BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 697
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Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
8 de agosto
del 2013
Del 31
de julio del 2013
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
8 de agosto
del 2013
Del 31
de julio del 2013
Sumario:
1.
Berni y la honestidad.
2. Los DDHH en tiempos K: un genocida al frente del ejército.
3. Fraternidad y cooperación entre represores.
4. Córdoba: un laboratorio en materia represiva.
5. Olga Castro de Durán: ¡Presente, compañera!
Desde el sábado 3 de agosto, el programa Leña al Fuego
que conduce el periodista Herman Schiller se emitirá por Radio
Cooperativa, am770, de 12:00 a 14:00, con la columna de CORREPI a las
13:00.
Berni
y la honestidad
En agosto
de 2012, Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación,
exclamó: “Nunca vamos a reprimir la protesta social”.
Lo dijo pocos días después del Día Internacional
del Detenido–Desaparecido, en el que voló en helicóptero
para dirigir el operativo de represión contra un centenar de
personas que se manifestaban cortando la ruta Panamericana, muchas de
las cuales fueron detenidas y llevadas a Campo de Mayo, donde estuvieron
secuestradas por más de ocho horas. Últimamente, el ex
carapintada que reclamaba por las leyes de punto final y obediencia
debida decidió sincerarse y dejar de marcar la distancia entre
los dichos y los hechos.
El 18
de julio, trabajadores de distintos municipios del conurbano cortaron
la Avenida 9 de Julio como parte de un plan de lucha contra la tercerización
y por la apertura de paritarias. Por supuesto que el reclamo fue oído
y tuvo su respuesta por parte del gobierno nacional: las 200 personas
fueron reprimidas, dejando un saldo de varios heridos y siete detenidos.
El hecho
represivo hubiera pasado por el acostumbrado “caos de tránsito”
para los grandes medios de comunicación, si no fuera porque Sergio
Berni, ante la pregunta de algunos periodistas sobre el conflicto, decidió
explicitar que todo desalojo implica represión: “La verdad
no conozco la manera de desalojar de forma pacífica (…)
¿Qué hay que decir? 'Señor piquetero, es tan amable
de retirarse'. 'Sí, como no, señor gendarme, ya nos estamos
yendo porque sabemos que estamos causando molestias a los automovilistas’”.
El cinismo
del médico militar no hace otra cosa que indicar la total impunidad
con la que creen contar para reprimirnos. Es que el consenso que el
kirchnerismo ha sabido construir le permite tanto reprimir, como justificar
esa represión sin pagar altos costos políticos, y Berni
lo sabe. Es por eso que no se detuvo ahí y prosiguió con
su incontinencia verbal sin ningún disimulo. "Tenemos cinco
locos irracionales que piensan que la ciudad es de ellos y la justicia
contravencional de la ciudad banca estas acciones de los piqueteros
y le importan dos pepinos los cientos miles de automovilistas que tienen
que circular por la ciudad", disparó. Como vemos, nada dijo
el funcionario sobre lo “loco irracional” que es la subsistencia
de la mayoría de los trabajadores que cortaban la Av. 9 de Julio,
quienes cuentan con tan sólo $1.500 de salario; en lugar de eso,
se dedicó a pedir que la lista de los más de 5.000 criminalizados
por luchar siga expandiéndose, y, de paso, hizo la defensa del
sistema contravencional, garante de buena parte de las detenciones arbitrarias
y herramienta central para la represión en todo el país.
Pero el
pliego de exigencias de uno de los encargados de administrar la represión
no acabo en ahí. “La Metropolitana tiene la capacidad operativa,
ya lo demostró en el Borda (…) Que Macri madure y use la
Policía Metropolitana”, reclamó, en una explícita
reivindicación, desde el gobierno nacional, de la represión
en el Borda (en la que también participó la policía
federal, garantizando el anillo de contención, hermandad represiva
que también se expresó, de forma más contundente
y con tres muertos, en el Parque Indoamericano).
No puede
sorprender que funcionarios kirchneristas muestren tan abiertamente
su posición política frente a la lucha de los trabajadores.
Tampoco es la primera vez que escuchamos frases de esa categoría.
Aníbal Fernández, que tiene en sus manos la sangre de
Darío y Maxi, entre otros, es un claro exponente en el rubro.
El poli-ministro dejó bien claro, ya desde el comienzo de la
década kirchnerista, que frente a los conflictos políticos
y sociales la política del gobierno sería la criminalización
y la represión, como cuando afirmó, en relación
a las protestas con cortes de calles, “al que saque los pies del
plato lo vamos a esperar con el código en la mano”. Nilda
Garré no se quedó atrás y dijo en el año
2012: “Los cortes son salvajes y desestabilizadores y sus dirigentes
son extorsionadores”.
Algunos
se preguntan si la política del gobierno en relación a
la represión cambió. Esta semana, Berni nos eximió
de responder:
- Periodista: Esto, insisto, va a ser la modalidad de ahora en más,
piquete en vía complicada ¿se va a desalojar por la gendarmería?
- Berni: Mire, no es de ahora en más, es una modalidad que hemos
hecho permanentemente.
Y no se equivoca, ni es un episodio de “corto-circuito”
o “doble discurso”, sino de una única política
represiva que descansa en la construcción de consenso, a través
de propaganda en materia de DDHH, para poder reprimir sin pagar costos
políticos, y que sigue aplicando su consigna fundante en materia
de disciplinamiento: toda la represión necesaria, con todo el
consenso posible.
Los DDHH en tiempos K: un genocida al frente del ejército
El 26
de junio, apenas a dos semanas de la asunción de Agustín
Rossi como ministro de Defensa, acto en el que declaró que no
habría modificaciones en la cúpula de las Fuerzas Armadas,
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió la
designación de César Santos Gerardo del Corazón
de Jesús Milani como comandante en Jefe del Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas.
El hecho
provocó la rápida denuncia de los organismos de DDHH nucleados
en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, recordando el desempeño
del nuevo jefe durante la última dictadura cívico-militar.
Los medios de comunicación y la oposición patronal aprovecharon
la circunstancia para darle contextura a su campaña electoral,
y salieron a criticar al gobierno por una decisión que bien podría
haber llevado su firma, y promovieron la apertura del debate dentro
del Senado.
En contraste
con la usual y pretendida consagración del discurso del gobierno
como abanderado de los DDHH, la sensibilidad y alevosía del hecho
hicieron tambalear el tan asegurado panorama que suele encontrar el
kirchnerismo para obtener quórum en el Senado. Frente a esa situación,
el gobierno respondió como ha sabido hacer en repetidas oportunidades.
Llamó a sus viejos aliados a levantar la mano: el ex presidente
Carlos Menem asistió a su abandonado puesto y sumó su
voto a favor, como correlato del apoyo recibido al haber sido mantenidos
los fueros que le permitieron no cumplir la pena de siete años
de prisión que recibió por el tráfico ilegal de
armas.
Aun así,
los votos necesarios no fueron los suficientes. La presidenta dio la
orden a los senadores oficialistas de cancelar el debate hasta pasadas
las elecciones, no sin refrescar –discurso mediante-, su incondicional
apoyo al nuevo comandante y dejar bien clara su intención de
"incorporar a las Fuerzas Armadas al proyecto nacional". Por
su parte, los obedientes respondieron a tono: tanto el ministro de Defensa,
Agustín Rossi, como el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina,
apoyaron y reprodujeron la decisión de la mandataria, al igual
que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto,
que repitió su habitual letanía: “no todos los que
aparecen nombrados en el Informe CONADEP son genocidas”.
Mientras
tanto, uno de los más acérrimos defensores del gobierno,
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), primero produjo un
comunicado en el que afirmó que el no existía en sus archivos
“información que vincule a los oficiales César Santos
Gerardo del Corazón de Jesús Milani, Mario Miguel Callejo,
Gastón Fernando Erice y Luis María Carena con violaciones
de los derechos humanos o acciones contra el orden democrático”,
pero, ante la indiscutible realidad, el giro fue en campana. Claro que,
lejos de impugnar la decisión presidencial, apeló a la
voluntad de Milani de cooperar con el gobierno: “Si tan preocupado
está Milani por el daño que pueda sufrir la presidente,
podría servirle de fusible en vez de usarla como paraguas. Si
diera un paso al costado favorecería el alegado propósito
de defender su trayectoria y su buen nombre”, escribió
Horacio Verbitsky en Página/12.
Lo cierto es que, más allá de la designación formal
de Milani como nuevo jefe del Ejército, él mismo ya ejercía
la conducción real de la fuerza desde hace tiempo, aun cuando
el teniente general Luis Alberto Pozzi ocupaba el cargo formalmente.
Nada de
esto debería sorprendernos, cuando el gobierno se apoya ostensiblemente
en muchos otros elementos que formaron parte activa de la dictadura,
como el burócrata de la construcción Gerardo Martínez,
agente civil de inteligencia en el Batallón 601. La reciente
designación tampoco desentona con la política represiva
que aplica el estado diariamente: basta recordar el Proyecto X, la criminalización
de miles de luchadores, al gatillo fácil que mata un pibe por
día y a los 19 asesinados por luchar en los últimos diez
años, apenas algunos ejemplos.
Como sucede
con los integrantes de las fuerzas de seguridad hoy en día, si
quienes participaron o participan en hechos represivos gozan de libertad
no es porque sean inocentes, sino porque son parte de un aparato estatal
que los protege y ampara a provecho de que puedan garantizar el disciplinamiento
y la dominación. Y cuando ya no sirven para eso, son buen lastre
al que se puede echar por la borda.
Los nombres
y los prontuarios son indiferentes frente al cumplimiento de su función:
aplicar la represión sobre el pueblo trabajador.
Fraternidad y cooperación entre represores
El 18
de julio, en Colombia, la presidenta argentina, Cristina Fernández,
y Juan Manuel Santos, presidente colombiano, compartieron una reunión
y luego una conferencia de prensa. Uno de los objetivos del encuentro
era firmar algunos acuerdos dentro de los cuales hay un tratado de extradición
y la creación de una base de datos sobre las migraciones entre
los dos países. Otro, en apariencia más “casual”,
era mostrar simpatías y cercanía, gestos que en el panorama
latinoamericano (reformulación de la relación entre Colombia
y Venezuela, reuniones por la paz entre el gobierno colombiano y la
guerrilla) pueden tener cierto peso.
En este
clima ameno, Cristina felicitó a Santos por la “valentía
que ha tenido de iniciar e impulsar el proceso de paz en este país”.
Nada dijo, ni lo dijeron los grandes medios en Colombia, de que, mientras
se entablan las conversaciones entre el gobierno y las FARC-EP para
“acabar con la violencia en el país”, fueron reprimidos
por la policía y el ejército, con un saldo de cuatro asesinados
y decenas de heridos y encarcelados, más de 15.000 campesinos
de la región de El Catatumbo.
De todas formas, Cristina no ignora que le habla al mejor alumno de
Washington. Colombia sigue siendo, con Santos, el país que tiene
el más alto presupuesto militar (un 4% del PBI) de América
latina, un cuerpo policial y militar de quizás unos 400.000 hombres
y un haber de más de 2.800 sindicalistas asesinados desde 1986.
A la presidente
le deben brillar los ojos al juntarse con su par tan adelantado en esa
senda de sangre que intenta reafirmar el gobierno argentino cada vez
que actualiza las leyes antiterroristas y se adapta a los cánones
de seguridad estipulados por EEUU.
Según Santos, la creación de la base de datos online es
“para tratar los asuntos migratorios y evitar que los delincuentes
se aprovechen de la hospitalidad argentina, y viceversa”.
Santos, en continuidad con sus antecesores, no tiene el menor resquemor
en encarcelar, criminalizar y asesinar luchadores de todo tipo, como
tampoco lo tiene el gobierno argentino. No cuesta imaginarse qué
entenderán, a la hora de usar esa base de datos, por “delincuentes”.
Decididamente, para el gobierno colombiano, no son delincuentes los
grandes aparatos “paramilitares”, referentes innegables
del narcotráfico y la muerte.
Por otro
lado, para Cristina sí lo son los luchadores de otros países,
como los seis campesinos paraguayos extraditados; los chilenos Fredy,
Marcelo y Aliste Vega y el compañero del MOVADEF Echarri Pareja,
cuya extradición vieron frustrada por la debilidad de las imputaciones
y la lucha y solidaridad de las organizaciones argentinas.
Si bien
no hubo una visita oficial del gobierno argentino a Colombia en los
últimos 12 años, y se fue dibujando una virtual distancia
en materia diplomática, el apoyo mutuo no es de asombrar si atendemos
al rol que los dos gobiernos juegan en sus países.
Donde hay un sistema de explotación que proteger, hay un gobierno
que reprime.
Córdoba: un laboratorio en materia represiva
El 10
de julio, se inauguró formalmente el DOT (Departamento de Ocupación
Territorial), que en los hechos ya venía funcionando desde principios
de año. Es un programa aplicado por el gobernador De la Sota,
que toma el modelo de la policía militar de Brasil: se trata
de “patrullar” las villas, las afueras de Córdoba
y los barrios con alguna suerte de conflicto, ya sea por toma de tierras
o por ocupación de determinados espacios, con patrulleros y helicópteros
que iluminan los patios de las casas o las calles de los barrios donde
se junta gente. Una vez identificados los “focos” de conflicto,
actúa la infantería en el terreno.
El DOT,
que cuenta hasta el momento con 40 móviles y 350 efectivos, actuará
acompañando órdenes judiciales en desalojos y allanamientos,
en el marco de un conflicto generalizado por la toma de tierras en toda
la provincia, en el que, por un lado, están los sectores populares
que buscan tierras para sus viviendas y, por otro, los empresarios y
el gobierno, que pretenden construir countries y shoppings por doquier.
Este año,
sin ir más lejos, se desataron varios conflictos en tomas de
tierras, tanto en Villa Icho Cruz, como en Cuesta Blanca y Piedra Blanca,
a pocos kilómetros de la capital cordobesa. En las tres tomas
se mantiene un cerco policial que impide el paso de agua y alimentos
y la circulación de personas ajenas al asentamiento.
Las organizaciones
y demás sectores populares llevaron a cabo la campaña
“Romper el cerco” en la toma de Cuesta Blanca, en abril
de este año, que consistía en llevar en caravana provisiones
desde Córdoba Capital hasta Cuesta Blanca. En el transcurso de
esa caravana hubo requisas (no sólo en los caminos al asentamiento,
sino en las paradas de los ómnibus de línea); amenazas
y la ostentación de que los tenían a todos “fichados”
a través de un previo trabajo de inteligencia. Por ejemplo, fue
detenido un auto donde iban compañeros del Encuentro de Organizaciones,
y los uniformados les hicieron saber claramente que los conocían.
Hacia el final de la jornada, un compañero fue secuestrado por
la policía, que se lo llevó a dar vueltas en el patrullero
para amedrentarlo, y luego lo liberó en medio de la bronca de
sus compañeros.
A los dos días fue apresado, en un allanamiento, el presidente
de la Cooperativa de Carreros de Icho Cruz, que estaba solidarizándose
con la toma de Cuesta Blanca. Lo acusaron por incitación a la
violencia, con apoyo en unas publicaciones levantadas desde su muro
de Facebook. Durante la marcha de las organizaciones hacia la comisaría
de Carlos Paz, donde estaba detenido, la policía reprimió
y detuvo a otras 20 personas. Después de varias movilizaciones
hacia la comisaría, tras cuatro días, todos los detenidos
fueron liberados, excepto el presidente de la cooperativa y un vecino
acusado de resistencia a la autoridad. Ambos fueron retenidos 15 días
en la cárcel de máxima seguridad de Bouwer.
Durante
todo este conflicto, cabe aclarar que las fiscalías estuvieron
especialmente cerradas, para que los compañeros no pudieran denunciar
ahí las detenciones y el secuestro.
Del mismo modo, en junio intentaron desalojar un grupo de viviendas
que se encuentran en tierras tomadas en Piedra Blanca. Los compañeros
del Encuentro de Organizaciones lograron trabar el desalojo con recursos
técnicos. Días después, tres compañeros
de esa organización fueron denunciados públicamente por
el Ministro de Desarrollo Social, Passerini, acusados de encabezar una
asociación ilícita para instigar las tomas de tierras.
Todos
estos conflictos, en los que el estado no sólo aplica sus fuerzas
especiales para reprimirlos, sino que se sirve de su brazo judicial
para perseguir a los luchadores, leyes antiterroristas en mano, y de
los medios de comunicación para denunciarlos y deslegitimar su
lucha, se suman al vaciamiento y desalojo de fábricas en la ciudad
de Córdoba y a la apropiación por parte del gobierno de
teatros y centros culturales, para vendérselos a empresarios
de la noche o de cadenas de restaurantes. “La Piojera”,
un teatro del barrio de Alberdi, está ahora en el medio de una
disputa entre el barrio, que quiere usarlo para realizar actividades
culturales, y el gobierno, que pretende cerrarlo para vender el espacio.
Por todo
esto es que el gobierno cordobés aplica el DOT, profundiza el
trabajo de inteligencia sobre los sectores organizados, los persigue
armándoles causas y sella su alianza con los empresarios mediante
el negocio de las tierras y el uso de los medios para criminalizar la
protesta social.
Desde CORREPI, a través de nuestra militancia en el ENA con el
conjunto de organizaciones antirrepresivas del país, denunciamos
que la represión es una política de estado, que se aplica
sistemáticamente, en este caso, sobre sectores organizados y
que la aplicación del DOT es una expresión de cómo
el estado profundiza la represión, frente a la invisibilización
con la que colaboran activamente los medios masivos de comunicación.
Olga
Castro de Durán: ¡Presente, compañera!
El 6 de
agosto de 1992 era la víspera del Día del Niño.
Sergio Gustavo Durán, con sus 17 años y unos pesos que
juntó trabajando en la verdulería de su mamá, se
tomó un colectivo en Rafael Castillo para ir a Morón.
Quería comprar un regalo para su bebé, que no había
cumplido dos años. Porque Sergio, diría después
su mamá Olga, “vivió apurado”, como si hubiera
sabido que iba a morir sin cumplir los 18.
En la
barrera de Belgrano y Sarmiento, la brigada de la comisaría 1ª
de Morón estaba de cacería. Levantaron a Sergio, al que
el barrio conocía como “Gondi” y lo llevaron a la
dependencia, en Mitre al 900. Una vecina lo vio y le avisó a
Olga, que corrió en chancletas a la comisaría. De poco
sirvió que le mostrara al oficial de servicio, Jorge Ramón
Fernández, la partida de nacimiento que probaba que su hijo no
había cumplido los 18. Le pidieron plata para soltarlo. Olga
trató de ubicar a la jueza de menores de turno, pero no pudo
pasar de la garita policial en la puerta de tribunales. Mientras tanto,
en la comisaría, que lindaba a los lados con dos juzgados, y
al fondo con el obispado de Morón, el pibe fue torturado por
8 horas, hasta que se agotaron sus mecanismos de defensa frente al dolor,
y murió.
Al mediodía,
cuando volvió con lo poco que pudo rejuntar, después de
una larga espera le dijeron “su hijo se descompensó, lo
llevamos al hospital pero falleció”. Conocimos a Olga apenas
dos días después, cuando acercó a CORREPI las escalofriantes
fotos que un vecino aceptó sacar del cuerpo adolescente torturado.
Desde ese momento, hasta el miércoles 24 de julio, cuando apretó
por última vez la mano de su hija Marcela, la “Toti”,
Olga no olvidó, no perdonó, y luchó con todas sus
fuerzas contra la represión estatal.
Olga,
de la mano de Marcela, entonces apenas adolescente, integró,
con Estela Rivero, la mamá del “Peca”; Mary Armas,
la abuelita de Walter Bulacio y Delia Garcilazo, la mamá de “Fito”
Ríos, el grupo de familiares de víctimas de la represión
que, en los albores de los ’90, dio forma y le puso el corazón
a lo que hoy es CORREPI.
Olga protagonizó,
con CORREPI, una de las peleas más largas y a fondo de nuestra
historia militante. Las condenas a prisión perpetua por tortura
seguida de muerte del oficial Jorge Ramón Fernández y
los cabos Ramón Nicolosi y Raúl Gastelú en 1995,
2003 y 2005, probaron, para los que sólo les creen a los jueces,
que la picana se usa a diario en las comisarías y que la tortura
no se fue nunca. La libertad anticipada, al cumplir 10 años de
prisión, otorgada a los tres condenados con el argumento que
la Corte provincial no tuvo todavía tiempo de confirmar las sentencias,
demostró que aun condenados, los policías no son como
cualquier preso. Las reiteradas prófugas, por turno, de cuatro
de los cinco torturadores, acreditaron que si no los encontramos nosotros,
como hicimos una y otra vez, un policía prófugo puede
vivir tranquilo en su casa, con visitas frecuentes de oficiales de jerarquía,
y hasta puede trabajar para un municipio.
Dos veces
encontramos al cabo Gastelú, doblemente prófugo, hoy excarcelado;
una vez al cabo Nicolosi, también excarcelado. Al oficial Fernández,
ya libre, lo encontramos trabajando en una agencia de seguridad privada
a100 metros de la comisaría de Morón y 200 de los tribunales,
donde cuando fuimos a denunciarlo nos contestaron: “Mejor que
esté trabajando, y no robando”. Encontramos también
al subcomisario Miguel Ángel Rojido y al oficial subinspector
Luis Alberto Farese, pero a los dos los dejaron escapar de nuevo.
Si los ve, no avise a la policía. Avísenos a nosotros.
Le prometimos a Olga que los vamos a seguir buscando.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
21.505
