COMUNICADO:
PRIMERO DEL AÑO
SERVICIOS,
BUCHES Y ESPIAS PARA TODOS
(OTRA
VEZ, GATO POR LIEBRE)
Por
CORREPI especial para Villa Crespo Digital
28
de enero del 2015
Desde
la madrugada en que apareciera muerto, con un tiro en la cabeza, el
titular de la Unidad Fiscal AMIA Alberto Nisman, se impuso en los medios
("amigos" y "enemigos" del gobierno) un escenario
que mezcló irreverentemente el atentado terrorista a la AMIA
y sus 85 muertos con opiniones más o menos "expertas"
sobre pestillos y cerraduras, pasadizos con aires acondicionados, dermotest
vs. barrido electrónico, autopsias "psicológicas",
escuchas telefónicas que dan más vergüenza ajena
que miedo y demás paparruchadas distractivas. Con el paso de
los días, sin embargo, el tema de los "servicios de inteligencia"
se fue afianzando como telón de fondo del espectáculo,
hasta llegar al discurso presidencial del lunes 26 de enero, en el que
la presidenta anunció, por cadena nacional, que se había
dado cuenta que es necesario "cortar de cuajo" con esa "calesita
permanente de fiscales, jueces y medios de comunicación"
que constituye la Secretaría de Inteligencia, una "deuda
de la democracia".
Hasta
el más benévolo dirá que resulta bastante tardío
el reconocimiento de la "deuda" por parte de quien ejerce
la primera magistratura desde hace más de siete años,
y fue cónyuge y primera socia política del que gobernó
los cuatro años anteriores, sin contar sus previas experiencias
en bancas legislativas y casas de gobierno municipales y provincial.
La SI
(Secretaría de Inteligencia), hasta 2005 SIDE (Secretaría
de Inteligencia del Estado) y en su origen CIDE (Coordinación
de Informaciones de Estado, creada en 1946 por el presidente Juan Domingo
Perón) depende directamente del Poder Ejecutivo Nacional. No
hay –no hubo nunca- intermediación alguna entre el Secretario
de Inteligencia, que es un miembro especial del Gabinete de Ministros
del Poder Ejecutivo Nacional, y la Presidencia de la Nación.
Por algo cada gestión, desde 1983 a la fecha, colocó en
ese cargo a "hombres de confianza", como lo fueron, desde
mayo de 2003, Sergio Acevedo, Héctor Icazuriaga, y ahora Oscar
Parrilli; o antes Facundo Suárez (padre) para Raúl Alfonsín;
Juan Bautista "Tata" Yofre y Hugo Anzorreguy para Carlos Menem;
Fernando de Santibáñez y Carlos Becerra para Fernando
de La Rúa y Carlos Soria y Miguel Ángel Toma para Eduardo
Duhalde.
"Los
más leales de los leales" parece ser el lema para elegir
a quienes dirigen el aparato de espionaje más importante, pero
no el único con el que cuenta el estado argentino. Además
de la SI o SIDE, cada fuerza armada y cada fuerza de seguridad tiene
su propia estructura en materia de espionaje y análisis de datos,
que sólo trascienden de vez en cuando, y por algún episodio
puntual, como sucedió con el Proyecto X de Gendarmería
en noviembre de 2011, a partir del extraordinario ataque de sinceridad
contenido en declaraciones testimoniales de gendarmes e informes de
la fuerza, incorporados en diversas causas penales contra trabajadores
de Kraft, Paty, el Frigorífico Rioplatense y otras de la zona
norte del GBA. Si algo se probó, muy a pesar de los jueces, en
la causa iniciada a partir de la denuncia formulada por los trabajadores,
es que no se trató nunca de una iniciativa propia de la fuerza,
a escondidas, sino del estricto cumplimiento de las órdenes del
ministerio de Seguridad, es decir, del gobierno nacional.
No significa
ello que no existan "internas", a partir de fricciones entre
sectores que responden a proyectos divergentes dentro del amplio espectro
de los partidos de gobierno, al punto de generarse en más de
una ocasión enfrentamientos fraccionales en los que unos y otros
utilizan, contra sus competidores internos, las mismas herramientas
con las que cumplen su "función pública". Es
que, como decía Rodolfo Walsh, "hombres violentos suelen
tener parientes violentos (...) y sus conflictos personales y aun sus
pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por la vía
del arma reglamentaria". Fue así que, poco después,
una interna en el ministerio de Seguridad puso en primera plana al infiltrado
agente de la PFA Américo Balbuena, que por 11 años había
trabajado doble turno, como periodista y como infiltrado en la Agencia
de Noticias Rodolfo Walsh.
¿Acaso
descubrimos con el oficial Balbuena que la PFA tiene su propio aparato
de "inteligencia"? No. Si en los '80 trascendieron las tareas
de inteligencia sobre militantes populares realizadas por el DEPOC (Departamento
de Protección al Orden Constitucional) de la Policía Federal,
en los '90 ese organismo, reconvertido en la División Operaciones
del Departamento Seguridad de Estado, fue el principal protagonista
del espionaje sobre las organizaciones populares.
Lo constatamos
en 1995, cuando el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, denunció
ante la justicia federal a un conjunto de militantes y organizaciones
por una serie de graves "delitos". La prueba acompañada,
que sirvió al juez Liporace, después de tener la causa
en secreto de sumario por casi dos años, para dictar procesamientos
y órdenes de detención, eran un video y "dos carpetas
conteniendo información de inteligencia" (sic) encuadernadas
con tapas azules.
El video
contenía imágenes editadas, confusamente mezcladas, subtituladas
y ¡musicalizadas! en las que se observaban rostros de dirigentes
de las agrupaciones denunciadas en distintas actividades y protestas,
como movilizaciones en el aniversario de Walter Bulacio, manifestaciones
estudiantiles contra la Ley Federal de Educación y marchas de
los jubilados en Congreso. Las carpetas, que comenzamos a llamar "Libro
Azul" a falta de otro nombre, contenían información
política y personal sobre más de 250 personas de casi
todo el arco militante de la izquierda (no sólo de los denunciados).
Las más de 500 fojas eran fotocopias de un original que nunca
se entregó, en las que se habían eliminado sellos, firmas
y todo signo que pudiera identificar al "servicio" que recabó
la información.
Buena
parte de los datos se referían a reuniones cerradas en locales
o domicilios privados, por lo que se los debió obtener "pinchando"
teléfonos, introduciendo micrófonos o mediante agentes
encubiertos infiltrados en las agrupaciones. En posteriores investigaciones
judiciales, la Policía Federal, la SIDE y el ministerio del Interior,
negaron tajantemente haber confeccionado esas carpetas, lo que motivó
que en 1997 se iniciara una causa contra Carlos Corach, para determinar
el origen del "Libro Azul". Esa causa, instruida por la jueza
federal María Romilda Servini de Cubría, fue debidamente
archivada un par de años más tarde, a pesar de los esfuerzos
de los denunciantes.
Similares
"informes de inteligencia" son habitualmente provistos por
personal de la Policía Federal, la SIDE y otras dependencias
oficiales en múltiples causas, como la seguida hace más
de 12 años contra los integrantes de un comedor popular en el
barrio del Abasto, en la ciudad de Buenos Aires, donde los espías
hablaban de "vínculos con Sendero Luminoso" porque,
entre los concurrentes al comedor, había ciudadanos peruanos.
En 2001,
CORREPI intervino en la defensa de los imputados en la causa nº
22.944 del Juzgado Correccional nº 8, secretaría nº
61 de la Ciudad de Buenos Aires, iniciada como consecuencia de la movilización
a la Casa de la Provincia de Salta el 18 de junio de 2001, en repudio
de los asesinatos de José Barrios y Carlos Santillán.
Allí, el Comisario José Antonio Portaluri, jefe de la
División Operaciones del Departamento Seguridad de Estado de
la PFA, remitió al juzgado un informe de "inteligencia"
en el indicaba a la jueza a quiénes se debía procesar.
Con fotos, nombre y apellido, número de documento y domicilio,
el informe identificaba a tres personas, dos muchachas veinteañeras
integrantes de una de las organizaciones movilizadas, y un simple adherente
que ni siquiera había concurrido a la movilización. Al
final del informe, el comisario lamentaba que no pudiera dirigirse la
acción penal contra un referente piquetero en particular, porque
ese mismo día estaba en otra provincia, donde había hecho
declaraciones a la prensa.
También
en 2001, descubrimos que los militantes de CORREPI éramos foco
de interés de los servicios del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Una compañera abogada, que concurrió a un penal provincial,
notó que, antes de autorizar su ingreso, el guardiacárcel
consultaba un listado. Con cierta ingenuidad, el uniformado le pidió
disculpas por la demora, explicándole que "si vienen los
abogados que están en este memo, tenemos que avisar a la superioridad".
En el marco de una acción de habeas data, confirmamos la existencia
del "Despacho 02/01?, que ordenaba al personal de todas las unidades
penales de la provincia, comunicar a la Secretaría de Informaciones
del Servicio Penitenciario Bonaerense la visita de los abogados de nuestra
organización antirrepresiva, incluyendo los nombres de los internos
entrevistados. El Inspector Mayor del SPB Carlos A. Scheffer, titular
de esa secretaría, y firmante de la directiva, declaró
ante el titular del juzgado nº 19 de La Plata que el despacho había
sido dictado en atención a que había recibido una nota
anónima que acusaba a los militantes de CORREPI de "fomentar
y facilitar motines y fugas en los penales". Explicó que,
aunque el anónimo "carecía de todo viso de seriedad",
decidió redactar y firmar la orden interna, a través de
la cual se registraban todas las concurrencias a cárceles de
los integrantes de la organización, así como los nombres
de los visitados, en su mayoría presos políticos.
No es
necesario, para el activo militante, recordar el rol que jugó
en 2002, antes y después de la masacre del Puente Pueyrredón,
el secretario de Inteligencia de entonces, Carlos Soria, uno de los
encargados de instalar el clima que anticipaba, desde los más
altos niveles del poder político nacional, la represión.
Y después, fue el gestor y vocero de la "denuncia del complot",
que trató de convertir el plan de lucha de las organizaciones
de desocupados en un siniestro plan subversivo.
Ya en
2004, verificamos, nuevamente, la existencia de estas tareas de inteligencia
en la causa iniciada tras la represión a la movilización
del 31 de agosto de ese año, en Plaza de Mayo. Además
de muchos heridos, fueron detenidos 102 compañeros, siete de
los cuales fueron procesados con prisión preventiva, hasta diciembre
de 2004. La principal "pieza acusatoria" era un "informe"
emanado del Departamento Seguridad de Estado de la PFA, basado en tareas
de inteligencia seguidas contra varias agrupaciones, en el que, por
el sólo hecho de "haber participado" de determinadas
movilizaciones o de "haber reivindicado" hechos de protesta
antiimperialista, se identificaba a varios dirigentes de esas organizaciones,
acompañando material fotográfico y "fichas"
personales. Además de esos datos, el informe, firmado por el
comisario Cantalicio Bobadilla, contenía su propio "análisis"
de la información, que concluía que, en realidad, todas
esas agrupaciones eran simples "frentes de masas" de una única
organización clandestina, que tenía por objeto desestabilizar
el sistema democrático.
El juez
a cargo, Juan José Galeano, no sólo incorporó el
informe y le dio entidad como prueba válida, sino que, en otra
causa que simultáneamente instruía por un escrache a la
petrolera Repsol, ordenó a la policía federal que intensificara
sus medidas de inteligencia sobre los manifestantes y sus organizaciones.
Después
de las masivas movilizaciones antiimperialistas en Buenos Aires y Mar
del Plata durante la Cumbre de Presidentes de noviembre de 2005, más
informes de inteligencia fueron utilizados para criminalizar a los manifestantes.
En el caso de Mar del Plata, el juez federal Castellanos recibió
un "informe de inteligencia" elaborado por el ministerio de
Seguridad bonaerense. El informe incluía precisos datos de todo
el arco político que se movilizó contra Bush en Mar del
Plata, y no estaba firmado por un comisario ni un comandante de gendarmería,
sino por el ministro León Arslanián.
Además
de estos ejemplos de "inteligencia" federal y bonaerense,
en tiempos nada lejanos se verificó, también, que la Armada
hacía lo propio en la ciudad de Trelew. Y si dispusiéramos
de más espacio, podríamos abundar con otros ejemplos concretos,
empezando por el aparato de inteligencia del ejército, dirigido,
por decisión de Cristina Fernández, por el genocida general
César Milani.
Es con
estos antecedentes que debemos analizar hoy el proyecto de reforma de
la SI anunciado por la presidenta, que, como todo lo anterior, tampoco
es novedoso.
El 19
de abril de 2004, en tiempos de la "cruzada Blumberg", el
gobierno nacional, entonces encarnado en Néstor Kirchner, anunció
un "Plan Estratégico sobre Justicia y Seguridad". El
"plan", además de las clásicas recetas de mano
dura (baja de la edad de imputabilidad, dificultación de las
excarcelaciones y otras medidas alternativas a la prisión preventiva,
justicia "veloz" para delitos in fraganti, incorporación
al Código Penal de nuevos delitos "contra el terrorismo",
aumento del número de efectivos de las fuerzas, creación
de figuras como el "arrepentido", construcción de más
cárceles, etc.) preveía la creación de la AGENCIA
FEDERAL DE INVESTIGACIONES en reemplazo de la entonces SIDE, con más
o menos las mismas características que anoche explicó
Cristina Fernández.
Aquel
Plan Estratégico fue presentado en el Salón Blanco de
la Casa Rosada por el ministro de Justicia de la época, Gustavo
Béliz, que poco después tuvo que irse del gobierno y del
país porque se atrevió a mostrar en TV la foto del espía
favorito (hasta hace poco) del kirchnerismo, Jaime Stiuso/Stiles. La
causa penal iniciada contra Béliz (que merece ir preso por muchas
otras cosas, como su relación con el ideólogo del Manhattan
Institute William Bratton) todavía esta dando vueltas en la Corte
Suprema.
Once años
después, Cristina Fernández nos presenta el mismo gato,
y nos vuelve a decir que es liebre. Con uno u otro nombre, dependiendo
de la presidencia o de la procuración, la "calesita"
seguirá dando vueltas para el mismo lado. Igual habrán
jueces y fiscales, y periodistas y opinólogos, empresarios y
políticos, financistas y de todo un poco, que funcionen como
informantes reclutados de modo más o menos voluntario por los
servicios de inteligencia. Seguirán yendo y viniendo los sobres
con dinero o con amenazas de divulgar secretos de alcoba u otros al
mejor estilo del J. Edgar Hoover de los ´50. No cambiará
la realidad del escuchado porque sea un empleado de una fiscalía
el que grabe y transcriba lo que le interese.
El aparato
estatal, con sus gobiernos de turno, bajo el nombre y la estructura
legal que los tiempos le aconsejen, va a seguir espiando, infiltrando,
reclutando buches y persiguiendo a propios y extraños, mientras
sean unos pocos los que vivan a costa de los demás. No es de
los jefes de ese aparato que vendrán las soluciones.
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CORREPI
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