21
de febrero del 2015
Por
CORREPI especial para Villa Crespo Digital
FISCALES
Y JUECES DEL 18 DE FEBRERO: DOS MENTIRAS NO CONSTRUYEN UNA VERDAD
El 18
de febrero mucha gente marchó detrás de hombres y mujeres
de la Justicia, cuyas historias individuales resumen sus quiebres y
requiebres con el poder de turno al que sirven lealmente, hasta que
aparece alguna otra versión en el horizonte. Algunos de los que
se encolumnaron con ellos y los aplaudieron, quizás creyeron
de buena fe que marchaban por verdad y justicia, o que homenajeaban
a alguna especie de mártir.
Con estos
sistemáticos profesionales de la impunidad y el encubrimiento,
nadie puede esperar verdad y justicia. Ninguno de ellos se preocupó
jamás por verdad y justicia para los trabajadores, a los que
persiguen y condenan si se organizan y defienden lo que es suyo; ni
por verdad y justicia para los pibes fusilados por la policía;
para los presos torturados en cárceles y comisarías o
para los desaparecidos desde 1983 hasta hoy. Estos son algunos ejemplos:
1.
Los Centauros:
A principios
de los '90, unos 20 fiscales del fuero criminal se agruparon bajo el
liderazgo del veterano Norberto Quantín, integrante del aparato
judicial desde 1958. El entonces fiscal de cámara era conocido
por su extremismo religioso, al punto que repudió a una sobrina,
a la que había conseguido un puesto en la fiscalía de
su lugarteniente José María Campagnoli, porque se casó
con un divorciado.
Otro que
integraba el grupo era Pablo Lanusse, el fiscal que se hizo famoso durante
el menemismo por la causa del contrabando de oro y el ataque que denunció,
cuando lo secuestraron por un rato y apareció con la palabra
"oro" tajeada. Tiempo después, resultó que uno
de los involucrados en el delito era Antonio Lanusse, familiar directo
del fiscal.
No se
sabe bien si ellos mismos se denominaron Los Centauros, o si fue un
aporte de la prensa, pero no pasó mucho tiempo hasta que empezó
a circular una explicación plausible: Eran Centauros por la cabeza
de fiscal y el cuerpo de patrullero, como graficó por entonces
una viñeta en un diario nacional, y como confirmamos con cada
causa por torturas o por fusilamientos de gatillo fácil que sistemáticamente
archivaron.
En mayo
de 2003, los dos centauros principales fueron convocados por Néstor
Kirchner para secundar a Gustavo Béliz en el ministerio de Seguridad.
Así, los fiscales Quantín y Campagnoli, secretario y subsecretario
de Seguridad, fueron los Berni de la época, y dirigieron epopeyas
represivas como el operativo de la PFA el 16 de julio de 2004 en la
Legislatura porteña, contra la manifestación que trataba
de impedir el endurecimiento del código contravencional, que
concluyó con 17 presos políticos por más de dos
años.
Unos meses
antes, el 19 de abril de 2004, el trío Béliz-Quantín-Campagnoli
había presentado en público el "Plan Estratégico
sobre Justicia y Seguridad", el aporte del gobierno kirchnerista
a la Cruzada Blumberg, con una serie de proyectos que iban desde la
reforma manodurista de los códigos penal y procesal penal a la
disolución de la SIDE y la creación de la AFI (Agencia
Federal de Inteligencia, ¿les suena?), pasando por varias de
las leyes antiterroristas promulgadas desde entonces hasta 2010 por
el congreso nacional.
El tercer
centauro, Pablo Lanusse, tampoco estuvo lejos de la gestión de
Néstor Kirchner. Entre 2003 y 2004, fue secretario de Justicia
y Asuntos Penitenciarios en el ministerio de Justicia, y luego fue enviado
como interventor federal a Santiago del Estero.
Campagnoli
y Lanusse fueron dos de los fiscales que encabezaron la marcha del 18
de febrero, convocada para homenajear al también fiscal Alberto
Nisman.
2.
Los encubridores de los crímenes de lesa humanidad de Alfonsín.
Unos cuantos
años antes, en 1989, la justicia federal, a la que ya pertenecía
Nisman, mostró la hilacha en el amañado proceso contra
los trece sobrevivientes del ataque al cuartel de La Tablada, los seis
militantes capturados fuera (el "grupo de agitación")
y el cura Puigjané. Los fiscales que intervinieron en la instrucción
y el juicio, Juan Martín Romero Victorica y Raúl Pleé;
el juez federal de Morón, Gerardo Larrambebere (cuyo juzgado
era conocido como "la cueva de los servicios"), y los camaristas
federales de San Martín, Hugo Fossati, Marta Herrera y Jorge
Barral, silenciaron sistemáticamente las denuncias por torturas,
y obturaron toda posible investigación por el fusilamiento y
desaparición de detenidos con vida, hecho hoy rotundamente probado
y tardíamente en trámite de instrucción.
Larrambebere
designó a un hombre de su confianza para que actuara como secretario
"ad hoc" en el cajoneo de esas denuncias: un tal Natalio Alberto
Nisman, que ya entonces evitaba su primer nombre, y sería mejor
conocido en el futuro como Alberto Nisman. El 23 de enero de 1989, el
fiscal que hubiera debido intervenir era Santiago Blanco Bermúdez,
pero estaba de licencia, por eso le tocó el turno a Romero Victorica.
Por esas vueltas al parecer nada casuales de la vida, hoy Blanco Bermúdez
es el abogado del ubicuo espía Antonio/Jaime Stiuso/Styles.
Romero
Victorica y Pleé llegaron a la Cámara Federal, donde fueron
colegas de Germán Moldes, el mismo que instó hasta el
infinito la acusación contra los dirigentes de la FUBA, que habían
sido acusados y absueltos por la toma del Rectorado durante una protesta
estudiantil en 2008.
Pleé
y Moldes también fueron convocantes de la marcha del 18 de febrero,
a la que asistió en lugar destacado Romero Victorica, para homenajear
a otro de los encubridores de las torturas, ejecuciones y desapariciones
de La Tablada.
3.
Los de la coima de Pedraza.
El 20
de octubre de 2010, una patota de la burocracia sindical, apoyada por
la patronal ferroviaria y las policías federal y bonaerense,
atacó a balazos una manifestación de trabajadores tercerizados.
Mariano Ferreyra fue fusilado, Elsa Rodríguez recibió
un tiro en la cabeza y otros dos militantes resultaron heridos de bala.
Cuando la habitual reticencia judicial empezó a ser vencida por
la fuerza de la movilización popular, parte de la patota fue
detenida y se empezó a cerrar el cerco sobre los jefes de la
Unión Ferroviaria, José Pedraza y el "Gallego"
Fernández.
Una formidable
maniobra de tráfico de influencias reunió a un ex juez
federal, Octavio Aráoz de Lamadrid; al contador de la Unión
Ferroviaria, Angel Stafforini; al ex agente de la SIDE y asesor de la
Presidencia Juan José Riquelme y al prosecretario de Casación
Luis Ameghino Escobar. El objetivo era que, en plena feria judicial,
la Cámara de Casación revocara la prisión preventiva
y el procesamiento de la patota. El precio, "cincuenta mil verdes",
como se escuchó una y mil veces en la grabación de las
conversaciones telefónicas de los participantes del intrincado
esquema, cuya piedra angular era que la causa quedara radicada ante
la sala integrada por Eduardo Riggi, Gustavo Wagner Mitchell y Mariano
González Palazzo, que era a la que Aráoz de Lamadrid aseguraba
tener "buena llegada".
El camarista
federal Eduardo Riggi, involucrado en la causa de coimas, también
marchó el 18 de febrero.
4.
El ministro de Seguridad de Scioli.
Carlos
Stornelli es otro especialista en perseguir trabajadores, militantes
y cualquiera que se organice para defenderse, al mismo tiempo que se
esmera en proteger funcionarios, salvo cuando los inminentes cambios
de viento lo motivan a reorientar su velamen. En 1999, el ministro del
Interior difundió un informe oficial de "eficiencia policial"
que indicaba que, en el barrio de Once, la policía había
detenido 12.500 personas en 1998, y 1.300 en los primeros 26 días
de 1999, todos sin acusaciones por delitos, sino por averiguación
de antecedentes o contravenciones. El detalle adicional era que el 90%
eran inmigrantes latinoamericanos, la mayoría peruanos. CORREPI
denunció a la comisaría y a todos los funcionarios responsables
por esas detenciones arbitrarias. El fiscal Stornelli instó la
desestimación de la denuncia por "inexistencia de delito",
y justificó que la policía hiciera sus razzias en un "universo
de inmigrantes ilegales".
En mayo
de 2006, varias organizaciones piqueteras protestaron frente a la sede
central de Repsol YPF, reclamando la rebaja del valor de la garrafa.
El fiscal Stornelli pidió al juez Galeano que la policía
federal llevara a cabo tareas de inteligencia sobre los grupos manifestantes
para poder pedir capturas. El mismo año, pero en septiembre,
Stornelli pidió la elevación a juicio de la causa contra
los militantes de Quebracho, el MTR-Cuba y la FTC que habían
repudiado la presencia del enviado del FMI, Rodrigo Ratto, en el ministerio
de Economía en 2004.
Unos años
antes, fue el fiscal que impulsó la causa del "complot"
contra De La Rua, usando como "prueba" una hoja del cuaderno
de apuntes de nuestro compañero, el militante Carlos "Petete"
Almirón, encontrado en la mochila secuestrada junto a su cuerpo
cuando fue asesinado en la represión a la rebelión popular
del 20 de diciembre de 2001. La hoja de cuaderno contenía el
esquema para una charla de formación en un comedor popular, con
puntos como "por qué la organización, qué
es la lucha, qué es el cambio social, por qué el Hombre
Nuevo".
Antes
de las elecciones de octubre de 2007, tras rechazar el ofrecimiento
de Mauricio Macri para ocupar el cargo de procurador de la ciudad de
Buenos Aires que sí aceptó su colega de la justicia criminal
Luis Cevasco-, Stornelli anunció que sería el ministro
de Seguridad del gobernador en ciernes, Daniel Scioli. Tenía
para entonces fluidos lazos con el kirchnerismo, al punto que, en la
causa por sobornos y sobreprecios de la empresa Skanska, anticipó
a su amigo Aníbal Fernández que iba a citar a los funcionarios
involucrados (Ulloa y Madaro), cosa de que fueran convenientemente echados
antes de entrar a Comodoro Py.
Hasta
la crisis de 2010, que Scioli conjuró unificando los ministerios
de Justicia y Seguridad bajo el comando de Granados, Stornelli fue el
responsable político de la policía bonaerense por orden
y cuenta del hoy presidenciable Scioli, pero no resignó sus otros
vínculos. Nombró como su colaboradora cercana a la mujer
del barra brava de Boca Rafael Di Zeo, por entonces preso, y fue jefe
de seguridad del club dirigido por Macri, trabajito compartido con su
amigo Pleé.
Por su
parte, Cevasco, que como fiscal argumentó una vez que el homicidio
del joven hincha de Vélez Germán Barbaresi no valía
una acusación, porque "el fútbol no es un deporte
de caballeros como el rugby", es, hasta hoy, una de las cabezas
del Ministerio Público de la justicia de la Ciudad.
Stornelli
fue de los más enfáticos convocantes de la marcha del
18 de febrero, a la que no faltó el fiscal Cevasco.
5.
Los que condenan trabajadores y protegen represores.
Muchos
otros marcharon también, como el jefe de la UEJN y secretario
de DDHH de la CGT de Moyano, Julio Piumato, que terminó siendo
el único orador del acto y responsable de la fornida seguridad
que formó "corralitos" para separar a los familiares
de Nisman de los funcionarios judiciales, y a éstos de los políticos
y el resto de la gente.
Estuvieron
los fiscales Carlos Rívolo, Guillermo Marijuán, Ricardo
Sáenz, Carlos Donoso Castex y Jorge López Lecube; los
jueces y camaristas Juan Carlos Gemignani, Jorge Gorini, Ezequiel Berón
de Astrada, César Osiris Lemos, José Martínez Sobrino,
Marcelo Gallo Tagle, Miguel Ángel Caminos, Diego Barroetaveña,
Mariano Borisnky, Eduardo Riggi, Luis Salas, Diego Guardia, Sergio Paduczak,
Leopoldo Bruglia, Adriana Pallotti, Julio Panelo, Gregorio Corach, Ricardo
Farías y Gabriela Ruiz; fiscales de otras jurisdicciones como
Alberto Losada (Córdoba) y Julio Piaggio, de La Plata, o Martín
Ocampo de la CABA, y ex jueces y fiscales como Raúl Madueño,
Ricardo Gil Lavedra y Jorge Valerga Aráoz. Y la jueza federal
de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, claro.
De todos
ellos hay mil historias para contar, pero digamos simplemente, para
no aburrir, que siempre que pueden protegen a los suyos, y que cuando
excepcionalmente no lo logran, porque la movilización popular
y la lucha los acorralan y deben liberar un luchador o condenar a un
represor, se cuidan bien de dejar a salvo al estado, preservando su
buen nombre y honor, junto con la gobernabilidad democrática.
6.
Ni con éstos, ni con los otros.
Tampoco
hay verdad y justicia en la otra vereda de la familia judicial, la de
los que siguen, por ahora al menos, fieles al gobierno kirchnerista,
el campeón de los derechos humanos, con sus 2.778 asesinados
mediante el gatillo fácil y la tortura; con 20 asesinados en
la protesta social; con los petroleros de Las Heras condenados a prisión
perpetua y miles de trabajadores sometidos a proceso penal por organizarse;
con sus patotas de la burocracia sindical, sus uniformados militarizando
los barrios, sus desaparecidos y sus leyes antiterroristas para perseguir
la militancia.
Unos y
otros son los jueces y fiscales que nos acusan de "presionar a
la justicia" cuando nos movilizamos por la libertad de un compañero
o por la condena de un represor; los que persiguen a cuanto trabajador
se organice y vaya a la huelga, tome una fábrica o haga un piquete.
A ninguno hemos visto ni veremos jamás defendiendo algo que no
les convenga a ellos y a sus mandantes del poder, respondan a una u
otra fracción de la burguesía.
Así
como la suma de dos mentiras no resulta en una verdad, ni con unos ni
con otros encontrará el pueblo trabajador ni un tantito así
de justicia.
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