BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 694
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
13 de
septiembre del 2013
Del 19
de junio del 2013
Sumario:
1.
Exceso de defensa: el estado contra un hincha.
2.
Buenas noticias, sabrosas telefotos ¡a tragar sin culpa!.
3.
El imperialismo yanqui y el espionaje patriótico.
4.
La farsa del juicio a los petroleros de Las Heras.
5.
Ni tragedia ni accidente: otro crimen del capital.
Exceso
de defensa: el estado contra un hincha.
Es política
de estado, no es una cuestión jurídica. Para muchos, ya
es algo remoto, aunque no pasaron dos semanas en La Plata. El hincha
asesinado era Javier Gerez, el policía asesino es el capitán
Roberto Lezcano, y su jueza blanqueadora, Marcela Garmendia.
El policía,
en medio de una batahola provocada por el mismo operativo para el que
prestaba servicios, disparó su escopeta a menos de un metro del
hombre. Mató, lo detuvieron, algunos funcionarios se indignaron
"para la tribuna" y, a los pocos días, salió
en libertad porque la jueza dijo que el policía “se excedió
en el ejercicio de su legítima defensa”.
Los videos
hablan solos. Lezcano disparó a boca de jarro, sin que su propia
vida corriera el mínimo peligro.
La decisión
de la jueza muestra, de nuevo, cómo se beneficia a los que ejecutan
la política represiva estatal, con el recurso de una figura atenuada
del homicidio que, ley no escrita mediante, funciona como llave para
la excarcelación automática del asesino de uniforme.
Los códigos
y los libros de derecho explican que uno de los requisitos de la legítima
defensa es que el acusado no haya provocado el incidente que dio origen
a la situación. El "cacheo” gastador a los hinchas
en las adyacencias del estadio -cacheo que originó la reacción
del hincha- forma parte de un accionar policial habitual que genera
broncas, que indigna y establece las reglas del juego: la violencia
la desata quien usa el uniforme del estado.
No está
escrito en ningún protocolo, pero está asumido por el
propio estado cuando completa el círculo desde el poder judicial.
La misma justicia se niega a reconocer que la provocación está
en el procedimiento policial, que matar en esas condiciones nada tiene
que ver ni con la defensa propia ni con exceso o abuso de esa defensa.
No es
la protección personal del capitán asesino lo que llevó
a la jueza a sellar y firmar con rapidez su libertad, sino la necesidad
de mantener incólume la idea del uso y monopolio de la fuerza
por parte del estado, la razón disciplinadora que lo inspira
y que se materializa en la función policial. Y esto es de raíz
política.
Pero no
de cualquier política. Es además una política atravesada
por una cuestión de clase: cuando el detenido es un perro guardián
de los que dominan, todo el andamiaje burocrático se mueve para
procurar su rápida soltura. No ocurre lo mismo cuando detienen
e incomunican a trabajadores que casi pierden su vida conduciendo y
haciendo lo que pueden en los trenes de los crímenes sociales.
Finalmente,
para la tribuna, simulan indignarse los funcionarios. Casal, el ministro
de Scioli, lo hizo por un ratito ante el crimen de su subordinado en
La Plata. Como Randazzo, el ministro del gobierno de los derechos humanos,
cuando habló de siniestros y accidentes ante el crimen social
de Castelar. La defensa del estado, nunca es legítima.
Buenas
noticias, sabrosas telefotos ¡a tragar sin culpa!
En la
mañana del 11 de junio fue encontrada muerta Ángeles Rawson,
de 16 años, que había desaparecido el día anterior
luego de asistir a sus clases de educación física en un
predio aledaño al CEAMSE (Coordinación Ecológica
Área Metropolitana Sociedad del Estado) en el barrio de Colegiales,
donde vivía con su familia. El cadáver de la adolescente
fue hallado entre las bolsas de basura que habían descargado
los camiones de transmisión al predio central en José
León Suárez, localidad del conurbano bonaerense.
Inicialmente,
todos los medios de comunicación publicaron que la víctima
había sido violada antes de ser asesinada, noticia que trajo
aparejada consigo un aluvión de informes emotivos, que indicarían
como consecuencia la podredumbre de vivir en esta época de inseguridad
y violencia desmedida.
El miércoles
a la noche, a partir del informe de la autopsias, tuvieron que salir
a desmentirse, ya que no había en el cuerpo indicio alguno de
violación. Mientras tanto, esas 24 horas de intervención
mediática, hicieron lo suyo: cumplieron su objetivo.
La posibilidad
que se abre a los medios de ejercer poder sobre la audiencia y, por
lo tanto, de estructurar y ordenar su conciencia sobre la realidad,
hace de ciertas coyunturas un diamante en bruto a explotar en su máxima
potencia. Todo este mecanismo de disciplinamiento tiene una explicación,
que se halla intrínseca en la propia dinámica de su funcionamiento.
Para ello, es necesario revisar punto por punto.
Primero
y principal, –se sobreentiende, tomando en cuenta el objetivo
que los convoca- para los medios siempre es un buen momento para aprovechar
la coyuntura y echar leña a la caldera; siempre es útil
la oportunidad de reajustar las tuercas que, sea el día anterior
o hace unas pocas horas, habían ajustado con otro platillo: en
este caso, la imagen utilizada fue la de una adolescente muerta (y según
ellos, violada) producto de la inseguridad, cimentada al paso como el
mayor problema que le atañe a los usuarios. Eso sí, no
era cualquier víctima, sino una que –ellos sabían-
iba a dolerle a la audiencia. Ángeles era menor de edad, buena
estudiante (tenía el mejor promedio en su escuela), vivía
en un barrio “bien” y su familia es socialmente respetable:
de buen pasar, económicamente cómoda, sin ser ni opulenta
ni irrelevante: ideal para que el “público” que interesa
(los sectores de la llamada “clase media”), lejos de sentirse
incómodo, se identifique y solidarice automáticamente.
Sobre
el impacto encaramado que produjo la noticia, comenzó el circo
de la extorsión y el ordenamiento, a través de distintas
herramientas: aparecen las grillas estadísticas que describen
el horror, con antecedentes y características indicadores de
un perfil criminal, especialmente las de un violador; descripciones
basadas en supuestos infundados, rayanas a lo absurdo, en las cuales
entrarían la mitad de los individuos de esta sociedad; y el pretendido
homenaje a la víctima, conmovedor, fustigante, acicalado con
alguna angustiante melodía y acompañado de fotos donde
se muestre la inocencia del desafortunado inocente.
El efecto
es automático, ensordecedor, certero al 100%. Aquí es
donde se comprende por qué no son útiles las noticias
de los pobres. A los medios no les sirve mostrarlas, porque en su seno
incuban la denuncia explícita –que a ellos también
abarca- y porque, en estos casos, la audiencia siempre encuentra una
excusa para desechar rápidamente la noticia, perdiéndose
así el efecto pretendido.
Ese efecto
no es azaroso, como nada en este circo. Viene bien ornamentado, bien
cocinado de antemano, y su fin último, su uso práctico
es el que siempre fue: el uso de la coyuntura para establecer una postura
política a través de un mecanismo de control. No cualquier
control, sino el más certero, el tiro de gracia: el autocontrol.
El tratamiento
de “la problemática de la inseguridad”, vista y publicada
como la mayor problemática de nuestro tiempo, deja sobre la marcha
el espacio para tatuar en la piel de los consumidores de la “noticia”,
varias consignas: en cualquier lugar y momento puede tocarle a cualquiera,
a usted y a su familia, a todos. La vida entendida de este modo vale
dos centavos. El usuario, así, es arrinconado a la desesperación
del pánico, situación que abre el espacio justo para una
doble función: por un lado, la puerta a la propuesta que “solucione”
el “problema”, y, por el otro, la siembra de la cosecha,
el efecto de tal temor; esto es, la desconfianza. Desconfiar de todos,
del vecino, del almacenero, hasta de la propia sombra.
El resultado
de la doble función, permite entonces, primero y sobre todo,
la distracción de lo que realmente subyace a la coyuntura (el
hambre, la explotación, la desocupación, el trabajo precario,
la falta de vivienda, de salario digno, la desigualdad, la injusticia
y por ende, la política de estado que garantiza su funcionamiento);
segundo, la propuesta de derecha bien cimentada (a mayor inseguridad,
la solución es el refuerzo de lo seguro, es decir, más
policía en las calles y, por lo tanto, la garantía de
la regulación del crimen y la represión en los barrios);
tercero y último, el efecto de la desconfianza (la incomunicación,
la distancia y el encierro: todos en sus casas quedan aislados y con
pánico uno del otro, confinados a ver la realidad a través
de un monitor, una radio o una televisión, de manera que la capacidad
potencial de organizarse, de discutir la realidad, intrínseca
del pueblo, queda anulada y por tanto “resuelta”). La operación
restante se gesta sola, el aislado se autorregula, se somete solo y
somete, a su vez, al otro, vigilándose y vigilándolo.
Así,
los medios hegemónicos –herramienta fundamental del poder-,
construyen diariamente la realidad que objetivan como única y
verdadera. Así, ponen el guiño ciego a la desidia de la
impunidad y aprovechan para legitimarla, fomentando la fragmentación
del pueblo y, por lo tanto, la perpetuidad de la corrupción.
Así, pretenden mojarnos la oreja a todos.
Pero hay
todavía unos pocos –los hay, somos pocos, pero locos- que
nos negamos a aceptarlo y que asumimos afiebrados de indignación,
la tarea de denunciarlo y de canalizar nuestra bronca convirtiéndola
en la lucha de todos los días. Nosotros pocos que decimos, parafraseando
a nuestro querido compañero Rodolfo Walsh “con la certeza
de ser perseguidos, pero fieles al compromiso que asumimos hace mucho
tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.”
Y por
más herramientas que empleen en sus métodos, les decimos,
acá no pasarán.
El
imperialismo yanqui y el espionaje patriótico
La semana
pasada se supo que la Agencia de Seguridad Nacional yanqui (NSA) extrae
los datos del tráfico informático que le proporcionan
empresas como Facebook, Google, Apple, Microsoft, Youtube, Skype, Paltalk,
Aol y Yahoo. Se trata de un programa ultrasecreto denominado PRISM cuya
existencia fue revelada por un ex empleado, Edward Snowden.
El escándalo
se propagó enseguida por todo el mundo. Obama justificó
este accionar en la defensa de EEUU en su lucha contra el “terrorismo”
y en que está permitido por las leyes.
Luego
de conocerse el espionaje de la NSA, tomó estado público
que el estado yanqui también recibe informes de otras empresas,
como las telefónicas Verizon, Sprint y AT&T, las compañías
de tarjetas de crédito y los bancos. “De 2003 a 2011 los
bancos y otras firmas del sector presentaron más de 110 mil informes”
(Bolpress, 13/06/2013).
En algo
tiene razón Obama. Este accionar es perfectamente legal. Es una
ley, la de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), la que autoriza
esa práctica. Además, la recolección de datos fue
autorizada por el juez Roger Vinson, de la Corte Especial de Inteligencia
Internacional. Los políticos yanquis, republicanos y demócratas,
conocían estas actividades y las han defendido, bajo el argumento
de la defensa de la patria. Como decía Oscar Wilde, el patriotismo
es la virtud de los viciosos.
La información
recolectada es compartida con los servicios secretos británicos,
más específicamente con el GCHQ (Government Communications
Headquarters).
Esta política
no es exclusiva del gobierno de Obama. El estado yanqui lo ha hecho
siempre, pero se ha intensificado desde 2001. Fue Bush, mediante el
dictado de la Ley Patriota, quien legalizó la profundización
el espionaje. Entretanto, el congreso norteamericano evalúa el
proyecto Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA) que legitima
una mayor intromisión de los servicios secretos.
Tampoco
es un accionar que se limite al territorio de EEUU, ya que está
destinado a la vigilancia externa. Tan es así, que no se salvan
ni otros países imperialistas, como Alemania, cuya presidenta,
en forma cínica, ha protestado como si su estado no recurriera
al espionaje.
Esta política
tiene como finalidad que la burguesía yanqui reasegure su hegemonía
en todo el mundo. Es que el estado capitalista es la junta general que
administra los negocios de la burguesía y la legalidad que esgrimen
sus representantes no es más que la voluntad general de la burguesía
hecha ley. Las apelaciones al patriotismo, a la seguridad nacional,
a la defensa del derecho, a la democracia, son sus excusas para justificar
sus aventuras de dominación, como el reciente blanqueo de la
ayuda yanqui a los “rebeldes” sirios, justificándose
en que el régimen de Al–Assad utiliza armas químicas.
El egoísmo
privado es el secreto del patriotismo de los burgueses, decían
Hegel y Marx. Nunca tuvieron tanta razón.
La
farsa del juicio a los petroleros de Las Heras
A principios
de 2006, una serie de luchas obreras sacudieron el norte de la provincia
de Santa Cruz, continuidad de una larga lucha protagonizada por los
trabajadores hiper explotados por las multinacionales dedicadas al negocio
de la extracción de petróleo. Los reclamos de ese inicio
de año no eran nuevos: mejoras salariales, encuadramiento laboral,
rechazo a la retención del impuesto a las ganancias sobre los
sueldos, pase a planta de los tercerizados.
Entre
las últimas semanas de enero y la primera de febrero, hubo piquetes
en las rutas y frente a las empresas en Caleta Olivia, Pico Truncado,
Las Heras y Cañadón Seco. La madrugada del 7 de febrero,
con el conflicto al rojo, una nueva injusticia, la detención
de un referente de los trabajadores, desató la reacción
masiva de un millar de obreros, que asumieron su autodefensa, y con
la fuerza de su movilización liberaron a su preso y frenaron
otras seis órdenes de captura.
En la
pueblada murió un policía, Jorge Sayago, que quedó
solo frente a la comisaría cuando sus camaradas retrocedieron
ante la decisión de los trabajadores que la rodeaban.
El gobierno
provincial rápidamente recibió el apoyo del nacional,
y a los pocos días, con el aporte de servicios de inteligencia,
la policía santacruceña y la gendarmería nacional,
un mega operativo desplegó centenares de fuerzas represivas en
la ciudad de menos de 10.000 habitantes. Se allanaron casas, vecinos
y trabajadores fueron apaleados y torturados, y se detuvo a más
de 20 personas acusadas de haber participado en la pueblada.
Sobrevino
entonces una parodia de “investigación judicial”
cuyo único fin fue desactivar y condenar la lucha obrera y popular.
Con la lucha popular y la solidaridad activa, luego de casi tres años
se logró que los últimos detenidos fueras liberados, pero
la causa siguió su inexorable avance, con las acusaciones fundadas
en testimonios arrancados a golpe limpio.
El lunes
17 de junio comenzó el juicio a los 12 trabajadores que quedaron
acusados por delitos que van desde el homicidio calificado del policía,
ascendido a comisario post mortem, hasta la coacción agravada
por la que se agravia el gobierno provincial, constituido en querellante
a la par de la familia del policía. Al fiscal de cámara
que debía intervenir en el debate no le dio la cara para sostener
las imprecisas y genéricas acusaciones, y, después de
pedir tres veces la anulación del requerimiento de elevación
a juicio, se apartó, y convocó al fiscal de primera instancia
para que lo reemplazara.
La primera
jornada del juicio mostró sin fisuras de qué se trata
esta causa. Se leyeron las acusaciones, que dejaron a la vista la forma
absurda en que se seleccionó arbitrariamente a estos 12 trabajadores,
entre más de setecientos, para aleccionar al conjunto. Un aleccionamiento
que rindió sus frutos, con aquellos gendarmes llegados de apuro
instalados en forma permanente en la zona, imponiendo un régimen
de vigilancia que cercena el activismo obrero y secciona los lazos solidarios.
Con la
presencia de trabajadores petroleros y de militantes de ADOSAC, ATECH,
ATE, PO, DO, PTS, el cuerpo de delegados de la línea 60 y otras
organizaciones nucleadas en el Comité de apoyo por la absolución
de los compañeros petroleros de Las Heras, las rejas custodiadas
por prefectos de la Cámara de Caleta Olivia se poblaron de afiches
y banderas. Los jueces resolvieron que el juicio sea oral, pero no público,
ya que sólo permitieron el ingreso a la sala de las partes y
sus abogados, y un par de periodistas acreditados. Apenas si colocaron
un parlante en el hall del edificio, desde donde medio centenar de compañeros
pudimos seguir las alternativas de esa primera audiencia, que terminó
abruptamente cuando varias defensas plantearon las muchas nulidades
de la amañada instrucción. Fueron cuestionadas la presencia
del fisco provincial como querellante; se reiteró la nulidad
de los requerimientos de elevación a juicio que violan el principio
de congruencia; se denunció la nulidad de las indagatorias realizadas
bajo tormentos y se confrontó el intento del fiscal de desistir
de varias decenas de testigos e incorporar a libro cerrado las actas
de las declaraciones fabricadas en la instrucción.
CORREPI
estuvo presente en representación del Encuentro Nacional Antirrepresivo,
junto a los compañeros de AGARRE (Acción Grupal Antirrepresiva
Estatal) de Comodoro Rivadavia. Por la mañana, realizamos una
conferencia de prensa en la sede de la CTA comodorense, convocada por
AGARRE, en la que intervinieron el compañero Carlos Platowski,
delegado de LAN y militante del PTS, y María del Carmen Verdú
de CORREPI. Luego, viajamos a Caleta Olivia, donde asistimos al juicio
y denunciamos en los medios que cubrieron la audiencia su naturaleza
persecutoria. Al mismo tiempo, en la ciudad de Buenos Aires, las organizaciones
del Comité de defensa nos movilizábamos del Obelisco a
la Casa de la Provincia de Santa Cruz.
La presidenta
del tribunal oral decidió postergar una semana el debate, para
resolver los planteos sólidos y contundentes de las defensas,
de manera que el juicio se reanudará el lunes próximo.
Es necesario
redoblar los esfuerzos para dar visibilidad a este juicio que pretende
ser una instancia de disciplinamiento para el conjunto de la clase trabajadora,
y que amenaza concretamente a los trabajadores acusados con prisión
perpetua.
Ni tragedia ni accidente: otro crimen del capital
Horas
después del choque del tren chapa 16 contra la estación
Once, el 22 de febrero de 2012, decíamos: “No debemos confundirnos
y debemos llamar a las cosas por su nombre: este fue un crimen social”.
Un crimen producido por la lógica misma del sistema de explotación
capitalista, que privilegia la ganancia sobre cualquier otro valor.
El choque
de Castelar produjo el sabor amargo de la repetición, esta vez
con menos víctimas por esas casualida aunque se los puso paulatinamente
en libertad, siguen imputados, junto con otros trabajadores de los talleres
EMFER, del mismo grupo Cirigliano socio del estado y co-responsable
de estas nuevas muertes. Los funcionarios y empresarios, mientras tanto,
siguen contando sus billetes y celebrando que el servicio del tren Sarmiento
se reanudó, para seguir trasladando como ganado a los trabajadores
de la zona oeste a las fábricas, las obras en construcción
y los comercios donde los mismos que los matan con trenes sin freno
los explotan a diario. des
de los horarios y los sentidos de circulación, igual de criminal,
con los mismos protagonistas y los mismos chivos expiatorios.
Los trabajadores
como víctimas, y el estado como responsable, esta vez de manera
mucho más difícil de justificar para sus defensores, a
partir de la intervención decretada sobre TBA después
del 22 de febrero. Y también los trabajadores, los maquinistas,
presos y acusados como únicos responsables de las muertes y las
heridas, incluso las propias.
“Estamos
investigando la falla humana”, dijo a pocas horas del hecho el
juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, “el tren
funcionaba bien”. Los maquinistas y los guardas fueron detenidos
e indagados por estrago doloso, y
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
20.015
