BOLETIN
INFORMATIVO Nº 752
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BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 752
Del
12 de marzo del 2015
Por
CORREPI especial para Villa Crespo Digital
19
de marzo del 2015
Sumario:
1.
Triunfo en Neuquén: De movilizaciones, represión y justicia
de clase.
2.
Las herramientas del crimen organizado (usa antifaz de polizón)
3.
Gendarme violador en Huechulafquen: otro paisaje para una historia repetida.
4.
Inseguridad es la policía en la calle.
5.
Desalojo violento en Carmen de Patagones.
Triunfo
en Neuquén: De movilizaciones, represión y justicia de
clase.
El viernes
6 de marzo, debía comenzar en Neuquén el juicio contra
militantes sindicales y de organizaciones sociales que, en agosto de
2013, junto a más de cinco mil manifestantes, protestaron contra
el gobierno nacional denunciando la entrega a Chevron de la explotación
del yacimiento Vaca Muerta.
Por entonces,
la legislatura de la provincia se disponía a aprobar el proyecto
por el que YPF comprometía el futuro del yacimiento "Vaca
Muerta" (uno de los mayores caudales de hidrocarburos no convencionales
de aceite y gas de esquisto en el planeta) conforme las condiciones
que impusiera el gobierno de EEUU en favor de la multinacional Chevron.
La movilización
fue brutalmente reprimida, con heridos de gravedad, entre ellos, Rodrigo
Barreiro, hijo del decano de la Facultad de Humanidades de la UNCo,
con una herida de bala de plomo calibre 22 alojada en el tórax;
otro que recibió una bala de goma en el rostro y perdió
un ojo, y otro más que fue golpeado en el abdomen por un cartucho
de gas lacrimógeno.
También
fueron detenidos y luego encausados por ejercer el derecho a la protesta
el secretario general de la CTA local, Carlos Quintriqueo, y referentes
de FASINPAT (ex - Zanon), como Raúl Godoy, diputado provincial
del FIT al momento de los hechos, y Andrés Blanco, del Sindicato
de Ceramistas.
Se abrían
las puertas de un nuevo e infame juicio sobre trabajadores. Neuquén
se preparaba el viernes pasado para continuar firmemente la lucha. Movilizando,
recibiendo solidaridades desde todas partes, agitando, ganando las calles
con verdades a puño, los compañeros ponían ahora
en evidencia el rol que ostenta el sistema judicial.
Probablemente,
y para no quedar expuestos en un año electoral, esto fue advertido
por ese mismo estado que, a través de su Fiscal Di Maggio, pocas
horas antes del debate oral, presentó un pedido de sobreseimiento
que acogió la jueza y terminó con un proceso más
de los tantos que integran la lista de la criminalización de
la protesta.
Saludamos
la movilización y férrea actitud de lucha de todos los
compañeros, que derivó en el fin de una causa propia de
una justicia de clase, selectiva y funcional a los intereses de los
grupos económicos más poderosos del planeta.
Una vez
más ha quedado demostrado que la mejor herramienta a nuestro
alcance es la lucha organizada, con la confianza depositada únicamente
en nuestras propias fuerzas.
Las
herramientas de la represión (usa antifaz de polizón)
El viernes
6 de marzo, en Ciudadela, la noticia fue que un efectivo de la Bonaerense
mató a uno de dos "motochorros", adjudicando la violencia
a una cuestión de categorías: "ellos o nosotros",
le dijo a su novia para calmarla, frente al cuadro de desconcierto de
sus gestos. Los vecinos vieron desplazarse en Fuerte Apache a la pareja,
dentro de un auto Chevrolet Astra, seguidos por una moto con dos hombres.
Desde dos ruedas, los muchachos habrían querido asaltarlos (nadie
dice cómo ni con qué) y fue ahí cuando el efectivo
bajó la ventanilla y les tiró tres veces: una bala en
la cabeza y otra en el abdomen del acompañante de la motocicleta,
la tercera para el conductor sobreviviente. Pero ese ellos o nosotros
no titula las noticias, se esconde tras el método mediático
del "violento enfrentamiento" con armas de un solo lado.
El mismo
día, en Misiones, los diarios tuvieron que recular con la noticia
dada una semana antes, cuando "informaron" que el changarín
Julio Antonio Lloret, de 25 años, había sufrido una "muerte
súbita" en un calabozo de la comisaría de Guaraní.
La autopsia reveló que el joven murió apaleado, por lo
que ocho policías y el médico que certificó la
muerte como "natural" se convirtieron en imputados por las
torturas y su encubrimiento. Julio había sido detenido el 24
de febrero, cuando esperaba el colectivo para ir a Oberá, donde
le había salido una changa. Lo tuvieron preso varios días,
y cuando fue liberado, en pésimo estado, alcanzó a contar
que le habían pegado. Agonizó varios días, hasta
que falleció y fue rápidamente enterrado sin ordenarse
una autopsia, con apoyo en el certificado del médico encubridor.
La constancia en la denuncia pública de la familia logró
que se ordenara la exhumación, y esta pericia que determinó
que sufrió múltiples golpes, y que murió como consecuencia
de los recibidos en la cabeza.
Sólo
dos ejemplos de la docena ocurrida en las últimas dos semanas,
de las dos principales causas de muerte a manos del estado: el gatillo
fácil en las calles y la tortura en lugares de detención.
Gendarme
violador en Huechulafquen: otro paisaje para una historia repetida
El domingo
1 de marzo, en horas de la tarde, un suboficial de la Gendarmería
Nacional violó a una turista polaca que visitaba la zona del
lago Huechulafquen en Junín de los Andes, provincia de Neuquén.
El gendarme,
con destino en la fronteriza zona del Paimún, se movilizaba con
su propio vehículo, que pudo ser identificado por la víctima
y con ello lograr su detención.
La condición
de integrante de las fuerzas de seguridad le agrega un plus al siempre
despreciable hecho.
Sobre
todo, cuando se halla fresco un hecho similar ocurrido en Monte Chingolo
en enero pasado, siendo el autor de la violación un compañero
de armas del uniformado de Neuquén y del que dimos cuenta en
nuestro boletín nº 750.
No es
un hecho aislado ni es el producto de un perverso más.
La humillación,
el sadismo, la violencia, el dominio físico, que entrañan
estas repugnantes conductas, se agravan cuando su autor es alguien al
que el estado potencia concediendo facultades de control y disciplinamiento
social y haciendo la vista gorda cuando esas manifestaciones extremas
ya se vislumbran en la cotidianidad de la función.
Por eso
también es responsable el estado. La lógica del "daño
colateral", con la que asume estas conductas, es esa otra perversión
institucional.
Hay sin
dudas un componente de personalidad que siempre está presente
en estos casos, pero la naturaleza de la función para la que
son convocados estos sujetos, prevalece por sobre aquellas condiciones
y hasta el adiestramiento mismo que reciben, suelen fomentar y liberar
en ellos, el descontrol de sus nefastos impulsos.
Con estos
mismos parámetros deben medirse otras costumbres uniformadas
y que constituyen otro capítulo de la misma historia: detener
arbitrariamente, torturar, desaparecer, matar.
La repetida
historia de una perversión mayor: el ejercicio del poder por
quien monopoliza legalmente el uso de la fuerza y concede a sus ejecutores,
uniforme, armas e impunidades varias.
Inseguridad
es la policía en la calle
El miércoles
4 de marzo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli,
junto con el ministro de Seguridad provincial, Alejandro Granados, y
una gran cantidad de intendentes bonaerenses, celebraron el egreso de
la primera camada de la policía de Prevención Local en
Ezeiza. Se trata de 330 nuevos uniformados que ya se encuentran patrullando
las calles del distrito y que son parte de los 92.000 efectivos, entre
policía provincial y local, que Scioli pretende alcanzar al finalizar
su mandato.
Con declaraciones
como "¿Donde vieron una Policía que no use armas
para estar al cuidado de los vecinos? Esta es la Policía que
soñaba. Muchos se hicieron los boludos. Hasta que Scioli puso
la firma", el ministro agradeció la iniciativa del gobernador
que, a su vez, pronunció algunas frases del estilo "Volqué
todo mi Gobierno para dar respuesta a la demanda de brindar mayor seguridad.
Les quiero agradecer su vocación de servicio y responsabilidad
social. Van a ser una policía más próxima, más
amigable. No quiero una policía autoritaria, sino con autoridad".
La policía
de Prevención Local en Ezeiza es una primera muestra del incremento
de voltaje de las políticas en materia de seguridad que se viene
implementando en la última década, con reformas que pretenden
resignificar y revalorizar los lazos entre policía y comunidad.
Con este objetivo, se han tomado varias medidas, por un lado la descentralización
territorial de la formación policial, que incluye la inclusión
de la carrera de policía en universidades nacionales (UNLaM,
UNLa, UM, UNLZ, etc.) a través de convenios con los municipios,
y por el otro, la apertura de nuevas carreras vinculadas a la Seguridad
Ciudadana, como por ejemplo, licenciatura en seguridad y en criminalística,
entre otras.
Sin embargo,
basta recorrer las otras notas que se incluyen en este boletín
-o tan solo leer un diario o ver la televisión-, para darnos
cuenta que los efectivos egresados son los nuevos verdugos que salen
a la escena para ejecutar la orden de la clase dominante, y por tanto
del estado. Para ellos, es imprescindible contar con estos servidores
que lo que hacen, no es ni más ni menos, es cuidar la propiedad
privada, pilar fundamental del sistema capitalista en que vivimos. Y
para eso, las fuerzas represivas asesinan con el gatillo fácil
y con la tortura en cárceles y comisarías, reprimen a
los trabajadores organizados y desaparecen personas. Pero eso no es
todo, porque a su vez, participan y hasta organizan otros delitos como
los secuestros extorsivos, narcotráfico, extorsión a vendedores
ambulantes, redes de trata, encubrimiento de robos, entre otros.
Desde
el retorno de la democracia hasta fines de 2014, en la provincia de
Buenos Aires -excluida CABA- el aparato represivo del estado asesinó
a 1.946 personas. Si ampliamos los datos al territorio nacional y a
marzo de 2015, el número de asesinados supera los 4.350 casos
registrados. Por eso, resulta indiscutible afirmar que inseguridad es
la policía en las calles.
Desalojo
violento en Carmen de Patagones
En los
primeros días de marzo, en los barrios de Villa Rita y Néstor
Kirchner de la ciudad de Carmen de Patagones, se realizó un violento
desalojo por parte de la policía, que tenia como objetivo sacar
de esas tierras a las familias que habían decidido tomar el predio
ante el déficit habitacional en esa zona.
Los efectivos
policiales ingresaron al predio con la intención de recuperar
esa tierra privada. Su primera acción fue disparar con balas
de goma y lanzar gases lacrimógenos contra los vecinos, que no
retrocedieron y resistieron el avance del accionar represivo, arrojando
piedras, botellas y otros elementos, lo que obligó a frenar el
avance del operativo mandado por la municipalidad para recuperar el
predio.
Todas
las crónicas periodísticas de los medios de comunicación
masivos focalizaron su energía en la "agresión"
sufrida por las fuerzas represivas, y no en el ataque, ni en la violencia
sistemática que sufre diariamente el sector más pobre
de esa zon, sin una política de viviendas, y con una constante
persecución y represión, que son moneda corriente para
los habitantes de Carmen de Patagones.
En octubre
de 2002, en la edición 187 de este boletín, describíamos
las características de las supuestas victimas que construyen
los medios: "Carmen de Patagones tiene la particularidad de ser
el reducto al que son trasladados los policías bonaerenses involucrados
en casos de corrupción o violencia institucional impunes. Es
una especie de castigo para estos canas que en realidad se constituye
en castigo para los pobladores. Los policías rionegrinos no se
quedan atrás y se hermanan con sus pares bonaerenses a la hora
de reprimir. Los vecinos de Carmen de Patagones coinciden en afirmar
que las recorridas policiales de los fines de semana están dirigidas
a "cazar pibes" exhibiendo escopetas Itakas, las que accionan
para intimidarlos. Algunos padres empezaron a denunciar que sus hijos
adolescentes fueron detenidos "sólo porque iban caminando
por la calle". Del otro lado del río, los jóvenes
rionegrinos sufren las mismas persecuciones".
El desalojo
violento ejercido por las instituciones democráticas para resguardar
la propiedad privada con la represión a los sectores que escapan
de su control y órbita institucional es lo que sucedió
en la mañana del 2 de marzo. Ante este atropello, los vecinos
se organizan y se enfrentan a la legalidad del sistema que los avasalla
todos los días con las detenciones arbitrarias, el gatillo fácil
y los desalojos violentos, igual que a toda persona que enfrente directamente
o indirectamente al modelo capitalista.
FUENTE:
CORREPI
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