BOLETIN
INFORMATIVO Nº 751
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BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 751
Del
6 de marzo del 2015
Por
CORREPI especial para Villa Crespo Digital
20
de marzo del 2015
Sumario:
1.
Entre marchas de oposición y actos oficialistas: balas burguesas
contra nuestros pibes.
2.
Torturas en Malvinas: los límites de la institucionalidad.
3.
Comisario todo terreno, hoy massista, ayer K, siempre listo.
4.
Venezuela: joven muerto por un viejo fracaso.
5.
México: la respuesta de Peña Nieto.
Entre
marchas de oposición y actos oficialistas: balas burguesas contra
nuestros pibes.
En la ciudad de Córdoba, en el barrio San Lorenzo
Sur, la noche del domingo 1° de marzo arrancó llevándose
a Cristian Armoney (24) muerto por el disparo en el tórax de
un comisario retirado, quien adujo que disparó para repeler un
robo por parte de tres hombres que quisieron hacerle una entradera.
Pero en el medio que se hace pública la noticia, hablan de delincuentes
aparentes y se omiten balas y armas de parte de los atacantes.
En la otra punta, donde el bosque tupido del hermoso
Chaco llora por los desmontes del negocio sojero, el joven carrero Diego
Adrián Aguilera (17) fue asesinado por los culatazos de las ithakas
policiales. Diego ingresó la noche del domingo 22 con severas
lesiones al Hospital Perrando, tenía signos de torturas en el
cuerpo y golpes profundos en la zona torácica, pero su cuerpo
no aguantó como el de su hermano Julio César Honorato,
quien junto a él también fue torturado. El asesinato del
chico se enmarca dentro de la denuncia urgente de distintas organizaciones
que alertan sobre el recrudecimiento de la persecución y represión
hacia los carreros, estigmatizados por su actividad y condición
de humildes.
El jueves 26 de febrero, en Solano, partido de Quilmes,
un sargento 1° de la Policía Federal que trabaja en los Tribunales
de Comodoro Py, mató a Nahuel Medina, de 15 años, oriundo
de Monte Chingolo, Lanús. Según relatan los medios, el
chico quiso asaltarlo junto a dos compañeros para sacarle su
moto Honda CG 150cc, mientras que el relato del milico, para hacer creíble
su legítima defensa, cuenta que los chicos lo rodearon y uno
de ellos, al darse cuenta que era policía (¿cómo
si vestía de civil?) les gritó a los otros "¡mátenlo
que es rati!". Lo cierto es que el policía mató con
un tiro por la espalda y otro en la cabeza al adolescente de 15 años.
Los otros chicos lograron escapar. En Lanús seguramente la familia
y los amigos del pequeño lloraran dos balas más en el
cuerpo de nuestro pueblo.
Esas son las balas que nunca se detienen. Porque aunque
los medios titulen que medio país va para un lado, medio país
para el otro, todos sabemos que nunca se comentan las noticias de esas
otras posibles partes, que son tan reales como aquellas. Y de seguro,
estas otras partes son las que están atravesadas, partidas, por
aquello que no nombran. Y a estas partes las balas las fragmentan, las
parten, acribillando órganos, ideas y sueños. Balas que
silban por lo bajo, que retumban irrumpiendo las noches de los desfavorecidos,
cuyo desvelo es casi perpetuo, nunca bien amortiguado: un insomnio rancio.
Torturas
en Malvinas: los límites de la institucionalidad.
No alcanzó
que el arco de las denuncias fuera desde malos tratos a estaqueamientos
y otros modos de la tortura.
No alcanzó que hayan sido 120 las denuncias
formuladas y más de 80 los militares involucrados en ellas, mucho
de ellos actualmente en efectivo y vital ejercicio en la cadena de mandos.
No alcanzó que los delitos ingresaran en la
nómina de aquellos conocidos como de Lesa Humanidad.
La Corte Suprema de ¿Justicia?, el pasado 19
de febrero, resolvió desestimar todo el esfuerzo de los ex combatientes
de Malvinas para que se investiguen las torturas cometidas por la oficialidad
en el transcurso de la guerra.
Que la decisión provenga de la Corte, una protagonista
de la patética confrontación de poderes del estado, no
es lo relevante. Tampoco es relevante que la propia presidenta haya
incluido el repudio a la resolución en su discurso de apertura
de las sesiones del Congreso.
La Corte demostró que lo que ayer eran delitos
de lesa humanidad porque el marco de necesidades políticas lo
permitía, hoy pueden dejar de serlo. La Corte demostró
que, si hace pocos años, con la firma de Zaffaroni, consagró
como su doctrina oficial que "en democracia no hay torturas",
a lo sumo tibios "apremios" siempre listos para prescribir,
ahora tampoco hubo torturas en la dictadura tardía.
La presidenta hizo gala de un desfachatado oportunismo:
mientras dijo en su discurso que "lamentaba" la decisión,
calló que uno de los imputados, el general Mario Dotto, fue ascendido
por ella en dos oportunidades y actualmente, y con su firma, es el Inspector
General del Ejército que comanda Milani, el desaparecedor de
Inteligencia.
El juego queda definitivamente en evidencia: el estado
-aquí como un todo- no desprecia ni la tortura ni las violaciones
a los derechos humanos. Cuando no las promueve, las apaña.
Tampoco le interesa el afán de justicia de sus
víctimas.
Entre resoluciones sacadas a la vuelta de una marcha
oscura y discursos de ocasión, lo relativiza.
El límite
de la institucionalidad democrática también está
muy claro: los vientos del presente, pero más lo del futuro,
recomiendan acabar con las investigaciones a los torturadores que hoy
se necesitan tranquilos, seguros y dispuestos. ¿Por qué
y para qué? No es difícil imaginar.
Comisario
todo terreno, hoy massista, ayer K, siempre listo.
En 2007,
en el marco de la pelea entre patotas oficiales de distinto palo en
el Mercado Central, supimos que el ex comisario Pedro Montesino era
quien conducía, por orden y cuenta del gobierno nacional, los
grupos de choque a las órdenes del secretario de Comercio Moreno,
con cargo de asesor de la presidencia de la Corporación del Mercado
Central de Buenos Aires.
Esta semana, algunos medios de la zona oeste difundieron
que el personaje, exonerado de la policía bonaerense en 1998,
es el jefe de campaña del candidato massista a la intendencia
de La Matanza, Alfredo González.
Pedro Montesino era el comisario titular de la Comisaría
7ª de Castelar en la que, en febrero de 1998, estaba preso por
el delito de tortura seguida de muerte el oficial inspector Luis Alberto
Farese, uno de los cinco policías que mataron a Sergio Durán
(17) en la comisaría 1ª de Morón el 6 de agosto de
1992.
Farese estuvo prófugo desde 1993 hasta 1997,
tiempo durante el cual no sólo siguió cobrando sus haberes,
sino que lo hacía concurriendo personalmente, documento en mano,
al ministerio de Seguridad de la Plata. Los recibos con la firma de
su puño y letra están acreditados en la causa penal. Hasta
cobró el "premio especial" que el gobernador Ruckauf
dio como incentivo a la policía bonaerense poco antes de las
megapurgas de principios de 1997 en la primera gestión de Arslanián.
Detenido en octubre de 1997, Farese esperaba en la
comisaría de Castelar que la Cámara Criminal de Morón
fijara fecha para el juicio en el que sería juzgado por la tortura
seguida de muerte de Sergio Durán, como ya lo había sido
el oficial Jorge Ramón Fernández, y como lo fueron después
los cabos Nicolosi y Gastelú. Pero la madrugada del 5 de febrero
de 1998, Farese se escapó de la comisaría. Salió
por la puerta del frente, vestido con un uniforme policial, saludó
al consigna, y se perdió de vista. Nunca más fue encontrado,
y como al otro prófugo, el subcomisario Miguel Angel Rojido,
lo seguimos buscando.
En la causa penal que investigó la peculiar
fuga quedó más que en evidencia la responsabilidad del
comisario Pedro Montesino, y quedó en ridículo la intervención
civil de la policía bonaerense dirigida por Luis Lugones, igual
que su delegado en Morón, el también civil y abogado Martín
Gutiérrez, que se enteró de la fuga cuando abogados de
CORREPI le avisaron, y sólo atinó a decir "me pasaron
por arriba". Para aplacar el escándalo, Lugones exoneró
a Montesino.
Siempre decimos que los policías exonerados
encuentran rápidamente trabajo en la seguridad privada, pero
Montesino tuvo un trato especial: Primero fue designado por el gobierno
kirchnerista como asesor del presidente de la Corporación del
Mercado Central. Ahora dirige la campaña electoral para la intendencia
de La Matanza del Frente Renovador. Quizás, en un par de años,
tengamos que comentar que se consiguió algún otro puestito
con Macri, Scioli, Binner o Sanz.
Venezuela:
joven muerto por un viejo fracaso.
La noticia
recorrió en la semana todas las redacciones del mundo: en Venezuela,
en el contexto de una protesta opositora al gobierno de Maduro, un joven
de 14 años murió masacrado por un policía que le
disparó a la cabeza con su reglamentaria.
El contexto en el que se inscribe esta nueva muerte
a manos del estado, es el de una gravísima crisis interna en
la que el jaque al gobierno incluye afectación de la cotidianeidad
de las clases populares.
Crisis acicateada por los sectores más rancios
de la sociedad, que enmascaran su concepción derechista y reaccionaria
en las columnas masivas del estudiantado universitario y sectores de
la denominada clase media.
A su turno, y más allá de sus discursos,
lo cierto es que Maduro cede lentamente a las exigencias de la burguesía
local, y para ello la aplicación de ajuste a cuenta gotas por
parte del gobierno bolivariano ha generado aisladas pero claves protestas
obreras.
El contexto se completa, entonces, con una inevitable
restricción de las libertades democráticas, que, en el
discurso, se excusan contra la derecha, pero que, en la práctica,
tienden a endurecer siempre en el mismo sentido: frenar cualquier aspiración
popular de avanzar por fuera de la contención y disciplinamiento
del partido del gobierno.
Descripta por quienes -dentro y fuera de Venezuela-
pretenden la caída del gobierno, el crimen es presentado como
nada más que un acto represivo dispuesto por el presidente Maduro.
Quienes ejercen la defensa del gobierno, también
dentro y fuera de Venezuela, han optado por el silencio o por la adjudicación
del hecho a un loquito suelto de la fuerza policial que actuó
por afuera de la responsabilidad política institucional.
Una y otra versión aparentan confrontarse, aunque
coinciden en lo esencial.
Al pibe, lo mató el estado. No importa cuál
sea el nombre que quieran adjudicarle, si bolivariano, nacional y popular,
socialismo del siglo 21, transversal, democrático, liberal, o
como quieran llamarlo, es un estado que administra los intereses de
una sociedad que, antes que dividida en oficialistas y opositores, es,
por sobre todas las cosas, una sociedad dividida en clases.
Esa división en clases marca a las claras que
las presiones de los poderosos no se resuelven con concesiones, porque
siempre quieren más. Se resuelven con lucha organizada.
Al pibe lo mató el fracaso de un ingenioso intento
de conciliación de clases.
El policía ejecutando al pibe es la más
clara expresión de la función que siempre cumple esa fuerza
en momentos de tensión social. Y las apariencias de repudio que
desde las jerarquías de uno y otro bando se expresan, constituyen
la mejor muestra de la hipocresía y el oportunismo con que saben
encubrir esa responsabilidad institucional.
Un párrafo aparte para los inefables medios
masivos de comunicación en manos de las grandes corporaciones
de allá y de acá: casi siempre, en abrumadora mayoría,
los muertos son muertos del pueblo. Ni el pibe de 14 años muerto
por el policía del estado bolivariano, ni el chavista muerto
la semana pasada a manos de la derecha les pertenecen.
México:
la respuesta de Peña Nieto.
La crisis
política desatada en septiembre de 2014 tras la desaparición
de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa a manos de la policía
de Iguala, Guerrero, generó un estado de movilización
sin precedentes en la historia reciente de México, y asestó
un duro golpe a la hegemonía del gobierno priista de Enrique
Peña Nieto. Rápidamente, el conjunto de los sectores patronales
(PRI, PAN, PRD) se apresuraron a exigir explícitamente mano dura.
Como sabemos, toda crisis política supone una "respuesta"
práctica que busque revertirla. Esta no fue la excepción.
El martes 24 de febrero por la tarde, docentes de la
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero
(CETEG) y trabajadores del Sindicato Único de Servidores Públicos
del Estado de Guerrero (SUSPEG) realizaron una jornada de lucha en el
Boulevard de las Naciones, por la zona de Diamante, Acapulco, en reclamo
por el pago de sus salarios -retenidos desde enero de 2015- y en apoyo
al movimiento por Ayotzinapa. Hacia las 20:00, la Policía Federal
desató una brutal represión que se extendió durante
horas, y desde el lugar de los hechos a los barrios circundantes.
El saldo fueron más de cien detenidos, alrededor
de veinte heridos de gravedad y la muerte del profesor jubilado –activista
de la CETEG- Claudio Castillo Peña, de 65 años, quien
falleció a causa de los golpes recibidos. El rastrillaje de las
zonas aledañas -que supuso un despliegue conjunto de Federales
y oficiales del Ejército- incluyó la detención
de cuatro profesoras que fueron violadas en descampados, antes de ser
llevadas a las dependencias policiales. Una de ellas aún se encuentra
internada en grave estado. Del total de los detenidos, 13 están
desaparecidos hasta el día de hoy, y se suman a la larga lista
de la que forman parte los 43 estudiantes.
Dos días después, el reclamo se sumaría
al aniversario de los cinco meses de la desaparición de los normalistas,
en el marco de una nueva Jornada de Acción Global por su aparición
con vida, expresada en distintos puntos del país y el mundo.
Según el diario La Jornada, se realizaron 48 acciones a nivel
internacional bajo la consigna #FueElEstado. En el Distrito Federal
fueron reprimidos por granaderos y la división antimotines, con
un saldo de seis detenidos; en Cancún detuvieron a ocho, y desaparecieron
a 12 más.
Estos hechos deben sumarse a la militarización
de la Autopista del Sol (D.F.), la inauguración del 65º
Batallón de Infantería en Michoacán, las recientes
represiones desatadas en Morelos, Puebla y Chiapas, y la garantía
de impunidad que suponen los desplazamientos del ex-gobernador de Guerrero,
Ángel Aguirre, y el ex-Procurador General de la República
, Murillo Karam. Sin ir más lejos, el primero de marzo fue asesinado
a balazos el líder de la delegación sindical D3-1613 de
la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), Nicolás Robles Pineda, que estaba impulsando el estado
de alerta y movilización del magisterio por el asesinato de su
colega Castillo Peña.
Como podemos ver, cuando se trata de reprimir, el Estado
nunca pregunta, siempre responde –haya o no, pregunta-.
¡APARICIÓN CON VIDA DE LOS 43 NORMALISTAS,
LOS 13 DOCENTES Y LOS 12 JÓVENES CANCUNENSES! ¡VIVOS SE
LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS! ¡EL ESTADO ES RESPONSABLE!
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CORREPI
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