BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 747
|
COMUNICADO
BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 747
Del
20 de enero del 2015
Por
CORREPI especial para Villa Crespo Digital
28
de enero del 2015
Sumario:
1. La represión no se toma vacaciones.
2.
Charlie Hebdo y la política "antiterrorista".
3.
Las variables no modifican el resultado: la represión es política
de estado.
4.
¡Así da gusto la cárcel!
5.
¡Libertad a los defensores de los presos políticos vascos!
La represión no se toma vacaciones.
El calor
del verano no viene solo. En las últimas semanas, y en diferentes
lugares del país, se dieron situaciones represivas con diversas
modalidades que evidencian que, cuando se trata de mantener a raya al
pueblo, la clase que domina cuenta con diversas metodologías.
El jueves
8 de enero, vecinos del barrio de Lugano, en la ciudad de Buenos Aires,
salieron a la calle a reclamar por la falta de luz que venían
sufriendo desde hacía días. A partir las 11 de la mañana,
y durante siete horas, mantuvieron cortada la autopista Dellepiane,
hasta que la Policía Metropolitana recibió la orden de
correrlos del lugar. Con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos,
los uniformados avanzaron para desalojar la autopista, dejando varias
personas heridas, entre ellas una nena de 8 años que los mismos
vecinos llevaron hasta el hospital Piñero. Los manifestantes
atinaron a defenderse tirando piedras, pero en poco tiempo las fuerzas
represivas ya habían liberado ambos carriles. De la provisión
de energía eléctrica, ni noticias.
Días
antes, un grupo de 35 jóvenes también había sufrido
la represión, pero en la ciudad de Neuquén. Los pibes
y pibas, en situación de calle, y que subsisten con changas,
acampaban frente a la Municipalidad de Neuquén, cuando fueron
atacados por ocho policías de la comisaría 1ª. Estaban
acostumbrados a ser hostigados, a recibir los palos del estado, algo
que, sabemos, pasa en cada barriada de nuestro país, pero en
este caso los policías no sólo hicieron lo que para ellos
es una rutina, sino que también les amontonaron las pocas cosas
que tenían y se las prendieron fuego, con el claro objetivo de
echarlos del lugar.
A Neuquén
hay que sumarle Chubut. Una familia del barrio Oeste de la ciudad de
Trelew, festejaba un cumpleaños. Alrededor de las dos de la mañana,
uno de los que estaban en el festejo salió al portón de
la vivienda. La policía, al verlo, lo interceptó y lo
arrastró unos treinta metros para golpearlo salvajemente. La
familia salió para ayudarlo y la respuesta que recibieron fueron
puros balazos de goma. Volvieron a meterse en la casa, y los policías
fueron hasta ahí para seguir con la brutalidad: les tiraron piedras,
les dispararon con más balas de goma, y también de plomo,
y dejaron heridos a cuatro chicos de 10 años. La cumpleañera
pasó la noche en distintas comisarías, porque no conformes
con el nivel de violencia que habían descargado sobre toda la
familia, la policía se la llevó detenida.
La represión
que es moneda corriente en los barrios, también lo es para quienes
se organizan contra las injusticias del sistema. La semana pasada, unos
diez militantes del Partido Obrero fueron atacados por una patota, mientras
estaban haciendo una pintada, en Chaco. Un sujeto se acercó a
los militantes y los amenazó, diciéndoles que se fueran,
invocando a Gustavo Martínez, ministro de Desarrollo Urbano y
Territorial del Gobierno provincial y presidente de la empresa estatal
de agua, SAMEEP. Los militantes, sin ceder a la intimidación,
continuaron la pintada. A los pocos minutos, este sujeto regresó
con 30 personas más, armadas con palos, piedras y hasta un arma
de fuego. Al grito de "ahora van a ver quién es Gustavo
Martínez", terminaron sacándolos a golpes.
Por último,
el 12 de enero, los compañeros de la Junta Interna de ATE Garrahan
comunicaron que el compañero Leonardo Baldiviezo fue agredido
físicamente por Héctor "Pelusa" Carrica, delegado
general del Ministerio de Salud y dirigente de ATE Nacional, a cargo
del departamento de derechos humanos, por repartir volantes a favor
de construir una alternativa clasista y exigiendo el pase a planta permanente
y aumento de salarios. Una vez más, la burocracia se hizo sentir
a través de sus metodologías patoteriles, tan conocidas
por los compañeros que militan en el sindicalismo antiburocráctico.
Como queda
constantemente demostrado, la represión se descarga permanentemente
sobre los pobres, en cada barrio donde la cana impone un orden y una
autoridad que, se supone, no se puede cuestionar.
Pero la
represión no sólo es ejecutada por las fuerzas oficiales.
Los defensores de la desigualdad también cuentan con patotas
que están dispuestas a hacer el trabajo sucio como no podría
hacerlo una fuerza del estado. No es casual que este tipo de represión,
la represión tercerizada, sea comúnmente utilizada para
hostigar o amedrentar a quienes se han organizado para modificar un
orden de cosas, donde el estado- como en estos casos, pero también
las patronales-, amenazado por la organización y la lucha, no
puede abiertamente salir a frenar a nadie, porque entonces quedaría
desvelado el verdadero interés que representa, el de los ricos
que viven a costa del pueblo trabajador.
Charlie
Hebdo y la política "antiterrorista".
La mañana
del miércoles 7 de enero amaneció con la noticia del atentado
a las oficinas de redacción de la revista satírica francesa
Charlie Hebdo. Más de 50 tiros, 17 muertos y al menos 10 heridos
se volcaron en los titulares de toda la audiencia mundial. Todo el arco
político francés, con el inefable rol de los medios hegemónicos
y el inmediato alineamiento de la burguesía internacional, se
precipitaron a repudiar el hecho como el mayor atentado de la historia
de Francia en más de cincuenta años, y a instalar -en
pleno contexto de la "Guerra contra el terrorismo"- la condena
en abstracto de las prácticas extremistas, como contraparte de
la bandera de la democracia y la libertad de expresión. De este
modo, mientras la Plaza de la República era colmada por una movilización
millonaria que bregaba por "la paz", encabezada por el presidente
francés Hollande, los principales gobernantes de la Unión
Europea y otros jefes de Estado, las calles de todo el país eran
teñidas de fuerzas de choque.
El gobierno
de Hollande, por orden del primer ministro francés Manuel Valls,
decidió aumentar el plan de protección antiterrorista
(Plan Vigipirate) al nivel de "alerta atentados", el más
alto posible. Se destacaron 88.000 efectivos en toda la región
para controlar las calles y viviendas, monitoreadas -además-
por helicópteros, como medida de prevención de posibles
atentados, como explicaría Valls: "Se estima que hay unos
1.400 terroristas franceses o residentes en el país que son candidatos
potenciales o que ya se sumaron a la Yihad en Siria o Irak". Asimismo,
se movilizaron 5.000 policías para vigilar las sinagogas y escuelas
judías, y se desplegaron 10.000 militares para reforzar el control
de instalaciones y edificios "estratégicos", sitios
neurálgicos, transportes públicos, etc.
El procedimiento
necesariamente nos hace recordar a la salida que el gobierno estadounidense
dio a los atentados del 11 de septiembre de 2001 con la Patriot Act
y sus efectos materiales, así como también podríamos
pensar -sin ir más lejos- la respuesta del estado argentino al
atentado a la AMIA, que fue la excusa para la primera irrupción
de prefectura y gendarmería nacional en las calles de la ciudad
de Buenos Aires; para la creación de la Secretaría de
Seguridad y para los primeros proyectos fallidos de leyes antiterroristas,
que igual sirvieron para incvorporar a nuestro sistema figuras como
el agente encubierto, el arrepentido y el informante.
No se
trata de simples procedimientos, ni de eventos aislados, sino de la
aplicación -profundización- de una política concreta,
con plena vigencia a nivel internacional, perpetrada -en sus distintas
formas, según el contexto y la región- por los propios
gerentes de la muerte y el cercenamiento de los derechos básicos.
No hace falta que nos extendamos en ejemplos, porque sobran. De las
calles de Francia a Buenos Aires, del Plan Vigipirate a la Reforma del
Código Procesal Penal hay un paso, y no es otro que el de la
puesta en práctica cotidiana. Como bien sintetizaría la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su adhesión
al gobierno francés: "La Argentina reitera su inalterable
compromiso con la paz y la lucha contra el terrorismo en todas sus formas".
No por nada su gobierno y el de su marido lograron la sanción
de ocho leyes antiterroristas.
Las
variables no modifican el resultado: la represión es política
de estado.
El carácter
represivo de las diferentes instituciones del estado no merma su accionar
en el verano, sea en los lugares de reclusión, en las comisarías
donde revientan o "suicidan" a los detenidos o en los barrios
dónde rige el "dispare primero, luego pregunte".
Terminando
el año 2014, Leandro Maximiliano López fue asesinado por
otro recluso en la Unidad 30 de General Alvear, Buenos Aires. López
y su madre habían pedido que lo trasladaran a otra cárcel,
ya que tenía problemas con guardias del penal y otros detenidos,
pero lo único que consiguió fue que lo pusieran en una
celda de aislamiento, un buzón de 2x2 sin ventanas. El 30 de
diciembre, frente a agentes del Servicio Penitenciario, un detenido
encargado de repartir los bidones de agua en la Unidad Penal ingresó
al buzón de López y lo asesinó.
El viernes
9 de enero, en las últimas horas del día, se mataron entre
ellos. El cabo de gendarmería Pablo Gómez, de 27 años,
iba a ser desalojado de su domicilio, en San Nicolás. Los policías
Pablo Costas, Héctor Mussio, Matías Seraffinni y Gabriela
Mazzaco, apoyados por el Comando de Patrulla Comunitaria, dispararon
una ráfaga letal cuando el gendarme salió a la puerta
de calle, con su pistola en la mano.
El 16
de enero, Leonardo Adolfo Rodríguez Contreras se "suicidó"
en un calabozo de la comisaría 27 de Godoy Cruz, Mendoza. El
joven, de 20 años, había sido detenido por averiguación
de antecedentes a la una de la mañana; dos horas después,
la policía notificó que se había ahorcado con su
propia remera.
Comenzando
el 14 de enero, Gisela Georgina Fernández, de 24 años,
fue baleada con tres disparos por un efectivo, arriba de un colectivo
de la empresa "La Perlita" en el barrio de Cascallares, en
Moreno. Según el relato oficial, la chica intentó asaltar
el colectivo junto a otros dos personas armadas con armas blancas, cuando
un efectivo de la PFA disparó varias veces e hirió de
gravedad a Fernández y a otros dos pasajeros que viajaban en
el colectivo, uno de ellos aparentemente acompañando a Fernández
en el atraco.
El efectivo
escapó y luego se entregó en la Comisaría 1ª
de Moreno. La Dra. Gabriela Urrutia, de la UFI Nº 8 del Departamento
Judicial de Moreno y General Rodríguez, dispuso la detención
del policía por considerar que "actuó con abuso de
fuerza, no midiendo la gravedad de su accionar". La joven se encuentra
internada en el Hospital Mariano y Luciano de La Vega en estado delicado.
El mismo
miércoles 14 de enero, en Punta Mogotes, Mar del Plata, un efectivo
que participa del Operativo Sol, fusiló a un joven de 24 años,
sosteniendo que intentó ingresar al chalet en dónde se
hospedaba con otros seis policías. El uniformado escuchó
desde su habitación al joven y a su acompañante, que se
transportaban en moto, y salió a los tiros, matando en el acto
a uno de ellos e hiriendo al otro, que pudo escapar.
También
el mismo día, en Córdoba Capital, alrededor de las 23:00,
un suboficial mató a los tiros a dos sujetos que, según
dijo, habían intentado asaltar su casa en el barrio Alto Alberdi.
Finalmente,
en el barrio Arroyito, de Rosario, y siempre el 14 de enero, hubo un
robo, que continuó con una persecución policial por más
de 30 cuadras. Cuando todo terminó, Nelson Gastón Fuentes,
de 24 años, quedó muerto dentro del auto perseguido, y
su acompañante, de 26, estaba herido en un tobillo y el abdomen.
Curiosas ubicaciones para disparos que los policías dicen que
efectuaron desde atrás, persiguiendo el auto. Los vecinos que
vieron el desenlace, cuando los policías dispararon unos 30 proyectiles
en 10 metros cuadrados, echan algo de luz al asunto. Cuentan que el
auto en que iban Fuentes y su amigo ya tenía una goma reventada
de un disparo, cuando uno de los patrulleros lo alcanzó y chocó
de atrás. El auto impactó en el cantero central y se detuvo.
Luego se escucharon entre 15 y 20 disparos. "Los policías
al pibe lo remataron en el auto. Después festejaban como un gol.
Se abrazaban y felicitaban golpeándose el pecho, mientras sacaban
al herido a golpes y trompadas del auto", dijo un vecino al diario
La Capital.
¡Así da gusto la cárcel!
La semana
pasada, fue noticia en algunos medios que, en la comisaría 27ª
de la ciudad de Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe, varios presos
contaban con los beneficios y comodidades típicos de una celda
VIP. Como en casa, a cambio de unos pesos, tenían televisores
led, heladera, aire acondicionado y acceso irrestricto a telefonía
celular. Además poseían las llaves de su propia celda,
que abrían desde adentro.
Entre
los afortunados se encontraban Diego "Panadero" Ochoa, ex
jefe de la barrabrava de Newell's Old Boys, imputado por los asesinatos
de Roberto "Pimpi" Camino, anterior líder de los barras
de ese club, y de Maximiliano "El Quemadito" Rodríguez
y Mauro Quebertoque, hijo de un policía, acusado del homicidio
de Eugenio Badaloni.
Como consecuencia
de este hallazgo, fueron separados de sus cargos el titular de la seccional,
comisario Cristian Moya, y el jefe de Inspección de Zona, Daniel
Villanoa, a quienes se inició un proceso por incumplimiento de
los deberes de funcionario público.
De más
está decir que estas celdas VIP se diferencian enormemente de
la situación que viven los detenidos en comisarías, tanto
los que enfrentan causas penales, como los detenidos arbitrariamente
por aplicación de efectivas herramientas de control social, como
la averiguación de antecedentes y los códigos de faltas
y contravenciones. Esa población vive en condiciones infrahumanas,
hacinada en minúsculas celdas y sometida a constantes torturas
y asesinatos.
Basta
con mirar los datos del Archivo casos de personas asesinadas por el
aparato represivo del estado, que muestra que durante el periodo 1983/2014,
de los 4.278 muertos por el aparato estatal, el 39% murió en
una cárcel, comisaría o bajo custodia.
¡Libertad
a los defensores de los presos políticos vascos!
Con el
significativo nombre de "Operación Mate", segunda parte
de la "Operación Jaque" de hace un año, el estado
español detuvo 16 personas en Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra
y Madrid, de las cuales 12 son abogados del Frente de Cárceles
de ETA, es decir, defensores de los presos políticos vascos,
y los otros cuatro, empleados de sus despachos.
Mientras
decenas de miles de personas se manifestaban en Bilbao contra la dispersión
de los presos de ETA, la Guardia Civil irrumpió en los locales,
domicilios personales y estudios, además del laboratorio LAB
de Bilbao y tres "herriko tabernas" vizcaínas. La redada
causó, colateralmente, la suspensión de un juicio ante
la Audiencia Nacional en el que intervenían como defensores de
presos políticos algunos de los nuevos arrestados.
Usando
a pleno las herramientas que brindan los paquetes de "leyes antiterroristas"
profusamente vigentes en España, los compañeros están
acusados por delitos económicos de "financiamiento del terrorismo"
y contra la Hacienda pública.
Entre
los detenidos se cuentan la abogada Ane Ituiño, junto a Kepa
Joys Mantzizidor, Javier Carballido y Atxarte Salvador, además
del abogado Alfonso Zenon, condenado el año pasado a una multa
e indemnización por haber denunciado las torturas a los presos
políticos, lo que fue calificado como "calumnias" por
un juez. También fueron detenidas las abogadas Arantxa Aparicio,
Ainhoa Baglietto, Onintza Ostolaza, Jon Mintegiaga, Aiert Larrarte,
aione Karrera Ciriza Eukane Jauregui, Haizea Ziluaga y Amaia Izko. Los
demás presos son Francisco Javier Balda Araña; Jon Mintegiaga
Oiarbide, Javier Carballido Ezkerra y Nagore San Martín Monton.
La operación
está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco,
que sigue al pie de la letra la doctrina Garzón ("todo es
ETA"), y busca un objetivo claro. Con la detención de los
defensores y la incautación del dinero recaudado solidariamente
en colectas para enfrentar los gastos que impone la política
de dispersión, se busca desarticular el frente de defensa legal
y apoyo material a los miles de presos políticos que el estado
español tiene en sus calabozos.
Nada lo
muestra más claramente que una de las acusaciones concretas contra
los abogados, que consiste en "visitar a los presos", con
el argumento de que, con ello, "transmiten instrucciones de ETA
para evitar arrepentidos".
Hace ya
varios años que el estado español, con su aceitado mecanismo
represivo militar y judicial, ha elegido como blanco preferencial a
los abogados de presos políticos y a los vinculados con las tareas
de financiamiento para asistencia material de los detenidos y para facilitar
las visitas familiares en el marco de la dispersión en todo el
territorio. Es una verdadera muestra de que no hay peligro mayor para
el estado represor que la solidaridad activa con los represaliados y
reafirma la necesidad de profundizar la lucha por la libertad de los
presos políticos.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
17.363
