BOLETIN
INFORMATIVO Nº 746
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BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 746
Del
14de enero del 2014
Por
CORREPI especial para Villa Crespo Digital
28
de enero del 2015
Sumario:
1. Requisas en la costa.
2.
Noticias dudosas, suicidios certeros.
3.
La táctica santafesina.
4.
URI sin jefe y record de torturas.
5.
Continúa el juicio por la represión del 19 y 20 de diciembre
de 2001.
6.
¿Cómo consigo mi agenda antirrepresiva 2015?
Requisas
en la costa.
Es verano
y Vicente López te invita a que visites su paseo de la Costa,
invitación que incluye, entre sus actividades top, un plan especial
de "seguridad" que cuenta con móviles de la nueva patrulla
municipal, guardianes de calle, defensa civil y controles en todos los
accesos al paseo. Así, el convite a visitar el paseo no es "apto
para todo público" sino sólo para cierto sector de
la sociedad.
El 2 de
enero, dos chicas de la zona fueron a tomar mate a la costa. Empleados
municipales les exigieron abrir sus bolsos para revisarlos, con la excusa
de verificar que no tuvieran bebidas alcohólicas. Ante la negativa
de las jóvenes a que revisen sus pertenencias, los empleados
llamaron a la patrulla municipal, que a su vez convocó a la policía
bonaerense. Ahí aumentó la agresión: los policías
las empujaron y golpearon, tiraron sus cosas al suelo, retuvieron sus
documentos y las amenazaron con llevarlas a la comisaría por
"disturbios en la vía pública", una de las tantas
figuras del siempre útil código de faltas. Terminaron
mostrando sus cosas (mate, galletitas y patines) y lograron eludir el
arbitrario arresto. Varios vecinos han denunciado en los últimos
tiempos estas requisas y las agresiones subsecuentes.
Una mamá
que estaba con su hija de tres años no tuvo tanta suerte. Cuando
insistió en preguntar por qué tenía que mostrar
sus efectos personales, la detuvieron y mantuvieron incomunicada durante
8 horas, y salió de la comisaría notificada de que el
fiscal decidió imputarla en una causa penal por resistencia y
atentado a la autoridad.
Este accionar
policial y de organismos para-policiales, legitimado por el aparato
judicial, hostiga y persigue sistemáticamente a los calificados
como "indeseables" para la zona norte del Conurbano Bonaerense,
y forma parte de una política sistemática para disciplinar
a los sectores populares.
Según
datos del propio intendente de Vicente López, la inversión
municipal en seguridad "ha crecido, en estos dos años y
medio de mandatos, un 1.300 por ciento. Mucha de esa inversión
tiene que ver con tecnología, como la que se puede ver en este
Centro de Monitoreo, pero mucha más es la hecha en recursos humanos".
Esta política,
que militariza la zona norte con sus patrullas en las calles, con sus
agentes de prevención en la costa, y hasta con patovicas en los
nuevos trenes de la línea Mitre, para cuidar a "la gente
bien", debe despertar la conciencia de los que sufren esta represión
y de quienes se solidarizan con los reprimidos, y alerta sobre la necesidad
de más organización y lucha.
Noticias
dudosas, suicidios certeros.
Los fallecimientos
en comisarías, siempre informados como repentinos e inexplicables
suicidios o súbitas "descompensaciones", son, de acuerdo
a los datos de nuestro Archivo de Casos, la segunda causa de muerte
a manos del aparato estatal. La primera, claro, es ser joven y tener
pinta de pobre, y caminar por la calle.
Dos nuevos
casos trascendieron en distintos lugares del país. El primero
ocurrió el 22 de diciembre, en la comisaría 14ª de
Venado Tuerto, Santa Fe, donde Sergio Loza, de 19 años, apareció
ahorcado con los cordones de las zapatillas. La reacción de los
vecinos, que se movilizaron a la comisaría la víspera
de Navidad y apedrearon el frente, puso el caso en los diarios y forzó
a los funcionarios a dar alguna explicación.
Claro
que, muchas veces, en el intento de excusa se les escapa el reconocimiento
de su responsabilidad, como ocurrió con el fiscal Pablo Busaniche,
que trató de darle una manito a la policía, explicando
a los medios que Sergio tenía consigo los cordones "porque
segundos antes se los habían entregado, ya que iba a ser excarcelado.
El personal cuenta que lo dejaron pocos minutos solo en el lugar para
realizar otra diligencia y fue en ese momento cuando habría producido
el suicidio". Así de simple y razonable: al pibe lo detuvieron,
acusado por un robo. Al día siguiente se ordenó su soltura,
se lo informaron y le devolvieron sus partencias, y como no pudo soportar
la angustia de dejar la celda, se mató...
El otro
hecho ocurrió en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz,
donde el día 30 de diciembre, Carlos González, de 31 años,
fue encontrado pendiendo de una sábana, en la celda de la comisaría
2ª. Según el relato oficial, en horas de la madrugada, un
efectivo ingresó al sector de las celdas para realizar el recorrido
habitual y fue allí donde estaba González pendiendo de
los barrotes de la celda.
Ambos
"suicidios" llevan a 4.307 el total de casos registrados en
el Archivo, y a 212 los ocurridos en el curso de 2014, lo que confirma
lo que decimos cada año en Plaza de Mayo: los registrados son
apenas si una parte, ligeramente visible, de la enorme masa silenciosa
de asesinatos cometidos por el aparato represivo estatal.
Las víctimas
ya no pueden defenderse, pero quedan sus familiares, amigos y vecinos,
y todos aquellos que nos organizamos y luchamos para desenmascarar al
estado represor.
La
táctica santafesina.
El primer
fin de semana del año, en la provincia de Santa Fe, las fuerzas
policiales del gobierno de Bonfatti comenzaron a engrosar las estadísticas
nefastas de gatillo fácil que las posicionan a la vanguardia
de la represión en Argentina.
Jonathan
Herrera, de 23 años, fue fusilado de tres disparos el domingo
4 de enero, cuando se encontraba trabajando, lavando coches, en la puerta
de su casa en el barrio Tablada. Su vida se topó con los disparos
de la Policía de Acción Táctica que iba, a balazo
limpio, persiguiendo a sospechosos de cometer un robo. Aunque intentó
cubrirse de los proyectiles tras un árbol, y el supuesto ladrón
ya había sido reducido, Jonathan fue acribillado.
La autopsia
reveló que dos de los disparos que le quitaron la vida, son de
un arma calibre 9 milímetros, las pistolas reglamentarias de
la policía.
"Del
susto, mi hermano salió corriendo para cubrirse de los disparos
y se escondió detrás del arbolito. Es imposible que haya
sido el chorro, porque mientras el ladrón estaba tirado, la policía
siguió disparando. Le tiraron a matar a mi hermano, lo mataron
como a un perro, fue la policía", declaró su hermana
en un medio local, mientras se esperan las pericias a una cámara
de seguridad próxima al lugar del hecho.
Como señalamos
en septiembre pasado (Boletín nº 729, "Santa Fe, la
táctica que ya conocemos"), la Policía de Acción
Táctica, nueva fuerza presentada con bombos y platillos para
suplir la retirada de la gendarmería de Berni, llegó para
reforzar la represión en los barrios, junto a las demás
fuerzas policiales provinciales ya presentes.
Coordinando
en formación y "táctica" con la Policía
Federal, la PAT congenia con las batallas intestinas del poder y el
narcotráfico santafesino, donde traficantes, políticos
y fuerzas represivas apuntan y disparan contra las barriadas populares,
en pos de sostener sus nefastos negociados o para "pacificar los
barrios peligrosos".
La "acción
táctica" que se disemina en los barrios obreros y populares,
se manifiesta en la impunidad con la que se roban la vida de pibes como
Jonathan.
URI
sin jefe y record de torturas.
El vendaval
de cuestionamientos hacia la Policía de Acción Táctica
(PAT) no es el único problema que enfrenta el aparato represivo
de la provincia de Santa Fe. Como en todos lados, cuando se suceden
escándalo tras escándalo por la probada vinculación
de los jefes policiales y sus responsables políticos con el narcotráfico
y otras formas de crimen organizado, el reemplazo de hombres y nombres
es el recurso que manotean para guardar las apariencias y poder declarar
a los medios "vamos a investigar hasta las últimas consecuencias".
La primera
semana de enero, el gobierno del "socialista" (¿?)
Antonio Bonfatti designó al comisario Juan Pablo Garro como jefe
de la Unidad Regional I de policía, que tiene jurisdicción
sobre la ciudad capital y el Gran Santa Fe, ya que su antecesor, Sergio
Vergara, está imputado en una causa federal iniciada por el hallazgo
de un camión con 1.500 kilogramos de marihuana en la ciudad,
a fines del año pasado.
Pero la
designación del comisario Garro apenas si se sostuvo una semana,
al término de la cual debió renunciar. Es que de inmediato
salieron a la luz los antecedentes del nuevo jefe, denunciado en 2006
por utilizar frases discriminatorias y hacer comentarios racistas, además
de exhibir simbología nazi en las paredes de su despacho. Causa,
naturalmente, que nunca avanzó demasiado, y de la que el comisario
se defendió diciendo "Todo el mundo tiene derecho a opinar",
mientras el secretario de Seguridad Pública de la provincia,
Gerardo Chaumont, opinó: "No vamos a iniciar una caza de
brujas por hechos que ocurrieron en 2006".
Ahora
deberán elegir alguno con un legajo más prolijito, lo
que calmará algunos espíritus, pero no modificará
la realidad represiva de la provincia que lidera hace más de
una década las estadísticas represivas. En la misma semana
del "affaire Garro", otro funcionario estatal, el defensor
general Gabriel Elías Ganón, difundió los datos
del registro de denuncias por torturas que lleva el Servicio Público
de la Defensa provincial.
Así,
según el responsable de la defensa pública en la provincia,
entre el 1º de noviembre de 2013 y el 15 de diciembre de 2014,
se registraron 328 denuncias de torturas. De ese total, 278 episodios
fueron cometidos por policías, y el resto por gendarmería
nacional. Surge del informe que no se incluyen los hechos ocurridos
en cárceles por personal del servicio penitenciario, lo que sin
dudas duplicaría los registros, del mismo modo que es obvio imaginar
que los registrados no son todos los casos reales.
De ese
total, el 80% no ha generado causa penal alguna. Del escaso 20% que
ameritó una investigación, sólo en dos casos las
víctimas lograron ser querellantes, y se ha dictado prisión
preventiva contra los perpetradores, aunque, como siempre, no por el
delito de tortura, sino usando alguna figura alternativa que disimule
la responsabilidad estatal.
En Santa
Fe, como en el resto del país, rige la regla establecida por
el ahora ex juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, en el caso del
comisario René Jesús Derecho: "En democracia, no
hay tortura".
Continúa
el juicio por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001.
La semana
pasada se reanudó, en los tribunales federales de Comodoro Py,
el debate oral y público en la causa por la represión
durante las jornadas de rebelión popular de los días 19
y 20 de diciembre de 2001, que produjo, en la ciudad de Buenos Aires,
cinco muertos, centenares de heridos y detenidos y un presidente escapando
por los techos.
Desde
el inicio de la causa denunciamos que la única funcionalidad
de este proceso es dar vuelta la página y consagrar la impunidad
de los responsables políticos y materiales. Con el sobreseimiento
del ex presidente Fernando De La Rúa, el poder ejecutivo fue
separado de la causa, permitiendo así el corte de la cadena de
mandos en la responsabilidad política estatal. A partir de ese
momento, la tesis se tradujo en la posibilidad de argumentar que la
represión de aquellas jornadas fue un "desborde" de
la fuerza policial mal manejada por funcionarios "incompetentes"
de segunda o tercera línea.
Con este
panorama, los únicos imputados fueron el ex ministro del Interior,
Ramón Mestre (oportunamente fallecido); el ex secretario de Seguridad,
Enrique Mathov; el ex jefe de la Policía Federal Argentina, Rubén
Jorge Santos; el ex jefe de la Dirección General de Operaciones
de la misma fuerza, Raúl Andreozzi y otros trece comisarios y
subcomisarios de la cúpula policial de aquel entonces, juzgados
por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario
público, homicidio culposo en cinco casos (es decir, por violación
del deber de cuidado, impericia o negligencia) y lesiones culposas en
116 casos, lo que prevé una pena máxima de cinco años
de prisión para cada uno.
De este
modo, la estrategia judicial logra proteger la función del aparato
represivo soslayando criteriosamente la responsabilidad estatal, para
explicar los hechos represivos como actos de "abuso" o "exceso"
en el caso de los que dispararon, y "conductas erróneas"
que "no hicieron lo que debían hacer" en el de los
funcionarios. No van a ser juzgados por represores y corruptos, sino
por ineptos y negligentes, con la misma imputación que se le
aplicaría a un conductor ebrio que atropella y mata a una persona
en la vía pública.
Esta es
la forma en que el Estado se protege a sí mismo: garantizando
la impunidad de sus eventuales administradores y poniendo todas sus
herramientas al servicio de sus funcionarios. Como sucedió con
Menem, con la voladura de Río Tercero; con el propio De La Rúa
y la represión en el puente Gral. Belgrano de Corrientes o las
coimas en el senado; con Duhalde y la masacre del Puente Pueyrredón;
con Kirchner y Luciano Arruga; con todos los regímenes democráticos
desde 1983, cuando los represores son absueltos o quedan prófugos,
por matar a nuestros pibes en los barrios.
Mientras
tanto, hoy como ayer el ajuste y la represión continúan.
La lucha también.
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