BOLETIN
INFORMATIVO Nº 753
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BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 753
Del
17 de marzo del 2015
Por
CORREPI especial para Villa Crespo Digital
19
de marzo del 2015
Sumario:
1.
Simulacro de fusilamiento en Sierra Chica
2.
Otro pibe sexualmente abusado por un policía federal
3.
El asesinato de Kevin: crónica de una zona liberada
4.
La Taser de Macri y Aníbal
5.
La muerte viaja en patrullero
6.
Próximas actividades
Simulacro
de fusilamiento en Sierra Chica
"Con
sangre verdaderamente están regando el país ahora",
escribió Juan Gelman.
Los presos
fueron despertados de madrugada para salir de sus celdas. Los penitenciarios
no mediaron palabra ni dieron explicaciones: los sacaron al corredor
en fila y les taparon la cabeza; ahí llovieron los golpes y los
insultos. Después de un largo rato de torturas (ya para cuando
la visión anulada sólo sentía el frío del
suelo), los pusieron de rodillas, les apuntaron, apoyaron el cañón
en la cabeza, y descargaron.
Aunque
así parezca, no estamos hablando de la masacre de Trelew, sino
de los hechos ocurridos la madrugada del 1° de marzo en el penal
de Sierra Chica, Pcia. de Buenos Aires. Afortunadamente, ésta
vez la descarga llegó sin municiones. No hubo balas, sólo
la vieja advertencia: "la próxima, no hay próxima".
Semanas
antes, los presos habían tomado algunas medidas de fuerza que
iban de la huelga de hambre a coserse la boca, con el objetivo de lograr
el traslado a unidades cercanas al núcleo familiar. La respuesta,
como vimos, no tardó en llegar. Pero más allá de
lo que los hechos hablan por sí solos, están las causas
y –fundamentalmente- los objetivos. Estos métodos, propios
de la última dictadura cívico-militar, son materia común
en la cartera de prácticas que cotidianamente desarrolla el Servicio
Penitenciario con el objetivo de garantizar el control dentro de las
unidades.
Así,
dentro de los penales, las comisarías, como en los barrios, funciona
la tortura y el gatillo fácil. Para el Estado no importan los
métodos que utilicen sus efectivos: si el control y la disciplina
están garantizados, hay luz verde.
Otro pibe sexualmente abusado por un policía federal
El martes
10 de marzo, en horas de la tarde, un adolescente de 17 años
iba cruzando las vías del Ferrocarril Sarmiento en la estación
Caballito, del barrio porteño, cuando un efectivo de la Federal
-que hacía tareas extras en el lugar- lo detuvo. El policía
interceptó al chico preguntándole de dónde venía,
qué hacía por ahí y exigiéndole que "exhibiera
sus efectos". Según consta en la denuncia que realizó
el padre del muchacho minutos después del hecho, el policía
lo llevó hasta la plazoleta aledaña a la estación
y lo requisó sacándole dos cigarrillos de marihuana para
luego romperlos y comenzar a tocar abusivamente sus partes íntimas
y el resto de su cuerpo. Lejos de cualquier "cacheo de rutina",
el oficial aprovechó su poder para violentar la dignidad del
pibe.
Cuando
llegó a su casa, el chico le contó al padre lo que había
vivido y juntos fueron a la placita para constatar que el Federal aún
estuviera en el lugar. Allí lo vieron y así derechito
se fueron a la comisaría 13ª para radicar la denuncia (nota:
siempre es mejor no ir a la comisaría, sino al juzgado o fiscalía
de turno, para denunciar a las fuerzas). Horas después el efectivo
que trabajaba en la División Fraudes Bancarios fue pasado a disponibilidad,
pero no detenido, porque la jueza que instruye la causa le encontró
la vuelta.
La misma
vuelta que encontraron el juez y la Cámara Criminal para mantener
libre al policía federal Jesús Yapura, ese que forzó
al pibe peruano de 14 años a arrodillarse en el baño de
la estación del subte Congreso de Tucumán el 1º de
enero de 2012, y le dijo "chupala". El chico, como el de ahora,
recurrió a su papá, que hizo la denuncia. Confiada la
querella a CORREPI, para el pibe peruano hubo finalmente algo de justicia.
Un tribunal oral condenó al policía Yapura a 12 años
de prisión por abuso sexual doblemente agravado, y hace pocos
días la Cámara de Casación confirmó la pena,
con lo que va a tener que cumplir al menos algo de la condena, hasta
que le encuentren la vuelta para largarlo.
El
asesinato de Kevin: crónica de una zona liberada
El 7 de
septiembre de 2013, Kevin escondió sus 9 años bajo la
mesada de su casita del Barrio Zabaleta, en la ciudad de Buenos Aires.
De un lado y otro de la placita que lleva su mismo nombre (no por él,
sino por otro pibe asesinado como él), bandas de narcos protagonizaron
un tiroteo encarnizado con UZI, FAL y 9 mm al por mayor. Una de esas
balas entró por la ventana y dio en la cabeza del chiquito.
Al mismo
tiempo, el oficial principal de la Prefectura Naval Argentina, Daniel
Andrés Stofd, junto a otros seis prefectos y gendarmes, recorrían
la zona presuntamente como "garantes de la seguridad en la barriada".
Los llamados al 911 que los vecinos realizaron instantes antes, advirtiendo
que la cosa se estaba poniendo mal y derivaría en un seguro enfrentamiento,
fueron registrados por esos efectivos. Sin embargo las modulaciones
dicen: "Hace 2 segundos salimos de la Placita y negativo masculinos
en ella... el panorama es normal"
Un año
y medio después, el juez Schlegel, a cargo del Juzgado de Instrucción
Nº 14, resolvió que el prefecto Stofd debe responder por
el delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público
(previsto con pena de inhabilitación y multa) "por haber
omitido, retardado o rehusado constituirse en el lugar, para evitar
males mayores". La leve imputación deja a salvo al resto
de los prefectos y ni siquiera investiga a los gendarmes. Un eufemismo
que expresa una lógica nada novedosa y que -entre tantos otros-
podemos apreciar en el fallo que alivianó la situación
procesal de los policías que contribuyeron al crimen de Mariano
Ferreyra, el emblemático caso en el que estado burgués
mostró su contacto con las patotas sindicales.
En este
caso, asesinado a sus 9 años, Kevin desnuda la línea de
contacto entre el mundo del crimen y los intereses de la burguesía,
en tanto clase que detenta los resortes de ese mismo estado.
Porque
el caso de Kevin pone en evidencia que las fuerzas de seguridad del
estado NO están para cuidar al pueblo, sino para disciplinarlo.
La evidente zona liberada garantizada por los uniformados permitió
el crimen, revelando cómo lo de bandas narcos es una media verdad,
que deja afuera a los que supuestamente están para impedirlo
y en cambio lo facilitan.
El caso
de Kevin muestra el verdadero rol del estado a través del accionar
de sus fuerzas: garante de la seguridad de los negocios del poder, "legales"
y de los otros. El negocio narco es acumulación capitalista,
reciclaje del capital, reproducción del mismo. Convierte la mierda
en dinero, y la vida en un calvario.
El caso
de Kevin revela la otra cara de ese mismo estado cuando esgrime la igualdad
formal ante la ley y la desigualdad concreta en la realidad: una investigación
por un delito menor, con penas insignificantes, destinada a cumplir
formalidades, antes que a juzgar y castigar el imperdonable crimen y
la participación necesaria e imprescindible de los uniformados
en su comisión.
La
crónica de esta zona liberada podría sintetizarse así:
El 7 de
septiembre de 2013, grupos narcos, con el apoyo del Estado a través
del oficial Stofd y compañía, se tirotearon en la placita
del Barrio Zabaleta.
Un año
y medio después, una vez más, la impunidad pretende cerrar
el caso con los eufemismos judiciales, esta vez a cargo del juez Schlegel.
No sólo
de las balas se escondían Kevin y toda su pobreza.
Van
a estar buenas las Taser
Fue grande
el escándalo mediático cuando Mauricio Macri propuso,
hace varios años, las pistolas Taser para la Policía Metropolitana.
Fueron prohibidas judicialmente, y ahora el Tribunal Superior de la
Ciudad las autorizó, con el argumento de que "los planteos
en su contra resultan conjeturales e hipotéticos". Habrá
pues picanas portátiles para todos y todas en la ciudad de Buenos
Aires.
Nadie
se queja, en cambio, de que ese tipo de arma de tortura sea utilizada
por los cuerpos especiales de las policías Federal (GEOF), de
Buenos Aires (Halcón), Mendoza (GES), Santa Fe (TOE) y Eter de
Córdoba. Hasta en la ciudad de Las Heras (Santa Cruz) se usan,
desde que el intendente de Las Heras en 2010, Teodoro Caminos, representante
del kirchnerismo local, creó su propia policía municipal
y las dotó de Taser. Ante el cuestionamiento dijo "las picanas
no matan". No claro, solas no matan a nadie, salvo cuando algún
representante del aparato represivo las usa para represaliar.
Dijimos
en el Boletín nº 544, hace cinco años: "Por
su parte, el Pentágono estadounidense viene llevando la delantera
en el desarrollo de las llamadas "armas no letales". Uno de
los proyectos más conocidos es el cañón LRAD, un
dispositivo acústico de largo alcance. Esta arma puede usarse
contra muchedumbres, pero las ondas sonoras también pueden dirigirse
contra una persona bien determinada. La eficacia de este cañón
puede apreciarse en las escenas del 7 de noviembre de 2007, en Tiflis,
que muestran cómo fue dispersada allí la manifestación.
Otro proyecto norteamericano es un sistema de neutralización
activa, (Active Denial System), que consiste en un potente irradiador
de ondas medias. Los voluntarios en los que fue experimentada esta arma
"no mortal" explicaban que sentían dolor y el deseo
reflexivo de escapar inmediatamente del lugar de su acción".
Entonces
¿armas no letales? Nada nuevo, simple juego de palabras, para
legitimar, una vez más, la represión del estado.
La
muerte viaja en patrullero
El 15
de diciembre del año pasado, en el barrio porteño de Barracas,
una camioneta de la Policía Metropolitana conducida por el oficial
Daniel Germán Castagnasso, acompañado por el subinspector
José Daniel Soria Barba, atropelló y a Nehuén Rodríguez,
un pibe de 18 años, recién egresado de la secundaria,
que iba en su moto y salía a festejar el triunfo de su club,
Huracán.
La condición
de policías de los embestidores impuso el perfil de la causa.
Los vecinos cuentan que enseguida llegó otro patrullero, pero
la ambulancia tardó más de media hora en llegar. El fiscal
y los policías federales de la comisaría 28ª llegaron
seis horas después al lugar.
Todos
cuentan que el patrullero cruzó en rojo a gran velocidad, sin
balizas, ni sirenas. Según datos periciales, la moto fue arrastrada
veintiséis metros, lo que da la medida de la velocidad del patrullero.
La familia asegura que ésta es una práctica habitual en
el barrio y que hoy continúan haciéndolo con total impunidad.
Aunque
en un principio se imputó a los policías por homicidio
simple, en pocos días se redujo a homicidio culposo, cuyas penas
son mucho más leves.
Los policías
imputados declararon que circulaban con las balizas y sirenas encendidas,
pero cuando, para verificarlo, se solicitaron las filmaciones de la
cámara de seguridad ubicada exactamente en el lugar del hecho,
resultó que ese 15 de diciembre la cámara solo registró
imágenes del asfalto. Casualmente, las numerosas cámaras
aledañas tampoco registraron imágenes del patrullero,
ya que no funcionaban.
Este tipo
de hechos, aunque no vinculados directamente con el ejercicio del control
social contra el pueblo, muestran que, también en casos de criminalidad
común, las fuerzas y el poder judicial funcionan de conjunto
para garantizar la impunidad de los suyos.
FUENTE:
CORREPI
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