Por
Elena Luz González Bazán especial para Villa Crespo
Digital
29
de diciembre del 2011
Numerosas
organizaciones sociales, sindicales y políticas partidarias
se han dado cita para marchar contra la promulgación por
parte de la presidente de la Nación de la Ley antiterrorista.
Se cuentan: la CTA, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,
organizaciones de derechos humanos, partidos de izquierda y otras
organizaciones sociales.
La movilización será desde las 17 horas en el día
de la fecha y recorrerán desde la avenida de Mayo y 9 de
julio hasta la Plaza de Mayo para exigir el veto de la Ley Antiterrorista.
Este miércoles 28 de diciembre, no casualmente conocido como
el día de los inocentes, la presidente, Cristina Kirchner
promulgó la normativa correspondiente, en tal sentido, representantes
de la CTA, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y organizaciones
sociales realizaron una conferencia de prensa en la que expresaron
sus críticas a la ley y precisaron detalles sobre la marcha.
"La
criminalización de la protesta no es un fenómeno nuevo.
Tuvo en épocas recientes, en el menemismo, la Alianza, momentos
de intensificación, ahora el gobierno se ufana de no reprimir
pero pretende ajustar aún más la legislación
represiva, para que penda como una amenaza sobre los sectores populares",
advirtieron.
En
tanto, la Federación Judicial sostuvo que el Gobierno "está
privilegiando sus relaciones con el poder financiero internacional,
por sobre el ejercicio de las acciones de protesta social que puedan
llevar adelante todo tipo de organizaciones sociales en nuestro
país".
Otras expresiones fueron de Vilma Ripoll, del MST en Proyecto Sur
que sostuvo: que "el gobierno endurece la criminalización
porque sabe que, con la crisis que se viene, el 2012 será
un año de gran conflictividad social".
Alejandro
Bodart del mismo agrupamiento señaló que "esta
ley anti-luchas es un quiebre para el kirchnerismo, que va a empezar
a pagar el costo político por su doble discurso de los derechos
humanos".
LA
NORMA
Esta
ha sido criticada por un conjunto de juristas que la consideraron
anticonstitucional ya que hay un amplio significado que se le da
al término terrorismo.
Por su lado, impone penas de hasta 15 años de cárcel
a cualquiera que "aterrorice" a la población u
obligue al Estado a abstenerse de realizar un acto.
"El
problema que tiene es la ambigüedad de la expresión
"terrorismo". Se podría (considerar como terrorista
a) la protesta social o un titular de un diario (...) Una corrida
bancaria podría ser considerada un acto de terrorismo",
aseguro a Reuters el abogado constitucionalista Felix Lon.
Por su lado, el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni,
de estrecha con el actual gobierno, afirmó: "El GAFI
es un organismo que se toma atribuciones que no tiene y extorsiona
a nuestro país. Su objetivo no es evitar el lavado ni prevenir
el terrorismo, sino controlar todo el movimiento financiero".
DECLARACIONES POR SI, POR NO, DUDOSAS Y DUBITATIVAS
Las
críticas más duras partieron de CORREPI, documento
aparte y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia que consideró
que, ¨a través del GAFI, se impulsa una ley promovida
por el Departamento de Estado de EE.UU. para "castigar con
penas altísimas a cualquier acto político, social
o individual que bajo la decisión arbitraria de un juez".
Asimismo,
sostiene que: "Es decir, que transforma en "terrorista"
a cualquier movimiento de trabajadores, estudiantes, pueblos originarios,
derechos humanos, vecino o ciudadano que intente reclamar por sus
derechos".
En
tanto, otro de las organizaciones de Derechos Humanos, en este caso
la Asociación de ex detenidos y desaparecidos, junto a la
Asociación de Profesionales en Lucha, Centro de Abogados
por los Derechos Humanos, Centro de Profesionales por los Derechos
Humanos, Coordinadora Antirepresiva por los Derechos del Pueblo
y Liberpueblo, denunció así el carácter "represivo"
de la iniciativa del Ejecutivo.
"Con
una realidad actual donde cada vez son más los ciudadanos
asesinados en el marco de protestas sociales que reclaman tierra
para vivir o condiciones de trabajo y cuando aumentan peligrosamente
los delitos imputados a quienes participan de esas protestas no
es difícil imaginar a quienes está dirigido el presente
proyecto de ley".
Otro
aspecto es que, en la normativa se advierte que el agravante no
se aplicaría cuando "el o los hechos de que se traten
tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos
y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".
Sin embargo, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
alertó que "la vaguedad de los términos utilizados
en la norma no impedirá la apertura de procesos penales bajo
las nuevas figuras que se establecen".
"En
conclusión, el proyecto representa -por lo menos- un claro
retroceso en materia de legislación penal y una restricción
indebida a la libertad de expresión. El hecho de que el mismo
sea, además, escasamente discutido en el Congreso, sólo
empeora la situación", sostienen a través de
su comunicado.
Mientras
el gobierno se justifica afirmando que hay una necesidad de adaptar
la legislación local a las normas antiterroristas internacionales
como demanda el Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI), que tiene a Argentina bajo observación por fallas
en el combate al lavado de activos, hay que preguntarse que tiene
que ver el lavado de activos y la protesta social.
Hoy, entonces, una nueva protesta recorrerá la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuando despunta el nuevo año y en un escenario
cargado de nubarrones, aunque aún una gran mayoría,
no los ven.
FUENTES:
diarios, agencias, organismos de Derechos Humanos, comunicados y
otros.
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