BOLETIN
INFORMATIVO Nº 748
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BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 748
Del
29 de enero del 2015
Por
CORREPI especial para Villa Crespo Digital
9
de febrero del 2015
Sumario:
1.
EEUU: De la práctica a la realidad.
2.
Yo te robo, yo te vendo la seguridad.
3.
La UOCRA y la represión tercerizada.
4.
La tortura y las muertes en cárceles no son casos aislados sino
política de estado.
5.
Marchaban contra la represión, y los baleó la policía.
EEUU:
De la práctica a la realidad.
Los policías
de Florida, en EEUU, llevan adelante sus prácticas en condiciones
que pretenden simular la realidad. Según J. Scott Dennis, jefe
de la Policía de North Miami Beach "es necesario que
todo policía este preparado para enfrentar la realidad (...),
el reconocimiento facial es crucial a la hora de portar un arma y saber
utilizarla". De esta forma Dennis intentaba explicar por qué
la policía utiliza, en sus entrenamientos, fotos de jóvenes
negros detenidos en los últimos meses para sus prácticas
de tiro.
Lo cierto
es que, en la realidad, los policías de EEUU aplican lo que se
les enseña y aprende. En el último año, fueron
varios los casos conocidos de pibes negros fusilados por la policía,
como Dontre Hamilton en Milwakee; Michael Brown, en Ferguson; Tamir
Rice, de 12 años, en Cleveland; Akai Gurley en Brooklyn; Levar
Jones en Columbia; Ezel Ford en Los Angeles; John Crawford en Ohio y
Eric Garner, en Nueva York. A ello se sumó, el 30 de diciembre
de 2014, el fusilamiento de Jerome Reid en Nueva Jersey. Cabe aclarar
que los policías implicados en la seguidilla de asesinatos no
fueron detenidos, enjuiciados ni acusados judicialmente, luego de que
toda la institución policial de EEUU haya encarado una suerte
de protesta, que consistió en no llevar adelante sus tareas cotidianas:
detenciones arbitrarias.
Jerome
y sus amigos viajaban en su auto cuando la policía los detuvo
en el marco de controles masivos que estaban haciendo en la ruta. Jerome
no tuvo tiempo de bajar del auto, ya que el agente de policía
Braheme Days disparó seis veces contra él, asesinándolo
en el acto.
Las caras
de los jóvenes negros que hoy pueblan las manifestaciones en
todo EEUU contra la represión policial, son sólo una ínfima
parte del resultado concreto del accionar cotidiano de las fuerzas de
seguridad yanquis, que asesinan un promedio de 400 personas por año,
número que incluye dos pibes negros asesinados por semana. Así
se sostiene el sistema democrático más "firme"
del mundo.
Por supuesto,
EEUU no es una excepción. En Brasil, el 14 de enero, es decir
la misma semana que la que la cúpula de la policía norteamericana
intentaba justificar sus prácticas de "tiro al negro",
Patrick Ferreira Queiroz, de 11 años, era fusilado de un tiro
al corazón por la policía militarizada de Todos Os Santos.
Una semana antes, Patrick había sido arrestado por la misma policía
que lo mató. Al asesinarlo, los agentes brasileros se justificaron
diciendo que Patrick tenía un arma en su mano, arma que naturalmente
nunca se encontró.
No es
casualidad ni error. Si en Argentina son los pibes de las barriadas
populares a quienes la policía constantemente intenta controlar,
en EEUU este objetivo tiene como protagonistas a los jóvenes
negros de los barrios más alejados de las postales veraniegas
o las escenas hollywoodenses, y lo mismo sucede con los pibes que viven
en las favelas de Brasil. Control social y disciplinamiento, si no es
con consenso, es con represión.
Yo
te robo, yo te vendo la seguridad.
La publicidad
del Operativo Sol de la provincia de Buenos Aires nos dice que hay 12.000
policías en la costa prestándole atención a la
multitud veraniega. El objetivo de tamaño operativo es que todo
aquel que elija pasar sus vacaciones en la playa "se sienta seguro".
Habría que preguntar si la sensación de seguridad también
abarca a los cientos de jóvenes que, lejos de ser turistas, viven
en los barrios más excluidos, aquellos que no visitan la playa
sino las comisarías, ya que la policía incrementa notablemente
las detenciones arbitrarias en toda la costa durante el verano.
También
podemos preguntar a los vecinos de Las Toninas, que debían pagarles
al jefe de calle y al comisario a cambio de "seguridad". Si
elegían no pagar, les explicaban los emprendedores policías,
iba a ser difícil garantizar que no los asaltaran.
El 19
de enero de este año, cuando arrancaban los primeros días
de la segunda quincena, tanto el comisario como el jefe de calle fueron
detenidos y acusados de extorsión, luego que varios vecinos se
animaron a organizarse para denunciar el hecho públicamente.
Este es
un ejemplo más de que cómo funciona a dos puntas la criminalidad
policial: o te roban, o te extorsionan para no robarte.
En la
misma semana, y bien lejos de la costa, en la provincial de Chaco, la
noticia fue que otro comisario, Marcos Vivero, fue detenido después
que un pibe, apoyado por su papá, se animó a denunciar
que el jefe policial lo estaba extorsionando. Resulta que el 31 de enero
un comerciante fue asaltado, y le robaron $40.000. Un chico de 19 años
fue acusado del robo, pero pronto fue liberado ya que no tenía
nada que ver. Poco después, fue objeto de una maniobra extorsiva,
y cuando fue a la comisaría a denunciarlo, descubrió que
el comisario y un cabo eran los que se quedaban con el dinero. Naturalmente
la maquinaria judicial intervino, se pulieron los cargos contra el comisario,
y ya salió en libertad con una imputación excarcelable,
encubrimiento de robo e incumplimiento de deberes funcionales.
Un último
ejemplo, también de Chaco, de la localidad de Sáenz Peña,
muestra que aprenden estas mañas de chiquitos. A un vecino le
robaron una moto, y luego empezó a recibir mensajes pidiendo
un "rescate" para devolvérsela. Claro que resultó
que el ladrón/extorsionador era un cadete de la policía
provincial, de 22 años, que ya cumplía tareas como "caminante",
es decir, patrullando la calle. En el domicilio del pichón de
represor, además de la moto robada, se secuestraron armas y una
fuerte suma de dinero, lo que permite suponer que en materia delictual
no era un principiante.
Quienes
justifican su presencia y la militarización de nuestros barrios
basándose en la inseguridad, son los mismos que la fabrican.
Una vez más, la inseguridad es la policía en la calle.
La
UOCRA y la represión tercerizada.
Cuando
hablamos de represión tercerizada no pretendemos inaugurar categorías
en abstracto, sino que apuntamos a analizar en concreto una forma de
funcionamiento, una práctica sistemática, sus orígenes
y sus objetivos, basándonos en los hechos reales.
El martes
20 de enero, en horas del mediodía, una reunión de trabajadores
de una obra pública de instalación de antenas de telefonía
móvil situada en el Barrio Industrial de Caleta Olivia fue interrumpida
por una patota de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción
de la República Argentina, seccional Santa Cruz) liderada por
su Secretario General, Cristian Zalazar, que exigía a todos los
presentes que se desafiliaran de la delegación local del SITRAIC
(Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción
y afines) y se pasaran a su lista, amenazando con parar la obra si no
lo hacían.
Frente
a esta situación, el Delegado Coordinador del SITRAIC local,
Alejandro Lugo, se hizo presente para defender la representatividad
gremial de los afiliados e invitando a la conducción de la patota
a retirarse. Frustrado el apriete, se produjo una discusión entre
comisiones que terminó con seis balazos sordos que llovieron
desde la camioneta de Zalazar hacia la reunión de trabajadores.
Uno de los seis impactó en la pantorrilla de Lugo, antes de que
la patota se retirara en su camioneta Amarok blanca, propiedad de una
empresa minera de la zona. El Delegado del SITRAIC denunció,
horas después, que estas situaciones "son comunes",
ya que "no es la primera vez" que recibe un disparo de la
UOCRA. Meses atrás, recordó, "me balearon la camioneta
y fue la misma persona que hoy me disparó".
Sabemos
que –como dijo el compañero Lugo- no es la primera vez
que pasa algo así: no lo fue para el SITRAIC en su larga experiencia
con las patotas de la UOCRA, tampoco lo fue para Mariano Ferreyra cuando
fue asesinado por la Unión Ferroviaria, como tampoco lo es históricamente
para la clase trabajadora y el campo popular en Argentina el protagonismo
de la burocracia sindical –y otras fuerzas parapoliciales- como
fuerza de choque que reemplaza el rol del aparato represivo del Estado
y garantiza el cumplimiento de su función: reprimir, desbaratar,
desorganizar los núcleos que se organizan y luchan. La diferencia
no radica en los métodos, tampoco en los límites de la
ley –que no los reconoce igual, pero sí los ampara lo mismo-,
sino en el costo político que paga la clase dirigente.
La represión
tercerizada entonces, es –hasta ahora- una de las formas más
efectivas que ha encontrado el estado para reprimir a los trabajadores
y el pueblo con jabón en mano: la responsabilidad política
queda en otro lado.
La
tortura y las muertes en cárceles no son casos aislados sino
política de estado.
La tortura
y la muerte en las cárceles argentinas son parte de una cruda
realidad que sufren las personas privadas de su libertad y una metodología
represora que en el primer mes del año 2015 suma victimas. La
Procuración Penitenciaria de la Nación es contundente
en el registro de fallecimientos bajo custodia del SPF de los últimos
siete años. El organismo oficial, que depende del ministerio
de Justicia, informa en su web que en 2009 se registraron 47 muertes,
33 en 2010, 38 en 2011, 56 en 2012, 45 en 2013 y 51 en 2014. En el primer
mes de este año registraron dos. Sobre los casos de torturas
documentados, informan que en 2008 sucedieron 113 casos, 197 en 2009,
204 en 2010, 403 en 2011, 441 en 2012, 724 en 2013 y en 2014, hasta
el 15 de octubre, 520 de casos de tortura. En ambos casos, además
de tratarse de datos acotados a unidades penitenciarias federales, sólo
se registran los hechos que llegan al conocimiento de la PPN.
En las
últimas semanas, tres hechos violentos de torturas y muertes
en cárceles tomaron estado público por la convicción
de familiares de denunciarlos públicamente para quebrar la impunidad.
Son los relatos que dan cuerpo y rostro a los números estadísticos
la Procuración Penitenciaria de la Nación.
El 22
de enero, un detenido de avanzada edad falleció en el Pabellón
C de la Unidad Residencial I de Ezeiza, destinado al alojamiento de
personas bajo medida de resguardo de integridad física. Sus compañeros
de alojamiento cuentan que los guardiacárceles lo obligaron a
correr bajo amenazas, hasta que cayó muerto en su celda con el
corazón agotado.
La madrugada
anterior, otro detenido, muy joven, murió por ahorcamiento dentro
de las celdas de aislamiento del Pabellón H de la Unidad Residencial
IV del mismo complejo. Unos días antes había hecho una
denuncia por torturas.
Finalmente,
el miércoles 21 de enero, Walter Lautaro Pereyra Carballo, de
23 años de edad, fue víctima de torturas por parte de
personal penitenciario de la Unidad 5 de Mercedes, con la presencia
e intervención de Diego Pérez, jefe del penal, quien amenazó
de muerte al joven durante la visita delante de su compañera.
Walter
Pereyra, padre del joven e integrante de CORREPI, respira profundo.
Exhala su aire, imagina el momento por el que pasa su hijo cuando el
infierno abre las puertas y las bestias descargan su furia e impunidad.
Fue trasladado de la Unidad 11ª de Baradero hacia Mercedes por
un comparendo: "Lo trajeron de vuelta a Mercedes y permaneció
diez días en esa unidad. Una semana antes del 21 de enero, subió
a comparendo, tuvo visita y sufrió una convulsión. Fue
medicado. Pero el 21 de enero tenía otra visita con la novia
a quien no la dejaban pasar. Ingresó como a las 10 de la mañana,
pero apareció Diego Pérez, Jefe del Penal de Mercedes
y un tal Martínez, Jefe de Turno. Le comunican a mi hijo que
se terminó el horario de visita, pero él se niega a aceptar
la orden porque la visita terminaba a las 16:00. En ese instante, Diego
Pérez le dice: "Tan bueno sos, te voy a recagar a palos,
te voy a mandar a buzones, voy a hablar con unos internos para que te
recaguen a puñaladas". Cuando terminó la visita le
dieron una paliza tremenda".
La conciencia
adquirida por la fuerte militancia de Walter, posibilitó el resctae
de su hijo, para reintegrarlo a Baradero: "Llamé al Servicio
Penitenciario. Les dije que integro CORREPI y exigí que lo devuelvan
a la Unidad 11 de Baradero. Les dije que presentaría un habeas
corpus. Ese mismo día, el 21 de enero a la noche, ya lo estaban
sacando. La Unidad Nº 11 de Baradero no lo quería recibir
porque estaba todo golpeado, pero mi hijo les suplicó que no
lo mandaran de vuelta a Mercedes. Después de la paliza lo dejaron
esposado, entre siete horas, dentro del buzón. Tenía golpes
en la espalda, el tórax, le destrozaron la boca, la cabeza. Tengo
todas las fotos. En la fiscalía de Mercedes radiqué una
denuncia penal contra agentes del Servicio Penitenciario".
El gobierno
de los Kirchner es el campeón de la violación de los Derechos
Humanos. Es el que más presos políticos ha tenido a lo
largo de su mandato, el de más muertos por el gatillo fácil,
el de más muertos en cárceles y comisarías. Contra
este escenario de represión estatal, la lucha organizada es fundamental
para visibilizar y denunciar una política de estado: la represión.
Marchaban
contra la represión, y los baleó la policía.
En el
Boletín nº 747 denunciábamos que el 16 de enero,
en la comisaría 27ª de Godoy Cruz, Mendoza, Leonardo Adolfo
Rodríguez, de 20 años, detenido dos horas antes por la
inefable averiguación de antecedentes, había muerto en
la celda, en un inverosímil suicidio.
La creciente
organización de la militancia antirrepresiva en la provincia
de Mendoza rodeó a los familiares y amigos, que desde entonces
vienen movilizándose, y enfrentando la represión.
La primera
marcha, horas después del hallazgo del cuerpo, reunió
unos 500 vecinos que se manifestaron por el centro de la ciudad, que
no llega a los 190.000 habitantes, bajo la consigna "A Leo lo suicidó
la policía". Terminada la actividad, cuando los manifestantes
regresaban al barrio Parque Sur, fueron emboscados por personal policial,
que los atacaron sus armas reglamentarias. Un chico de 14 años
recibió un disparo de bala de plomo, y tuvo que ser trasladado
de urgencia al hospital Notti. Varios jóvenes fueron atropellados
por policías de la división Motorizada y muchas de las
viviendas fueron baleadas en sus frentes.
En un
comunicado que firman las organizaciones mendocinas que están
acompañando a los vecinos y familiares de Leonardo (Observatorio
de la Violencia del Estado en Mendoza, La veleta y la antena, Coordinadora
Antirrepresiva Mendoza, Partido de los Trabajadores Socialistas –PTS-,
CTA Guaymallén, Movimiento de la Izquierda Revolucionaria –MIR-,
Aristazo por el Agua Pura, Sur para la Emancipación; Juventud
Insurgente, La Mosquitera, Talleres Creativos El Picaporte, Raíz
Popular, Biblioteca Mirador de Las Estrellas), y al que CORREPI adhiere,
los compañeros convocan a todas las organizaciones antirrepresivas
a sostener la lucha que están llevando adelante en la provincia
de Mendoza contra el gatillo fácil y la tortura seguida de muerte
en manos de las fuerzas represivas del estado.
FUENTE:
CORREPI
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