2014

(En el ENA - Encuentro Nacional Antirrepresivo)

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 717

 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 717

Del 8 de junio del 2014

Por CORREPI especial para Villa Crespo Digital

26 de junio del 2014

Sumario:

1. Balas, palos y gases: sinónimos de ajuste.

2. La represión tiene cara de mundial.

3. Neuquén: condenaron al asesino de Matías Casas.

4. Alejandro Chazarreta: Así se “resocializa” a los presos en Argentina.

5. Penitenciarios en acción por TV.

Balas, palos y gases: sinónimos de ajuste La Multisectorial contra el Ajuste, la Entrega y la Represión que conglomera a distintas organizaciones, sindicatos y pueblos originarios de Chaco fue brutalmente reprimida por el gobierno de Bacileff Ivanoff cuando se manifestaban en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia este 4 de junio, frente a la Casa de Gobierno Provincial. La multitudinaria marcha que aglutinó a aproximadamente 8.000 manifestantes de distintos lugares de Chaco fue la mayor desde que se inició un plan de lucha exigiendo el pago y aumento a cooperativistas, agua potable a las comunidades originarias y de protesta ante el avance represivo como única respuesta al ajuste que lleva adelante el gobernador Ivanoff, quien reemplaza en su licencia al actual jefe de gabinete Jorge Capitanich. Sin instancias de diálogo, el gobierno chaqueño dispuso centenares de policías, un camión hidrante, 50 motos y 40 efectivos de la caballería, que arremetieron contra las columnas de la Multisectorial, persiguiéndolas en un radio de 20 cuadras, hasta el parque 2 de Febrero. El saldo fue de 12 personas detenidas, tres de ellas hospitalizadas con heridas de gravedad. El arsenal del aparato represivo utilizado no discriminó entre balas de plomo, balas de goma y gases lacrimógenos. Éste es uno de los capítulos más cruentos de la represión en suelo chaqueño en lo que va del año, pero no el único: ya han sido por lo menos más de cinco las manifestaciones similares que sufrieron represiones de estas características en 2014. Y no cabe duda de que habrá más mientras el ajuste siga avanzando, y con ello la represión. Mientras tanto, en Buenos Aires, en la noche del jueves 5 de junio y la mañana del viernes 6, varias familias de la Villa 31, en el marco de una protesta y piquete en la Autopista Illia por falta de suministro eléctrico, fueron reprimidas con camiones hidrantes y balas de goma por parte de la policía Metropolitana a cargo de la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ante los reclamos de los vecinos de la 31, las respuestas del estado son siempre las mismas: la represión y la indiferencia por parte de los organismos oficiales ante la situación de emergencia en las villas. Tanto en el interior del país como en la Ciudad de Buenos Aires, la política ante los reclamos es la misma. Acá o allá, reprimir sin mediar palabra es la manera estatal de responder.

La represión tiene cara de mundial A pocos días de una nueva edición de la copa mundial de fútbol, Brasil es una caldera y no precisamente por la pasión futbolera. Movilizaciones multitudinarias en contra del mundial se vienen realizando desde hace meses en todas las grandes ciudades. La exigencia es muy clara: frente a los exorbitantes gastos que implicó, y continua implicando, el evento deportivo, salta a la vista la profunda desigualdad social que una década de gobierno del PT no ha resuelto. Con 30 puntos de pobreza, acuciantes problemas de vivienda y una inflación que ha crecido en los últimos años muy por encima de los salarios, los 11 mil millones de dólares gastados hasta el momento parecen una burla de mal gusto. Esto ha generado que, en uno de los países más apasionados por el fútbol, el 60% de la población esté en contra de la realización del mundial (fuente consultora Pew Research). La presidenta Dilma Rousseff, ante las protestas, expresó que teme un “baño de sangre”. Para “evitarlo” dio piedra libre a la policía y a la gendarmería para reprimir ferozmente. Como no podía ser de otra manera, el baño de sangre fue provocado por los uniformados, quienes ya se han cobrado, según datos oficiales, la vida de once personas. A este número, cabe sumarle los siete obreros muertos en la refacción de estadios, sometidos a ritmos de trabajo inhumanos para llegar a la inauguración. Un hecho que muestra los contrastes actuales en Brasil, lo representa la movilización de 4.000 personas organizada por el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), quienes tomaron un terreno ubicado 4 kilómetros del estadio donde tendrá lugar el partido inaugural y que implicó una inversión de 340 millones de dólares. En medio de este clima, los trabajadores del subte de San Pablo realizaron una huelga por mejoras salariales, que fue reprimida a palazos y gases por la policía local. Los defensores de la realización del mundial en Brasil sostienen que los ingresos que generará el evento superan ampliamente los gastos que actualmente se realizan. Sobre este punto, no hay cifras claras y ningún funcionario salió a dar explicaciones sobre cómo se redistribuiría. Puede esperarse que la mayor parte del dinero generado por la fiebre mundialista termine en los bolsillos de las grandes empresas brasileñas, como ha ocurrido en anteriores mundiales auspiciados por el establishment. Lo que es seguro, es que quienes pagan con su hambre y con su trabajo las lucecitas de colores de la copa del mundo son los trabajadores ocupados y desocupados, reprimidos constantemente por las fuerzas del estado. Para ello no solamente se han militarizado favelas y barrios populares, sino también presentado un proyecto para ampliar los delitos tipificados en la vigente ley antiterrorista. Como vemos, la represión dentro del capitalismo toma rasgos similares en todos los países, también en Brasil.

Neuquén: condenaron al asesino de Matías Casas El 22 de julio de 2012, el policía Héctor David Méndez, de la provincia de Neuquén, regresó impune a su casa después de haber fusilado al pibe Matías Casa. Un incidente menor entre Matías y el hijo del policía asesino motivó que Méndez lo fuera a buscar portando su reglamentaria y que le disparara cuatro tiros delante de varios testigos. La típica reacción de cofradía, la protección que siempre se les brinda desde las estructuras de gobierno, le permitió aquel regreso a su casa después de compartir con sus cómplices institucionales los modos del encubrimiento del crimen. Pero la familia del pibe no se guardó. Entendió que la pelea estaba en las calles, organizados y movilizados, con el invalorable aporte de abogados militantes como es el caso de la compañera Ivana Dal Bianco, del CeproDH, quien estuvo al frente de esa querella. Son numerosos los casos que se reiteran a lo largo y ancho del país, pero muchos en la Patagonia y más en Neuquén. Lo notable y determinante es que, a partir de la movilización popular, las sentencias condenatorias no resultan despreciables. Desde los emblemáticos casos de Teresa Rodríguez y Carlos Fuentealba, asesinados por el estado en casos de represión de la protesta social, hasta los últimos de gatillo fácil como Brian Hernández y este mismo caso, ha sido la organización en las calles, la expresión de solidaridad de clase trabajadora que se teje en esas luchas, la que pone contra la pared a una justicia de élite, normalmente selectiva y criminalizadora de la pobreza, una justicia que prontamente encarcela a los pobres y suele resistirse a hacerlo con los perros guardianes de su sucia existencia. Méndez fue condenado a prisión perpetua por la alevosía de su accionar, pero también por su condición de policía, ese agravante que siempre niegan los jueces y que, ha quedado demostrado, hay que procurar y militarlo en cada barrio. Los familiares de CORREPI acuñaron al respecto la mejor definición: “Nuestra pelea no es sólo por la sentencia, es sobre todo por la conciencia”.

Alejandro Chazarreta: Así se “resocializa” a los presos El 29 de abril, Alejandro Chazarreta fue detenido por personal del destacamento bonaerense de Pompeya, en el partido de Merlo. Su mamá, María Carabajal, se enteró al ir a visitarlo que lo habían golpeado y pateado, al punto de sacarle la corona de una muela, y que lo habían amenazado con matarlo. El 20 de mayo, lo trasladaron a la comisaría 1ª de Merlo, donde volvió a ser torturado. Unos días después, cuando fue a visitarlo, simplemente le dijeron que ya no estaba en esa dependencia, sin la menor indicación de dónde estaba. María se encontró entonces ante la incertidumbre y el terror de una desaparición forzada. Luego de acercarse a la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste y a los militantes de CORREPI en Moreno, el miércoles 28 de mayo interpuso un recurso de habeas corpus en Morón, y comenzó a denunciar públicamente que su hijo estaba desaparecido. Más de una semana tuvo que pasar hasta que pudo encontrar a Alejandro, en la comisaría 3ª de Merlo, en Barrio Parque San Martín, dolorido y con las marcas evidentes del apaleamiento reiterado, pero dispuesto a denunciarlo al juez de su causa. Cuando se trata de presos pobres, es frecuente que los circulen de una comisaría a otra, de un penal a otro, en cada uno de los cuales padecen la clásica “bienvenida” de los uniformados para enseñarles de entrada quién y cómo manda, sin que juzgados, fiscalías, policías ni penitenciarios den información a sus familiares, que enfrentan el terror de la desaparición, como se ha concretado en más de 200 casos desde 1983 a hoy. El habitual mecanismo de los traslados sumidos en una clandestinidad burocrática que no es casual, sin dejar de ser de enorme perversidad, es parte de un conjunto de prácticas dirigidas a disciplinar hasta el total sometimiento a los presos, y muestra qué quieren decir, para el sistema, palabritas tan repetidas como “reinserción” y “resocialización”.

Penitenciarios en acción por TV Un preso que quiere denunciar que los guardiacárceles lo quisieron reclutar para salir a robar para ellos y le dieron un arma mientras cumple su pena es un tema que promete buen rating, así que el periodista Rolando Graña no dudó en entrevistar, en su programa 3P, a Gabriel Sarandón. Así, Sarandón se comunicó al aire, celular mediante, con el periodista, desde la celda de aislamiento de la UP nº 41 d Campana, en la que debió refugiarse después que se negó a robar para los carceleros de la Unidad 24 de Florencio Varela. Contó que tenía mucho miedo, pero quería cumplir su condena y salir a la calle limpio, por lo que se animó a denunciar la situación ante una fiscalía de Morón, que hasta el momento no se preocupó demasiado por investigar, ni menos aún por resguardar su integridad física y su vida. Cuando la conversación llevaba algunos minutos, se escucharon voces y gritos de penitenciarios que ingresaron a la celda, insultos y el grito desesperado del preso: “¡Sueltenmé!”. El video se cortó abruptamente en ese instante. El programa de TV continuó, poco después, con una entrevista a la directora del SPB, que tuvo todo el tiempo que quiso para tratar de explicar que una “celda de aislamiento” no es una “celda de castigo” (¿?), y para asegurar que el servicio penitenciario dispuso “todos los mecanismos del protocolo para este tipo de situaciones”. Todos recordamos cómo funcionaron esos “protocolos” en el caso del servicio penitenciario federal después que el caso del restaurant “Dolly” expuso que organizaban robos con los presos bajo su custodia. El juez de instrucción Baños, con los videos de seguridad, descubrió que uno de los asaltantes estaba preso en Caseros. Poco después, recibió en su casa un pequeño ataúd con una foto suya y una bala, y estalló un artefacto explosivo en la puerta de su despacho del quinto piso del Palacio de Tribunales. Peor la pasaron los presos que se animaron a declarar ante el juez la forma en que eran obligados a salir a robar para sus guardianes. Media docena de ellos murieron entre 1998 y 2001, como Miguel Ángel Arribas, fusilado por la espalda por agente del SPF Giménez, después que le facilitaran una fuga en un traslado, o Maximiliano Noguera, “suicidado” en su celda cuando estaba por recuperar la libertad.

FUENTE: CORREPI

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