BOLETIN
INFORMATIVO Nº 750
|
BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 750
Del
26 de febrero del 2015
Por
CORREPI especial para Villa Crespo Digital
20
de marzo del 2015
Sumario:
"Trigger-happy":
un viejo conocido.
Borrachos
y a los tiros, esa es la "seguridad" que se pide.
Gendarme
violador en Monte Chingolo.
Mendoza:
Marcha popular, contramarcha oficial.
¡1,2,3,4,5,6,7...
y más de 4.343!
"Trigger-happy":
un viejo conocido.
Inicialmente
esta nota estaba dedicada a visibilizar dos casos de gatillo fácil
en distintos estados de EEUU –"trigger-happy" allá,
un viejo conocido- ocurridos durante las últimas dos semanas;
desafortunadamente, la realidad represiva nos ha ganado de mano una
vez más.
La madrugada
del 26 de enero, Jessica Hernández (17) fue asesinada a balazos
por la policía departamental de Denver, Colorado, cuando intentaba
volver a su casa a bordo de su automóvil. La justificación
del informe policial arguyó que tiraron porque "el transporte
era robado" y porque "les tiró el auto encima".
Uno de los amigos que iban con ella aclararía que recibió
los disparos cuando intentaba cruzar una calle.
La semana
siguiente, apenas pasadas las 17:00 del 10 de febrero, en la localidad
de Pasco del condado de Franklin, Washington, fue fusilado el trabajador
agrícola Antonio Zambrano Montes (35) en plena avenida. Las fuentes
policiales informaron que su caída fue el resultado de una persecución
provocada por "agresiones perpetradas por la víctima",
quien les habría arrojado piedras momentos antes, sin mayor explicación
en relación a los motivos. Los vecinos de la comunidad latina
de Pasco, alertados por los gritos, filmaron el asesinato: en el video
se ve a Antonio que corre de espaldas, entregándose con los brazos
en alto, mientras dos efectivos federales lo apuntan con sus armas reglamentarias
y finalmente se lo ve caer. Según los vecinos, este es el cuarto
caso en el mes que se da en el mismo distrito: en todos los casos, los
policías fueron absueltos.
Según
el archivo del portal estadounidense KilledbyPolice.Net, junto a Jessica
y Antonio murieron otras 164 personas a manos de la policía en
lo que va de 2015, cinco el mismo día que ella y cuatro el mismo
que él, que se suman a las 1.102 víctimas que perdieron
la vida durante 2014.
Como podemos
ver, los métodos represivos no obedecen a fronteras, sino intereses.
Desde ya, no estamos diciendo que sea calcado el dedo que aprieta el
gatillo de una Browning 9mm al que lo hace en una Glock 17w, pasando
por alto las coyunturas económicas, políticas y los kilómetros
de distancia. Hablamos de causas y efectos. En Argentina, y en cualquier
otra parte, el resultado del despliegue y el accionar represivo se traduce
en garantía de control, miedo, disciplinamiento y obediencia.
Las necesidades
de clase no se reducen a un país: los efectos tampoco.
Nota:
al cierre de esta edición tuvimos que modificar la cifra de 2015
porque había muerto una persona más.
Borrachos
y a los tiros, esa es la "seguridad" que se pide.
Todos
sabemos que el reclamo de "seguridad" es, tal vez, el más
oído y extendido por ciertos sectores de la sociedad en nuestro
país; reclamo que, ciertamente, en su propia esencia difusa,
no puede siquiera atribuirse con precisión a una clase determinada,
sino que atraviesa, peligrosamente y con muy diversos argumentos, todos
los estratos de la conformación social, al punto de transformarse
en uno de los puntos eleccionarios centrales de cara a la maratón
de comicios que se viene.
Pues bien,
en el marco de esa lógica, una familia de Comodoro Rivadavia,
en Chubut, contrató, por imperativo del salón de fiestas,
para que "cuidasen" la fiesta de cumpleaños de 15 de
la nena, a dos efectivos policiales adicionales, cuya "protección"
les valió $1.000.
Los policías,
que invitaron a otro a la joda, llegaron tarde y, luego de emborracharse
con Fernet y Gancia en el baño, como adolescentes traviesos,
arremetieron a los golpes, piedrazos y balazos de goma contra distintos
asistentes a la celebración, entre ellos los propios padres de
la cumpleañera, que aún tienen en sus cuerpos marcas de
los perdigones recibidos por los guardianes de la ley, ya liberados
por el beso de Baco. Cabe aclarar que también pegaron trompadas
a mujeres, según las declaraciones, y que no sólo las
personas, sino también el lugar quedó maltrecho.
Por supuesto,
desde la institución, y contra la palabra de todos los testigos,
aseguraron que los policías fueron agredidos primero (como si
ellos no tuvieran el deber de soportar ciertas medidas de agresiones,
aborrecidos como son por gran parte de la sociedad y casi toda la juventud)
y que luego, por una reyerta entre asistentes, debieron intervenir,
lo que desató el escándalo. Los policías permanecen
en la fuerza y, la verdad, nadie les cree nada.
Más
allá de los ribetes fellinescos del asunto, cabe preguntarse
cuál es la real necesidad de llevar policías armados a
una celebración de adolescentes y, por supuesto, cuáles
son las consecuencias que el pedido de "seguridad" acarrea
cuando se le solicita a estos verdugos con armas y gorra azul. En cualquier
caso, vale proyectar nuevamente cuál puede ser el resultado de
aquel pedido a la escala que se desee, total, los parámetros
siempre van a dar más o menos lo mismo.
Gendarme
violador en Monte Chingolo.
El sábado
31 de enero, en el parque Gral. Belgrano del barrio Monte Chingolo,
Lanús, un gendarme encerró en un baño público
y violó a una niña de 15 años. La nena, junto a
otros niños y jóvenes, participaba en ese parque de actividades
educativas y recreativas. Claro que, además, ese espacio público
es parte del despliegue del "Operativo Centinela" de la gendarmería
nacional.
Es con
el discurso de la inseguridad que las fuerzas represivas son depositadas
en nuestros parques, en nuestros barrios, en cada esquina; con la perorata
de "están para cuidarnos" debemos convivir día
a día con los ejecutores de las políticas represivas del
estado.
Luego
del hecho, la joven, junto a su familia y compañeros del Frente
Popular Darío Santillán del cual forman parte, se enfrentaron
a la desidia y a la complicidad de la que disponen las instituciones
del estado cuando al que se denuncia es uno de su lado. Tanto en el
hospital, como en la comisaría de la mujer de Lanús y
en la UFI 4 de Lomas de Zamora, la respuesta fue encubrir al violador
y amenazar a los familiares de la niña. Así funciona la
"igualdad ante la ley": las instituciones del estado, entre
ellas su aparato judicial, ponen sus herramientas a su propio servicio,
nunca a favor del pueblo.
El sábado
21 de febrero, diferentes organizaciones del campo popular realizamos
un escrache al gendarme violador en los accesos del parque, exigiendo,
entre otras reivindicaciones, el retiro inmediato de gendarmería
del espacio público donde crecen y juegan los niños y
niñas del barrio. Sigamos profundizando la coordinación
y organización desde la base. ¡Fuera los represores de
nuestros barrios y nuestros parques!
Mendoza: Marcha popular, contramarcha oficial.
Mendoza,
Valle de Uco, Tupungato.
En el
último septiembre, se organizó la marcha hacia la sede
de la Cría. 20ª, cabeza policial del departamento, para
denunciar y visibilizar la sistemática persecución de
los pibes jóvenes y pobres de la región, sus repetidas
detenciones arbitrarias y las vejaciones, golpes y torturas que les
propinan en todas esas oportunidades.
La sorpresa
que esa histórica reacción popular generó, puso
a la policía local en un dilema: continuar como si nada o parar
con la política implementada, no eliminando esas prácticas
pero sí reduciendo la cantidad de casos (por lo menos hasta que
el grado de exposición pública disminuya, decimos nosotros).
No obstante
haber intentado redoblar la apuesta con una visita provocativa al colectivo
de la Biblioteca Popular Mirador de Estrellas y a la Radio Sin Dueño
(principales difusores de la protesta), y al tenor de declaraciones
inverosímiles del propio comisario del lugar, tuvieron que adoptar
la segunda opción.
Hace unos
días, un agente policial se presentó en la sede de la
Biblioteca Popular portando una notificación para que los compañeros
referentes del lugar se presenten a declarar. La justicia, según
palabras del notificador "quería saber más sobre
aquella denuncia hecha en las calles."
A la 2da.
Fiscalía Correccional de Tunuyán, concurrieron esos compañeros
y algunos vecinos que participaron de la marcha y que también
recibieron citaciones. La causa habría sido promovida por el
"Procurador de personas privadas de la libertad", un cargo
que la burocracia estatal ha creado recientemente, casi simultáneamente
con la promulgación, en Mendoza, del Código de Convivencia
que ha derivado en mayores facultades policiales para legitimar las
prácticas que se denuncian.
Lo cierto
es que los compañeros fueron interrogados sobre las denuncias
hechas en la marcha, aunque en algunos casos las preocupaciones de los
instructores pasaron más por conocer la data de sus organizadores.
No es
la primera vez que pasa: el estado tiene funciones que sirven para lavar
el trabajo sucio de sus componentes. El lavado se hace generalmente
con jabones de impunidad, y sólo en contadas ocasiones y cuando
la presión popular se hace notar, con ácido de condena.
A diferencia,
lo efectivo es que la lucha organizada ha servido para visibilizar y
desnaturalizar el accionar policial. Ha sido la capacidad de movilización
y la disposición a hacerla pública lo que los ha obligado
al repliegue.
La lucha
antirrepresiva nos obliga a estar atentos y a respaldar a los compañeros
que, a lo largo y ancho del país, la llevan a cabo, con el eje
principal puesto en la confianza sólo en esas, nuestras propias
fuerzas.
¡1,2,3,4,5,6,7... y más de 4.343!
En unos
pocos días de febrero, hasta la fecha de publicación de
esta pequeña crónica, contamos nueve víctimas de
la represión perpetrada por las distintas fuerzas del estado,
que se suman a los 4.343 registros que, a esta altura del año,
reemplazan a los 4.278 con que cerramos el Archivo 1983/2014 en noviembre
pasado.
El lunes
20, en la localidad de Villa Ruiz, partido de San Andrés de Giles,
tres chicos robaron un supermercado. Alertados por el 911, policías
bonaerenses los encontraron y persiguieron unos 60 kilómetros.
Ya en Pilar, se sumaron las patrullas del Comando de Prevención
Comunitaria detrás del Peugeot donde escapaban los jóvenes,
hasta que finalmente los detuvieron. Dentro del patrullero uno de los
chicos (24) "murió aparentemente de un ataque cardíaco"
redacta inverosímilmente el diario Crónica, siguiendo
al pie de la letra el parte policial.
El 12
de febrero, en Gregorio de Laferrere, La Matanza, Jonathan Almada (18)
fue asesinado por un cabo 1° de la policía federal, que estaba
de franco, y utilizó su 9mm reglamentaria para ejecutarlo a muy
corta distancia. La excusa, claro, un intento de robo.
El 17
de febrero, en Bernal, partido de Quilmes, un chico de 21 años
fue fusilado con dos tiros en el pecho por un policía del Comando
de Prevencio´n Comunitaria (CPC), quien según contó
lo persiguió a partir de una denuncia por robo a mano armada
hasta un comedor comunitario, lugar donde el chico se refugió.
Los familiares del chico, que trabajaba en el puerto, denunciaron el
caso públicamente, y aseguraron que después de matarlo,
le plantaron el consabido "perro", una pistola Pietro Beretta.
El 21,
en Canning, Esteban Echeverría, tres adolescentes quisieron robar
sus pertenencias a un hombre en la parada de un colectivo. Desconocían,
claro, que era un policía federal de civil. Cuando el policía
sacó el arma salieron corriendo, pero Nicolás Ezequiel
Gallardo (16) recibió los disparos y cayó muerto. Los
otros dos pibes, igual de jóvenes, fueron detenidos. El homicida,
Adrián Ezequiel De Herrera, que según la crónica
oficial publicada en los diarios "no dudó en enfrentarse
a los forajidos", está libre.
El 18
de febrero, el cuerpo de Romina Ríos fue encontrado en un barranco
cerca de la ciudad de La Rioja, totalmente incinerado. La chica, de
18 años, había desaparecido una semana antes, después
de llegar desde su pueblo, Patquia, a la capital provincial para estudiar.
Había
muerto de un disparo, efectuado por su primo y novio, Pedro Miguel Ángel
Ortiz, también de 18 años, que, además de femicida,
es agente recién recibido de policía, afectado al área
de Prevención Urbana. Ortiz, que había recibido su arma
cinco días antes de usarla contra Romina, la citó en la
casa de un amigo. Cuando fue detenido, trató de explicar que
fue un accidente a partir de un forcejeo durante una discusión
de "carácter amoroso". Lo que no pudo justificar como
"accidental" es que luego cargó el cuerpo en su moto,
la tiró al barranco, la cubrió con cubiertas de auto y
prendió fuego.
En el
pueblo de Patquia, hubo marchas organizadas por sus familiares, amigos
y vecinos, que además de gritarle ¡asesino!, denunciaron
que Ortiz cuenta con el amparo del Intendente Juan Herrera, por ser
su sobrino.
En cambio,
en una conferencia de prensa, los altos jefes de seguridad se preocuparon
por destacar que "La Policía se auto-depura, es la única
que trabaja y saca de circulación a toda aquella persona que
ha transgredido la ley, más en este caso en donde se ha puesto
en tela de juicio no tan solo al ministro o al secretario, y a la Policía
en general".
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
13.248
