BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 696
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
8 de agosto
del 2013
Del 16
de julio del 2013
Sumario:
1.
20 años al policía asesino Brítez: ¡fruto
de la lucha y la organización!
2. El gobierno nacional y la legitimación de las fuerzas armadas.
3. Rolando Echarri Pareja en libertad.
4. Polinarcos al por mayor.
5. ¿Huelga y protesta? El gobierno nacional responde con el Código
Penal en la mano.
6. Novedades en el caso Antillanca.
20
años al policía asesino Brítez: ¡fruto de
la lucha y la organización!
La madrugada
del 21 de agosto de 2009, Omar Esteban Brítez, teniente de la
policía bonaerense y perito balístico “estrella”
del departamento judicial de Zárate-Campana, se metió
en la casa en la localidad de Escobar, donde años antes había
vivido con su ex pareja, Fernanda Griselda Verón. Con el arma
reglamentaria en mano y ese instinto asesino –constitutivo de
todos los esbirros- pintado en la mirada, apuntó sobre Fernanda
y su actual pareja, Hernán Darío Ibiris, que dormían,
y vació el cargador. Hernán murió y Fernanda quedó
gravemente herida.
La historia se remonta a la cadena de agresiones sucedidas desde que
Fernanda decidió poner punto final a una relación cargada
de violencia. La amenaza, la persecución y la violencia tanto
física como psicológica fueron las herramientas que empleó
Brítez a lo largo de los dos años desde la separación.
El verdugo no hizo más que extender su labor diaria a su vida
personal. Durante ese tiempo, Fernanda intentó denunciarlo en
reiteradas ocasiones, sin otra respuesta que el implícito “¿qué
esperabas?, es policía”.
A cuatro años del asesinato, y aunque la defensa del policía
intentó demostrar que sus acciones esa noche no respondían
a otro impulso que el de una “obnubilación temporal”,
la fuerza de la lucha y la organización popular dieron su resultado:
el miércoles 3 de julio, en la sala del Tribunal en lo Criminal
N° 2 de la ciudad de Campana, logramos la sentencia de veinte años
de prisión para el policía asesino.
Si bien festejamos tal veredicto, sabemos que la situación general
no cambia por ello. Sin ir más lejos, pudimos comprobar, nuevamente,
cómo el estado se encarga de amparar a sus perros guardianes
como pueda en cada ocasión. Durante el debate, los “peligrosos”
éramos nosotros: el poco tiempo que Brítez estuvo en la
sala, vistió chaleco antibalas y estuvo rodeado literalmente
por media docena de hombres del grupo especial del servicio penitenciario
estilo Robocop. Luego, a la hora de la condena, los jueces restaron
a su pena la implicancia de ser un oficial en actividad que asesinó
con el arma suministrada por la fuerza. Lo condenaron por asesino, pero
no por policía asesino. Por eso no aplicaron el agravante que
hubiera llevado a la prisión perpetua.
Todo quedó muy claro en la enfática explicación
que dio el presidente del tribunal, Dr. Daniel Claudio Rópolo
en su argumento final: “Ya lo he expuesto en otros debates referidos
al tema, la institución policial es demasiado importante institucionalmente,
nada menos la encargada de cuidar la libertad y el patrimonio de los
habitantes, para que en determinadas épocas de crisis económica
se transforme en una bolsa de trabajo, institución a la cual
se ingrese indiscriminadamente para tener más policías
y no reparar en las cualidades personales de los noveles funcionarios”.
Hay que
reconocer que el hombre no mintió en una sola palabra. Es cierto,
la policía es demasiado importante institucionalmente, más
precisamente: fundamental, para la reproducción del sistema inhumano
que nos domina. Su función es esencial, es la de siempre, la
de todos los días: reprimir, tanto a los que luchan y se organizan
contra la impunidad, como a aquellos que potencialmente pueden hacerlo
también.
Es en
este sentido que, una sentencia como ésta, nos sirve para reafirmar
la conciencia puesta en la necesidad de luchar todos los días,
a no claudicar nunca en nuestro compromiso y nuestra organización,
porque la represión no se acaba en un asesino condenado, la represión
sigue a la orden del día, a toda hora, en todos los puntos del
país, del continente y de la tierra.
Y sobre
esta misma base es, que nosotros forjamos nuestra propuesta inicial,
como hemos dicho y seguiremos diciendo: ¡Contra la represión:
organización y lucha!
El
gobierno nacional y la legitimación de las fuerzas armadas
“Argentina
tiene la vigilancia más agresiva de América latina”
afirmó Julián Assange, el creador de Wikileaks, en una
entrevista realizada hace pocas semanas, al referirse al sistema de
identificación biométrica (SIBIOS), implementado por el
gobierno kirchnerista en noviembre de 2011. No nos sorprende, hemos
denunciado oportunamente la creación del SIBIOS (Ver Boletín
Informativo n° 634, 14/11/2011), así como el Proyecto X y
la infiltración en las organizaciones populares.
El gobierno
nacional, siguiendo esta política de estado, de vigilancia, espionaje
y control social, ha ascendido a Jefe del Ejército al general
Cesar Milani, quien también está a cargo del área
de Inteligencia Militar, que maneja un presupuesto $332 millones, una
cifra que supera el que manejan la Policía Federal, la Gendarmería,
la Prefectura y la Policía Aeroportuaria. Se trata de un represor
formado en la doctrina de la Seguridad Nacional, especializado en las
tareas de inteligencia para la represión interna, con participación
en el Operativo Independencia, en 1975.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo puso en funciones
durante una ceremonia en el Colegio Militar, de El Palomar, provincia
de Buenos Aires. "Las Fuerzas Armadas van a ayudar a lograr a cerrar
la brecha entre los pueblos y el ejército, esto se supera a través
de la solidaridad y la ayuda juntándose los unos y los otros,
no puede ser el uniforme lo que defina la calidad de un ciudadano"
sostuvo la presidenta. El general, por su parte, adhirió expresamente
al proyecto “nacional y popular”.
Algunos días después, la presidenta reconoció que
le corrió un frío por la espalda cuando se enteró
que EEUU habían realizado espionaje sobre la Argentina. Además,
dijo que le resultaba extraño que no se haya denunciado esto
y que sí se denunciara al Proyecto X, al que consideró
inexistente contradiciendo a sus propios subordinados, como el comandante
Schenone, y la ministra Garré, y a la evidencia que conocemos,
volcada en causas judiciales.
Si en lugar de espiar a los militantes y organizaciones populares, para
luego armarles causas, utilizara sus servicios de inteligencia para
contrarrestar el espionaje yanqui, la presidenta no se hubiera enterado
recién con las noticias de lo que sabe todo el mundo.
Fiel al mandato que la burguesía encomendó a los Kirchner,
allá por el año de 2003, de volver a legitimar las instituciones,
el gobierno insiste en hacer lo propio con las fuerzas armadas. Si hasta
el momento no ha podido cerrarse del todo “la brecha entre los
pueblos y el ejército” es porque el pueblo recuerda la
función que han cumplido hasta el presente: la de verdugo de
las luchas populares.
En los hechos, tanto las fuerzas armadas, como el resto del aparato
represivo, han seguido formándose en las doctrinas del imperialismo
norteamericano. Entre 2003 y 2011, cerca de 5.000 represores y funcionarios
participaron en cursos de formación de EEUU. Entre 2003 y 2013,
las fuerzas armadas realizaron casi 200 ejercicios conjuntos con otras
fuerzas. La mayoría de los ejercicios multilaterales fueron llevados
a cabo bajo la dirección de EEUU. El estado argentino ha permitido
que el Comando Sur yanqui instale una base militar, para “alivio
de desastres” en la provincia del Chaco.
La apelación a la palabra “solidaridad”, en el discurso
de Cristina, no es inocente. La participación de las fuerzas
armadas en situaciones de desastres (la mayoría de ellos, crímenes
sociales del capital) tiene por función legitimarlas ante la
población. Es lo que en otras épocas se conocía
como “acción cívica”. Por ello el Comando
Sur norteamericano tiene una política activa en este sentido,
impulsando programas de atención médica militar (Medrete’s,
Medcap) o de creación de infraestructura básica, como
escuelas y hospitales (Beyond Horizons). En Argentina, esta política
se puede ver, por ejemplo, en el envío de las FFAA a varias villas
de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, en el marco del
Plan Nacional de Abordaje Integral, o Plan Ahí (ver Boletín
informativo Nº 667), o en la participación en las inundaciones.
El peronismo se ha caracterizado, históricamente, por intentar
desarmar ideológicamente al pueblo ante su verdugo. Desde negarse
a armar a los trabajadores, para enfrentar al ejército, durante
el golpe del ’55, hasta la realización de acciones cívicas,
como el Operativo Dorrego, con la participación conjunta del
ejército y de Montoneros, en el '73. El gobierno kirchnerista
no podía ser la excepción
Rolando Echarri Pareja en libertad
El 3 de
julio, en el marco de la lucha y la movilización, y con la defensa
ejercida por el compañero Eduardo Soares de la Gremial de Abogados,
se logró la libertad de Rolando Echarri Pareja. El juicio por
la extradición solicitada por Perú había comenzado
el 25 de junio ante el Juzgado Federal Nº 6 del juez Canicoba Corral.
Rolando
es uno de la veintena de sobrevivientes sobre los trescientos prisioneros
políticos asesinados en el penal de la Isla del Frontón,
en Perú, en 1986. Estuvo detenido dos veces y en ambas causas
fue absuelto. Continúo su militancia política, lo que
le valió hostigamientos y persecuciones de todo tipo.
En 1989,
solicitó refugio en Bolivia y fue reconocido por el ACNUR como
perseguido político. Sin embargo, los grupos parapoliciales peruanos
llegaron hasta allí.
Llegó a la Argentina en el año 2009, y se presentó
ante el CONARE, la comisión administrativa que se encarga de
los refugiados. Solicitó refugio político y acreditó
con abundante documentación su carácter de perseguido
político en su país. Durante todo este tiempo se presentó
cada dos meses a firmar dando cuenta de su legalidad.
El 10 de diciembre de 2012 fue detenido dentro de la oficina del CONARE
para se extraditado, situación calcada a la que padecieron los
6 campesinos paraguayos que hoy cumplen condenas de 30 y 35 de prisión
en su país. Para ello, el estado argentino obvió el reconocimiento
del ACNUR como perseguido político en su país.
Los delitos
que se imputaban a Rolando Echarri eran “graves”: haber
agitado en la vía pública una bandera roja con una hoz
y un martillo, haber efectuado pintadas pidiendo la democratización
y amnistía, y haber llevado a cabo volanteadas con el mismo pedido.
En Perú, afrontaba por esos hechos militantes una pena de 20
años, a lo que debía sumarse la posibilidad de otros 20
por terrorismo. Eso fue lo que expresó la presencia en el juicio
del procurador peruano antiterrorista Julio Galindo.
Pero la
endeblez de la acusación y fundamentalmente la lucha y movilización,
articulada a través de comité de solidaridad por la libertad
de Rolando, del cual participo CORREPI, fue la clave para lograr la
libertad del compañero Echarri.
Polinarcos al por mayor
En las
últimas semanas se conocieron varias noticias de policías
vinculados a "Los Monos", una banda de narcotraficantes rosarina.
Alejandro Ríos (45), alias el "Negro" Ale, preso por
asociación ilícita, por proveer teléfonos celulares
a la banda, apareció en una fotografía de un operativo
antinarcóticos de la policía federal con anteojos negros,
portando un arma larga, una placa y un chaleco antibalas de esa fuerza.
Este operativo, en el que la Sección Rosario de Drogas Peligrosas
de la PFA detuvo a un taxi de la ciudad de Posadas que llevaba 18 kilos
de marihuana, ocurrió hace casi cuatro años y la fotografía
la extrajeron de la computadora de Ríos, de entre unas 20 en
las que aparece utilizando pertrechos de la policía federal.
Resulta claro que el "Negro" Ale se valió de la policía
para eliminar a la competencia.
Darío
Basualdo, el comisario titular de la comisaría 6ª de Rosario
reconoció que le vendió un terreno a un líder narco
de "Los Monos", Ramón Machuca, que se encuentra prófugo.
El comisario, como no podía ser de otra manera, negó conocerlo.
Otra propiedad de los narcos que fue allanada está ubicada en
Kanthuta al 1700, perteneció a un policía de Investigaciones
de Rosario, a quien le entregaron otra propiedad de mayor valor.
Estos
allanamientos se dieron en el contexto de una causa en la que ya habían
sido detenidos otros dos policías, Cristian Floiger, ex jefe
de Inteligencia de la ex Dirección de Drogas Peligrosas de la
zona sur de Santa Fe y el subcomisario Guillermo Cardini, ex subjefe
de la Sección Sustracción de Automotores.
Unos días
antes había sido apresado Ángel Álvaro Avaca, un
suboficial de la comisaría 15ª de Rosario, por brindar información
y protección a "Los Monos". En la misma causa fueron
detenidos el comisario Gustavo "Gula Gula" Pereyra y el sargento
Juan "Chavo" Maciel. Ambos prestaban servicios en la estructura
de la Secretaría de Delitos Complejos del ministerio de Seguridad
de Santa Fe, creada a partir de la detención del ex jefe de la
policía provincial, comisario Hugo Tognoli, procesado por proteger
a traficantes de droga. Los anteriores jefes de Avaca también
están procesados por encubrimiento en la causa por el asesinato
de tres militantes del Frente Popular Darío Santillán,
ocurrido el 1 de enero de 2012.
Según el diario La Capital, en la organización del narcotráfico
estarían involucradas, por lo menos, "cinco secciones de
la Agrupación Unidades Especiales, una de la Agrupación
Cuerpos, el área de Inteligencia de la ex Drogas Peligrosas y
cinco comisarías de Rosario que pertenecen a la Agrupación
Orden Público".
Además,
en el barrio de Adelina Este, de la ciudad de Santo Tomé, allanaron
dos casas donde funcionaban cocinas de drogas y arrestaron a 6 personas.
Que entre ellas hubiera un policía ya no puede sorprender a nadie.
Tienen la función de reprimir y las armas más modernas
para cumplir con esa tarea. Tienen también el abrigo de la impunidad
que les garantizan los políticos, jueces y fiscales. ¿A
quién le puede resultar extraño, entonces, que quienes
tienen estas armas y garantías, organicen también el delito?
Como dijo alguna vez Rodolfo Walsh, la secta del gatillo alegre es también
la logia de los dedos en la lata. Podrán descabezar la fuerza
represivas más de una vez, como ya lo hicieron en otras oportunidades,
cuando tratan de evitar escándalos políticos, pero no
podrán evitar que el aparato represivo siga haciendo una de las
cosas que mejor sabe hacer: organizar el delito.
¿Huelga y protesta? El gobierno nacional responde con el Código
Penal en la mano
El mediodía
del miércoles 3 de julio, el gremio de los maquinistas de los
ferrocarriles, “La Fraternidad”, lanzó un paro por
falta de pago del aguinaldo. Por la noche, la bronca de los trabajadores
que tenemos que viajar diariamente en nuestros pésimos medios
de transporte, se descargó sobre la entrada de la estación
de Constitución. La protesta fue rápidamente reprimida
y fueron detenidas 18 personas, entre ellos tres menores.
Al día
siguiente, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo,
informó que denunciarían penalmente a Omar Maturano, principal
dirigente de “La Fraternidad”, por obstrucción de
la vía pública y de los transportes. Es la política
del gobierno, a cualquiera que sale a luchar por sus derechos, le arma
una causa para intentar aleccionarlo. Al día siguiente, la presidenta
sostuvo que no iba a aceptar extorsiones, equiparando a la huelga con
otra figura penal que suelen utilizar contra los trabajadores que no
se disciplinan.
En este caso, por tratarse de un burócrata como Maturano, lo
más probable es que todo se arregle en privado y quede el mensaje
explícito para los que sí son verdaderos luchadores, y
no traidores a su clase.
El paro
impulsado por la burocracia es legítimo. Los trabajadores ferroviarios
tienen más de una razón para parar, arriesgan sus vidas
todos los días manejando máquinas obsoletas y peligrosas,
con o sin cámaras, con o sin aguinaldo. Por supuesto, como toda
burocracia, se vale de los intereses de los trabajadores para hacerlos
jugar en sus propias internas con la burguesía. El paro del miércoles
tuvo toda la apariencia de un intento de apriete al gobierno, mediante
la conocida táctica del viejo burócrata, Augusto Timoteo
Vandor, pasado a retiro por la lucha revolucionaria, de presionar para
negociar. Los motivos reales del paro, pueden ir desde la designación
del burócrata y empresario pedracista, Sergio Sasia, que es dueño
de una empresa tercerizada de la limpieza en el ferrocarril, en el directorio
del Belgrano Cargas, hasta un intento de mitigar algún malestar
en las bases, que haya sido por la instalación de cámaras
en las cabinas o, efectivamente, por la falta de pago en término
del aguinaldo, o por algún otro motivo que desconozcamos.
También
es legítima la reacción popular de los trabajadores que
se encontraron con las puertas de la estación cerradas y con
la noticia del paro. Ellos también arriesgan sus vidas, como
los trabajadores ferroviarios, para viajar todos los días en
pésimas condiciones, de la casa al trabajo y del trabajo a la
casa. Lo raro es que estas demostraciones de violencia popular no ocurran
más seguidas.
El gobierno utilizó la tesis conspirativa de siempre. Así,
niegan la legitimidad de la protesta y justifican la represión.
Si hay profesionales del caos, infiltrados, entonces estos sí
deben soportar la respuesta represiva estatal. Es la misma tesis conspirativa
que usaban políticos como Perón y Balbín, o los
militares de las últimas dictaduras. Es también una confesión
de lo que esta gente espera de los trabajadores: sumisión.
Novedades en el caso Antillanca
El Superior
Tribunal de Justicia de Chubut revocó, por mayoría, la
sentencia que había absuelto a los asesinos de Gonzalo Julián
Antillanca, y ordenó la realización de un nuevo juicio.
En la madrugada del 5 de septiembre de 2010, Julián, de 19 años,
fue abordado por cuatro policías uniformados de la ciudad de
Trelew que lo golpearon en todo el cuerpo. Las graves lesiones en la
cabeza y cuello lo mataron. Los policías cargaron el cuerpo en
el patrullero y lo tiraron en una calle oscura.
Desde
el hallazgo del cuerpo, César Antillanca, papá de Julián,
encaró una activa lucha contra la versión oficial, que
comenzó hablando de coma etílico y siguió con “muerte
natural por causas indeterminadas”, hasta que logró encontrar
testigos que vieron la detención y la paliza, y el momento en
que, desde el baúl del patrullero, arrojaron el cuerpo sin vida
en la cinta asfáltica.
También
se pudo determinar que los mismos policías, horas antes, habían
torturado a otros dos chicos, los hermanos Sergio y Denis Aballay, y
ambas causas se acumularon. A fuerza de militancia y denuncia constante,
con pruebas contundentes como el ADN de Julián encontrado en
el patrullero, nueve meses después los cuatro policías,
Martín Paul Solís, Jorge Abraham, Pablo Morales y Laura
Soledad Córdoba fueron llevados a juicio.
Los jueces, cumpliendo su tarea de preservar el aparato represivo estatal,
optaron por el “mal menor”, y se limitaron a condenar a
los policías a penas escandalosamente leves por las torturas
a los hermanos Aballay, y los absolvieron por la tortura seguida de
muerte de Julián Antillanca. La familia Antillanca y la fiscalía
interpusieron un recurso extraordinario. Es sobre estos recursos que
resolvió ahora el tribunal chubutense.
Es el
resultado de la lucha consecuente del papá de Julián,
César Antillanca, que no se dejó desmoralizar por la sentencia
anterior, y continuó con su lucha por castigo a los culpables.
Consciente de que no es un policía, sino toda la institución,
y convencido de la necesidad de organizarnos contra la represión
estatal, desde entonces vino coordinando actividades con CORREPI, dentro
del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo). Mientras tanto, tuvo que
luchar también con los intentos de cooptación del gobierno
nacional, en el marco de la campaña oficial contra la violencia
institucional, donde llegaron a presentarlo en forma inconsulta como
panelista de unas jornadas a la que asistieron todos los funcionarios
kirchneristas. Mostrando una gran dignidad, el papá de Julián
asistió, pero para decir a esos funcionarios que es la presidenta,
Cristina Fernández, la principal responsable por los asesinatos
del aparato represivo estatal.
La lucha
continúa, por el castigo a los asesinos de Julián, y torturadores
de los hermanos Aballay. Pero también continúa contra
los que torturaron hasta la muerte a un chico de 16 años, en
una Comisaría de Trelew (Boletín informativo nº 643),
y que luego asesinaron a Bruno Rodríguez Monsalve, testigo de
esas torturas, mientras era “amparado” por el programa de
(des)protección de testigos (ver Comunicado del 29/03/2012, “Ni
“autogobierno” ni “aberración”: política
de estado” http://correpi.lahaine.org/?p=1131). Son los mismos
verdugos que el último 27 de mayo desaparecieron y asesinaron
a César Adrián Monsalve, sobrino de Bruno, en un claro
mensaje que intenta amedrentar a toda una familia.
En declaraciones
a Radio del Plata, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo que
"La Justicia sólo defiende los derechos de los delincuentes".
Tiene razón, la justicia defiende a los delincuentes, esos que
usan chapa, uniforme y una reglamentaria. Los casos de Antillanca y
Aballay han sido excelentes ejemplos de ello.
FUENTE:
CORREPI
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