A
modo de Corolario
Reflexionando y analizando
Por
Elena Luz González Bazán especial para Villa Crespo
Digital
9
de febrero del 2014
El
dinero que se gastó para esta implementación por internet
fue importante.
El dinero que se está invirtiendo en estas aulas móviles
es de una trascendente envergadura.
Está
bien que un funcionario pida disculpas por los errores cometidos,
en medio de una falta total de no hacerse cargo del desastre que
en la actualidad vivimos en nuestro país, es interesante
esta actitud, pero, se debe solucionar integralmente el problema.
Asimismo,
varias preguntas que quedan flotando:
Para hacer la inscripción online se gastó en un programa
que no fue gratuito. ¿Qué carga de información
se realizó? es la primera pregunta.
Luego
uno debe seguir indagando y entender cómo en ese programa
no se cargó que un alumno que está en la escuela X,
su hermano o hermanos deben tener la vacante en esa escuela X, que
en la realidad actual, donde quienes concurren a la escuela pública,
ambos padres trabajan en líneas generales, el horario de
ingreso es igual en todo el ámbito capitalino, ¿Cómo
hacen los padres para desdoblarse y dejar a cada hijo en una escuela
distinta?
Otra
intriga que queda del monitoreo del programa implementado: en los
registros del ministerio de Educación ¿se tiene claro
que hay X vacantes para niños de 0 a 3 años? que no
son obligatorios, ¿Por qué no se informó a
los padres que las vacantes que se podían otorgar eran en
X establecimientos y X vacantes?
Una
información de este tipo hubiera sido clara y los padres
que accedieron por el método online hubiesen sabido de antemano
esta situación de vacantes posibles y en escuelas identificadas
claramente.
Otro
de los aspectos es: ¿Qué pasó con las escuelas
de nivel inicial y otros niveles donde las vacantes fueron y vinieron?
Porque hubo chicos tuvieron una vacante y luego se les quitó
porque había otras prioridades.
¿Qué
prioridades había?
¿El
programa estuvo bien confeccionado? Indudablemente NO.
Con
la situación social que se vive, con la educación
privada que es lucro y ganancia máxima, esto es indudable,
aunque algunos no les guste y lo refuten, las cuotas aumentan y
muchos padres que antes enviaban a sus hijos a escuelas privadas,
los sacan y buscan la enseñanza pública. ¿No
se tenía previsión de esto?
Es
análisis de la realidad, desde el ministerio de Educación
con tanto personal se debió haber anticipado.
Convengamos
que esta situación perjudica a los chicos que el 26 de febrero
no tendrán vacantes en la escuela pública.
Que
las disculpas están bien, pero esta situación no se
soluciona con disculpas y con que hubo un 20 por ciento más
de inscriptos… para esto estaba este programa que se suponía
debía cumplir el papel de tener claro cada una de las realidades
familiares.
Si
de golpe se saca o se implementa un nuevo sistema de inscripción,
el cual se hacía con el padre concurriendo a la escuela de
la zona… todo esto que era de otra forma y que fue crítica
de maestros, gremios y padres, debió tener una implementación
cuasi perfecta para dicho cambio de golpe y sin anunciar previamente…
En
cuanto a las aulas móviles… ¿Qué funcionario
del gobierno porteño mandaría a sus hijos a estas
aulas?
Hay
que escuchar más a la comunidad educativa.
El
26 de febrero miles de chicos no estarán incluidos en la
ESCUELA PÚBLICA.
Quienes hemos defendido la importancia de la enseñanza pública
por sobre las prebendas que se otorgan a la privada, no hablamos
sólo del gobierno de la Ciudad que tiene su parte y muy importante
en el desandar de la enseñanza pública; a nivel nacional
la enseñanza pública es un coto de caza para su defenestración
total. No podemos quedarnos con lo que pasa sólo en el AMBA
y sus 14 millones de personas, hay que adentrarse en el norte argentino
y ver la proliferación de escuelas ranchos, sin luz, sin
servicios básicos, con aulas con techos de chapa o paja y
eso sí con computadoras compradas y llevadas a estos lugares
donde no hay energía eléctrica…
Hay
un país real y uno de ficción… el de ficción
sale por cadena nacional… el real está oculto…
FUENTES:
diario La Nación, Defensoría del Pueblo, declaraciones
de ministros, legisladores y gremios, comunicado de Departamento
de Ciencias de la Educación y fuentes propias.
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