno de esos casos, en donde la participación de CORREPI
en el ámbito de la justicia ha servido para ponerlo en evidencia,
para obligarlos a condenar, para que no queden dudas que la otra justicia,
la real y verdadera, estuvo todos estos días en la Plaza San
Martín de Mercedes, allí donde un grupo de compañeros,
con la movilización y la desnaturalización de estas políticas
de estado, sentenció a perpetuidad al sistema opresor que resguarda
a los que matan y, por regla general, absuelven.
Desalojo
y represión en Córdoba
Desde
hace un tiempo, en la localidad cordobesa de Icho Cruz, ubicada al sudoeste
de Villa Carlos Paz, ha recrudecido la represión hacia los vecinos
del barrio Comechingones: represión traducida en el intento de
desalojo que el estado le reclama a las 100 familias sin hogar que tomaron
terrenos abandonados por una empresa para vivir dignamente y construir
en ellos la cooperativa de trabajadores y trabajadoras Solares de Icho
Cruz.
Evidentemente,
la afectación de la propiedad privada, aun cuando se trate, como
en este caso, de tierra que llevan 20 años abandonadas, es una
de las acciones más duramente castigadas por el estado. Véase
la sangrienta represión a los Qom en Formosa o la del Parque
Indoamericano a fines de 2010. Claramente esto visibiliza el rol gerenciador
de los gobiernos frente al negocio inmobiliario, que, a fuerza de represión
policial y judicial, busca mantener un negocio que significa el 16%
de la economía (entre el mercado inmobiliario y de la construcción).
Es por
eso que, durante el último mes, se desalojaron 19 familias y
se encarceló a 21 personas, entre ellas Juan Cochrane, dirigente
de la cooperativa local, que fue allanada y saqueada por orden del fiscal
Gustavo Marchetti (sobre el que pesan ocho denuncias vinculadas al narcotráfico).
Lo mismo
sucede en la localidad de Piedras Blancas, también en Córdoba,
donde 150 familias ocupan 16 hectáreas de un terreno público,
como el Indoamericano, desde hace 6 meses. Es que el negocio inmobiliario
no es sólo de los terrenos privados. Sean tierras de particulares
o estatales, los gobiernos y sus socios se aseguran de que su renta
queden en sus manos.
Desde
CORREPI denunciamos el accionar de la policía, jueces, fiscales,
ministros y empresarios, que persiguen a los trabajadores ocupados y
desocupados que reclaman el derecho a una vivienda digna y a un trabajo.
Creemos
firmemente que la represión y el negocio privado son política
de estado y rechazamos la idea de que las represiones sufridas por el
pueblo en el parque Indoamericano, en Chaco o en Formosa, en Icho Cruz
y en tantas otras reivindicaciones de los trabajadores, provengan de
una fuerza policial corrupta o autogobernada. Como lo recordamos en
otra nota, como dijo uno de los comisarios en el juicio a los asesinos
de Mariano Ferreyra, "la policía no decide nada sola, orden
de reprimir es siempre del poder político.".
Justicia
para Walter y Lean
El 25
de septiembre de 2010, el policía federal Maximiliano Germán
Ledezma, custodio de la Presidencia, fusiló con su arma reglamentaria
a Walter Robles y Leandro Pérez, dos adolescentes de Villa Fiorito.
Llegamos al juicio oral después de una larga batalla, en la calle
y en los tribunales, para que se lo acusara por los dos crímenes.
Es que Ledezma tuvo tiempo de simular que “encontró”
un arma junto al cuerpo de Walter antes que la calle Pío Baroja
se llenara de indignados vecinos que le recriminaron el fusilamiento
que varios de ellos presenciaron. Así, amparado en la legítima
defensa, pasaron a un segundo plano las cuatro heridas de bala en la
espalda, que, como las tres de Leandro, no dejan dudas de qué
sucedió. Tres años de movilización y pelea constante
de Marcela y Neli, las mamás, organizadas en CORREPI, lograron
revertir la decisión de sobreseerlo por uno de los asesinatos,
y hace dos semanas empezó el debate.
Los vecinos
que vieron a los chicos correr por la calle, y al policía, de
pie y muy calmo, tomar puntería hacia uno y luego el otro –tanta,
que de 8 disparos que hizo, sólo uno no dio en sus blancos- desbarataron
la versión que hizo el asesino en su defensa, alegando pánico,
terror porque creyó que lo iban a matar.
Tan contundente
fue el relato de esos vecinos, que el fiscal requirió que se
condene al federal a 20 años de prisión. No acusó,
claro está, por el homicidio agravado por la condición
de policía, sino por homicidio simple, como si, en lugar de chapa
y pistola, hubiera sido un albañil. CORREPI acusó por
homicidio agravado, pidió prisión perpetua, y que se revoque
el beneficio, extraordinario para los presos comunes, habitual para
policías, del arresto domiciliario que desde hace un año
disfruta el asesino.
El tribunal
oral nº 3 de Lomas de Zamora, más preocupado por la enorme
cantidad de compañeros que vienen movilizándose para acompañar
las audiencias que por la agilidad del juicio, ha ido fraccionando el
debate en cortas jornadas de dos o tres horas con intervalos de hasta
diez días, con la clara intención de dificultar la presencia
de los militantes antidrepresivos, en su enorme mayoría familiares
de víctimas organizados en CORREPI, que colman la pequeña
sala y hacen el aguante afuera.
Así,
el 3 de mayo, al cierre de los alegatos, convocaron para el lunes 13,
a las 12:00, para escuchar las últimas palabras del homicida.
De la sentencia, que parece que tienen pocas ganas de dictar, ni noticias
todavía. Deberían saber, a esta altura, que vamos a seguir
estando, aunque les moleste, porque sabemos que lo que les molesta,
es la organización.
Campaña
Nacional para la Cooptación Institucional.
El viernes
3 de mayo, el gobierno llevó a cabo un costoso y mediático
encuentro en el marco de su “Campaña Nacional Contra la
Violencia Institucional”. Invitaron como panelistas a gobernadores
y secretarios de distintas provincias, al juez Eugenio Raúl Zaffaroni,
al presidente del Cels, Horacio Verbitsky; a la ministra de seguridad,
Nilda Garré, y a Estela de Carlotto, entre otros personajes.
También convocaron (y trajeron en micros fletados por el ministerio
de Justicia) a familiares de víctimas de lo que llaman “violencia
institucional”, es decir, víctimas de la represión
estatal. Allí, los panelistas hablaron sobre gatillo fácil,
tortura, detenciones arbitrarias, violencia policial, represión
a protestas. Podría resultar extraño, teniendo en cuenta
que, hasta no hace mucho tiempo, este gobierno negaba que todas estas
cosas ocurrieran, pero de extraño no tiene nada, ya que éste
ha sido uno de los gobiernos más hábiles en el arte de
reprimir con consenso.
Esta “campaña”,
que existe hace un tiempo, ya ha mostrado que no es más que otra
de las tantas herramientas que ha sabido crear el kirchernismo para
reprimir con el menor costo político y el mayor consenso posible.
Lejos de pretender cambios profundos respecto a “la problemática”,
como ellos la llaman, sirve para negar el carácter sistémico
de la represión. Muy clarito ha quedó esa idea en el panel
liderado por Garré, donde se dijo “necesitamos recuperar
la confianza en las fuerzas”. Y es contundente al respecto la
publicación “Políticas de Seguridad de la Nación”,
editada por el ministerio de Seguridad y repartida durante la jornada,
donde se dice que, junto con la línea 911, las 1.200 cámaras
de vigilancia instaladas, los más de 4.000 efectivos de policía
federal, gendarmería y prefectura puestos en la calle en el último
tiempo, se ha puesto en funcionamiento el “Centro de Comando y
Control de la PFA” conectado con los 350 nuevos patrulleros que
incorporan las últimas de las tecnologías para tenernos
a todos bien cerquita en la mira y accionar de forma rápida si
parecemos demasiado peligrosos para sus intereses.
Otra idea
central que fue común escuchar entre los panelistas, es la de
“dos gobiernos paralelos”, en alusión a la tesis
de que la policía se autogobierna y autodetermina, lo que permite
esquivar toda responsabilidad estatal. Pero no es otro que el estado
quien garantiza la desigualdad social, y gestiona la represión,
herramienta más que necesaria para eso. Así se vio claramente
cuando, frente al reclamo de vivienda digna de cientos de personas en
el Parque Indoamericano, la respuesta fue la represión conjunta
entre la Nación y la Ciudad, con decenas de heridos y tres asesinados,
y la creación del ministerio de Seguridad, desde el que se centraliza
la militarización del país.
El gobierno
que pone en pie la “Campaña contra la Violencia Institucional”
es el mismo que lleva adelante el Proyecto X e infiltra servicios en
las organizaciones políticas; es el que actualiza las leyes antiterroristas;
es el mismo gobierno que tiene en su haber más de 4.000 criminalizados
por luchar, más de 2.300 asesinados por el gatillo fácil
y la tortura y 20 muertos por la represión a la protesta social.
¿Autogobierno
de las fuerzas de seguridad? No. Es el estado, a través de los
distintos gobiernos de turno, quien dirige las fuerzas represivas, como
dijo en su defensa uno de los policías en el juicio a los asesinos
de Mariano Ferreyra: “la decisión se toma en el poder político,
allí se decide si se tolera la movida, como contra la casa de
Tucumán, o si los sacan a patadas, como a los docentes de Santa
Cruz”. Entonces, no hay un doble discurso de parte del gobierno,
que por un lado dice resolver y por el otro reprime. Es una sola la
política represiva, que también se ocupa de la construcción
de consenso, para lograr una “cortina” que les permita reprimir
sin costos políticos, desligando responsabilidades.
Bien lo
dijo nuestro compañero César Antillanca, padre de Gonzalo
Julián Antillanca, asesinado por la policía en Trelew
en 2010, que fue invitado a participar de la campaña como familiar
de víctima, y que, conociendo la farsa que ésta representa,
tomó el micrófono para decir, entre otras grandes verdades:
“Si hay alguien que depende de los poderes ejecutivos provinciales
y nacional son los sistemas de seguridad. (…) Que no nos quieran
hacer creer que nosotros somos víctimas de un gobierno paralelo”.
El despliegue
de carpas, escenarios y folletos a todo color –algunos plagiados,
como la versión K que elaboraron del “Manual del Pequeño
Detenido” de CORREPI- no debe confundirnos, y hacernos creer que
están para cuidarnos. La pretensión de esta campaña
es clara: invitar a todo aquel que quiera hacer algo por los pibes asesinados,
torturados, o detenidos ilegalmente a usar las vías que ellos
proponen, que no son más que las vías del engaño.
Sabemos que, a través del estado, no se puede eliminar la represión.
Únicamente la organización independiente de quienes nos
reprimen es el camino para luchar. CONTRA LA REPRESIÓN ¡ORGANIZACIÓN
INDEPENDIENTE Y LUCHA CONSECUENTE!
El
espía de Nilda Garré
Aunque
no todos recordaran su nombre, no hubo militante que no reconociera
al oficial de la policía federal Américo Alejandro Balbuena
cuando la Agencia de noticias alternativas Rodolfo Walsh denunció
al infiltrado y comenzó a circular su foto.
Hoy sabemos
que su cotidiana presencia en cuanta marcha, acto, conflicto, corte
o movilización popular hubiera no respondía a su compromiso
con la información alternativa, sino que era liso y llano “cumplimiento
del deber”. Desde 2002, y sin solución de continuidad,
el oficial de inteligencia de la PFA trabajó infiltrado como
movilero de la Agencia Walsh, además de conducir programas de
radio, como “Nada es casual”, que se emitía durante
2008 en AM770 (Radio Cooperativa). Por ejemplo, el 15 de julio de 2011,
el oficial Balbuena cubrió la conferencia de prensa en la que
una gran cantidad de organizaciones anunciamos la promoción de
la denuncia penal contra el burócrata Gerardo Martínez,
de la UOCRA, por su tarea como espía de la dictadura desde el
Batallón 601. Allí, el colega federal del denunciado entrevistó
a Enrique “Cachito” Fukman de la AEDD; a Oscar Castro del
SITRAIC y a María del Carmen Verdú de CORREPI.
Según
informó un comunicado del ministerio de Seguridad del mismo día
en que los compañeros de la Agencia Walsh hicieron pública
la identidad del infiltrado oficial de inteligencia de la PFA, “
la Nilda Garré requirió un informe urgente al jefe de
la Policía Federal sobre las tareas que desempeñaba Américo
Alejandro Balbuena y sobre otros efectivos del área de reunión
de información; resolvió iniciar una investigación
sumaria y pasar a disponibilidad preventiva a personal de inteligencia
de la Policía Federal Argentina para contribuir a esclarecer
si las tareas que realizaba están comprendidas o no dentro de
las funciones asignadas a la fuerza por la ley de Inteligencia”.
Desde
CORREPI afirmamos que no tiene la menor importancia establecer si las
“tareas” son de las legalmente asignadas a la PFA por la
ley de Inteligencia. La legalidad es lo que los mismos que nos espían
dicen que es. Lo que el episodio prueba, de nuevo, es que, por dentro
o por fuera de la legalidad normativa, el gobierno espía a las
organizaciones del pueblo trabajador. Por más de 11 años,
un oficial de inteligencia de la PFA cobró su sueldo mensualmente,
sin cumplir para la fuerza otra función que la que tuvo ordenada:
infiltrarse en una agencia de periodismo alternativo de reconocido prestigio
militante, a cuyos compañeros todas las organizaciones abrimos
nuestras puertas porque están junto a nosotros en todas las luchas.
Ni Garré ni nadie en el gobierno necesita pedir informes a sus
subordinados para saber qué hizo el oficial Balbuena durante
más de una década: ellos le pagaban para que lo hiciera.
¿O creían que estaba dirigiendo el tránsito?
El Proyecto
X (también de más de una década de existencia,
aunque modernizado y perfeccionado en los últimos años),
y el oficial Balbuena simplemente muestran la única cara del
“gobierno de los DDHH”. Como dijimos entonces, “para
el que quiera ver las cosas como realmente son, ahí están
los hechos, indiscutibles, y confesos”.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
22.577
