Empezó
el juicio por Jon Camafreitas
El
martes 26 de agosto, la entrada de los tribunales de Comodoro
Py se empezó a poblar de militancia y banderas desde temprano.
Es que coincidían, desde las 10:00, el inicio del juicio
oral al policía federal Martín Alexis Naredo, que
el 21 de enero de 2012 fusiló en Balvanera al adolescente
Jon Camafreitas, y la audiencia en la que el juez federal Casanello
definiría la situación del compañero peruano
Oswaldo Quispe (ver aparte), y unificamos la convocatoria con
el Comité de Solidaridad con el pueblo y los presos políticos
peruanos.
Los militantes de CORREPI, la mayoría de ellos familiares
de víctimas de la represión, llenaron la sala de
audiencias de la planta baja, donde la audiencia empezó,
como siempre con la lectura de los requerimientos de elevación
a juicio. Ese acto formal ya dejó en claro cómo
llegamos al inicio de este debate: el policía federal es
acusado por el delito de homicidio calificado por su condición
de policía tanto por la fiscalía como por la querella,
por lo que enfrenta la pena de prisión perpetua. Pero,
a diferencia de lo que sucede con cualquiera sin uniforme en similar
situación, está en su casa, disfrutando de una excarcelación
que sólo se explica por su condición de policía.
Naredo no quiso declarar, pero contestó las preguntas del
tribunal sobre sus condiciones personales. Los jueces y el fiscal
se asombraron cuando dijo que no está exonerado de la PFA,
sino apenas en servicio pasivo y cobrando un porcentaje del sueldo.
Para Delia, la mamá de Jon, y el resto de nosotros, no
fue una novedad, sino una simple confirmación de lo que
vemos a diario en prácticamente todos los casos. Como si
seguir cobrando parte de su sueldo policial fuera poco, el ex
numerario de la 8ª agregó que está trabajando
en la secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad
de La Matanza, sin que la existencia de este proceso le haya obstaculizado
conseguir un empleo oficial con un excelente sueldo en blanco.
De nuevo, poca sorpresa para nosotros, y caras de espanto en el
tribunal.
La compañera Delia Castro fue la primera testigo que se
sentó frente al tribunal. Con la foto de Jon en sus manos,
contó su vida y la de Jon, con la voz quebrada por la emoción
pero enorme firmeza. En un momento, le preguntamos cuándo
vio a Jon por última vez. Contestó: “Lo veo
todo el tiempo, en cada pibe”.
Luego fue el turno del oficial ayudante Juan Carlos Moreyra, jefe
de servicio de la comisaría 8ª, que iba con Naredo
en el móvil 108 cuando interceptaron a Jon y su amigo de
14 años cerca de la Plaza Boedo. A diferencia de Naredo,
se declaró desempleado. “Hasta hace 3 semanas trabajé
en una empresa de seguridad”, dijo, y contó que lo
exoneraron de la PFA por “haber iniciado imprudentemente
una persecución el día del hecho”, cuestión
evidentemente más grave para el ministerio de Seguridad
que meterle un tiro en la nuca, con el arma abocada, a un pibe
de 17 años.
Su declaración empezó a hacer agua, con notables
contradicciones con la que prestó a horas del asesinato
de Jon en la comisaría. Confrontado con esas diferencias,
trató de explicarlas por la urgencia del momento: “Esa
declaración la tipeé yo, para ayudar en el sumario”,
terminó admitiendo. O sea, se tomó juramento de
decir verdad, y se interrogó a sí mismo en tercera
persona, hizo las preguntas y se respondió… después
algunos se preguntan por qué todas las declaraciones en
comisaría son iguales…
La jornada terminó con la declaración de una pareja
que pasaba por el lugar esa noche, paseando con su bebé.
Quedó claro que ni la declaración en la comisaría
ni la del juzgado reflejaban lo que vieron. Más allá
de sus evidentes prejuicios contra los pibitos con visera, los
dos vieron el arma en la mano de Naredo, y nada en las manos de
Jon.
El juicio prosigue los días 1 y 2 de septiembre, con más
testigos y peritos, y el 4 con los alegatos.
Nos seguimos encontrando 9:30, en Comodoro Py 2002.
Berni,
Macri y el desalojo en Lugano
El
secretario de Seguridad, Sergio Berni, aseguró en el marco
del paro del jueves que “la huelga es un derecho constitucional,
como es el derecho de todos los demás que quieren ir a
sus trabajos y lo quieren hacer con tranquilidad, en paz y no
quieren que le corten ese derecho en la ruta con piquetes, amenazas
y coacciones“.
Pareciera olvidar que la libertad y la vida son también
derechos de quienes quieren vivir tranquilos y en paz, sin que
de un momento a otro aparezca un grupo de mil gendarmes irrumpiendo
sus vidas e impidiendo que defiendan su trabajo y su salario,
o un pedazo de tierra donde levantaron precarias viviendas.
¿Qué podría ser más importante que
solucionar el reclamo de cientos de familias viviendo entre la
basura, en pésimas condiciones de higiene y bajo los riesgosos
techos de chapa que pudieron levantar? El macrismo suma su respuesta
en línea con el gobierno nacional: la propiedad privada
y los curros inmobiliarios son más importantes.
Sólo esta prioridad puede explicar el desalojo que la policía
metropolitana y la gendarmería llevaron adelante contra
las 700 familias que se ubicaban en un ex cementerio de autos
en Lugano al que llamaron “Barrio Papa Francisco”.
El asesinato de una joven, Melina López, que habría
sido baleada por un ocupante del barrio, fue la excusa perfecta
para que María Eugenia Vidal y Berni deambularan por distintos
medios explicando el porque del accionar de sus fuerzas combinadas.
A esta altura, es una figurita repetida la complicidad de los
gobiernos locales y nacional a la hora de reprimir, ya sea porque
la federal mira para otro lado, hace el perímetro de seguridad,
o porque sencillamente disparan juntos, como en el Indoamericano.
La lucha por la vivienda digna divide aguas dentro del propio
kirchnerismo. Pablo Ferreyra recibió dos disparos de goma
y denunció a la gendarmería por su participación
en la represión. Sin embargo, olvidó mencionar que
la represión no es producto de un Berni desbocado, sino
una política constante para disciplinar a los sectores
populares.
Y en esto, como venimos señalando, coincide toda la partidocracia.
Sólo basta leer las declaraciones de Berni y los funcionarios
macristas para notar las similitudes. Si para muestra no basta
sólo un botón, pueden recordarse las coincidencias
respecto de los proyectos de ley antipiquetes.
Por ultimo, no queremos dejar de mencionar el espacio que otorgaron
a los vecinos desalojados para “reinstalarse”. Los
paradores que habilitó el macrismo son, en palabras de
los vecinos, “…una cárcel. Te obligan a levantarte
a las 6 de la mañana, te hacen requisa, no te dejan hablar,
te obligan a bañarte a la hora que ellos dicen y a comer
a la hora que ellos dicen.”
Desde CORREPI repudiamos la co-participación de los gobiernos
en la represión y la falta de respuesta a las familias
que perdieron todo en el desalojo.
Polichorros
de La Matanza: ¿corrupción?… no, función
¿El
problema es la corrupción policial o la función
policial? ¿Qué relación existe entre el delito
policial y la represión que esos mismos policías
despliegan? ¿Cuánto hay de legitimación desde
el poder político?
Parecen interrogantes apropiados para analizar una noticia que
sacudió el interés de los medios masivos en estos
últimos días:
Ocho policías (siete en servicio y otro exonerado), junto
a tres civiles, conformaban una banda dedicada al robo de autos
y secuestros express en los partidos de La Matanza, San Martín
y Tres de Febrero.
Los “guardianes del orden” involucrados, de variados
rangos (cuatro subcomisarios, un oficial principal, un subinspector
y un capitán) pertenecen a la DDI y a la Distrital La Matanza,
y se sospecha fuertemente que sus jefes no ignoraban las actividades
que desplegaba la banda ahora desbaratada.
Eran expertos en proveer logística: desde información
clave sobre zonas liberadas hasta la provisión de armas
y uniformes indispensables para llevar adelante los numerosos
hechos cometidos.
Es una noticia que no sorprende, pero que puso otra vez en el
tapete la cuestión de la “corrupción”
policial, como si fuera la madre de todos sus pecados. El formato
ideológico de algunos medios, la pacatería moralista
de sus comunicadores, y hasta la dudosa ingenuidad de los que
integran los foros vecinales de seguridad del propio partido de
La Matanza, intentaron llevar el análisis por el lado de
una remanida y no por ello, menos falsa formulación abonada
desde el gobierno de la provincia: “hay policías
buenos y policías malos”.
Esta premisa, que se ha naturalizado, que funciona como ratio
explicativa de cualquier “desvío”, les permite
ocultar las verdaderas razones que hacen de estos hechos una cuestión
absolutamente estructural de la principal fuerza represiva que
el estado (en el caso provincial) tiene a su disposición.
Desde CORREPI, siempre hemos sostenido lo contrario: “no
es un policía es toda la institución”.
Es una consigna que desborda de hechos como el mentado, que se
llena de choreo uniformado, de coima uniformada, de complicidades
judiciales y de la otra, tal vez la fundamental, la complicidad
política.
Por mandato y decisión política (entendiendo por
tal el cuidado desde los diferentes gobiernos del interés
de la clase dominante), la excluyente función policial
es la de disciplinar a la población, la represión
es un instrumento indispensable a la hora de poner en práctica
esa función, y esa función es necesariamente sucia.
Y a cambio siempre reciben algo. De vez en vez -cuando no motines
mediante- aumentos legales de sus recompensas, y en todo momento,
estas actividades tan sucias como las legales, que permiten hacer
una caja extra de dimensiones inimaginables y cuyo destino excede
la sede de la dependencia.
Y mucho más en tiempos en que la crisis económica
golpea seriamente a las barriadas más pobres, simplemente
porque la represión pasa a ser la protagonista clave de
la gobernabilidad. ¿Qué otra cosa revelan los interminables
casos de gatillo fácil que arreciaron en los últimos
tiempos, la militarización de las fábricas en conflicto,
el sinnúmero de causas armadas que terminan con pibes pobres
encerrados por delitos que no cometieron, la desaparición
forzada de muchos de ellos, las torturas seguidas de muerte en
sedes policiales?
Tanto descansa la gobernabilidad en la represión, que en
el discurso de sus principales responsables político-operativos
se hallan las principales evidencias: ya son un clásico
de la provocación y de la canallada, las declaraciones
que el hombre de confianza de la presidente Kirchner, el coronel
Berni, tira día a día (contra los inmigrantes, contra
los trabajadores en lucha, contra los desesperados sin techo).
Tanto como las del impresentable ministro de la Provincia, el
patotero Granados, que muy suelto de cuerpo y a la vez que daba
explicaciones sobre estos perros desobedientes, dijo en relación
al tema de la inseguridad que “cuando con la policía
apretemos como pensamos apretar, los ladrones se van a mudar de
la provincia”.
Impresentable, pero sobretodo, muy elocuente el hombre de confianza
del gobernador Scioli.
Está claro que la corrupción policial es una consecuencia.
Que la función de reprimir los habilita. Que hay legitimación
política.
No es una formulación caprichosa, nunca antojadiza y mucho
menos novedosa. Lo sintetizó hace unos cuantos años
Rodolfo Walsh: “…es una jauría de hombres degenerados,
hampa de uniforme, delincuencia organizada que actúa en
nombre de la ley. La secta del gatillo alegre es también
la logia de los dedos en la lata”.
No es un policía (ni ocho)…
Gatillo
fácil y muertes en cárceles, a la orden del día
Cada
día el gatillo del estado truena contra las masas populares;
reminiscencias de cientos de vidas que se apagan con el fusilamiento
relámpago que esgrimen las fuerzas represivas, apañados
por la impunidad y la naturalización de los verdugos en
la calle, vistiendo uniforme, chapa y bastón.
El jueves 7 de agosto, en Libertad, Merlo, el policía federal
Edgardo Matías Frías fusiló a Walter Rodríguez,
de 23 años, que intentó, con otro pibe, llevarle
la motocicleta. Como de costumbre, los dejó ir, para luego
dispararle dos veces por la espalda en plena huída. Ya
caído, el policía le pateó la cabeza, al
tiempo que constató que el joven se encontraba desarmado.
Al acercarse la familia y amigos de Walter y pedir por una ambulancia
para que trasladen al muchacho agonizante, recibieron golpes y
disparos de goma por parte de efectivos de la comisaría
4ª de Libertad.
Una hora y media después, llegó la ambulancia que
llamaron los vecinos, pero en la que finalmente Walter falleció,
camino al hospital de Malvinas.
El viernes 22 de agosto, en cercanías a la villa 21-24
de Barracas, los hermanos Gabriel Vaca y Mario Ruiz fueron asesinados
a balazos por dos efectivos de la Policía Federal de la
división Científica. Uno murió en el acto,
el otro poco después, en el hospital Penna.
Entre las diferentes versiones del hecho, se remarca que los sujetos
asesinados no portaban armas, ni se encontraron vainas o alguna
prueba que demuestre un enfrentamiento. Ante los asesinatos, un
grupo de vecinos del barrio incendiaron la camioneta de los agentes
de la Federal denunciando el gatillo fácil.
El lunes 25 de agosto, los medios masivos invadieron las cercanías
del colegio parroquial Félix Burgos en Morón para
anoticiarse de la muerte de Sabrina Olmos, estudiante de 15 años
que recibió un balazo en el corazón, cuando en las
afueras del establecimiento el personal de la Policía Bonaerense
perseguía a los tiros a un par de delincuentes que escapaban
en automóvil. El patio del colegio fue escenario del trágico
desenlace cuando una bala 9 milímetros impactó contra
Sabrina.
En el “lejano Oeste”, la policía jugó
a ser sheriff en medio de una zona escolar y aunque pretendan
subsanar la muerte de la joven culpabilizando a quienes escapaban,
nada hay para refutar la responsabilidad estatal por disparar
frente a una escuela.
Como actúa el verdugo por los barrios, las prisiones son
otro estamento de la represión y muerte a manos del estado:
El viernes 29 de agosto, Carlos Paniagua, de 20 años, apareció
“suicidado” en la Unidad Penal 6 de San Cayetano,
en Corrientes. En la primer observación, el médico
que revisó el cuerpo advirtió que el cadáver
presentaba signos de golpes, por lo que caratuló la causa
como “muerte dudosa”.
Carlos era de esos reclusos que no callan ante el maltrato y las
vejaciones del servicio penitenciario y que se animaban a denunciar
el hacinamiento y el tráfico fácil de tóxicos
hacia dentro de los penales.
Apenas si un pantallazo, en pocas semanas, de cómo el estado
nos mata.
Celebramos
la libertad de Francisco Núñez y Oswaldo Quispe
En
junio de 2013, Francisco Núñez, un pibe del barrio
de La Boca en la Ciudad de Buenos Aires, fue detenido, imputado
por un homicidio ocurrido siete meses antes, con el que no tenía
nada que ver. Fue acusado de golpear hasta matar a un hombre en
un intento de robo cerca de su propia casa. La instrucción
estuvo plagada de irregularidades, sin pruebas concretas, como
lo vino denunciando su defensa, apoyada por la Coordinadora Antirrepresiva
del Oeste: testigos que “vieron” a través de
una persiana cerrada o identificaron una cara desde un sexto piso.
Pero que el haya sido víctima de una causa armada, en este
caso, no es casualidad. El 19 de abril de 2012, Alberto Carmona,
oficial de la policía federal, integrante de Interpol,
asesinó a Diego Nuñez (19), el hermano de Francisco,
de cinco tiros por la espalda. Desde ese momento, Francisco se
movilizó y organizó con el objetivo de esclarecer
la muerte de su hermano. Por ese motivo, por haber tomado conciencia,
por organizarse y luchar, por buscar esclarecer la muerte de su
hermano y exigir justicia por otro pibe más que mata el
ejercicio de la fuerza represiva del estado, Francisco fue represaliado.
En este caso, como en muchos otros buscan acallar el despertar
de la conciencia con tortura y humillación. Pero una vez
más, gracias a la lucha popular, a la presencia de diferentes
organizaciones, visibilizando su caso y el de su hermano, el lunes
25 pasado Francisco fue absuelto y hoy se encuentra en libertad.
Por otro lado, también queremos festejar y aplaudir la
liberación del compañero Oswaldo Quispe, un preso
político de nacionalidad peruana, obtenida el martes 26.
Su defensa, llevada adelante por la Gremial de Abogados, se opuso
con un arsenal de argumentos al pedido de extradición del
estado peruano, que desempolvó un hecho ocurrido en 1989
para reclamar la prisión y entrega del periodista, que
desde su web Perspectiva Internacional venía eficazmente
denunciando la realidad represiva del hermano país en la
actualidad.
La defensa, encabezada por el compañero Eduardo “Negro
Soares, demostró las aberraciones de los jueces peruanos,
de su administración de justicia, de sus fuerzas policiales
y de sus leyes que entran en choque con las argentinas. Entre
ellas por ejemplo, que las pruebas utilizadas en el proceso peruano
para acusarlo fueron declaraciones extraídas mediante tortura
por la DICOTE (fuerza policial especial contra el llamado “terrorismo”,
que en Perú es todo lo que se opone a los gobiernos), la
existencia de la Sala Penal Contra el Terrorismo, tribunal especial
contra la militancia organizada, la vigencia de la pena de muerte,
etc.
Finalmente, el juez Casanello debió suspender la resolución
de la extradición por treinta días, para requerirle
al estado peruano que responda (si puede) los planteos de la defensa.
Entre ellos, el más gravoso es la indeterminación
del hecho imputado.
Oswaldo ya está en su casa. Luego de la audiencia, los
compañeros que estábamos afuera de los tribunales
de Comodoro Py, en una radio abierta, pudimos abrazarlo, y emocionarnos
al verlo con su pequeña hija, mientras Francisco Núñez
y Delia Castro, la mamá de Jon Camafreitas, esperaban su
turno para saludarlo.
Francisco, Jon y Oswaldo, víctimas de distintas modalidades
represivas estatales, coincidieron en esa jornada de lucha, por
la visibilización, por la construcción de conciencia,
por romper las estructuras que nos fueron dadas en esta realidad
en la que vivimos y no nos alejará de la militancia, que
nos motiva y nos llena de alegría cada vez que podemos
avanzar un poquito más en lograr aquello por lo que vivimos.
Aplaudimos y festejamos las libertades de Francisco y Oswaldo
que pudimos recuperar, exigiéndolas, arrancándolas
y que, en definitiva, nos hacen a todos un poco más fuertes.
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