BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 695
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
13 de
septiembre del 2013
Del 1º
de julio del 2013
Sumario:
1.
Brasil: sin carnaval, pero con narices de payaso.
2.
Como en Brasil, pero sin protestas y en todo el país.
3.
Sobreseyeron a un trabajador… y al Proyecto X.
4.
“Una excursión de pesca”.
5.
Armas “no letales”: el viejo-nuevo cuento para la política
represiva del estado.
6.
Cuarto plenario del Encuentro Nacional Antirrepresivo.
Brasil:
sin carnaval, pero con narices de payaso
Las narices
de payaso que portan los manifestantes en muchas partes del mundo, denuncian
la hipocresía que envuelve a las democracias. Denuncian que el
gobernante se consagra electoralmente como un estadista, y, una vez
en la "gestión", es el gerente de intereses bien diferentes
a los de aquellos que lo consagraron.
Si el
pueblo entonces se indigna no pasa nada, hasta que esa indignación
se corre de la queja y se transforma en protesta social. Entonces, sí,
sea del color que sea, el consagrado recurrirá a su unívoca
y general respuesta: represión y acusaciones más o menos
veladas de "accionar terrorista". Es una trama bien conocida
entre nosotros.
Desde
el 3 de junio, Brasil viene siendo "la democracia en jaque".
El aumento del transporte público en 20 centavos por encima de
los 3 reales fue el detonante para que cientos de miles de personas,
en su mayoría jóvenes, hayan protagonizado la más
importante protesta colectiva de los últimos 20 años en
varias ciudades del país.
No debe
perderse de vista que el eje central de la protesta pasó por
San Pablo, dónde existe la mayor concentración de clase
trabajadora urbana, con inflación sostenida sobre la canasta
familiar de algo más del 13% anual). Como no debe perderse de
vista que la mecha encendida por el aumento, sirvió también
para reclamar por otras penurias que sufre el pueblo, en especial en
materia de salud, educación y obras de saneamiento.
Y tampoco
debe perderse de vista que hay sectores de la propia burguesía
que disputan hacia adentro del bloque de poder, y pretenden "parasitarle
la agenda a los indignados" como expresó uno de los referentes
espontáneos de la protesta legítima, en relación
al rol que juegan algunos emporios de la información. El contexto
se completa con una erogación indiscriminada de fondos públicos
hacia obras de infraestructuras relacionadas con dos eventos del negocio
futbolero: la Copa de las Confederaciones 2013 y el Mundial 2014. Más
de 15 mil millones de dólares solamente para el Mundial.
El panorama
se resume así: mientras el fuego artificial ilumina el cielo
de los estadios del negocio futbolero, la bronca callejera enciende
el fuego de la realidad popular.
El incipiente
gesto reactivo y proactivo que protagoniza parte del pueblo brasileño,
en tanto no sólo discute por el restablecimiento de derechos
históricos sino también por otros nuevos, pone de relieve
la naturaleza del estado capitalista vestido de democrático.
A la vez, revela los límites de los procesos económicos
basados en la productividad y la no afectación de la tasa de
ganancia empresarial. Brasil sigue siendo presentado como el ejemplo
de las economías emergentes en latitud sur. Su presidenta, Dilma
Roussef, se llena la boca diciendo: "elevamos la renta y ampliamos
el acceso al empleo", pero al mismo tiempo se “sorprende”
por la naturaleza de la protesta y los episodios violentos que ha generado.
Desde
lo político-económico, las variables que el capital inventa
y ella pone en práctica para oxigenarlo, sean neoliberales o
neodesarrollistas, encuentran su límite cuando, a la hora de
apropiarse de renta, todos esos modelos sin excepción, ponen
la mano abiertamente en el bolsillo de los trabajadores. Buscar esos
20 centavos y no tenerlos, o peor, sacarlos de la mesa familiar, conduce
inevitablemente a la protesta. Tal vez lo olvidó o quizás
nunca le importó a la presidenta surgida de las entrañas
del PT. Tal vez, confirme aquello que Babeauf escribió en 1797:
"los gobernantes sólo hacen revoluciones para gobernar".
Lo que
no sorprende es su respuesta inmediata frente a los sucesos: centenares
de detenidos, militarización con fuerzas de seguridad y armadas,
reforzadas por miles en las ciudades donde se juega la Copa Confederaciones
y 9 muertos, al tiempo que repiten "no reprimimos la protesta social".
Lo dicen
sin colocarse la nariz de payaso, a esta altura un recurso categórico
de los indignados para simbolizar nuestras democracias.
Como en Brasil, pero sin protestas y en todo el país
Sin las
protestas que hay en Brasil, la represión de las fuerzas de seguridad
de nuestro país, asesinaron a nueve personas en los últimos
diez días, la misma cantidad que en las revueltas del país
vecino.
Cristian
Sebastián Molina fue detenido por la policía de la comisaría
15ª de Tunuyán, provincia de Mendoza, y a las pocas horas
apareció colgado de los barrotes de la celda de la comisaría.
En Rosario, una policía federal asesinó a un chico de
17 años que, según ella, intentó robarla, pero
que no estaba siquiera armado y recibió varios impactos de bala.
En Neuquén, un policía provincial disparó 14 balas
para asesinar a un integrante del servicio penitenciario de la misma
provincia, porque supuestamente tenía relaciones con su mujer.
Además
de estos casos, los medios divulgaron una gran cantidad de hechos, en
los que las fuerzas represivas asesinaron a diferentes personas que
se encontraban en situaciones realmente inverosímiles. Por supuesto,
la prensa se limitó a copiar el texto de la fuente policial sin
siquiera investigar un poco la certeza de lo informado. Así,
informó que la policía federal asesinó a un supuesto
ladrón, en Barracas, ciudad de Buenos Aires, que intentó
fugarse en bicicleta disparando un arma. Es decir, que mientras intentaba
pedalear a una velocidad suficiente como para escaparse de los policías
que estaban a bordo de un patrullero, tuvo la habilidad para mantener
el equilibrio y disparar, dominando la retrocarga de cada supuesto disparo.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, una policía asesinó,
en la puerta de su casa, a un hombre desarmado que, según ella,
había intentado entrar por la fuerza. En la localidad de Mariano
Acosta, provincia de Buenos Aires, dos policías, uno retirado
y otro en actividad, padre e hijo, asesinaron a dos supuestos ladrones
que habrían intentado asaltar un lubricentro atendido por los
primeros. La policía sostiene que ambos ladrones tenían
dos armas. Sin embargo, los únicos que recibieron disparos fueron
estos últimos y no consta que hayan disparado ni una sola vez.
Un policía
de la Metropolitana asesinó a un chico de 17 años, de
nombre Omar Ariel Ruiz, en la localidad de Florencio Varela. El metropolitano
sostuvo que el pibe, junto con otro, intentó robarle; que se
identificó como policía; que dio la voz de alto; que éstos
le dispararon y que él respondió los disparos. Así
las cosas, Omar ¡quedó tendido a100 metros del lugar y
con una réplica de revolver a su lado! Convenientemente, en una
casa cercana “encontraron” un arma tirada con dos vainas
servidas.
En la
localidad bonaerense de Villa Centenario, un policía provincial
asesinó a otro supuesto ladrón (un cómplice se
habría dado a la fuga) que habría intentado robarle el
auto. Como en los casos anteriores, los supuestos ladrones estaban armados
pero el policía salió ileso.
Cuando
leemos todas estas crónicas de historias inverosímiles,
siempre nos viene a la memoria, el artículo que Rodolfo Walsh
escribió en 1968, sobre “La secta del gatillo alegre”.
Ante los “suicidados” en cárceles y comisarías,
decía Walsh, hace ya 45 años: “la melancolía
que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en
los jóvenes débiles de espíritu… Otro factor
deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos
son las inscripciones que dejan los torturados.”. Ante cada hecho
en el que asesinan a algún familiar o conocido, Walsh también
nos recuerda que la vocación de violencia de los policías
no se agota con el gatillo fácil o la tortura, “sus conflictos
personales y aun sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse
por la vía del ‘arma reglamentaria’”. Lo mismo
nos ocurre con la profusión de casos en que los policías
dicen “enfrentarse” con los delincuentes, y siempre salen
ilesos mientras que los supuestos ladrones mueren. Hace 45 años
esto también llamaba la atención al autor del artículo,
que irónicamente escribía: “En los tres primeros
meses de 1968, la Policía bonaerense mató en tiroteo a
diez delincuentes, o presuntos delincuentes, sufriendo por su parte
una sola baja. Este rendimiento de diez a uno es único en el
mundo…”. La misma suerte corre la crónica policial,
que desde aquella época, “registra media docena de historias
que pueden tomarse de modelo”. Son las que estuvimos repasando
más arriba.
Policías
mendocinos, neuquinos, bonaerenses, federales, metropolitanos, asesinaron
igual que en Brasil pero sin protestas. Los medios de comunicación,
como siempre, les cubren la espalda.
Sobreseyeron
a un trabajador… y al Proyecto X
Los días
5 y 12 de abril de 2011, los trabajadores del Frigorífico Rioplatense
realizaron sendos cortes en la ruta Panamericana como consecuencia de
un conflicto laboral que sostenían con la patronal. Se trataba
de un conflicto de vieja data, por salario y condiciones laborales,
que se había intensificado a partir de la actitud de la empresa,
que se negaba a negociar con los trabajadores.
En esos
cortes, intervino la gendarmería seleccionando arbitrariamente,
de entre los cientos de trabajadores que participaron, a los integrantes
del cuerpo de delegados del frigorífico, con la finalidad de
armarles causas penales. Para realizar esta tarea se valieron de dos
herramientas: la base de datos que tiene esa fuerza en Campo de Mayo,
conocida como Proyecto X, y los informes de la empresa, que completaron
los datos personales de los delegados.
De esos
cortes se desprendieron dos causas. Una de ellas, contra uno de los
delegados, Carlos Zerrizuela. La otra, contra el resto de los representantes
gremiales. Tan burdo fue el armado de esta segunda causa que, de todas
las fotografías que tomaron, sólo pudieron identificar
a un compañero, y sólo contra él sigue abierto
el proceso. La primera causa, contra Carlos Zerrizuela, avanzó
meteóricamente, y, desde mediados de 2012, se encontraba en el
juzgado federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado,
a la espera de juicio oral.
Desde
CORREPI, luego de asumir la defensa política y técnica
de todos los delegados, planteamos la nulidad de la causa elevada a
juicio, porque Carlos había sido seleccionado, mediante el uso
de tareas de inteligencia, por ser un delegado clasista conocido y referenciado
por sus compañeros de trabajo. Para entonces, los compañeros
de la comisión interna del frigorífico, con nuestro patrocinio,
habían sido reconocidos como querellantes en la causa por espionaje
contra la Gendarmería Nacional.
El planteo
de nulidad lo hicimos el año pasado. La jueza estuvo casi un
año para resolverlo, alargando el proceso para evitar pronunciarse
y, así, no emitir opinión sobre las tareas de inteligencia.
Por otra parte, tenía en claro que si rechazaba nuestro pedido
y realizaba el juicio oral, el principal enjuiciado no iba a ser Carlos
Zerrizuela, sino el Proyecto X.
Por ello,
tuvo que dar todo un rodeo. Dictó el sobreseimiento de Carlos
Zerrizuela, cerrando de esta manera la causa y evitando el juicio oral,
pero sin pronunciarse sobre el espionaje de Gendarmería. Para
esto, tuvo que desarrollar un razonamiento que parece una broma, pero
que revela cuál es la verdadera función del aparato represivo
estatal. El núcleo de la resolución es el siguiente: como
los cortes de ruta ocurren habitualmente, y hay oportunidades en que
la policía nos los reprime, esto puede llevar a la convicción,
por parte de los que cortan, de que se trata de una “conducta
legítima”. Por tanto, Carlos no habría comprendido
que el corte era, según la jueza, ilegal.
El razonamiento
implícitamente admite que la represión tiene por finalidad
aleccionar, educar, a quienes luchan por mejorar sus condiciones materiales
de vida, aun cuando las leyes digan que esa lucha es ilegal. Como los
antiguos maestros, para la jueza la letra con sangre entra.
Esto además
nos muestra hasta qué extremo pueden llegar los jueces cuando
deben sacarse de encima una causa que les quema las manos, por el eventual
costo político a pagar. En este caso, la decisión de no
pronunciarse sobre las tareas de inteligencia realizadas por una fuerza
que depende del gobierno nacional, forzó el reconocimiento de
la finalidad social de la represión estatal. Se podría
decir que la traicionó el inconsciente.
Lo cierto
es que, si en este caso sobreseyeron al compañero Zerrizuela,
fue por la intensa campaña de lucha y denuncia, desarrollada
contra quienes armaron la causa y realizan labores de espionaje en las
organizaciones populares y en las comisiones internas clasistas.
“Una
excursión de pesca”
Con esta
frase, el juez federal Lijo volvió a rechazar el pedido de ser
tenidos por querellantes de las organizaciones que impulsamos la investigación
sobre Gerardo Martínez, por su accionar como Personal Civil de
Inteligencia del Batallón de Inteligencia 601, durante la dictadura.
Una vez
más, a pesar que la Cámara le ordenó en el mes
de febrero que, una vez adjuntado los estatutos de las organizaciones,
debía proveer las querellas, Lijo hizo de cuenta que nunca existió
dicha resolución, a partir de la idea de que “no se ha
imputado delito alguno”, lo que anticipa un inminente nuevo intento
de archivo, como el que impedimos en diciembre de 2012.
Todo esto,
a pesar que el mismo juez dijo, el 18 de diciembre de 2007, en la causa
sobre el Batallón 601, que: “En el marco descripto, las
funciones de los PCI (Personal Civil de Inteligencia) del Ejército
consistían en clasificar y ordenar los informes remitidos al
Batallón 601 por las unidades de inteligencia de todo el país.
Con esta información clasificada, se determinaban los objetivos
o “blancos”, como se denominaba a quienes serían
luego secuestrados por los Grupos de Tareas, sometidos a torturas en
los Centros Clandestinos de Detención para luego, en la mayoría
de los casos desaparecerlos”.
Lijo no
tuvo problemas en cosechar “porotos progres” en la causa
del Batallón 601 condenando a 25 años al descartable de
Cristino Nicolaides, pero no está dispuesto a siquiera abrir
la investigación contra el burócrata de Gerardo Martínez,
al que aún no se le ha colgado el cartel de “desechable”.
Como siempre, casi nada depende de los “buenos/malos vientos”
que corren por los pasillos de los tribunales. Será la movilización,
la lucha y organización de quienes pelean contra la impunidad
de ayer y de hoy, contra los uniformados y contra los “civiles”,
la que podrá hacer avanzar la causa y torcer la voluntad de un
juez que ha decidido hacer lo posible y un poco más para dejar
escapar al “pez gordo”.
Armas
“no letales”: el viejo-nuevo cuento para la política
represiva del estado
Hace dos
semanas, el capitán Roberto Lezcano asesinó al hincha
de Lanús, Daniel Jerez, mediante un disparo de bala de goma a
corta distancia.
Ricardo
Casal, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, “sagazmente”,
decidió que la policía bonaerense no usaría más
balas de goma, dado que si bien son consideradas como no letales, a
corta distancia no lo son.
El debate
“armas letales vs no letales” quedó flotando en el
aire una vez más. Debate falaz si los hay. En primer lugar, sean
del tipo que sean, las armas letales o no, son utilizadas por el estado,
siempre para la misma función: reprimir a los perjudicados por
el orden existente, y por ende potenciales cuestionadores, y a aquellos
que ya se organizan y luchan en su contra.
En segundo
lugar, quedó claro, para quien lo quiera ver, que hablar de “armas
no letales” es un simple eufemismo. José Poblete le hundió
el cráneo al docente Carlos Fuentealba mediante el disparo de
una “no letal” granada de gas lacrimógeno.
Cuando
desde el estado nos hablan de cambiar las armas letales por las no letales,
proponen, por ejemplo, las pistolas de descargas eléctricas (picanas
portátiles) tipo Taser. A contrapelo de su propagandizado carácter
“no letal”, entre 2001 y 2010, las Taser causaron la muerte
de 500 personas en EEUU.
Fue grande
el escándalo mediático cuando Macri las propuso para la
Policía Metropolitana, hasta que fueron prohibidas judicialmente.
Pero nadie se queja de que sean utilizadas por los cuerpos especiales
de las policías Federal (GEOF), de Buenos Aires (Halcón),
Mendoza (GES), Santa Fe (TOE) y Eter de Córdoba. En abril de
este año, el intendente de Las Heras, Teodoro Caminos, representante
del kirchnerismo local, creó su propia policía municipal
y las dotó de Taser. Ante el cuestionamiento dijo “las
picanas no matan”. No claro, solas no matan a nadie, salvo cuando
algún representante del aparato represivo las usa para represaliar.
Por su
parte, el Pentágono estadounidense viene llevando la delantera
en el desarrollo de las llamadas “armas no letales”. Uno
de los proyectos más conocidos es el cañón LRAD,
un dispositivo acústico de largo alcance. Esta arma puede usarse
contra muchedumbres, pero las ondas sonoras también pueden dirigirse
contra una persona bien determinada. La eficacia de este cañón
puede apreciarse en las escenas del 7 de noviembre de 2007, en Tiflis,
que muestran cómo fue dispersada allí la manifestación.
Otro proyecto
norteamericano es un sistema de neutralización activa, (Active
Denial System), que consiste en un potente irradiador de ondas medias.
Los voluntarios en los que fue experimentada esta arma “no mortal”
explicaban que sentían dolor y el deseo reflexivo de escapar
inmediatamente del lugar de su acción.
Investigaciones
médicas afirman que la aplicación de estos medios puede
llevar al surgimiento de quemaduras y de heridas, a disfunciones agudas
de sistemas orgánicos, y, en caso de una influencia prolongada,
a enfermedades crónicas y al cáncer.
Entonces
¿armas no letales? Nada nuevo, simple juego de palabras, para
legitimar, una vez más, la represión del estado.
Cuarto
plenario del Encuentro Nacional Antirrepresivo
Los días
21 y 22 de junio se realizó, en Mar del Plata, la cuarta reunión
plenaria del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo). A las organizaciones
que ya lo integraban (Sociedad de Resistencia, Mendoza; Coordinadora
Antirrepresiva de Córdoba; AGARRE -Acción Grupal AntiRRepresiva
- Comodoro Rivadavia, Chubut; CORREPI - Coordinadora contra la Represión
Policial e Institucional, Buenos Aires; Colectivo de Militantes por
los DDHH de El Bolsón, Río Negro; FAM - Frente Antirrepresivo
de Mar del Plata, Buenos Aires; CADH -Comisión Antirrepresiva
y por los Derechos Humanos de Rosario, Santa Fe y COPODH – Colectivo
Popular por los DDHH, Buenos Aires) se sumaron la Coordinadora Antirrepresiva
del Oeste (GBA); OTOÑO (Cipoletti, Río Negro) y Coordinadora
Norpatagónica contra la Violencia Institucional (Choele Choel,
Río Negro).
Durante
el primer día hicimos un repaso de la situación represiva
a nivel nacional y regional y de cómo se vienen profundizando
día a día las políticas específicas (engrosamiento
del aparato represivo, gatillo fácil, desapariciones, torturas,
represión tercerizada, criminalización de las luchas,
presos políticos, situación carcelaria, etc.), y un balance
del desarrollo y crecimiento del ENA desde la última reunión
general en Córdoba.
Dedicamos
el sábado a discutir y resolver nuestro plan de acción
común para denunciar y golpear la política represiva,
ratificando que LA REPRESIÓN ES POLITICA DE ESTADO. Luego se
realizó una charla abierta con intervención de todas las
organizaciones, y cerramos con una concurrida peña. Destacamos
la excelente organización y la habitual hospitalidad de los compañeros
del FAM, que garantizaron la realización del Encuentro.
La próxima
reunión plenaria será en Rosario, en el fin de semana
largo de octubre, con la CADH como anfitriones.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
20.071
