BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 698
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
8 de agosto
del 2013
Del 6
de agosto del 2013
Sumario:
1.
Walter Bulacio: A fuerza de lucha, (¿esta vez sí?) el
24 de septiembre llega el juicio.
2.
Criminalidad de uniforme en tres actos.
3.
Gatillo fácil en vivo y directo en Canadá.
4.
Las aparentes paradojas del kirchnerismo y la seguridad: gendarmes hasta
en la sopa y candidatos de sirena azul para los tiempos que llegan.
5.
Otro asesinato en la comunidad Qom.
6.
Próximas actividades.
“10 años de kirchnerismo. Una década ganada, ¿para
quién?”
Bajá,
leé y difundí el informe sobre la situación represiva
2003/2013, elaborado por CORREPI y la Agencia de Comunicación
Rodolfo Walsh:
Parte1:
http://issuu.com/correpi/docs/informe10a__oskparte1/1?e=6582456/4130428
Parte
2: http://issuu.com/correpi/docs/informe10a__oskparte2/1?e=6582456/4130545
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tu ejemplar impreso a CORREPI
($30).
Walter
Bulacio: A fuerza de lucha, (¿esta vez sí?) el 24 de septiembre
llega el juicio.
Con 22
años de demora, a 4 años de la elevación a juicio
y tras varias suspensiones, finalmente se fijó fecha para el
inicio del debate oral y público contra el comisario Miguel Ángel
Espósito, ex titular de la comisaría 35ª y jefe del
operativo policial desplegado el 19 de abril de 1991 en las inmediaciones
del Estadio Obras.
No es
necesario, a esta altura, recrear demasiado los hechos que ocurrieron
ese viernes a la noche, cuando centenares de jóvenes fueron arrestados
en una “razzia” durante un recital de rock. Walter Bulacio,
de 17 años, salió la mañana del sábado 20
de la comisaría en ambulancia, con un grave cuadro neurológico,
consecuencia de la tortura. Una semana después, murió.
A lo largo
de la infinita causa judicial, cada gobierno hizo lo suyo para garantizar
la impunidad de los represores.
El gobierno
de Menem, cuyos ministros y demás operadores se turnaron para
apretar jueces y fiscales, fue el encargado del encubrimiento inicial.
El comisario, cuyo hermano solía aparecer en la conferencias
de prensa presidenciales custodiando al primer mandatario, recibió
la defensa oficial del cuerpo de abogados del ministerio del Interior,
del que entonces dependía la policía, hasta que prefirieron
recurrir (como sucedería 20 años después con los
policías en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra), a
un prestigioso y caro estudio del poder, el mismo que por entonces defendía
a ministros como Cavallo, secretarios como Matilde Menéndez y
empresarios socios del poder como Yabrán.
Durante
el gobierno de la Alianza, además de sostener la inmovilización
de la causa, que desde abril de 1996 hasta 2008 se mantuvo en la misma
etapa, y de excluir a la mamá de Walter y a CORREPI de la querella,
el presidente De la Rúa contrató, para contestar nuestra
demanda internacional, al académico Daniel Pastor, que años
después sería el primer director de la academia de “formación”
de la policía Metropolitana de Mauricio Macri. Convencido defensor
de la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, el Dr. Pastor,
en nombre del gobierno nacional, negó que Walter fuera torturado
y defendió al estado argentino con los mismos argumentos de la
defensa del comisario en la causa interna. Cerca del juicio en Costa
Rica, el actual precandidato de UNEN y ex camarista federal Ricardo
Gil Lavedra fue nombrado como juez ad hoc de la Corte IDH para representar
los intereses del gobierno argentino.
Cuando
Eduardo Duhalde llegó a la presidencia, encomendó el asunto
a su ministro de Seguridad Juan José Álvarez, su socio
en la represión del Puente Pueyrredón. Para evitar el
juicio y condena internacional, reconocieron la responsabilidad del
estado argentino por la detención ilegal, tortura y muerte de
Walter por decreto presidencial. Total, había sido “otro
gobierno”. No contaban con que poco nos interesaba una declamación
discursiva, y que insistiríamos en celebrar el juicio para que
la Corte IDH se expidiera sobre las normas y prácticas represivas
en Argentina.
El 18
de septiembre de 2003, la Corte IDH condenó al estado argentino
–que a último momento trató de relativizar el alcance
de su reconocimiento de responsabilidad- y le ordenó terminar
con el sistema de detenciones arbitrarias (averiguación de antecedentes,
contravenciones y faltas, razzias, procedimientos “de entrega
del menor”, etc.).
Fue el
turno, entonces, de los gobiernos kirchneristas, que se dedicaron a
incumplir la sentencia internacional mientras, con su particular estilo,
anunciaban a cada rato su “cumplimiento”. Cristina Fernández,
de la mano de Aníbal Fernández, anunció la exoneración
del comisario Espósito, que, agotado por los escraches, llevaba
para entonces 12 años jubilado. Cada vez que la Corte intimó
al estado a informar sobre los motivos de demora en el cumplimiento
de las cuestiones de fondo de la condena, contestaron con rodeos y eufemismos,
y hasta mandaron al secretario de DDHH, Eduardo Luis Duhalde, a presentarse
como querellante en la causa interna. Mientras tanto, ampliaron todas
las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, incorporaron
otras fuerzas, como gendarmería y prefectura, al control territorial
y batieron todos los records en materia represiva.
Hoy, agotadas
las excusas, llega el juicio, que empezará el 24 de septiembre
a las 10:00, ante el TOC nº 29.
Ya lo
dijimos cuando, en 2011, se había fijado otra fecha. Este juicio,
el intento definitivo de consolidar la impunidad, además de llegar
tarde, llega mal.
El comisario
Miguel Ángel Espósito será el único acusado.
Bien acusado está, pero habrá demasiadas sillas vacías.
Espósito, como los comisarios que dirigieron la represión
del 19 y 20 de diciembre de 2001, como el comandante Chiappe que dirigió
el operativo en el Puente de Corrientes, como cada policía que
aprieta el gatillo contra un pibe pobre o un militante, o como cada
guardiacárcel que tortura un preso, es sólo el ejecutor.
Ninguno de sus mandantes enfrentará una acusación.
Tampoco
se lo juzgará por la muerte de Walter, ni por las torturas a
los restantes 73 detenidos. El objeto del juicio será, exclusivamente,
la detención ilegal. Que no es poco, pero no alcanza. Nunca alcanza
la justicia del mismo sistema que reprime por necesidad fundante de
la clase que domina.
Vamos
a estar en ese juicio, aunque la máxima pena que legalmente podremos
requerir sea de 6 años de prisión; aunque sea la mejor
prueba de cómo el sistema se defiende al costo de entregar un
peón, que hoy, tan viejo y enfermo que habrá una unidad
coronaria permanente por si colapsa, ya no le sirve para nada.
Vamos
a estar ahí, y esperamos que muchos nos acompañen, pero
no porque necesitemos una sentencia que será tan incompleta e
inútil como el juicio mismo.
Vamos
a estar porque la lucha no se apaga. Crece y crece, con cada pibe que,
en un recital, una marcha o una cancha de fútbol, canta “Yo
sabía…”, con cada familia que no se resigna a que
la policía haya fusilado a su hijo y se suma a la militancia
antirrepresiva, con la convicción profunda y constante de que
la única respuesta posible, frente a la represión, es
la organización independiente y la lucha consecuente.
Criminalidad
de uniforme en tres actos.
Primer
acto: El 25 de julio, Juan José Vallejo, un productor agrícola
chaqueño, viajaba por una ruta tucumana en su camioneta Toyota
Hilux junto a su hija de 16 años y un amigo paraguayo. En una
rotonda, los detuvo un auto sin identificación, con policías
de civil. Con el argumento de una mala maniobra, secuestraron el vehículo
y los detuvieron.
En la
comisaría de Yerbabuena, los separaron. A Vallejo le informaron
que si no pagaba $30.000, le iniciarían una causa a él
y su amigo, y entregarían la nena a una red de trata para la
prostitución. Aterrado, más aún cuando oía
llorar a su hija en otra habitación, y veía que los demás
policías uniformados pasaban por su lado como si el cuadro fuera
lo más normal del mundo (cosa que así era), el hombre
aceptó comunicarse con su familia para que juntaran el dinero
y se lo giraran.
A la mañana
siguiente, Vallejo, escoltado por policías de civil, intentó
retirar el dinero de dos oficinas de la empresa por la que le giraron
la plata, pero el monto era mayor que las reservas que tenían,
por lo que secuestrado y secuestradores terminaron en un banco. Allí,
Vallejo se las arregló para susurrar al cajero lo que estaba
pasando, sin decir que sus captores eran policías. El empleado
del banco avisó a sus superiores con discreción, e intervino
la custodia del banco, que los detuvo y dio aviso a la fiscalía
de turno. Todo terminó con 27 policías de la Brigada de
Investigaciones Norte presos, y el jefe de la policía provincial
autofelicitándose porque los poliextorsionadores fueron detenidos
por otros policías… que no sabían de quiénes
se trataba, claro.
Segundo
acto: Hace más de 15 días, Alcides Díaz Gorgorio,
oficial de prefectura que cumplía funciones en la comisión
de enlace con las fuerzas de la secretaría de Seguridad, ingresó
al domicilio del candidato peronista no kirchnerista Sergio Massa, en
un coqueto e híper seguro barrio privado de Tigre. Disparó
contra una cámara de seguridad con una pistola calibre 22 con
silenciador, y robó una caja fuerte que contenía pesos,
dólares, joyas y dos pen drives (nada más normal que guardar
pen drives en la caja fuerte, ¿no les parece?).
La noticia
no trascendió, ni siquiera cuando el prefecto fue detenido, lo
robado recuperado (excepto los pen drives) y se identificó a
otros dos prefectos, hoy con pedido de captura. La cosa se supo recién
cuando, el 4 de agosto, el periodista oficial Horacio Verbitsky lo publicó
en Página/12, ironizando sobre la “inseguridad” en
el municipio que el candidato pone de ejemplo de su política
“contra el crimen”.
A continuación,
Massa salió a denunciar en una conferencia de prensa que no difundió
lo ocurrido por pedido del fiscal, que quería mantener la cosa
en reserva dada la condición de empleado del gobierno nacional,
y en la secretaría de seguridad, del ladrón. Calificó
el hecho como simple robo, pero señaló como sugerente
que el prefecto usara un silenciador, que se llevara algo tan poco valioso
materialmente como los pen drives, y anunció desafiante: “No
nos van a asustar”.
Minutos
después, el secretario de Seguridad Coronel Sergio Berni, es
decir, el jefe del chorro, replicó que, en realidad, el prefecto
era militante del espacio político del intendente de Tigre, que
era su puntero y que hacía seguridad en el barrio como parte
de su plan de “seguridad”.
Entre
semejante chisporroteo de acusaciones cruzadas, lo que los dos pasaron
a segundo plano, es que, de nuevo, el chorro tiene uniforme.
Tercer
acto: El 18 de noviembre de 2012, el policía bonaerense Luciano
Duarte entró a los pasillos de la villa El Tropezón, en
San Martín, y fusiló de un disparo al adolescente Diego
Salto. Su relato fue que pasó por ahí “para cortar
camino hacia la estación” (¿?) y que le quisieron
robar el bolso donde tenía plata y una laptop. La verdad, descubierta
a fuerza de organización de la familia con CORREPI, y con el
coraje de los chicos del barrio que se atrevieron a declarar, es que
el día anterior el policía había dado plata a uno
de los “soldados” de la villa para que le comprara droga,
pero no quedó conforme con la entrega, por lo que volvió
para cobrársela. Confundió a Diego con el pibe que había
visto a la entrada del barrio y lo mató.
Sin embargo,
más de una docena de testimonios no habían servido a la
fiscal de San Martín para ordenar la detención e indagatoria
del policía, hasta que, a fin del mes de julio, se enteró
que el bonaerense está malherido y detenido en otra causa, a
cargo de la fiscalía de al lado.
Resulta
que don Luciano Duarte, que seguía trabajando como si nada después
de fusilar a Diego, como oficial subayudante en la comisaría
11ª de Tres de Febrero, protagonizó, como tituló
Clarín, “un raid delictivo”: “Amenazó
a una quiosquera, robó un coche, asaltó una estación
de servicio y un puesto de diarios”. Como la policía lo
persiguió y se tirotearon, y el polichorro quedó herido
en el abdomen, lo detuvieron y trasladaron al hospital, sin saber que
era un colega.
La fiscal
de la causa Salto, al enterarse, se apuró a pedir, también,
la detención. Total, ya está detenido por el robo, y quizás
ahora les cree a los amigos y vecinos de Diego.
Tres hechos
diferentes, en tres lugares distintos, que muestran quiénes son
los que protagonizan la criminalidad cotidiana, y, de paso, ponen en
evidencia que no es lo mismo, para un fiscal, balear un pibe en un barrio
que robar un auto, incluso si sos policía.
Gatillo
fácil en vivo y directo en Canadá
La madrugada
del 27 de julio, la ciudad de Toronto, Canadá, despertó
al sonido sordo de las balas, esas que siempre vienen del mismo lado:
las que en todos los rincones del planeta parten del brazo armado del
sistema y se estrellan en las paredes del corazón del pueblo.
Sammy
Yatim, de 18 años, quien había migrado al país
con su familia proveniente de Siria desde hacía cinco años,
fue acribillado por efectivos de la policía de Toronto en las
inmediaciones del centro de la ciudad. Subido a la línea 505
del servicio TTC de tranvías, Sammy había pedido tanto
al resto de los pasajeros como al conductor que bajaran del vehículo.
Llevaba un pequeño cuchillo en la mano, no sabemos por qué.
Tampoco nos interesa saberlo. Lo que sí sabemos es lo que sucedió
después (el video grabado por los testigos del hecho resulta
más que descriptivo:
VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=htV6JdVVTJA).
La ignominia
del escenario habla por sí sola: alrededor de veinte efectivos
se despliegan rodeando y apuntándole a un pibe solo arriba de
un vehículo vacío; él, en ascuas, cuchillo en mano,
escucha. El agente James Forcillo le apunta y le conmina a los gritos
que lo arroje. Él lo hace, como confirmaron tiempo después
los testigos. Aun así, y no pasados más de cuarenta segundos
del aviso, Forcillo abre fuego a matar: se oyen tres disparos. Sammy
se desploma. Ya caído, Forcillo termina de fusilarlo descargándole
otras seis veces encima para que, sin asco, otro agente le detone una
descarga eléctrica de Taser al pecho. Sammy muere en el hospital
horas después.
Los aledaños
saben que no es un suceso aislado: basta con recordar los casos del
taxista Richard Bernabé en 1996 y de Mohammed Ana Bennis en 2005,
así como el de Freddy Villanueva, joven de 18 años, hondureño,
asesinado en el norte de Montreal por estar jugando a los dados en un
parque en agosto de 2008, y cualquier caso de gatillo fácil que
pudiéramos citar de los que se suceden tanto en nuestro país
cada veintiocho horas como en todas partes; y así como saben
que no es aislado, es que la población salió a decir basta
con sus familiares a la cabeza.
Mientras
tanto, el jefe de la policía, Bill Blair, delegó la completa
responsabilidad en las manos de sus cónyuges –la Unidad
de Investigaciones Especiales de Notario- simulando un supuesto duelo
y alegando que “se está investigando el caso (…)”
y que “la población tiene derecho a reclamarle a la policía
de Toronto”, al tiempo que el agente Forcillo era suspendido en
acto de sus funciones, no sin la respetuosa salvedad de que el estado
siga, hasta que la noticia trascienda demasiado, pagándole sus
haberes mensuales de verdugo.
Nada de
esta situación nos toma por sorpresa –aunque siempre dañe
el acto mismo de la muerte impune-. El país que se vende internacionalmente
como candelabro ejemplo de los DDHH y la correcta moralidad no es más
que uno de tantos ejemplos de los que podemos valernos para comprender
la sistematicidad con que el sistema capitalista legitima la garantía
de su dominio de clases.
En tiempos
en que el FMI le ha marcado a la economía canadiense que achique
los puestos de trabajo, cuando las leyes antiterroristas y las que criminalizan
la protesta están a la orden del día, nosotros denunciamos
lo de todos los días: el gatillo fácil no es elemento
aislado, es evento de diario e internacional, es herramienta sistemática
de una sociedad dividida en clases destinada a la dominación
capitalista, y frente a ello nuestra respuesta deberá seguir
siendo, acá como en Canadá, o hasta que choque China con
África, la organización y la lucha.
Las
aparentes paradojas del kirchnerismo y la seguridad: gendarmes hasta
en la sopa y candidatos de sirena azul para los tiempos que llegan.
Si uno
busca en el diccionario de la Real Academia Española el significado
de la palabra PARADOJA, encuentra: 1. adj. desus. paradójico.
// 2. f. Idea extraña u opuesta a la común opinión
y al sentir de las personas. // 3. f. Aserción inverosímil
o absurda, que se presenta con apariencias de verdadera. // 4. f. Ret.
Figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que
envuelven contradicción.
El gobierno
nacional, enrolado en un rasgo del peronismo tradicional como es de
la conciliación entre las clases sociales y los sectores en general
de una sociedad moderna, cuenta entre sus temas principales (y por tanto,
centrales en esta carrera eleccionaria burguesa) el de la “seguridad”.
Como un
rostro de Jano, el gobierno tiene una versión agradable y convincente
para los diversos sectores que pretende cooptar, ya sea para la militancia
o para el simple voto: una es la que, cada vez que tiene la oportunidad,
la propia presidenta expresa jugando a la víctima, y que tiene
que ver con el supuesto “costo político” que el gobierno
ha tenido que costear en los últimos 10 años “por
no reprimir”. Esta versión es para los seguidores “progresistas”
y bienpensantes del gobierno.
Otra versión,
preparada para sectores más conservadores, es la que la presidenta
y sus acólitos exponen cuando promocionan inversiones millonarias
en seguridad o destacan el crecimiento exponencial de las filas en las
fuerzas represivas del estado.
En estos
tiempos de elecciones, vienen bien dos nuevos ejemplos concretos de
esta última versión: por un lado, el spot publicitario
de Martín Insaurralde, donde el precandidato a diputado por la
provincia de Buenos Aires (de pasado duhaldista, buen alumno de Aníbal
Fernández, otro duhaldista ex-intendente de la zona sur del conurbano
bonarense, responsable político por las muertes de Maximiliano
Kosteki y Darío Santillán y apuesta fuerte de Cristina
Fernández) expone su concepto de la seguridad a partir de su
experiencia en Lomas de Zamora.
En el
spot afirma que destinó el 10 % del presupuesto a “seguridad”
y que más de 100 patrulleros vigilan Lomas en busca de una “seguridad
integral”, lo que, por supuesto, es un eufemismo mediocre, un
concepto vacío de contenido con el que se disfraza la militarización
territorial emprendida por el gobierno.
Con tanto
humo, el bello fiero fuego no se ve: Martín Insaurralde no se
diferencia demasiado de Sergio Massa o de Mauricio Macri. Lo único
que los separa son las listas. En su gestión, como le gusta decir
a él, designó al frente de la subsecretaría de
Seguridad de la municipalidad de Lomas de Zamora a Elizabeth Caamaño,
mano derecha de Eugenio Burzaco, reconocido macrista que estuvo a cargo
de la policía Metropolitana y era asesor de seguridad del gobernador
de la provincia de Neuquén, Sobisch, el año que asesinaron
al maestro Carlos Fuentealba. "Especialista" en seguridad,
es un apologista de la mano dura, integrante de la Fundación
Pensar y dueño de la consultora de seguridad Templar. Elizabeth
Caamaño, su mano derecha durante una década, fue, además,
asesora de la policía Metropolitana, asesora legal y coordinadora
de asesores de Eugenio Burzaco, y asesora en comisiones y jefa de despacho
de Burzaco cuando fue diputado en el Congreso de la Nación.
Esto no
sorprende. En 2011, el kirchnerismo puso al frente del Consejo Escolar
de Lomas de Zamora a Raúl Magallanes, ex miembro de la policía
bonaerense de Camps y Etchecolatz durante la última dictadura
militar, imputado en causas por delitos de lesa humanidad. La lucha
que encabezó el sindicato de ATE, zona sur, y que fue acompañada
por numerosas organizaciones, entre ellas CORREPI, logró forzar
la renuncia del represor (ver Boletines nº 639, 647 y 661). Además
de esto, llevó en sus listas a represores como el ex jefe del
grupo Halcón Daniel Abaca, y al comisario general Salvador Baratta
(ver Boletín Informativo nº 615).
El otro
ejemplo, se refiere a las declaraciones del ministro de Seguridad Puricelli,
quien apareció en estos días, fervoroso, al anunciar la
duplicación (sí, DUPLICACIÓN) de efectivos de la
Gendarmería Nacional desde el 2004. Esa celebración de
la militarización ya aludida, que pone a los gendarmes, como
todos sabemos, a vigilar los barrios y a asesinar pibes en lugar de
cumplir con su función original, la de cuidar las fronteras del
país, si es que para algo sirven, vino acompañada por
una frase que exime de comentarios: “el compromiso del gobierno
nacional por la seguridad pública no es circunstancial ni está
sujeto a una campaña electoral”, además de remarcar
al largo gobierno del matrimonio Kirchner como el “más
importante en materia de seguridad de los últimos 50 años”.
Puricelli
además cargó contra la prensa, que según él
desconoce “el esfuerzo de los hombres y mujeres que arriesgan
su vida por el bien común”.
Aquí
se produce la (aparente) paradoja del kirchnerismo respecto a la temática
de la “seguridad”: si el gobierno no reprime ¿por
qué invierte cifras millonarias en elementos tecnológicos
(patrulleros futuristas, cámaras, etc.) y cooptación de
personas para las fuerzas de seguridad del estado?
Frente
a las declaraciones de Puricelli, esta paradoja puede aparecer en otra
formulación: ¿qué sería lo que habría
que reconocerle y no se le reconoce a los efectivos de las fuerzas de
seguridad? ¿Por qué si un gobierno no reprime y pretende
una policía “comprensiva” como abuelitas, pretende
que se le reconozca lo realizado en la materia?
Sabemos
que la paradoja es aparente, básicamente porque uno de los términos
es cierto (el gobierno invierte cifras enormes en pertrechar a su brazo
armado) y el otro es falso (el gobierno sí reprime).
No se
trata de una paradoja, tampoco de una contradicción, sino de
una simple mentira. Ah, el diccionario dice de la mentira: “Expresión
o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa”.
Otro
asesinato en la comunidad Qom / RECOMENDADA
Hace unos
días, supimos de un nuevo asesinato a miembros de la comunidad
Qom. Esta vez, se trata de la joven aborigen Juana Gómez (15),
quien apareció ahorcada, colgada de un árbol, en el predio
de una ex desmotadora en la localidad de Quitilipi, Chaco. La autopsia
determinó que la joven fue violada y luego muerta a golpes. Ya
sin vida, la llevaron a rastras al predio y la colgaron de un árbol
para simular un suicidio.
Un asesinato
que se enlaza necesariamente con el fusilamiento en una manifestación
de Roberto y Mario López, con las muertes de Celestina Jara y
su nieta, o la de Florentín Díaz, con la detención
arbitraria y posterior fusilamiento del joven Maximiliano Pelayo, y
tantos otros episodios todo en el marco del constante amedrentamiento
dirigido a los referentes de la comunidad Qom. Imposible eludir cómo
se imbrican los intereses económicos por la apropiación
de la tierra con el odio racial de terratenientes y policías
que salen a “cazar indios”.
Como hemos
repetido tantas veces, estos asesinatos son, también, una arista
más de la política del gobierno nacional, que como todo
gobierno pro-patronal, se encarga de castigar a quienes salen a pelear
por condiciones básicas de vida, como la tierra y la vivienda.
Es cada
vez más evidente la convivencia entre grandes terratenientes
y gobierno, a pesar de que, a partir de la fuerte repercusión
de este último hecho, producto de la denuncia de la comunidad
Qom y otras organizaciones sociales, el gobernador chaqueño Jorge
Capitanich saliera a “despegarse”, a reunirse con la familia
de Juana y propusiera al estado provincial como querellante en la causa
judicial. Mientras Capitanich quiso simular indignación ante
“los hechos aberrantes que se están cometiendo”,
lo que produce indignación son sus palabras de aparente repudio
ante la política que defiende y genera.
Próximas
actividades:
Sábado
10 de agosto, 12:00, en la Plaza de Moreno, volanteada y jornada antirrepresiva.
Martes
13 de agosto, a las 13:00, movilización a los tribunales de Quilmes
durante al audiencia en la Cámara Criminal pedida por el defensor
del policía Veysandaz, asesino de Javier y David, contra su prisión
preventiva.
Viernes
23 de agosto, desde las 20:30, festival por la absolución de
los petroleros de LasHeras en la Facultad de Filosofía y Letras,
Puán 470.
Caracteres:
24.954
