“Casuales”
llamados y robos: No nos van a asustar
Hace
unos días, en horas de la tarde, un grupo de militantes
de CORREPI salió de una reunión con familiares de
Hugo Arce y Carlos Vázquez, dos pibes fusilados en Avellaneda
por el policía federal Sergio Bovadilla el 4 de septiembre
de 2011. Apenas unos minutos después, uno de ellos recibió
una llamada en su teléfono celular. Una voz masculina,
antes de cortar, se identificó en forma amenazadora como
“el hermano del policía que vos sabés”.
“Casualmente”, después de tres años
de dar pelea en la calle y en el Polo Judicial de Avellaneda,
en los mismos días obtuvimos los primeros elementos de
peso para avanzar hacia el castigo para el asesino: una demorada
pericia multidisciplinaria demostró que no hubo en el lugar
del hecho más disparos que los realizados por el policía
Bovadilla, todos desde adentro de su auto. Se cayó la historia
del “tiroteo” que viene amparando al federal.
Unos días más tarde, unos individuos irrumpieron
en el domicilio de dos militantes de CORREPI en Moreno, robaron
algunas cosas y apalearon a uno de ellos, mientras gritaban cosas
sobre “el juicio”.
“Casualmente”, también, en Moreno estamos impulsando
la búsqueda del policía federal Néstor Adrián
González, prófugo tras la condena por el homicidio
de Sergio “Checho” Casal, y acabamos de obtener la
demoradísima prisión del bonaerense, ex Grupo Halcón,
Oscar Ayunta, condenado por el homicidio de Christopher Torres.
Como último episodio “casual”, en zona norte,
donde un equipo de CORREPI viene desarrollándose en los
últimos tiempos, e interviniendo en los conflictos, un
caracterizado compañero empezó a recibir llamados
que se cortaban al atender. Cuando devolvió el llamado,
le dijeron: “Policía bonaerense, buenas noches…”.
No nos llama la atención que seamos blanco del apriete
o la amenaza. Ha pasado, y seguirá pasando, porque así
funciona el aparato represivo del estado.
Lo que no va a suceder, en cambio, es que logren su objetivo de
asustarnos. Cada uno de estos episodios, que no minimizamos, y
frente a los cuales tomamos todas las precauciones necesarias,
fortalece nuestra convicción de por qué y cómo
nos organizamos contra la represión estatal.
Un
cuento de terror para niños: gatillos, violaciones y torturas
policiales, seguidas de impunidad judicial
Como
siempre, la policía sigue matando pibes en los barrios
y la justicia les brinda todas las herramientas necesarias para
garantizar su impunidad.En apenas unas semanas, hubo por lo menos
tres niños-adolescentes asesinados, en medio de un tiroteo,
por armas policiales y al menos un fusilado por la espalda, desarmado
y muerto de un tiro en la nuca, sin contar con el caso de una
niña de 13 años violada en la comisaría y
suicidada en un orfanato.
A fines de agosto, como ya escribimos en un boletín anterior,
fue asesinada Sabrina Olmos, de 15 años, en una escuela
en Morón, tras un tiroteo frente al colegio en el que estaba.
Finalmente las pericias confirmaron que el arma asesina es de
un policía.
El domingo 21 de este mes, sucedió lo mismo con un niño
de 7 años, asesinado por policías que se tiraron
entre ellos en Colonia Segovia, Mendoza. A raíz del tiroteo,
en plena calle, falleció una de las policías involucradas
y su hijo.
Del mismo modo, Franco Torres, otro niño de 13 años,
fue asesinado por una banda de ladrones-policías el jueves
25 de este mes en Rafael Castillo. Cuatro hombres armados robaron
una aseguradora, sin saber que el dueño, Juan Carlos Irazábal,
era un ex policía que reconoció a uno de ellos y
notó tenían un handy con frecuencia policial. Irazábal
salió en su auto tras los ladrones. Éstos aparentemente
confundieron el auto de Irazábal con otro de la misma marca
y modelo, en que Franco y su padre iban al club a jugar al fútbol.
El nene recibió un disparo mortal. La familia y los amigos
del chico asesinado escracharon la comisaría que investiga
el caso a pedradas y prendieron fuego dos patrulleros, exigiendo
justicia por la muerte de Franco a manos de estos verdugos.
Es que, ante tanta violencia y tanta impunidad, cuando ya nada
puede devolver a la vida a Franco, es absurdo pretender que toda
una comunidad dolida que se quede tranquila, esperando simplemente
que la justicia actúe, cuando es sabido que a los únicos
que jueces y fiscales investigan y condenan es a los pobres, y
que, cuando el delincuente tiene chapa de policía o de
funcionario, hacen todo lo posible para cubrirlo.
De hecho, cabe aclarar que el testigo/damnificado es un viejo
conocido. Juan Carlos Irazábal era oficial de la policía
federal cuando, en julio de 1997, salió con su compañero
Héctor Gerónimo Di Siervi a buscar a dos pibes que
habían intentado asaltar a una pareja. Bajo un árbol,
vieron unos pibes con gorritas de visera, y concluyeron que eran
ellos. Dispararon y e hirieron de muerte a Elio Gabriel Salas,
de 16 años. Cuando se acercaron, el pibe, agonizante, les
dijo que llamaran a su papá. que era policía. Irazábal
y Di Siervi fueron escandalosamente absueltos en un primer juicio
luego anulado, y condenados a 9 años de prisión
el año pasado, pero un recurso ante la Corte hizo la magia
habitual y ambos policías siguen en libertad.
Ese mismo 25 de septiembre, pero en Río Negro, Pablo Alejandro
Vera, de 23 años, fue fusilado cuando daba la espalda a
su asesino, un policía administrativo que estaba de licencia
y que está por retirarse de la fuerza, que le pegó
un tiro en la nuca.
Un día antes, fue hallada muerta la niña Micaela
Romero, de 13 años, en Corrientes. La chica se había
fugado de su casa, ante lo cual su madre recurrió a la
comisaría del menor, la mujer y asuntos juveniles. La policía
la encontró y, por disposición de la jueza Irma
Domínguez, la encerraron en la comisaría en calidad
de detenida, donde fue violada y abusada sexualmente por varios
policías. Ante esta situación, la jueza, en lo que
es una muestra de impunidad y de cómo la policía
y la justicia se manejan para cubrirse entre sí, envió
a Micaela a un hogar de niños, donde fue encerrada en una
habitación, donde la encontraron ahorcada a la mañana
siguiente.
Por último, en esa misma semana el Tribunal Superior de
Justicia en Neuquén redujo la condena lograda al policía
Claudio Salas por homicidio calificado (por ser policía
y estar en uso de sus funciones), por el asesinato de Brian Hernández,
a homicidio simple. El argumento ni siquiera fue obra de su propia
defensa, sino de los vocales Kohon y Cancela, en otra muestra
de cómo la justicia está siempre al servicio de
las fuerzas policiales, la fuerza armada del estado.
Es el estado, justamente, el que, más allá de quien
gobierne, le asigna ese rol represor y disciplinador a la policía,
y a la vez pone a su disposición todo el aparato judicial
para que la maquinaria completa nunca deje de funcionar, para
que se mantenga la impunidad y sigan muriendo pibes en las peores
condiciones de crueldad, sin que los asesinos y los violadores
paguen por esas vidas arrancadas, por esas personas torturadas
y abusadas. Y los medios de comunicación, por supuesto,
siempre avalando la versión de la policía y de la
justicia.
Por eso es que no confiamos en el estado y creemos que, aunque
demos la pelea con las herramientas legales que están a
nuestro alcance, la lucha fundamental se da en la calle, con la
organización de las familias, los amigos y los vecinos.
Mar
del Plata: Justicia barata y represión
La
base naval de Mar del Plata fue uno de los lugares, además
de su propio hogar, donde Marcelo Girat, suboficial de la Armada
y encargado de contrainteligencia de la base, violó y aterrorizó
sistemáticamente a su hija Rocío, de 13 años
cuando empezó el abuso sexual, pero sometida a golpes y
otros tormentos desde que tiene memoria. “Desde los 3 años,
si yo hacía algo que a él no le gustaba me metía
la cabeza en el agua“, denunció Rocío, hoy
de 20 años, cuando inició la causa contra su padre.
Otra vez, ya más grande, como castigo porque había
huido de la casa para ponerse a salvo, la ató a una silla
y le quemó el muslo con una cuchara calentada en la hornalla.
La presunción de inocencia establecida legalmente funcionó
como garantía real para el violador, torturador y abusador,
que, a diferencia de las decenas de miles de presos sin condena
hacinados en las cárceles de mala muerte, permaneció
libre todo el proceso. Como los policías, como los empresarios,
como los funcionarios, para ellos sí hay reglas de juego
“humanitarias y garantistas”.
Se hizo el juicio y los jueces lo condenaron a principios de septiembre
por abuso sexual agravado y continuado, pero no dictaron la pena.
Cuando salía del Tribunal nº 3 de Mar del Plata, custodiado
por policías que lo protegían del escrache de familiares,
amigos y militantes que se manifestaban en la puerta, miró
a su mujer y su hija y les gritó: “las voy a cagar
matando”. La amenaza en público obligó a los
jueces a rever la situación, y ordenaron su detención
en la cárcel de Batán. Pero un recurso de su defensora
ante la Cámara de Apelaciones rápidamente volvió
las cosas a su lugar, y el marino regresó a su casa. El
fiscal ni siquiera pidió que se revocara el beneficio,
sólo sugirió que usara una pulsera electrónica.
Así, cuando la semana pasada se dictó la condena
a 14 años de prisión, el torturador y violador de
uniforme tenía ya garantizado no ir preso.
Para cerrar el círculo, quienes sí recibieron el
embate del aparato represor del estado con toda su fuerza, fueron
los compañeros que, al conocer el escandaloso resultado,
protestaron frente al edificio de los tribunales, y fueron dispersados
con gases y balas de goma. De un lado, justicia barata y de clase,
y del otro, represión.
El
“mérito” del Proyecto X
Después
de casi tres años de lentísimo trámite, el
juez federal Sebastián Casanello decidió indagar,
a mediados del mes pasado, a dos gendarmes en la causa por el
“Proyecto X”.
Elizabeth Mariana Calisaya y Raúl Ernesto Scheurman, seleccionados
para el simulacro de “avance procesal”, naturalmente
no son la ministra de Seguridad ni el Jefe de Gendarmería,
sino apenas dos soldados que, en el terreno, llevaron adelante
la tarea de infiltrarse, filmar, grabar y fotografiar movilizaciones
de trabajadores, para así acopiar y analizar la información,
luego generosamente brindada a jueces y fiscales necesitados de
“letra” para criminalizar luchadores.
Así se iniciaron y prosperaron varias causas contra referentes
sindicales antiburocráticos de Kraft, Paty o el Frigorífico
Rioplatense, por ejemplo, que luego los jueces debieron cerrar
ante la evidencia de que las “pruebas” valoradas para
procesar habían sido obtenidas a través de las tareas
de inteligencia, el seguimiento, la infiltración y el espionaje.
Desde que se presentó, allá por noviembre de 2011,
la denuncia, y luego se constituyeron como querellantes numerosos
integrantes de las comisiones internas víctimas del protocolo
espía, fiscales y jueces pusieron todo su esfuerzo en tergiversar
el objeto de la investigación, lo que lograron con sólo
agregar las palabritas mágicas: “abusos y excesos”.
En la querella de los compañeros del Frigorífico
Rioplatense, por ejemplo, éstos manifestaron que se consideraban
damnificados por “las tareas de infiltración, vigilancia
y seguimiento, llevadas a cabo por personal de Gendarmería
Nacional y otras fuerzas federales, que, siguiendo órdenes
del ministerio de Seguridad del Gobierno Nacional, sistematiza
los datos así obtenidos sobre organizaciones sociales,
políticas, estudiantiles, sindicales y de derechos humanos,
los que luego son utilizados para proveer basamento a imputaciones
penales, como es el caso específico de las dos causas en
nuestra contra“.
Esa acusación, en la pluma del Fiscal, se convirtió
en: “investigar si agentes de Gendarmería Nacional,
de modo institucionalizado y en las circunstancias de modo, tiempo
y lugar que se detallarán más adelante, han desplegado
en forma ilegal actividades de inteligencia interior en desmedro
de lo normado por la leyes de 24.049 y 25.520“, para finalmente
convertirse, en boca del juez, en averiguar si “los gendarmes
produjeron inteligencia prohibida en los términos de la
ley 25.520 (…) y, si actuaron discrecionalmente por fuera
de las órdenes de quienes dirigen el proceso penal -jueces
y fiscales”.
Nada más lógico, tras esas definiciones judiciales,
que el dictado de la falta de mérito que benefició
por estos días a los gendarmes indagados, pues si hay algo
que está más que probado, es que ni uno ni otra
decidieron por su cuenta hacer lo que hicieron, sino que cumplieron
a pie juntillas el protocolo oficial de espionaje sobre la militancia,
de más de una década de vigencia.
Por eso insiste el juez Casanello en varios pasajes de su resolutorio
con la misma idea: “…la hipótesis delictiva
que aquí se baraja -y se busca comprobar o desechar- es
si los gendarmes realizaron tareas de inteligencia prohibidas,
tanto durante las protestas como con anterioridad a ellas, sobre
los actores sociales y, en tal caso, su extensión y en
qué medida se apartaron de las órdenes dictadas
por las autoridades competentes - jueces o fiscales“.
“A priori, tal como lo expresan las defensas y se refleja
en los expedientes compulsados, existieron tales órdenes
(…) Para el caso de comprobarse un exceso -ya sea que se
haya actuado antes de la orden o por fuera de ella- será
necesario establecer si el comportamiento fue compartimentado
o si fue el producto de una disposición interna de la Gendarmería,
que remita a sus autoridades centrales“.
De esta manera, lo que denunciamos como política represiva
del estado, usada por los sucesivos gobiernos desde que el “Protocolo
para regular el funcionamiento y empleo del programa Project X”
existe y se aplica masivamente al activo militante, se convierte,
con un simple pase de manos del fiscal y el juez, en una posibilidad
de que algún uniformado se excediera en el cumplimiento
de las directivas recibidas. Que nos espiaran o se infiltraran
“demasiado”, en una palabra.
Se advierte muy claramente, en este caso, cuáles son los
mecanismos con los que los gerentes del sistema salvaguardan sus
intereses, y protegen a los ejecutores de lo que deben hacer para
sostenerlos. Les basta con el argumento de la “legalidad”,
esa legalidad que ellos mismos construyen a la medida de sus necesidades,
que nunca está pensada para los trabajadores y el pueblo,
y que bloquea eficaz (y “legalmente”…) los intentos
de responsabilizarlos por sus crímenes.
Legalidad que funciona como trampa de doble vía, criminalizando
al que lucha por lo que es suyo y le fue arrebatado, mientras
protege y justifica al arrebatador.
Sin embargo, de vez en cuando -y aunque sólo sea muy de
vez en cuando-, a fuerza de pelear en las grietas, de forzar las
contradicciones y siempre con el apoyo de la movilización
y la lucha organizada, logramos arrancar algún triunfo
para nuestra clase. Cada tanto, condenamos un represor (aunque
lo dejen escapar); metemos preso a otro (aunque vaya a una jaula
de oro) o liberamos a un compañero represaliado (aunque
haya miles más en riesgo). O, como en este caso, logramos
exhibir con crudeza lo que hacen, y por qué lo hacen, y
acumulamos conciencia.
Por eso, bien conscientes de que se trata de uno de los escenarios
mejor preparados para derrotar a los trabajadores y el pueblo,
tenemos la obligación de seguir interviniendo en la gran
farsa judicial, para
exponerla, y para agotar todos los recursos a nuestro alcance
para que esas raras ocasiones de triunfo se hagan realidad todas
las veces que sea posible.
Caso
Blanco: Tardía condena, para proteger al estado, y con
el torturador en su casa
El
28 de septiembre de 1997, Emilio Blanco, de 17 años, terminó
de cenar con su familia, en su casa de Chascomús, y salió
para ir a bailar. Unas horas después, su cuerpo apareció
junto a las vías del tren. “Accidente ferroviario”,
dijeron enseguida los jueces, a pesar que las lesiones indicaban
clásicas torturas policiales, con señales de golpes
y “bolsita”
(submarino seco).
A lo largo de los años, se pudo armar el rompecabezas.
Algunas personas se animaron a contar que vieron a Emilio cuando
fue levantado por policías de la comisaría 1ª
de Chascomús, al mando del jefe de calle, Fermín
Basualdo. Los peritajes médicos confirmaron el apaleamiento
y la sofocación mecánica. Se verificó que,
como en el caso de Miguel Bru, Emilio estuvo anotado en el libro
de la comisaría, que luego fue reemplazado por otro, para
ocultar su paso por el calabozo de contraventores (es decir, los
detenidos sin delito, por faltas o doble A). Hasta se quebró
el policía que rehizo el libro de guardia, claro que una
vez que prescribió el delito que le podían imputar,
y contó que esa noche escuchó en la comisaría
“el comentario de que a la persona que estaban trabajando
en el fondo se les había quedado”. Traducido
de jerga policial a castellano, el preso que torturaban se les
murió. Y en lugar de desaparecer el cuerpo, como con Bru
o Ivan Torres, o de tirarlo a un río como a Sargiotti,
se pusieron creativos y tiraron a Emilio en las vías.
Para septiembre de 2002, ya estaba todo probado (ver Boletín
Informativo nº 182), pero hubo que esperar hasta 2011 para
que fueran detenidos el torturador Basualdo y el comisario a cargo
de la 1ª, Tomás Freites. A pesar de la acusación
por tortura seguida de muerte y omisión de evitar la tortura,
respectivamente, apenas unos meses después la Cámara
de Apelaciones de Necochea decidía que no había
motivos para que estuvieran detenidos, y recibieron el beneficio
de un arresto domiciliario.
Ahora, a 17 años de aquella noche, el oficial Basualdo
fue juzgado y condenado. El comisario Fretes eludió el
juicio gracias a una oportuna serie de recursos que suspendieron,
hasta que el Tribunal de Casación disponga de tiempo para
resolverlos, el trámite a su respecto.
Fermín Basualdo fue condenado a prisión perpetua,
pero no por tortura seguida de muerte, sino por homicidio con
alevosía. Puede parecer una cuestión de terminología,
y hasta una pavada ya que los dos delitos tienen la pena máxima,
pero -como en el caso de Diego Gallardo, torturado hasta morir
en la 3ª de Avellaneda- la negativa de los jueces a usar
la palabra “tortura” es prueba de la decisión
política de amparar la represión estatal.
No da lo mismo, para las estadísticas criminales y la difusión
pública, que condenen por un hecho individual, como el
homicidio, que por tortura seguida de muerte, el delito más
típicamente definido como crimen de estado y que, por definición
hasta de los imperiales jueces de los tribunales internacionales,
es de lesa humanidad y compromete la responsabilidad del propio
estado. Es la clásica salida de los jueces que, frente
al cuerpo masacrado de Emilio Blanco o de Diego Gallardo, no tienen
más remedio que condenar, pero no pueden evitar el amparo
al mandante del asesino, el estado, que es su propio mandante.
Como si fuera poco, tampoco irá preso Basualdo. La Cámara
que lo condenó entendió que no hay motivos para
modificar su situación de arresto domiciliario, de manera
que el torturador sigue en su casa. La única ventaja del
asunto es que, cómodamente instalado en su hogar, Basualdo
no tendrá que fugarse, como Naredo o González.
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