BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 735
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BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 735
Del
21 de octubre del 2014
Por
CORREPI especial para Villa Crespo Digital
17
de noviembre del 2014
Sumario:
1.
Cristian Farías, asesinado por la policía santiagueña.
2. "Justicia" en el Indoamericano: cuando el sistema ni siquiera
disimula.
3. Parque Pereyra Iraola: Gatillo fácil en bicicleta.
4. Córdoba, de nuevo el comisario Suárez.
5. Más presupuesto para reprimir.
Cristian Farías, asesinado por la policía santiagueña.
A principios
de 2003, la provincia de Santiago del Estero se convirtió en
noticia nacional, a partir del "Crimen de la Dársena ".
A los nombres de las víctimas, las jóvenes Patricia Villalba
y Leyla Bshier Nazar, se fueron sumando los de sus asesinos, el jefe
de policía Antonio Musa Azar y tres de sus subordinados, que
las secuestraron y mataron para silenciar el entramado de fiestas negras
en las que los hijos del poder (entre ellos, Musa Azar hijo) se cobraban
el derecho de pernada con las hijas del pueblo santiagueño.
La indignación y movilización popular logró la
caída del jefe político de Musa Azar, el cinco veces gobernador
Juárez, y su mujer, Nina Aragonés. El gobierno nacional
intervino la provincia, y designó para la tarea al ex fiscal
Lanusse. A mediados de 2008, Musa Azar y los tres policías fueron
condenados a prisión perpetua, y un cómplice civil a 22
años de prisión.
Pero el de Leyla y Patricia no era el primer crimen policial posterior
a 1983 en Santiago del Estero. Los nombres de una infinidad de asesinados
por el gatillo fácil y la tortura resonaban ya entonces en los
barrios: la masacre del barrio Campo Contreras, en la ciudad capital,
con la muerte de José Luis González y graves heridas a
los jóvenes Federico Saracco y Pablo Alarcón; Rubén
Edgardo Godoy, Ramón Rojas, Gustavo Norberto Cáceres y
Mauro Lohaiza, muertos tras las rejas; los asesinatos de Osvaldo Britos
y José Antonio Galván en Añatuya, etc.
Desde el asesinato de Leyla y Patricia en 2003, fueron 70 los nuevos
nombres que Santiago del Estero sumó al listado de asesinados
por el aparato represivo estatal, que ya no dirige el juarismo, sino
el Frente Cívico por Santiago, que en diciembre pasado consagró
gobernadora a Claudia Ledesma Abdala, esposa del anterior mandatario
provincial, Gerardo Zamora.
Uno de los más recientes nombres, es el de Cristian "Tino"
Farías (26), un mecánico, pintor y albañil del
mismo barrio Campos Contreras de la recordada masacre de los '90. El
20 de septiembre a la madrugada, Tino volvía a su casa en moto,
junto con un chico vecino, cuando efectivos de la policía comenzaron
a perseguirlos a los tiros. Uno de los móviles encerró
la moto, lo que causó que se estrellara contra un poste de luz.
Tino murió en el acto, mientras que el chico que lo acompañaba
recibió graves heridas por los disparos y el impacto.
La versión oficial fue que nueve sujetos en una especie de grupo
comando motorizado intentaron robar una motocicleta estacionada nada
menos que en la vereda de la Dirección General de Inteligencia
Criminal de la Policía , pero fueron sorprendidos por personal
de civil del lugar y escaparon "en distintas direcciones",
aunque dejaron en el lugar una moto Yamaha 150. Los policías
de civil llamaron a los uniformados. El personal de uno de los móviles,
una camioneta Kangoo, avistó y persiguió una moto (la
de Cristian), que "perdió el control por un badén
e impactó con el cordón, se precipitó al piso y
falleció en el acto". Naturalmente, el relato policial no
explica que el pibe menor de edad tenga heridas de bala, lo que incluso
llamó la atención al juez interviniente, que dispuso el
secuestro del armamento policial. Aunque Cristian tenía sus documentos
y los de la moto, la familia tuvo que encontrarlo a puro esfuerzo, sin
que ninguna autoridad los contactara por horas.
Conscientes de que sólo con la movilización y la lucha
popular podrán impulsar el reclamo de juicio y castigo a los
responsables, los familiares de Cristian Farías se organizaron
con sus vecinos, y vienen sacudiendo la siesta santiagueña con
nutridas marchas, al tiempo que, a través de un familiar que
reside en la ciudad de Buenos Aires, se pusieron en contacto con CORREPI,
para visibilizar la denuncia pública desde el Encuentro Nacional
Antirrepresivo.
La última movilización fue el 16 de octubre, convocada
con estas palabras: ¡Decimos Basta! Perdamos el miedo, no nos
dejemos vencer por el temor y eliminemos esta mala policía asesina.
Solos no podemos, pero entre todos y con un poquito de cada uno se puede.
Que Nunca Más haya otro Cristian, que nuestros hijos puedan andar
tranquilos y cuidados en las calles y por todos los casos de impunidad
no resueltos hasta el día de hoy.
"Justicia"
en el Indoamericano: cuando el sistema ni siquiera disimula.
La justicia
democrático-burguesa tiene un mérito central para sus
propios fines: ha logrado que, por primera vez en la civilización
occidental, la justicia realmente aparezca como un concepto justo, neutral,
desinteresado, abstracto y desapasionado. Ya no se trata del evidente
antojo del rey, las crueles reprimendas del derecho canónico
o la inapelable sentencia fascista. El estado capitalista logró
que el cuento de una justicia justa y objetiva se hiciera carne e institución,
disimulando apenas (pero con éxito) los clarísimos intereses
de clase que le dan cuerpo y animan su tinta.
Pues bien, esa "justicia" llegó a los sucesos que tuvieron
lugar en la toma del Parque Indoamericano, en diciembre de 2010.
Como todos sabemos, la toma se dio en el marco de una situación
insostenible de precariedad en cuanto a la vivienda en la Ciudad de
Buenos Aires; es decir, una situación de pobreza, de necesidad
extrema, de esa pauperización con que este maldito sistema intenta
someter a quienes le sobran.
También sabemos todos que la policía (en operativo conjunto
de la Federal y la Metropolitana , como para no dejar dudas) asesinó
a tres personas en esos días: Rosemarie Chura Puña, Emiliano
Canaviri Álvarez y Bernardo Salgueiro.
Lo que sabemos, también, es que ningún policía
está ahora imputado por esas muertes. No. La "justicia"
democrática apunta a otro lado, hacia lo importante para ellos,
y acusa entonces a aquellos que"usurparon" tierras, con posibilidades
incluso de encarcelarlos durante largo tiempo. Super-lógico:
cualquiera que desafíe el infame régimen de propiedad
de la tierra atenta contra lo más neurálgico del monstruo,
contra aquello que Locke y demás liberales encontraron como piedra
angular de la vida en común; es un enemigo del sistema y debe
ser castigado o eliminado.
La parodia judicial llega al punto de que las "pruebas" de
la fiscalía descansan en declaraciones de integrantes de las
fuerzas de seguridad actuantes, que, según el fiscal, fueron
atacados y solamente se"defendieron", aunque esa "defensa"
incluyera el disparo de cartuchos de escopeta con proyectiles de plomo.
Desde CORREPI, nuestro más enérgico rechazo a la criminalización
de la protesta, y la denuncia eterna de la impunidad policial, cuyas
balas son disparadas, acompañadas o negadas por el aparato estatal
al cual sirven.
Parque
Pereyra Iraola: Gatillo fácil en bicicleta.
Trabajaremos
sobre una noticia hermética, sin detalles esenciales, oscura,
sospechada, emanada de la misma policía de la provincia de Buenos
Aires:
El sábado 11 de octubre, a las 22.00, jóvenes armados,
en un paraje interno del Parque Pereyra Iraola, se lanzaron sobre unos
ciclistas para robarles las bicicletas. Entre los ciclistas se hallaba
un subcomisario de la bonaerense, que dio la voz de alto, sacó
un arma y disparó sobre los asaltantes matando a uno de ellos
mientras los otros dos escaparon. El ladrón murió y el
fiscal no detuvo a nadie.
¿Y si hubo peligro de robo pero no peligro de vida para los asaltados?
Porque no hay rastros de enfrentamiento, sólo una ráfaga
disparada por el subcomisario.
¿Y si la muerte se produjo de otro modo? Porque suena extraño
que un policía haya dado la voz de alto policía, extrajera
su arma y disparara varias veces casi simultáneamente a que tres
personas armadas le estén sacando sus pertenencias, y, siendo
siete personas las involucradas, ninguna otra haya recibido siquiera
un raspón.
¿Y si el muchacho agonizó sin otra atención más
que la mirada cómplice y los golpes finales de otros policías?
Porque nadie explica la deformación de su rostro, ni por qué
la ambulancia llegó casi dos horas más tarde. Precisamente
-y algo más que curiosamente- es la hora que apuntan como la
de la muerte.
La justicia calificará como robo, lanzará la captura de
los ladrones prófugos y archivará la causa. El homicidio
no será investigado porque el fiscal Daniel Ichazo lo lavó
con el remanido recurso de la legítima defensa que, se sabe,
ni es defensa ni es legítima. Pero el fiscal dormirá tranquilo
porque cumplió con la ley, abonando que su justicia, sólo
es independiente de la Justicia.
Los medios no dirán nada más, nunca más, la función
está cumplida.
El subcomisario Sebastián José Zabala seguirá en
su puesto de jerarquía en el ámbito de la policía
científica de San Martín, como ejemplo de lo que hay que
hacer para encausar las "desviaciones" propias de un sistema
que genera pobres y después los mata.
Mientras esto ocurre, en Varela, el barrio pobre dónde vivía
el muchacho muerto, habrá un silencio fugaz, junto al temor y
la desorientación y un par de bicicletas tiradas... A menos que
alguien se plante, y decida organizarse detrás de las preguntas
y dar la consiguiente pelea no sólo para conocer la verdad de
este caso. Además, y fundamentalmente, para desenmascarar estas
prácticas cotidianas del estado, que desde CORREPI, solemos llamar
política.
Córdoba,
de nuevo el comisario Suárez.
Unos meses
atrás Alberto Fernando "Were" Pellico (18), fue asesinado
de un disparo en la cabeza en el barrio Los Cortaderos, de la ciudad
de Córdoba. La versión policial indicó que el pibe,
junto al primo, iba conduciendo una moto. Evitaron un control policial,
los persiguieron, les dispararon. La versión oficial, nada más
ni nada menos que la tan conocida "muerte en enfrentamiento"
a la que nos tienen acostumbrados las fuerzas represivas del Estado.
La realidad, un disparo a la cabeza, por detrás.
Los dos efectivos responsables por la muerte -Lucas Chávez y
Rubén Leyva- están imputados por homicidio calificado
y entorpecimiento de la investigación. Pero eso no es todo, hace
unos días se conoció que Lucas Chávez tiene una
imputación por otro homicidio en 2012.
Tal como ocurrió en ese momento, ambos policías cuentan
con el apoyo y la defensa institucional, que se manifestó por
parte del actual jefe de la Policía de Córdoba, Julio
Cesar Suárez, quien no sólo desmiente constantemente los
casos de gatillo fácil, diciendo que "la policía
no pretende andar matando gente", sino que también se ocupa
de amenazar y patotear a los periodistas que cubren y denuncian la infinidad
de allanamientos y represiones en los barrios más pobres de la
ciudad y a los fiscales encargados de las investigaciones. Por supuesto,
no hay que desconocer que la impunidad con la que actúa Suárez
-fan de las declaraciones a través del Twitter- y la institución
policial que representa es amparada por un sistema judicial y político
cómplice que timonea y protege su accionar. Sin ir más
lejos, el jefe policial, del que ya nos ocupamos en el Boletín
pasado (nº 734), usó la cuenta oficial de Twitter de la
Policía provincial para advertirle a un fiscal que investiga
el operativo en el barrio Los Cortaderos "que deje de mentir"
y que "se iba a encargar de él".
Suárez, que se encargó de instalar un control policial
cada dos cuadras y llenar de uniformados los barrios populares declaró
que "los delincuentes saben que si salen a robar armados pueden
tener la desgracia de terminar muertos". Pues lo cumple a rajatabla.
Al contrario de lo que continuamente afirman los medios de comunicación
masivos o los sectores opositores al oficialismo en la provincia, en
relación a la actitud destemplada del gobernador Juan Manuel
de La Sota , quien debería mantener bajo control a la Policía
de Córdoba, desde CORREPI denunciamos que esto no es así,
ya que el accionar de la policía viene cumpliendo al pie de la
letra la tarea que el sistema capitalista le encomienda, reprimir a
los jóvenes y pobres para poder sostener la explotación
de los trabajadores por parte de los sectores más ricos.
Esto se ve clarito en Córdoba, que en lo que va del año
acumula por lo menos una decena de asesinatos entre casos de gatillo
fácil y muertes por torturas en cárceles y comisarías
que adquirieron visibilidad sólo como consecuencia de la organización
y movilización de los familiares, amigos y organizaciones políticas
y sociales que continuamente denuncian la represión estatal.
El asesinato de Were se suma al de Cristian Guevara, Walter Darío
Arrieta, Pablo Nicolás Navarro, Lautaro Torres, Exequiel Barraza,
Ezequiel Ávila y Leonardo Righini, entre otros.
Frente a los pedidos de reformas y de implementación de una política
de seguridad democrática, o las campañas contra la violencia
institucional por parte de organizaciones del oficialismo nacional o
de la oposición provincial, desde CORREPI y el Encuentro Nacional
Antirrepresivo seguimos otro recorrido -la denuncia y la movilización-
porque creemos que la organización y la lucha es el único
camino posible.
Más
presupuesto para espiar y reprimir.
"Ley
de leyes", le dicen a la ley de presupuesto, porque es el resumen,
traducido a partidas de dinero, de las prioridades que cada gobierno
fija para el año entrante. El análisis de la forma en
que se imputan los fondos públicos a las distintas áreas
da una idea muy clara y concreta de lo que el gobierno de turno considera
que serán sus necesidades más importantes en los siguientes
12 meses.
El presupuesto 2015 muestra sin tapujos cuáles son los principales
"problemas" que el kirchnerismo piensa que deberá enfrentar
en su último año de gobierno, lo que se refleja en las
áreas para las que se destinan mayores recursos. No es sorpresa,
para un gobierno que hace un año declaraba orgulloso por boca
del entonces ministro de Seguridad Arturo Puricelli, que de 2003 a 2013
el presupuesto de seguridad se incrementó el 1.096%, que nuevamente
los dineros para reprimir se incrementen.
Así, las partidas destinadas al área de área de
Defensa superan los 25,2 mil millones de pesos, con un pico de un aumento
del 31,8% para la más sensible de sus tareas: la inteligencia
militar, dirigida por el genocida general Milani. Además, se
prevé la modernización de aeronaves, tanques, mejoras
en buques de guerra e incorporación de radares para el control
del espacio aéreo, y, como siempre, los gastos para que los yanquis
los entrenen: Las Fuerzas Armadas "tienen previsto para 2015 llevar
adelante el adiestramiento del personal y el alistamiento de los medios
para obtener aptitud y actitud operativa de los sistemas de armas, a
los efectos de disponer de una capacidad de disuasión que posibilite
desalentar amenazas que afecten intereses vitales de la Nación".
Y luego detalla que, para el ejército, está programada
"la realización de 18 días de adiestramiento operacional
en campaña y de 40 días en guarnición, 7 ejercicios
conjuntos, 2 ejercicios combinados y 5 de fuerzas especiales".
De similar forma se prevén los ejercicios conjuntos de los que
participarán la fuerza aérea y la armada.
En el área de seguridad, uno de los objetivos destacados se presenta
como: "promover las capacidades de las fuerzas de seguridad, mejorar
el equipamiento y la modernización tecnológica de las
fuerzas federales, fortalecer los ámbitos de participación
comunitaria, actualizar los protocolos de actuación, fortalecer
el cuerpo de prevención barrial de la Policía Federal,
fortalecer la actuación de las fuerzas federales en distintos
operativos especiales como el Operativo Centinela, el Plan Unidad Cinturón
Sur, y el Plan Integral de Seguridad en la Cuenca Matanza-Riachuelo".
Traducido: más militarización de los barrios, más
control territorial de la policía, la gendarmería y la
prefectura.
El área de Seguridad Interior recibirá un incremento de
partidas particularmente significativo si se lo compara con la ejecución
del año 2013, fundamentalmente para las funciones policiales
en el área metropolitana. En el área del sistema penal,
la repartición con mayores aumentos en su presupuesto no es otro
que el servicio penitenciario, dineros que, ya lo sabemos, no se reflejará
en comida ni alojamiento dignos para los presos.
Es indudable que el gobierno sabe que deberá enfrentar más
luchas obreras, a las que tratará de frenar con fuerzas de seguridad
más entrenadas y mejor armadas, y que, en los barrios, tendrá
que redoblar sus esfuerzos para impedir que los padecimientos cotidianos
a fuerza de ajuste e inflación empujen al pueblo descontento
a la calle.
FUENTE:
CORREPI
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