COMUNICADO
LINCHAMIENTOS
Y EMERGENCIA EN SEGURIDAD
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PRONUNCIAMIENTO
DE CORREPI
“Linchamientos”
y “emergencia en seguridad” para legitimar la represión
Por
CORREPI especial para Villa Crespo Digital
17
de abril del 2014
A
partir del ataque de un grupo de personas que, en Rosario, mataron
a golpes a un joven que, con otro, intentó arrebatar un bolso
a una mujer, se orquestó la difusión de episodios similares
en distintos lugares del país, instalando la idea de que los
“linchamientos”, simples ejecuciones tumultuarias sumarísimas,
son la respuesta “natural y comprensible”, aunque formalmente
reprochable, de la pobres personas indefensas que no tienen respuestas
en materia de seguridad de un “estado ausente”. Frente
a eso, naturalmente, la solución propuesta desde todos los
sectores de la clase dominante, más allá de la diversidad
de discursos, es “más estado”, o sea, más
represión.
En primer lugar, es necesario recordar que el llamado “fenómeno”
no es nuevo ni extraordinario. Basta con recordar al ingeniero Santos,
en 1990, que persiguió y fusiló a dos pibes de un balazo
en la cabeza por un pasacasette. Y más para acá en el
tiempo, durante las asonadas policiales de diciembre, a los comerciantes
que declaraban sin pudores que estaban armados hasta los dientes para
defenderse de supuestos o reales “saqueos”.
En
medio de la marea mediática y justificadora, hubo de todo un
poco, cada uno a su estilo, pero confluyendo, todos, hacia un mayor
endurecimiento represivo.
Sergio
Massa, sin pelos en la lengua, dijo que “el que comete un delito
tiene que saber que el que las hace, las paga”, en una indisimulable
incitación a la acción de fuerzas de choque de las clases
medias, que hacen recordar las SA o “camisas pardas” hitlerianas.
Massa es parte de los que añoran el reinado de los ’90,
los que impusieron que el estado debía reducirse a su ínfima
expresión, sin otro objetivo que imponer sus planes de hambre,
miseria y desocupación; esos son los mismos que hoy se “horrorizan”
ante la supuesta falta de estado.
Por su parte, Cristina Kirchner, a diferencia de su secretario de
seguridad, Sergio Berni, que se alineó con Massa, dijo que
“no hay mejor antídoto contra la violencia que lograr
que mucha más gente se sienta incluida. La inclusión
no es algo referido a los pobres o a los negros, la inclusión…tiene
que ver con todos”. CFK, como fiel representante de los intereses
de la burguesía, intenta convencernos que hay que tomar en
cuenta todos los intereses, sólo para insistir en que los explotados
asuman como propios los valores de los explotadores, naturalizando
la barbarie de privilegiar el derecho de la propiedad privada en un
país y mundo donde el 80% no es dueño de casi nada.
Y sobran las muestras de que, en una sociedad donde se valora la propiedad
privada por sobre la vida, no hay otra paz posible que la de los cementerios.
El
tercero en disputa, Daniel Scioli, decidió hacer su agosto
con la cuestión. Con bombos y platillos anunció en conferencia
de prensa el decreto de la “emergencia en materia de seguridad”
en la provincia, argumentando que los delitos en la provincia han
adquirido “características violentas sin precedentes”,
y que se debe dar una “respuesta integral desde el Estado”.
Lo
primero es rigurosamente cierto, especialmente cuando se analizan
los delitos que cometen directamente, o que administran y gerencian
los integrantes de las fuerzas de seguridad. El narcotráfico,
la trata de personas, los secuestros extorsivos, los piratas del asfalto,
los asaltos tipo comando, en fin, todo lo que habitualmente englobamos
en el concepto de “crimen organizado”, requiere necesariamente,
como lo vemos a diario cuando se desbarata alguna gran banda, del
concurso de policías y otros integrantes del aparato represivo,
que sistemáticamente forman –cuando no dirigen- los emprendimientos
criminales a gran escala y con gran logística. Al mismo tiempo,
como lo sabe cualquiera en un barrio, y como lo admitió hasta
la jueza de la corte Carmen Argibay, es también la policía
la que explota el “crimen del chiquitaje”, reclutando
pibes pauperizados a los que hacen robar para ellos, al tiempo que
cobran “peaje” a los pocos ladrones cuentapropistas que
quedan.
El argumento de la “necesidad de dar una respuesta integral
desde el estado”, en total sintonía con el repetido cliché
del “estado ausente” alegado por los justificadores de
los linchamientos, muestra en forma más que transparente que,
lejos de preocuparse por que los bonaerenses vivan seguros, lo que
aqueja al gobernador es la necesidad de posicionarse electoralmente
con miras al recambio 2015, y eligió el nicho de la “inseguridad”
para instalarse como “el que da respuestas”.
Las
medidas concretas anunciadas nada tienen que ver con el proclamado
fin de “aplicar todo el peso de un Estado presente a los asesinos
y a los delincuentes”, sino que incrementarán la situación
de riesgo en la que ya se encuentran todos los que viven y transitan
los barrios de la provincia de Buenos Aires, en los que la policía
aterroriza a diario a los hijos de los trabajadores con el gatillo
fácil en las calles y la tortura en las comisarías.
Lo que se prometen son más armas ($600 millones para “equipamiento”);
reclutamiento de 5.000 retirados que recibirán un “incentivo
económico” por volver al servicio (que pudieron dejar
por edad, pero también por otras causas menos “presentables”);
un nuevo status de “integración a la red de prevención”
de los más de 40.000 empleados de agencias de seguridad privada
(la mayoría ex policías y de otros fuerzas, exonerados
por graves delitos, como CORREPI ha demostrado en causas como las
de Sergio Durán y Damián Salcedo, cuyos torturadores
y asesinos, aun condenados, trabajan en “seguridad privada”);
más patrullaje, etc. Todo eso apunta más al control
y al disciplinamiento social que a la prevención del delito.
Sostenemos que el estado está hoy más presente que nunca
desde 1983 en materia represiva. Durante la gestión kirchnerista,
con la militarización de los barrios a través de gendarmería,
prefectura y las policías, se produjeron 2.400 fusilamientos
de gatillo fácil sobre un total de 4.100 desde 1983; hubo 67
desapariciones forzadas; creció exponencialmente la población
carcelaria, con el 80% de los presos sin condena. La represión
a los conflictos obreros eclosionó, con miles de causas judiciales
contra luchadores, la condena a perpetua de los trabajadores de Las
Heras, 21 asesinados en movilizaciones y protestas, presos políticos
como los de Corral de Bustos y Quebracho, la sanción de siete
leyes antiterroristas y la sustitución de la tradición
de asilo político por la compulsiva extradición de refugiados
como los campesinos paraguayos.
La
“ausencia” del estado para garantizar demandas básicas
como la vivienda, salud y educación no es otra cosa que la
expresión de los intereses de clase que se defienden desde
el estado capitalista. No se trata de un padre ausente, que se va
y nos abandona. En forma más o menos visible, liberando la
zona o saturándola de fuerzas de seguridad, con medidas reaccionarias
o “progres”, siempre se gobierna desde el interés
de clase.
Es
indudable que el delito –insistimos, del que es parte inseparable
el aparato represivo estatal- afecta mayormente a ese 80% de los trabajadores
que sufren, siempre más que los ricos, la desposesión
de la poca propiedad que tienen, mucho más cuando ésta
es violenta.
Nadie puede justificar esas conductas, pero de nada sirve juzgarlas
desde un sistema violento en sí mismo, que nos despoja de la
dignidad humana. Ante el robo violento de los ladrones seriales de
los bancos, como el llamado “corralito”, la respuesta
no fue el derecho penal, sino la “asistencia”. Sin más
voluntad que la estatal, salieron al rescate con la recaudación
de impuestos de todos (y que, en general, el 20% poseedor, intenta
evadir). El robo de una cartera, en cambio, justifica una muerte.
Buscarle
la salida práctica a la doble moral, al doble estándar
de los delitos, a la esquizofrenia de incentivar el consumo y negárselo
a las amplias mayorías, es como buscar la cuadratura del círculo.
Nuestro esfuerzo está puesto en ayudar a construir las herramientas
emancipadoras para liberarnos del sistema y toda su podredumbre.
Del 11 de abril 2014.
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