BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 736
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BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 736
Del
27 de octubre del 2014
Por
CORREPI especial para Villa Crespo Digital
17
de noviembre del 2014
Sumario:
1.
"¡Viva el estado de derecho!" Los pobres a la cárcel
y los represores asesinos sueltos.
2. Cristina y su filiación (Groucho) Marxista: la reforma del
Código Procesal Penal.
3. Celebramos el 7º plenario del Encuentro Nacional Antirrepresivo.
4. Marcha de la Gorra trucha.... o de cómo las apariencias engañan.
5. Para la represión no hay ajuste.
"¡Viva el estado de derecho!" Los pobres a la
cárcel y los represores asesinos sueltos.
Otra
vez, como ocurre semana a semana, seguimos contando pibe tras pibe asesinado
por las fuerzas represivas del estado, a lo largo y ancho del país,
mientras jueces y fiscales hacen lo imposible para amparar a los verdugos.
Hace un año, el 25 de septiembre de 2013, Nicolás Vázquez,
de 18 años, fue asesinado en Lanús por el comisario Héctor
Amarilla. Desde entonces, el aparato judicial avaló la versión
del asesino: que el joven había robado una remera de un local
y salió corriendo; que Amarilla, que hacía horas extra
en el local, lo persiguió, y, tras un tiroteo, lo mató
en defensa propia.
Pero hace poco se consiguieron las filmaciones de una inmobiliaria del
lugar que demuestran, junto con un testigo, que lo que ocurrió
fue bien diferente: nada de enfrentamiento; Nicolás estaba desarmado
y Amarilla lo fusiló disparándole en el cuello cuando
el joven intentó entregarse. El comisario se fue y luego volvió
con la pierna herida para plantarle un arma al chico ya muerto. Ahora
la causa por robo contra la víctima dejó su lugar a otra
por homicidio, con orden de detención para el comisario. Claro
que, a esta altura, Amarilla se escapó y está prófugo,
como suele pasar con estos asesinos institucionales.
El 10 de octubre de este año, en San Martín, Mendoza,
Brian Cuello, de 17 años, fue fusilado por el subcomisario Marcelo
Gatica, en medio de una razzia en el barrio Ambrosio. El asesino no
sólo está libre, sino que fue declarado inimputable por
los forenses, que lo diagnosticaron como "obnubilado" debido
a un piedrazo que recibió después del fusilamiento.
En Córdoba, otro asesino será juzgado por homicidio calificado,
delito que prevé prisión perpetua, pero como es un cabo
de la policía, también sigue libre. Se trata de Marco
Antonio Sosa, que en noviembre de 2013, en el barrio Bajo Pueyrredón,
asesinó a Alejandro Godoy, de 25 años. En medio de un
conflicto entre dos vecinos, al que Alejandro permanecía ajeno,
Sosa disparó su arma, dejando al joven en estado vegetativo durante
73 días, hasta que finalmente falleció. Los vecinos salieron
a las calles a exigir justicia por Alejandro y fueron reprimidos con
balas de goma.
Continuando con esta enumeración de impunidad: este jueves 24
fueron absueltos los tres policías imputados por el asesinato,
en 2008, de Atahualpa Martínez Vinaya en Viedma. Este joven de
19 años estaba en un boliche del que fue sacado por la fuerza,
fusilado por la espalda y su cadáver fue arrojado a 5 km. del
lugar.
A su vez, en la unidad 42 de los penales de La Capilla, Florencio Varela,
dos presos integrantes del proyecto Escuela, uno de primaria y otro
de secundaria, aparecieron muertos. Uno de ellos, Miguel Ponce, murió
de apendicitis al no ser atendido debidamente por el personal, pese
a que había comunicado en repetidas ocasiones el pedido de tratamiento
por su malestar. El otro detenido murió en una pelea con otro
interno, el cual está con heridas graves. Como sabemos, estas
peleas son algo común en las cárceles y son las más
de las veces armadas por los propios guardiacárceles, que se
valen de sicarios para librarse de los presos "molestos".
De hecho, los presos que participan del proyecto escuela vienen sufriendo
acosos constantes del personal penitenciario, así como la baja
de la matrícula.
En el penal de San Felipe, Mendoza, Jesús Alaniz López,
de 20 años, también murió, en una pelea según
la versión oficial. Sin embargo, nadie vio nada. Después
de que se lo encontró, el 28 de septiembre, con una herida punzante
en un ojo, que le causó un derrame cerebral, fue llevado al hospital
donde por tres días permaneció registrado como NN, mientras
su familia removía cielo y tierra para averiguar dónde
estaba y en qué condiciones. Finalmente, murió el 8 de
octubre. Estaba preso por un robo simple, y no había sido juzgado
todavía.
El 12 de octubre, en la comisaría de Orán, Salta, apareció
muerto el detenido Eusebio Cardozo, tras recibir una golpiza y sufrir
un ataque de epilepsia.
Mientras tanto, en La Pampa, el fiscal Jorge Amado y el abogado del
policía asesino Osvaldo Pérez acordaron un juicio abreviado
a propósito del asesinato del cazador Matías Ramos, ocurrido
hace cinco años. Con el juicio abreviado, Osvaldo Pérez
será condenado por homicidio culposo (accidental), con una pena
mínima y en suspenso. Recordemos que Matías recibió
un tiro en la frente, al pasar su camioneta al lado del patrullero.
¿Dónde cabe la posibilidad de un supuesto "accidente"?
Ni siquiera la planteó el asesino en su primera versión,
que fue, apoyado en pruebas plantadas, la tan típica de la defensa
propia en un "enfrentamiento".
La familia de Matías, encabezada por su hermana Carolina, está
convocando a una marcha de repudio este miércoles 29 de octubre,
a las 9:00, en el centro judicial de Santa Rosa.
Por otra parte, y finalizando por ahora con esta seguidilla de medidas
judiciales al servicio de la impunidad para los que reprimen día
a día, el Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires revocó
la resolución que negaba la libertad condicional para el ex sargento
Justo López, condenado a perpetua por asesinar en la tortura
a Miguel Bru el 17 de agosto de 1993 en La Plata. Recordemos que Miguel
sigue desaparecido. El asesino ya gozaba de salidas transitorias y ahora
saldrá en libertad.
Cristina y su filiación (Groucho) Marxista: la reforma
del Código Procesal Penal.
CFK
es marxista, se sabe, grouchomarxista. Fue Groucho quien dijo: "Estos
son mis principios, si no le gustan tengo otros". El kirchnerismo,
arrinconado por cierta pérdida de consenso y obligado a tomar
una postura frente a los típicos dilemas que se presentan ante
el ajuste y los reclamos crecientes de la clase trabajadora, decidió
reformar el Código Procesal Penal de la Nación, incluyendo
normas, y sus correspondientes conceptos subyacentes, que claramente
se orientan hacia la derecha y desmienten definitivamente, si es que
hacía falta, la debilidad de los discursos "progresistas"
que el gobierno declama hace más de 10 años.
La presidenta dedicó una cadena nacional a presentar este proyecto
de reforma, y el recorte elegido para hacer dicha presentación
ya denota la intencionalidad política de la reforma. Berni, el
vocero oficialista de la lucha contra la "inseguridad" (una
vez que este tema se tornó primordial a la hora de pensar en
las urnas), hace años que está denostando al aparato judicial,
acusándolos de garantistas y suplicándoles que dejen encerrados
a todos los "delincuentes". Pues bien, éste es el regalo
de Cristina para él, o en todo caso la revelación de las
parodias del kirchnerismo.
Entonces los inmigrantes se tornan (tal como lo pide la derecha desde
siempre) un chivo expiatorio y el Estado Argentino los expulsará
cuando los encuentre delinquiendo in fraganti, medida que contradice
al propio sistema migratorio tan vociferado por el propio gobierno,
ya que en el país se permite el ingreso de extranjeros con antecedentes
penales en tanto no se trate de una sentencia firme.
Por otro lado, se refuerza el concepto de prisión preventiva
(herramienta infame en su esencia y, mucho más, en su utilización
jurídico-política). Luego de una "correcta"
definición del principio de inocencia, el proyecto de reforma,
en el art. 185, dedicado a la prisión preventiva, amplía
las dos causales vigentes, determinando que "...Corresponde el
dictado de la prisión preventiva en función de la gravedad
de las circunstancias, naturaleza, conmoción social del hecho
y de las condiciones del imputado, que sirvan para decidir los criterios
de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso previstos en este Código...".
El nivel de subjetivismo que supone el criterio otorga más poderes
a la burguesía para encerrar a quienes le sobran al sistema o
a quienes lo cuestionan. Como el tema de la reincidencia, que será
determinante a la hora de definir la prisión preventiva de quien
registra antecedentes, es toda una expresión del derecho penal
de autor, de la selectividad del sistema penal, y otra muestra de hasta
dónde llega la dura cara del progresismo.
Se incluye a la conmoción social como una de las acciones de
excepción que permite utilizar la herramienta que, según
los propios autores del proyecto, debería ser la excepción
y no la regla. ¿Se imaginan los usos políticos de la expresión
"conmoción social"? ¿Se imaginan quiénes
van a poner, una vez más, los presos?
Cabe aclarar que el proyecto oficialista no carece de un cínico
humor. En el art. 15 se prescribe que no se podrán alojar presos
en "lugares no habilitados o en sitios donde no reúnan las
mínimas condiciones de salubridad". ¿Qué piensan
hacer entonces con todas las prisiones y comisarías del país?
Celebramos el 7º plenario del Encuentro Nacional Antirrepresivo.
Los
días 11, 12 y 13 de octubre, organizaciones populares antirrepresivas
de todo el país nos dimos cita en la ciudad de Córdoba
para realizar un nuevo plenario del ENA en vistas a seguir intensificando
y estrechando lazos, así como potenciar propuestas para combatir
con mayor éxito y solidaridad la represión del Estado.
Rosario con los compañeros de la CADH (Comisión Antirrepresiva
y por los DDHH); Mendoza con la Sociedad de Resistencia y Oficios Varios;
Mar del Plata con el FAM (Frente Antirrepresivo de dicha ciudad); Córdoba
con la Coordinadora Antirrepresiva y sus invitados de la Coordinadora
Anticarcelaria y el Colectivo El Guiso, y Buenos Aires, con CORREPI,
nos reunimos en la Biblioteca Popular Bella Vista, espacio social que
integra la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba.
Fueron dos días muy intensos de debate e intercambio exponiendo
el panorama antirrepresivo en nuestros lugares de origen: cómo
se desarrolla la represión en los diversos territorios y cuáles
son las diferencias y similitudes según los discursos y modelos
que nos proponen los diferentes gobiernos provinciales y municipales,
pero que, en definitiva, siguen echando inmensos números tanto
en muertes, como torturas, detenciones arbitrarias, causas armadas,
etc.
Luego de las caracterizaciones de cada espacio y territorio, nos inclinamos
hacia la elaboración de propuestas colectivas y simultáneas
en la agenda represiva del ENA. Algunas como el Archivo Anual de Casos
hacia fin de año, tendrán su réplica desde la Patagonia
al Litoral. Un mes de agite y propaganda visibilizando las políticas
de Estado en materia de su seguridad (y no la nuestra), hacia marzo
de 2014, con miras de poblar nuestras calles de carteles, pintadas,
intervenciones y marchas que denuncien la realidad que el sistema sostiene
y niega.
El próximo encuentro se definirá en poco tiempo, pero
con un fuerte deseo de poder realizarlo en la Patagonia, permitiéndole
a los sureños incorporarse con menos obstáculos y así
expandirnos y crecer con fuerza y convicción.
Porque la lucha es de todos y contra uno sólo: Nuestros pueblos
contra la represión del estado.
Marcha de la Gorra trucha.... o de cómo las apariencias
engañan.
Como
una ilusión, una visión deformada de la realidad y bajo
la consigna "Los pobres también tenemos derecho", sectores
afines al gobierno organizaron, el 20 de octubre, lo que llamaron "Marcha
Nacional contra la Gorra", usurpando el nombre de la movilización
popular contra la represión que hace 8 años se realiza
en Córdoba y que este año se viene proponiendo nacionalizar
en la fecha tradicional, 20 de noviembre.
Inscripta en la denominada "Campaña Nacional Contra la Violencia
Institucional", los dos ejes convocantes de la marcha desde el
Departamento Central de la PFA en la ciudad de Buenos Aires al de la
Bonaerense en La Plata, fueron "Contra la violencia institucional"
y "Por la democratización de las fuerzas de seguridad".
Así como el carácter de familiares de víctimas
de muchos marchantes, el oportunismo de algunos convocantes no se ponen
duda. Aunque no es eso lo más grave. Lo grave es la confusión
que esconden las apariencias.
Lo que parece pero no es, eso es una apariencia.
Pertenecer, formar parte del corazón del estado que administra
nuestra sociedad dividida en clases, naturalmente desigual, naturalmente
injusta y naturalmente violenta, y al mismo tiempo intentar despegar
de sus naturales efectos en un extraño arte de birlibirloque
institucional, es decididamente lo que debe denunciarse.
Porque comandar administrativa y políticamente a la policía,
y, al mismo tiempo, proponer una marcha en su contra haciendo hincapié
en su presunta autonomía, es un intento de relegitimar inteligentemente
lo que a ella le ordenan que haga.
Llamar "violencia institucional" a lo que hace la principal
fuerza disciplinante estatal contra la clase trabajadora, es un recurso
ingenioso para ocultar el carácter sistémico, recurrente,
organizado y justificado que ese accionar entraña. No es violencia
institucional lo que sufren los pobres, sino represión.
Un muerto cada 28 horas en manos de la institucionalidad, no es equiparable
a un cataclismo como parece aludir esa definición. A poco de
andar y descubrir que esos muertos son jóvenes y pobres, que
se multiplican año tras año, que sea cual sea el modelo
que los partidos patronales ofrecen a la población para administrar
los intereses de unos pocos, los resultados son los mismos, lo que llaman
"violencia institucional" es sencillamente lo que desde CORREPI
denominamos REPRESIÓN.
En esta etapa, el kirchnerismo es el responsable político de
esa represión.
Y si para muestra alcanza con un botón, el 1096% de aumento que
aplicó la gestión K en materia de seguridad está
destinado también a la producción de estas consecuencias.
Ocultarlo, deformarlo, es una manera de negarlo y con ella también
se abonan las apariencias.
No habrá campaña contra "violencia institucional"
que valga si no hay verdadera lucha antirrepresiva. Y para eso hay que
enfrentar a quien comanda la represión.
Pero, además, plantear que ante la represión lo que corresponde
es "democratizar a las fuerzas de seguridad" es ingresar en
una discusión bizantina, no por lo complejo, sino por lo inútil.
Es en el fin perseguido por la institución policial que debe
hallarse la innecesariedad de la proclama. Así como la represión
forma parte del complejo universo del disciplinamiento social, la lucha
de clases es lo que la determina. Y en esa lógica de permanente
tensión, es absurdo pretender que la principal fuerza de choque
de que dispone el estado va a cambiar en su cometido por el mero hecho
de permitir la deliberación o el aprendizaje de Derechos Humanos.
La ilusión, es una de las peores consejeras cuando de la lucha
de clases se trata.
La realidad admite apariencias, pero éstas no la transforman.
Si algo parece, no es. Y si la realidad marca que en la "década
ganada" se produjeron más del 60% de las muertes en manos
institucionales de 1983 a la fecha, será difícil que quienes
comparten esa responsabilidad la cambien a partir de su deformación.
Los muertos están todos del mismo lado. Los unen la pobreza y
la represión.
Lo único cierto de la convocatoria, entonces, es que los pobres
también tienen derechos. El primero, quizás, sea, el derecho
a no ser usados.
Para la represión no hay ajuste.
En
horas de la tarde del jueves 23, los trabajadores de la autopartista
LEAR fueron, una vez más, reprimidos mientras reclamaban por
la reincorporación de más de 35 compañeros. Está
vez, las balas del estado llovían por todos lados y a pocos metros,
otros compañeros fueron arrancados a palazos de sus autos y hubo
detenidos. El saldo fue más de 20 heridos, seis de ellos hospitalizados
y más de 20 compañeros detenidos por la Gendarmería.
El gobierno, la burocracia y las fuerzas de seguridad actúan
defendiendo los mismos intereses: el estado, con el gobierno kirchnerista
a la cabeza, garantizó el despliegue de un operativo que se realizó
de forma conjunta por la Policía Federal y la Gendarmería;
por su parte, la burocracia del SMATA no permite el desarrollo de las
asambleas y persigue a los delegados, con el objetivo de callar el reclamo.
La necesidad del pueblo trabajador de profundizar sus luchas en un período
siempre signado por los reclamos sociales como es el fin de año,
ya hizo que el gobierno nacional, a través de su secretario de
Seguridad, Sergio Berni, ponga en alerta a las fuerzas de seguridad
nacionales y suspenda todas las licencias anuales durante diciembre
y enero. Al mismo tiempo, más de mil gendarmes destinados a diferentes
puntos fronterizos están siendo trasladados hacia Buenos Aires,
Córdoba y Santa Fe, los puntos del país más sensibles
en materia de estallidos posibles. Y, como para tener una idea más
clara de cómo se preparan para reprimir, ya han ordenado a las
fuerzas armadas brindar "apoyo logístico", como trascendió
puntualmente en el caso de Córdoba.
En el área metropolitana, Berni y el ministro de Seguridad bonaerense,
Alejandro Granados, co-dirigirán un comando conjunto de operaciones
para coordinar acciones de la PFA, gendarmería y prefectura con
la Bonaerense.
Una vez más, el gobierno que cuenta en su haber con una veintena
de compañeros asesinados por luchar –de un total de 69
desde 1983-, y más de 2.600 casos de pibes fusilados y muertos
por torturas –de un total de más de 4.300-, demostró
que sus intereses están del lado de las patronales, porque cuando
los trabajadores salimos a exigir lo que es nuestro, la respuesta que
recibimos del gobierno son las balas y los palos, la persecución
y la criminalización.
FUENTE:
CORREPI
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