BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 693
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
13 de
septiembre del 2013
Del 12
de junio del 2013
Sumario:
El
bolillero del gatillo fácil sigue girando.
Sobre los cambios en el gabinete nacional.
El pez por la boca mata.
¡Basta de demora, la libertad ahora!
No al encarcelamiento de los trabajadores petroleros en Las Heras.
Turquía: La represión desató un volcán.
El
bolillero del gatillo fácil sigue girando
Mientras
los gobiernos que administran una sociedad dividida en clases cumplen
la tarea esencial de garantizar la dominación a través
del ejercicio de la represión, los grandes artífices de
la cooptación de consenso, los medios, se encargan de filtrar
lo que no puede verse y de ordenar lo que debe trascender. Todos los
días, y sin importar mucho su alineación o su enfrentamiento
con el gobierno de turno, nos cuentan lo conviene, y como conviene al
poder.
Así
es como quisieron disimular la responsabilidad estatal en el fusilamiento
policial del hincha del Club Atlético Lanús, Javier Gerez,
el pasado 10 de junio, cuando intentaba ingresar al Estadio Único
de La Plata para ver a su equipo. Los estilos fueron muchos, pero ninguno
vaciló en cumplir su función: algunos medios dijeron,
lisa y llanamente, “la violencia del fútbol nuevamente
ha dejado un muerto”, obviando la intervención policial
en un marco de general represión; otros inauguraron la expresión
“malapraxis policial”, como si un deliberado disparo fuera
lo mismo que una equivocación médica. La enorme mayoría,
incluso después que el ministro provincial Casal confirmara que
la muerte se produjo por un proyectil disparado por un policía,
utilizaron el eterno “confuso episodio”.
Otras
apreciaciones no fueron menores: mientras no hubo resultados del peritaje
forense, muchos medios cuestionaron la posibilidad de que una bala de
goma pudiera causar la muerte. En primer lugar, bien sabemos que los
azules no siempre llevan postas de goma, o sólo éstas
-como hemos podido verificar infinidad de ocasiones, como el caso del
Pata Díaz, fusilado por el policía Pablo Apecechea, en
cuyo juicio los policías confirmaron que es habitual intercalar,
en las escopetas, postas de goma con postas de plomo. En segundo lugar,
como ha quedado demostrado en otra buena cantidad de casos, varios del
20 de diciembre, por ejemplo, un cartucho con postas de goma puede matar
si se dispara lo bastante cerca. Igual lo puede hacer un cartucho de
gas lacrimógeno, como ocurrió con el maestro Fuentealba.
El ministro
Casal, a la vez que confirmó que fue una posta de goma de una
escopeta policial, no dudó en aprovechar la coyuntura para desligar
su responsabilidad política, pretendiendo “ocuparse”
del asunto, y facilitó los videos de las cámaras de seguridad
a la fiscalía interviniente en el caso, desafectó de la
fuerza a los tres posibles tiradores, y, en inequívoca muestra
del absurdo de insistir con lo de “justicia democrática
e independiente”, declaró a los medios que poco menos que
ordenó al fiscal que se ordenara la detención.
Del mismo
modo, unos días antes, también en la ciudad de la Plata,
se intentó justificar los fusilamientos policiales de dos pibes
que ocurrieron en días consecutivos (4 y 5 de junio). Uno de
ellos fue asesinado por un policía federal en el barrio Villa
Elvira. El otro, por un bonaerense en el barrio Aeropuerto. Casos muy
similares, por no decir iguales: los verdugos dicen que fueron víctimas
de un intento de asalto, que se identificaron y que los chicos les dispararon
(parece que los dos eran igual de malos tiradores, pues ambos policías
resultaron ilesos). Los uniformados, claro, “se defendieron”
y tiraron a matar. El mismo relato que tantas veces, cuando logramos
llegar a los expedientes, queda desbaratado con los tiros en la nuca
o la espalda, con el “perro” plantado y –al margen
de que los jueces condenen o absuelvan- la certeza del fusilamiento.
De la
misma manera, pero unos kilómetros más lejos y días
después, el 7 de junio, en el barrio municipal de Zárate,
cuentan que un móvil de la policía bonaerense llegaba
de madrugada a una obra en construcción por una denuncia recibida
al 911 de “movimientos extraños”: el resultado fue
un pibe fusilado por la espalda con balas de plomo. El superior a cargo
de la división policial declararía después: “El
policía creyó que la escopeta estaba cargada con postas
de goma y no con perdigones de plomo”.
Así
es como los medios reproducen la versión policial, la versión
oficial.
Mientras
nos cuentan lo que conviene, la sistematicidad de la represión
estatal sigue al corriente del día y nuestros pibes siguen muriendo.
Todos
los días, el bolillero del gatillo fácil sigue girando,
la militarización de los barrios desangelados y su finalidad
-la desarticulación de la organización popular- son la
moneda corriente de una política de estado que vive para perpetuar
el privilegio capitalista.
Pero eso
sí, así como la impunidad está al corriente, así
como es de contundente la realidad de los hechos, así se reafirma,
nuestra necesidad de dar respuesta, que es y será: ¡CONTRA
LA REPRESIÓN, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!
Sobre
los cambios en el gabinete nacional
La noche
del 30 de mayo se anunció el primer cambio de gabinete nacional
desde el inicio del segundo mandato de Cristina Fernández de
Kirchner. Agustín Rossi pasó, de presidir el bloque de
diputados del Frente para la Victoria, a dirigir el ministerio de Defensa.
Arturo Puricelli fue cambiado del ministerio de Defensa al de Seguridad,
y la ministra saliente, Nilda Garré, fue destinada a un irrelevante
puesto de embajadora ante el ministerio de Colonias yanqui, la OEA.
Entre
varias enseñanzas que dejaron estos cambios, una de ellas fue
la reacción de los medios de comunicación, tanto oficialistas
como opositores: con distinta valoración, coincidieron en lo
esencial: “Un enroque de piezas pero sin cambio de rumbo”,
tituló Página 12; “Cambian los ministros, siguen
los problemas” fue el encabezado del editorial del opositor Joaquín
Morales Solá.
Otro aspecto
en el que coincidieron fue resaltar que, con estos cambios, se saldaba
la interna de Santa Fe en contra de Rossi. Esto, antes que se conociera
que pusieron bajo su órbita a la flamante obra social de las
fuerzas armadas y de la empresa de Fabricaciones Militares. Uno de los
soldados más fieles de Cristina va a ser el encargado de decidir
los destinos de más de 700 millones de pesos en un año
electoral. Más que degradarlo, se lo ungió como jefe de
campaña del FPV. Además, Agustín Rossi continuará
la tarea ya delineada por Néstor Kirchner de “reconciliar
a la sociedad con las fuerzas armadas”, esto es, de desarmar ideológicamente
al pueblo frente a su verdugo histórico.
En el
caso de Arturo Puricelli, los medios también volvieron a estar
de acuerdo. Los oficialistas publicaron que se habría tratado
de un reconocimiento, al nombrarlo en un área de mayor relevancia
política; los opositores lo interpretaron como una ratificación
ante denuncias de corrupción e ineptitud. Sea como fuere, no
hay que olvidar que, en este caso, el gobierno repite la misma táctica
que en otras áreas sensibles: el funcionario con más poder
político no es el de mayor jerarquía. Así como
en Economía, donde el ministro Lorenzino es una figura menor,
y resaltan Kicillof y Moreno, en el ministerio de Seguridad la figura
principal es Sergio Berni, que además es amigo de Puricelli desde
hace 20 años. Los segundos aplican la política de gobierno
y sus superiores jerárquicos son los fusibles que permiten que
aquéllos continúen en sus cargos.
En el
colmo de la exageración, los diarios opositores mostraron la
designación de Nilda Garré como señal de una cruzada
del gobierno contra la “prensa independiente”. Según
estos medios, el gobierno busca quitar poder a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para tener manos libres para “ir por la libertad
de prensa”, como si la existencia de esas instancias supranacionales
pudiera ser la salvaguarda de algún derecho o libertad. El estado
terrorista de Colombia sigue masacrando a su pueblo, pese a que existen
varios juicios en su contra, caratulados como masacres, en la Corte
de la OEA. El estado argentino no ha derogado la legislación
que permite las detenciones arbitrarias policiales, pese a que así
lo exige la sentencia del mismo tribunal dictada en el caso “Bulacio”
en 2003.
También
se señaló que la llegada de Puricelli al ministerio de
Seguridad significará un retorno de la cooperación de
nuestras fuerzas de seguridad con la DEA norteamericana. Esto es falso,
ya que esa “cooperación” (en realidad, sumisión)
nunca dejó de existir. Los represores se han entrenado con los
yanquis desde 2003 sin solución de continuidad. En línea
con la presidenta, que se había quejado de que los jueces dejan
libres a los delincuentes apresados por la policía, Berni repitió
la misma letanía y Puricelli aseguró que trabajará
“para que la gente se sienta cada vez más segura y realmente
se termine con este flagelo del delito”. Es decir, cabe esperar
una profundización de las políticas de seguridad y de
la represión.
El secretismo
que rodeó a estos cambios demostró quién manda
todavía en el gobierno: Cristina. A pocos días de retar
a propios y a extraños por intentar tratarla como idiota, brinda
otra muestra de que puede encuadrar a su tropa y que ésta le
obedece, por el momento. Esta demostración no necesariamente
es un indicio de fortaleza sino que puede significar todo lo contrario,
un síntoma de debilidad. Lo cierto es que, por el momento, todos
se cuadran. Por tanto, no cabe suponer que alguien más que la
presidenta sea quien fije la política de gobierno, lo que a su
vez implica señalarla como la principal responsable de todas
sus consecuencias.
La ida
de Garré no termina con el Proyecto X, con la infiltración
a las organizaciones populares, con los operativos Centinela y Cinturón
Sur, con la criminalización de los luchadores, con la entrega
de perseguidos políticos a sus verdugos, con la existencia de
presos políticos, etc., porque no es Garré la responsable
primaria de esas políticas, sino la propia presidenta, en tanto
despliega una práctica que es política de estado desde
de 1983.
Como “bautismo”
de su gestión, y mientras las fuerzas de seguridad argentinas
concurren a un curso en la Escuela Iberoamericana de Policía
para ponerse a tono con las formas de la represión continental,
el nuevo ministro de Seguridad participó de la XXXIII Reunión
de Ministros de Interior y Seguridad del MERCOSUR en Montevideo, Uruguay.
Su objetivo expreso es “promover el intercambio de información
(entre el MERCOSUR e INTERPOL) que contribuya en la lucha contra la
delincuencia organizada trasnacional”. ¿Y si aprovecharan
esos sistemas para encontrar a los policías prófugos,
como el sargento Bonifacio Garay, asesino de Omar Lencina, que desde
1995 se esconde en Paraguay?.
El
pez por la boca mata
A menudo
reclamamos la hipocresía con que los dueños y guardianes
del estado actúan y se expresan; nos indignamos cuando hablan
de estado de derecho, de igualdad, de patria, de redistribución
de la riqueza. Es repulsivo verlos sonreír cuando hablan en nombre
del pueblo mientras lo explotan o aniquilan. Pero tranquilos compañeros:
hay excepciones.
El gobernador
de Río Negro, Alberto Weretilneck, expresó públicamente
algunos días atrás: “Un menor no tiene menos responsabilidades
que un mayor a la hora de cometer un homicidio. Aquí no hay atenuantes
que valgan (…) Si es un menor y es capaz de matar, significa que
no sólo es un peligro para la policía, sino para toda
la sociedad. Desde este lugar, queremos pedir al Poder Judicial la máxima
pena, el máximo castigo para quienes atacan, lastiman, agreden
y matan a nuestros policías, que tienen la sagrada misión
de salvar vidas”.
Estas
expresiones, que colocan al brazo armado del estado en un lugar de víctimas,
cuando han sido, son y serán siempre los verdugos, no sólo
repugnan por lo retrógradas que resultan respecto a nociones
elementales como la edad de imputabilidad de los seres humanos (es la
ley que ellos mismos hacen ¿qué más quieren?) y
las determinaciones que la exclusión social provoca, sino porque
legitiman la represión preventiva, esta vez sin decoro ni eufemismos.
¿Alguna
duda?... Weretilneck aclara todo: “A veces si nos apegamos a lo
que dice la ley ¿qué hace el juez con un menor? Se lo
devuelve a la familia, y devolver cierto menor a la familia significa
darle el arma nuevamente para matar, por la situación psiquiátrica
y de adicción que tiene ese chico. Por eso a veces no hay que
apegarse tanto a la ley, hay que tener más sentido común”.
Lo que
el gobernador quiere decir con sentido común es, llanamente,
matarlos. Hay que matar a los chicos y adolescentes que agiten o delincan
en una sociedad como la rionegrina, polarizada como pocas en el país.
La ley
–invento burgués que funciona como su reaseguro más
importante respecto al status quo– ha sido siempre “vendida”
por el sistema educativo como la codificación del sentido común.
La ley es ley porque es buena, prudente, justa, ecuánime, etc.
En otras palabras, porque aplica el sentido común humano a todas
las situaciones posibles. Se sabe: los garantes de la explotación
nunca se quedaron muy contentos con esto, y aun en plena “democracia”
y bajo un gobierno que se autoproclama como cultor de los derechos humanos,
el pez por la boca muere.
Eso nos
gustaría decir, pero por lo que parece, el pez por la boca mata.
¡Basta
de demora, la libertad ahora!
Hace 40
años, la movilización popular arrancaba, primero de la
cárcel de Devoto, luego de todo el país, a centenares
de compañeros, presos políticos, que esperaban su libertad
para seguir luchando por una transformación social.
Luego
de las elecciones de 1973, el pueblo exigía que el gobierno diera
respuesta al reclamo de la liberación inmediata de militantes,
sobre todo de organizaciones armadas como PRT y Montoneros.
La movilización
a las puertas del penal de Devoto fue tanto masiva como decidida para
lograr el objetivo de la liberación de los compañeros,
quienes desde adentro también daban la pelea por su libertad.
Fue así que en esa jornada, a pesar de la respuesta represiva
por parte de las fuerzas del penal que costó la vida de dos manifestantes,
incluso horas antes que se votara en el congreso la Ley de Amnistía,
se logró la libertad de todos los presos políticos.
Esta es
la historia de una lucha triunfante que dio nuestro pueblo en las calles
por lograr la liberación de todos los presos políticos.
Fueran de la organización que fueran, el pueblo pedía
la libertad de todos los compañeros revolucionarios que luchaban
por una sociedad más justa.
A muchos
años de ese hecho tan significativo, la lucha por la libertad
de los presos del pueblo sigue siendo una tarea de las organizaciones
políticas y sociales.
Quienes
nos organizamos diariamente para cambiar la realidad, sabemos que enfrentamos
la represión y la cárcel en cualquier momento y lugar.
Hoy, esta realidad es la que están sufriendo los compañeros
presos de levantamientos populares como Corral de Bustos y Bariloche,
como así también el compañero peruano Rolando Echarri
Pareja.
Estos
son nuestros presos políticos hoy, los compañeros que
por luchar por vivienda, trabajo, justicia social, condiciones dignas
de vida, están detenidos en nuestro país.
Así
como hace 40 años la lucha y la movilización lograron
arrancar la liberación de los compañeros militantes y
luchadores, somos nosotros hoy quienes debemos asumir el compromiso
de esa lucha.
LIBERTAD
A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS.
No
al encarcelamiento de los trabajadores petroleros en Las Heras
El 17
de junio, en Caleta Olivia, comenzará el juicio contra los trabajadores
petroleros que, en 2006, llevaron adelante una fuerte lucha contra su
empresa, durante la que, tras la respuesta represiva de los gobiernos
nacional y provincial, resultó muerto un policía.
El estado
hizo cargo de la muerte del policía Sayago a los trabajadores,
doce de los cuales fueron sometidos a prisión y tortura durante
tres años y a los que ahora quiere llevar a juicio y condenar,
con un expediente tan amañado que la propia fiscalía planteó
tres veces que el trámite está plagado de nulidades desde
su inicio.
El 17
de junio, mientras en la ciudad de Buenos Aires nos movilizaremos a
la Casa de Santa Cruz con todas las organizaciones que reclaman el cierre
de la causa y el cese de persecución a los trabajadores, una
delegación de compañeros viajará a presenciar la
apertura del juicio y explicitar el apoyo militante y la solidaridad
plena a los trabajadores represaliados.
Turquía:
La represión desató un volcán
El pasado
viernes 31 de mayo, un grupo de ecologistas acampaba en la plaza Taskim,
dentro del parque Gezi, situado en la capital turca de Estambul, en
protesta contra la construcción de un complejo comercial. El
proyecto incluye la construcción de la mezquita más grande
del país y una réplica de un cuartel de la era otomana.
Es impulsado desde gobierno e implica la tala de los árboles
del parque, lugar emblemático de las movilizaciones sociales
hasta la matanza de 36 obreros el 1º de mayo de 1977.
La policía
del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, procedió a desalojar
el acampe con gases lanzados de a pie y desde helicópteros; hidrantes;
balas de gomas y palos. La represión fue feroz y destapó
un volcán, que dio lugar a un masivo movimiento de repudio de
la población y provocó la mayor movilización del
país en los últimos veinte años. Desde Estambul
hasta Ankara, se extendió al interior, especialmente a Adana
e Izmit. También contó con llamados de huelgas de la Confederación
de Sindicatos de Funcionarios, la Confederación de Sindicatos
de Trabajadores Públicos (KESK) y la Confederación de
Trabajadores Revolucionarios.
Como en
Egipto, la masividad también se expresó en la unidad de
la lucha callejera de las hinchadas de los tres principales clubes de
fútbol rivales: Besiktas, Fenerbahce y Galatasaray. Un diario
burgués se lamentaba dado que “por desgracia, los ultras
turcos están acostumbrados a los gases lacrimógenos de
la policía… se pueden convertir en un peligroso ejército
de choque”.
Por el
momento, el saldo de la represión fue de tres muertos: un joven
de 22 años aplastado por una tanqueta en Estambul y otros dos,
ambos de 20 años, por disparos de armas de fuego en la cabeza,
en Estambul y en Antakya. Según la Asociación de Médicos
de Turquía, hay más de 3.000 heridos, 15 de gravedad y
fueron detenidas 1.700 personas, entre ellas 6 “twiteros”
extranjeros: dos franceses, dos iraníes, un estadounidense y
un griego.
El llamado
“milagro turco”, que implicó un crecimiento económico
del 5% anual en los últimos diez años, se basó
en el proceso de privatizaciones que incluyó telecomunicaciones,
red eléctrica, banco estatal, rutas, autopistas, puentes, ríos,
lagos, estanques, la mayor empresa mundial de tabaco, fábrica
de acero y aerolíneas de bandera nacional. Todo el proceso fue
acompañado de una reforma laboral a medida, y fue posible por
el apoyo que recibió el partido oficialista islamista de la Justicia
y el Desarrollo (APK) durante las elecciones del 2007 y 2011 con el
47% y 50% respectivamente.
Turquía
es una república laica, fundada en 1923, sobre las ruinas del
imperio Otomano, por Mustafa Kemal Ataturk. El APK atacó desde
el inicio la laicidad y las libertades democráticas. Hizo ingresar
la religión en el espacio público. El velo islámico
fue autorizado en algunas universidades. El virtuoso pianista Fazil
Say fue condenado por blasfemia por una serie de twits en los que ironizaba
sobre la religión. La semana pasada, el gobierno hizo votar una
ley que prohíbe la venta de alcohol cerca de las mezquitas y
las escuelas. Además, tuvo intentos de limitar el derecho al
aborto o prohibir el adulterio. Y con la excusa de la lucha contra el
terrorismo, lleva adelante una represión con miles de personas
detenidas.
A pesar
del llamado “milagro”, el salario promedio es de 570 euros,
es decir menos de la mitad de un trabajador europeo. La combinación
del ataque en el terreno económico y a las libertades democráticas,
parece haber bajado el milagro a la tierra. Desatada la resistencia
de los manifestantes, la bolsa de comercio acumuló una pérdida
del 12% y las demandas ya no pasan por la anulación del proyecto
urbanístico sino por la exigencia de la renuncia de Erdogan.
País
aliado de EEUU en la zona, Turquía es miembro extra la OTAN desde
1952. En enero de este año, un primer contingente de 300 soldados
alemanes y holandeses partió rumbo a Turquía para preparar
el emplazamiento de misiles “Patriot” solicitados por Ankara
a la OTAN.
Con la
excusa de proteger a Turquía de ataques sirios, los misiles se
estacionarán en las provincias de Adan, Kahramanmaras y Gaziantep,
las que se encuentran a 60 y100 kilómetros de la frontera con
Siria. El 18 de mayo hubo un ataque en Antakya, ciudad fronteriza en
la que murieron 50 personas. Erdogan acusó a Siria y Damasco
rechazó la acusación, responsabilizando a Erdogan. En
este contexto, EEUU y la Unión Europea decidieron levantar la
prohibición de venta de armamento al llamado “Ejército
de liberación de Siria”.
“Tenemos
varias opciones para defender nuestras fronteras, una de ellas es invocar
al artículo 5 de la Alianza. La OTAN tiene la responsabilidad
de defender las fronteras de Turquía, como país miembro
del bloque”, dijo Erdogan al señalar que ello dependerá
del desarrollo de la situación con Siria. El artículo
5 de la Alianza fue invocado solo una vez en la historia, tras los atentados
del 11 de septiembre de 2011 en Estados Unidos.
Los recientes
acontecimientos colocan en stand by el armado del escenario para la
invasión de Turquía a Siria. Pero, ni lerdo ni perezoso,
en estos días Erdogan acusó a los manifestantes de estar
manipulados por "terroristas" y descartó renunciar
al polémico negocio de urbanización que desencadenó
la revuelta.
Una vez
más, vemos como la excusa de la “lucha contra el terrorismo”
sirve para llevar adelante la política de represión tanto
en el plano nacional como internacional. A los pueblos del mundo, nos
queda organizarnos, resistir y movilizarnos contra la represión,
en Turquía, en Argentina o donde sea que los estados repriman,
en la perspectiva de dar la pelea para liberarnos de una vez por todas
del látigo de los capitalistas.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
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