BAJA
DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD PENAL
IMPUTABILIDAD PENAL DE MENORES: EL ¨DERECHO¨ A SER
CONDENADOS
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Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
5
de enero del 2017
Cada
vez que un adolescente aparece involucrado en un delito grave, especialmente
en años electorales, vuelve a la tapa de los diarios el "debate
sobre la imputabilidad penal" de los menores de edad. Políticos
oficialistas (hoy, el mismísimo presidente Macri), opositores,
opinadores profesionales, en fin, todos, claman por cambios en las
leyes o en la forma de aplicarlas. Unos piden represión explícita
a los gritos. Encerrarlos y tirar la llave, matarlos o esperar que
se mueran. Otros son más sutiles, hablan de un "abordaje
integral de la problemática (¿?)" y mechan en su
discurso palabras como reinserción, resocialización,
garantías y derechos. Pero marchen presos.
Paralelamente,
jamás escuchamos a esos que salen a los gritos contra los "menores
criminales" sugerir siquiera que haya mano dura y tolerancia
cero para la infinidad delitos, muy superior en cantidad y calidad,
que diariamente protagonizan policías, gendarmes, prefectos,
guardiacárceles o militares, ni para los crímenes de
la burocracia sindical, de los empresarios y funcionarios.
Nos
saturan desde los medios hegemónicos con afirmaciones como
que, en Argentina, ser menor de 16 años es tener licencia para
matar. Silencian que, con las actuales leyes vigentes, ningún
pibe, culpable o inocente, es impune si es pobre. Si tiene más
de 16 años, va a juicio como cualquiera, sólo que lo
juzga un tribunal que tiene un cartelito en la puerta que dice "Menores",
y, en lugar de ir a una cárcel, va a un instituto, como el
Rocca, el San Martín o el Belgrano, donde el mismo cartelito
es la única diferencia.
Y si tiene 13, 14 o 15 años, es todavía peor. Es cierto
que no se lo juzga ni se le aplica una pena, porque es "inimputable",
pero el juez tiene la potestad de decidir que debe ser internado en
algún instituto, o, si tiene suerte, es adicto y hay cupo,
en alguna comunidad terapéutica. En uno u otro caso, en algún
momento va a salir, abusado, violado, embrutecido, mucho más
adicto de lo que entró, y listo para que lo fusile el primer
policía con el que se cruce en el barrio.
O
no va a salir nunca, como Ariel Llanos, Marcelo Zafatle, Néstor
Salto, Germán Medina, Rodolfo Arancibia, María del Carmen
Venencio, Marcos Dunda, Maximiliano Rodríguez, Luis Ordóñez,
Fabián Lucero, Jonathan Retamoso, Marcelo López Pavón,
Santiago Romano, Juan David Fernández, Santiago Romano, Guillermo
Palleres, Micaela Romero, Diego Borjas, Maximiliano Graziano, Lucas
Simone y muchos otros pibes y pibas muertos en alguno de esos lugares
"de protección y contención" en todo el país.
Dicho sea de paso, ninguno de ellos había cometido un hecho
de sangre. Muchos, como Germán Medina, ni siquiera habían
sido acusados por un delito, sino que estaban internados por razones
"asistenciales", para satisfacer "necesidades morales
y materiales" que sus familias no podían proveer, y que
el Estado resolvió matándolos.
Nos
dicen también que hay un "vacío legal", que
hay que instaurar a nivel nacional un régimen penal juvenil
similar al que ya rige en otras provincias, como la de Buenos Aires,
con el argumento de que ser juzgado da a los pibes el derecho a defenderse.
De nuevo, es cierto que la ley nacional que rige el procedimiento
penal de chicos menores de edad es de 1980, pero la implementación,
en muchas provincias y países limítrofes, de sistemas
de responsabilidad penal juvenil no han modificado la vulnerabilidad
y la injusticia que padecen los hijos de los pobres.
Tanto
las leyes provinciales ya vigentes, como los diferentes proyectos
existentes y que se vienen, declaman con cuidado cuanto derecho y
garantía procesal recordaron sus autores, e invocan a cada
paso la constitución y pactos internacionales. Así,
empaquetan con un velo políticamente correcto la sujeción
de pibes de 14 años a un régimen penal similar al de
los adultos, que ni siquiera excluye el arbitrario procedimiento sumarísimo
y sin defensa de la flagrancia.
Parte
del discurso para la tribuna se nota cuando hablan de la necesidad
de que los procesos sean rápidos, y que todo el trámite,
desde su inicio hasta la sentencia, dure un año o menos. Cualquiera
que camine los tribunales sabe que sólo se pueden cumplir esos
plazos con condenas express, usando los juicios abreviados, en los
que toda la actividad del defensor oficial se reduce a la extorsión
("firmá el abreviado, pibe, te conviene"), o con
el sistema de la flagrancia. Esos mecanismos, aplicados a la realidad
material de los chicos que son judicializados en nuestro país,
los más pobres y vulnerables, son formidables herramientas
de disciplinamiento social, que no consagran el "derecho al debido
proceso", sino el derecho a la condena.
Imputables
o inimputables, hoy las cárceles de niños están
llenas, y ninguno es el hijo de un empresario, un político
o un funcionario. Esos, cuando cometen un delito, son tan impunes
como sus padres.
Todo este "debate" sobre la imputabilidad penal de los menores
de edad trata, en realidad, de cómo exterminarlos en mayor
número, al menor costo posible, y que los que queden vivos,
sirvan de clientes para las porquerías que trafica la burguesía,
y de mano de obra esclava para su policía. Y que aprendan que
si se rebelan, si dicen "no", les puede pasar como a Luciano
Arruga.
Nos
quieren imponer un falso debate legislativo, escondiendo detrás
de la biblioteca los cadáveres de miles de pobres, hoy al ritmo
de uno por día. No quieren que veamos que, mientras se mantenga
el carácter clasista del sistema judicial y de todo el aparato
estatal, los niños pobres seguirán muriendo en los reformatorios.
Y por supuesto, también seguirán siendo pobres.
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