PRIMER
GOBIERNO DE JUAN DOMINGO PERÓN
ART.
40 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1949
Por
Elena Luz González Bazán especial para Villa Crespo
Digital
7
de octubre del 2013
En
la Constitución de 1949 se reconocieron diversas conquistas:
•
La igualdad jurídica del hombre y la mujer.
• Se estableció la función social de la propiedad.
• Normas sobre las nacionalizaciones.
• El control estatal sobre los servicios públicos.
• Elección directa de Presidente y vicepresidente.
• La posibilidad de una reelección.
Todos
estos objetivos y más estuvieron en consonancia con la conocida
Independencia Económica.
Se
nacionalizaron: los ferrocarriles, teléfonos, puertos, usinas
eléctricas, servicios sanitarios, elevadores de granos, gas,
reservas minerales y acuíferas y mucho más...
La
Constitución de 1949 fue derogada luego del golpe de Estado
del 16 de septiembre de 1955, por una proclama del dictador Pedro
Eugenio Aramburu, que reestableció la Constitución
Argentina de 1853.
Art.
40 - La organización de la riqueza y su explotación
tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico
conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante
una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar
determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales
y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales
asegurados en esta Constitución. Salvo la importación
y exportación, que estarán a cargo del Estado, de
acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine
por ley, toda actividad económica se organizará conforme
a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible
o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia
o aumentar usurariamente los beneficios.
Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo,
de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales
de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad
imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente
participación en su producto que se convendrá con
las provincias.
Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado,
y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos
para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares
serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación
con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.
El
precio por la expropiación de empresas concesionarios de
servicios públicos será el del costo de origen de
los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que
se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento
de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable
que serán considerados también como reintegración
del capital invertido.
Producción
de Haydeé Dessal y Elena Luz González Bazán.
FUENTES:
varias y propias.
Caracteres:
2827
